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BOC Nº 020. Miércoles 27 de Julio de 1983 -

III. OTRAS DISPOSICIONES - Consejería de Obras Publicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

- RESOLUCIÓN de 8 de Julio de la Consejería de Obras Públicas, Ordención del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, desestimando el recurso de reposición, deducido contra resolución de 19 de Abrill de 1983.Visto el recurso de reposición deducido por D'. Henrik Scheracheniski Claussen, contra resolución de esta Consejería de 19 de Abril de 1983, que denegó la autorización de un proyecto de construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable, sito en la calle Rafael Rafaeli (Lomo Batista). del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria Y,,

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Resultando que en la referida resolución se acordó denegar la autorización administrativa del citado proyecto, al no cumplir la construcción prevista su condición de aislada, ni asegurar la no formación de núcleo de población, requisitos exigidos por la vigente Ley del Suelo.

Resultando que contra dicha resolución, el interesado deduce recurso de reposición, en el que sustancialmente se alega que se ha producido error de hecho, ya que la parcela reúne los requisitos para ser calificada como suelo urbano, lo que ha motivado error de derecho, en la tramitación y resolución del expediente; que al no existir un proyecto de delimitación del suelo urbano reglamentariamente aprobado, ha surgido una realidad «urbana», que se ha ido consolidando, al margen de la legalidad, y que muestra, por parte de la Corporación Municipal, una cierta intencionalidad respecto del desarrollo urbano del Municipio; que, en concreto, la parcela objeto del expediente está dotada de red viaria, bordillos, alumbrado público, teléfono, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y hasta alcantarillado, lo que unido a la concesión de licencias en el sector, al propio avance de la revisión del Plan General y a su inclusión en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos con el precio de suelo urbano, viene a conceptuar como urbano el suelo litigioso; que si en la zona existe insuficiencias derivadas de la inexistencia de planeamiento, aquéllas deben ser cubiertas mediante la formación del plan necesario, o bien, mediante la aprobación de un proyecto de delimitación de sucio urbano del sector, al amparo del Decreto Ley 16 /1981 de 16 de Octubre; que, por todo ello, solicita se estime el recurso, concediendo la licencia interesada, o bien se devuelva el expediente al Ayuntamiento para que, mediante el procedimiento reglamentario, otorgue la licencia, teniendo en cuenta que la parcela tiene el carácter de suelo urbano de y solar.

Resultando que, conferido traslado del recurso de la Corporación Municipal, sus Servicios Técnicos informan que el lugar objeto del,expediente está dotado de los servicios urbanísticos de agua, luz, bordillo y firme de aceras en la fachada del solar, y alumbrado público, que carece de asfaltado de calles y pavimento, losetas de acera y alcantarillado, que si bien está ejecutando el tendido de tuberías e imbornales, aún no ha entrado en servicio, y que las obras han sido comenzadas: asimismo, el letrado consistorial informa que la construcción se pretende asentar en suelo calificado de rústico, según la Ordenanza núm. 30 del vigente Plan General. en la calle 1 limítrofe de la Urbanización Van de Valle (Lomo Baiisti aún admitiendo, dialécticamente la argumentación del recurrente, la técnica del Art' 82 de la Ley del Suelo sería inviable, y que, en definitiva, la figura de delimitación del suelo urbano del Real Decreto-Ley 16/1981 no puede, ni debe ser utilizada para dar satisfacción a situaciones aisladas que justifiquen construcciones en suelo rústico, sino que ha de responder a superiores criterios de interés público o de realidades sociales que por su entidad o importancia así lo exijan y no se infrinjan con ello las normas de directa aplicación de la Ley del Suelo, y, por todo ello, la Corporación informa que el Acuerdo recurrido debe ser mantenido.

Resultando que se han evacuado los informes pertinentes por los Servicios correspondientes de esta Consejería.

