El SIINF@GOBCAN se rige por los siguientes principios:

1. Seguridad, confidencialidad y, en su caso, anonimato, en el uso del Sistema.
2. Garantía de indemnidad y prohibición expresa de represalias contra las personas informantes.
3. Sometimiento de las actuaciones de verificación a la presunción de inocencia y al respeto al derecho al honor para las personas afectadas por las informaciones remitidas.
4. Respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal.
5. Autonomía e independencia de todos los agentes intervinientes en el Sistema, así como deber de sigilo y reserva respecto de toda información de la que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.
6. Cooperación y colaboración del personal de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto 91/2024.
7. Fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir amenazas al interés público.
8. Fomento de la cultura de la prevención y de las estrategias de sensibilización y formación, en particular mediante la organización de actividades formativas específicas y la elaboración y difusión de información y documentos divulgativos sobre el Sistema Interno de Información.

Hechos o conductas relacionados con la actividad y funcionamiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes y que pudieran ser constitutivos de infracciones del Derecho de la Unión Europea y/o infracciones penales o administrativas graves o muy graves (artículo 2 de la Ley 2/2023).

Las personas que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional relacionado con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes (organismos autónomos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes). Por tanto, tendrán la condición de personas informantes los sujetos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 2/2023:

- Empleados públicos.
- Contratistas, subcontratistas o proveedores.
- Personas que trabajan para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
- Ex empleados públicos, voluntarios, becarios, trabajadores en formación.
- Personas cuya relación laboral todavía no haya comenzado (en procesos selectivos o negociación precontractual).

Se recuerda que la Ley 2/2023 establece en su artículo 63.1,f) que comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad, será constitutivo de una infracción muy grave y prevé multa desde 30.001 euros hasta 300.000 euros para las personas físicas que las cometan (artículo 65.1 a).

El informante puede elegir entre identificarse como tal a través de una comunicación confidencial, o presentar su comunicación de forma anónima, a través de las siguientes vías de acceso al Canal Interno de Información:

a. Por escrito a través de correo postal. Se deberá guardar en un sobre cerrado indicando su carácter confidencial, y se hará constar lo siguiente:

Destinatario: “Canal Interno de Información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Dirección de correo postal: Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Avenida Buenos Aires, nº 5, Edificio de Usos Múltiples III, 5ª Planta, Santa Cruz de Tenerife.

*Si la comunicación se presenta de forma anónima, y no proporciona ningún medio de comunicación, tenga en cuenta que no podremos proporcionarle información sobre el desarrollo de su caso.

b. De forma electrónica a través del canal habilitado en el portal institucional del Gobierno de Canarias, Portal de Transparencia e intranet corporativa. Acceso al formulario para la presentación de la comunicación.

A petición de la persona informante por cualquiera de las vías anteriores, también puede presentarse la información mediante una reunión presencial dentro del plazo máximo de siete días.  En su caso, se advertirá a la persona informante de que la comunicación será grabada o transcrita de forma completa y exacta por parte del personal responsable de tratarla, ofreciendo al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación, informándole del tratamiento de sus datos de acuerdo a lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

La reunión tendrá lugar en:
Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Avenida Buenos Aires nº 5, Edificio de Usos Múltiples III, 5ª planta, Santa Cruz de Tenerife.

Salvo cuando la persona informante solicite o autorice expresamente lo contrario, se guardará confidencialidad respecto de su identidad, de forma que la misma no será revelada a persona alguna. En todas las comunicaciones, actuaciones de verificación o solicitudes de documentación que se lleven a cabo se omitirán los datos relativos a la identidad de la persona informante, así como cualesquiera otros que pudieran conducir total o parcialmente a su identificación.

Se guardará confidencialidad y se preservará la identidad de las personas afectadas y de las terceras personas mencionadas en la información remitida.

La identidad de las personas anteriormente mencionadas, solo podrá ser comunicada a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos e incorporados a la actividad de tratamiento “Sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes”, cuya finalidad es la gestión del Sistema y tramitación de los expedientes de investigación derivados de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Para obtener más información sobre esta actividad de tratamiento puede pinchar en este enlace.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2/2023, las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en su ámbito de aplicación, tendrán derecho a protección siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1. Tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
2. La comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en esta ley.

La Ley 2/2023 en su artículo 36 prohíbe expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en ella. La adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes hacia estos o las demás personas incluidas en el ámbito de protección establecido en el artículo 3 de dicha Ley, está catalogada como infracción muy grave por el artículo 63.1,b) de la misma.

a) El Responsable del Sistema.

Comisión para la integridad pública y de lucha contra la corrupción.

b) La persona responsable delegada de la gestión del Sistema.

La Persona titular de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos.

c) Las personas interlocutoras departamentales.

En cada departamento y organismo público dependiente se designará, de entre su personal funcionario del grupo y subgrupo A1 o laboral de grupo 1, a dos personas, un hombre y una mujer, que actuarán de interlocutores con la persona responsable delegada de la gestión del Sistema durante el procedimiento de gestión de las informaciones.

Estas personas desarrollarán sus funciones de forma independiente y autónoma, debiendo guardar sigilo y reserva respecto de toda información de la que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.

d) Las Unidades Antifraude.

Las Unidades específicas para la prevención del fraude y evitación de los conflictos de interés (Unidades Antifraude) creadas en cada departamento dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), actuarán de interlocutores con la persona responsable delegada de la gestión del Sistema durante el procedimiento de gestión de las informaciones, colaborando con ésta en las labores de investigación cuando las informaciones afecten a la gestión de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas personas deberán guardar sigilo y reserva respecto de toda información de la que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.

• Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
• Decreto 91/2024, de 24 de junio, por el que se crea y regula el Sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
• Orden de 19 de septiembre de 2024, por la que se determina la puesta en funcionamiento de la Plataforma Tecnológica de Gestión del Sistema Interno de Información de Infracciones Normativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.