El nuevo marco de colaboración, pionero en el Estado, permitirá ejercer un mayor control sobre los inmuebles protegidos y
dará una mayor seguridad jurídica a los propietarios.
La consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias y los decanos territoriales del Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, han formalizado un convenio de colaboración en materia de
viviendas protegidas que facilitará un mayor control en los procesos de adjudicación.
En esta misma línea de coordinación entre el Gobierno y el colegio de Registradores, la consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda, Inés Rojas, mantuvo un encuentro en esta semana con los decanos del Colegio de Registradores de las
Palmas y de Tenerife, José Antonio Utrera y Rafael Palau Fayos, respectivamente.
El nuevo marco de colaboración establecido entre el Gobierno y el Colegio de Registradores de la Propiedad, pionero en el
Estado, aumentará, entre otros aspectos, la mejor realización de las funciones que en materia de transmisión y disposición
de viviendas protegidas mediante el intercambio de información y actuaciones tienen atribuidas los citados organismos.
De ésta manera, se seguirá trabajando en la mejora del control y la seguridad jurídica de los titulares de las viviendas
protegidas que por ley tienen una serie de limitaciones como son: el precio máximo de venta, el momento a partir del cual
se pueden realizar transmisiones y los requisitos que deben tener los compradores, entre otros.
Según explica la consejera y presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, Inés Rojas, "el intercambio de información
entre el Colegio de Registradores y el Gobierno nos permitirá ejercer un mayor control sobre los inmuebles protegidos así
como una mayor seguridad jurídica a los propietarios"
"A través de este convenio, pionero en el Estado -añade Rojas- concertamos un mecanismo de cooperación entre la
administración y el colegio profesional que permitirá completar la información de los Registros de la Propiedad
y garantizamos los derechos y obligaciones que se derivan de la transmisión y compra de una vivienda protegida"
Según establece el convenio suscrito, el Instituto Canario de la Vivienda suministrará al Colegio profesional todos
los datos contenidos en las calificaciones de las viviendas protegidas, incluidas las que hayan perdido la calificación
de protegida, así como la localización del inmueble, identificación, datos del promotor y periodo de duración del régimen
legal de protección.
También le facilitará las resoluciones administrativas que se adopten en materia de autorización de venta de viviendas
protegidas, de descalificación, y sus limitaciones como el precio máximo de venta en cada caso.
Por su parte, el Colegio comunicará a Vivienda la práctica de cualquier asiento que suponga una calificación o
descalificación de viviendas protegidas así como las inscripciones registrales de transmisiones que se produzcan.
Así mismo, el Colegio incluirá en las Notas Simples Informativas de las viviendas protegidas los datos sobre la
localización de antecedentes, la fecha de calificación definitiva, o cualquier cambio que se produjera en la vivienda.
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