Vistos el Artº. 4 del Real Decreto-Ley 16/1981 de 16 de Octubre, los Artº. 86, 85.1.2', 81 y 82 43.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de Abril de 1976, el Artº. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1978, el Art' 29.11 del Estatuto de Autonomía de Canarias de 10 de Agosto de 1982, en relación con el Real Decreto 2843/1979 de 7 de Diciembre y en conexión con la Disposición Transitoria 61 del citado Estatuto, el Art' 60 e) de la Ley Canaria de 14 de Abril de 1983, el Artº 18 del Reglamento de Distribución de Competencias en Materia de Urbanismo entre los Organos de la Comunidad Autónoma, el Art' 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio e 1968 y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Considerando que el interesado está legitimado para la interposición del recurso, habiendo sido presentado en tiempo y forma reglamentarios.

Considerando que conforme a la Ordenanza núm. 30 del Plan General vigente de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el suelo sobre el que se pretende actuar tiene la calificación de rústico, o no urbanizable, según previene el Artº 4 del Real Decreto-Ley 16/198 l, por lo que no se ha padecido error de hecho por parte de la Administración urbanística actuante, y, en consecuencia, la tramitación y resolución del expediente se ha sometido a las prescripciones de la vigente Ley del Suelo.

Considerando que la pretendida realidad «urbana» derivada, a juicio del recurrente, de la inexistencia de un proyecto de delimitación de suelo urbano, no puede mostrar la intencionalidad municipal respecto del desarrollo urbanístico del sector, sino, en todo caso, una imposición a sus previsiones y al legítimo ejercicio de las facultades que la ley le otorga, en relación con la ordenación del territorio municipal, la previsión de sus sistemas generales y el desarrollo idóneo y puntual de cada una de las zonas, facultades de las que no puede hacer dejación, sin mengua del racional asentamiento de la población, con las garantías que demanda la Ley a la propia sociedad, en orden a una mejor calidad de vida.

Considerando que si bien el suelo objeto de la construcción dispone de la mayoría de los servicios que podrían constituirlo en suelo urbano, no es menos cierto que la Corporación Municipal se ha manifestado, tanto en el expediente como en el presente recurso, contraria a su inclusión como tal, de manera específica y aislada, inclusión, que, en todo caso, supondría una modificación del Plan General vigente, hasta tanto se formule un proyecto de delimitación de suelo urbano, en los términos del Artº 2.2 del Real Decreto-Ley 16/1981, instrumentos que sería abusivo utilizar a los solos efectos de este expediente.

Considerando que no compete a esta Consejería revisar las licencias de construcción que la Corporación Municipal hubiera otorgado en zonas o sectores similares, que la previsión como urbano, en el avance del Plan General, del suelo objeto del expediente, es una declaración formal corporativa de la futura calificación, como acto preparatorio previo, que no puede ser alegado como derecho subjetivo del particular; y que la inclusión de los terrenos con el precio de sucio urbano en el impuesto municipal sobre el incremento de su valor no tiene relevancia jurídico urbanística, ya que el ejercicio de las facultades del derecho de propiedad sobre los precios viene limitado por la clasificación conforme previene el Art' 76 de su Texto Refundido.

Considerando que, por todo lo expuesto, ni esta Consejería está facultada legalmente para otorgar la licencia solicitada, ni puede devolver el expediente a la Corporación Municipal, calificando puntualmente la parcela pretendidada como urbana y solar, puesto que ello conllevaría la derogación singular del Plan General, disposición de carácter general que no puede ser vulnerada por una resolución administrativa, de carácter particular, según determina el Artº. 30 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Considerando que esta Consejería es competente para la resolución del presente recurso.

En su virtud, RESUELVO:

Desestimar el recurso de reposición deducido por D. Henri k Sclierscheniski Claussen, contra la Resolución de 11 de Abril de 1983 de esta Consejería, que denegó la autorización de un proyecto de construcción de vivienda familiar- en la calle Rafael Rafaeli (Lomo Batista), de Las Palmas de Gran Canaria. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala correspondiente de la Excma. Audiencia Territorial de Las Palmas, en el plazo de DOS MESES, a contar de su publicación.

Santa Cruz de Tenerife a 8 de Julio de 1983.

EL CONSEJERO, José Medina Jiménez

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