En los últimos años, más de 11.000 familias canarias han pasado a ser propietarias de la vivienda social que tenían adjudicada en régimen de alquiler

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha hecho entrega hoy del título de propiedad de la vivienda que habitan a 55 familias residentes en diferentes promociones de viviendas, en Santa Cruz de Tenerife.

Del total de nuevos propietarios 30 lo hacen a través del proceso de formalización de escrituras como consecuencia del ofrecimiento de venta que hizo en su día el Gobierno de Canarias a los adjudicatarios de los diferentes grupos y a otras 25 familias de diferentes grupos del parque público que en su día habían adquirido sus viviendas, habiendo amortizado ya la parte del precio que habían optado por aplazar.

El parque público de viviendas en Santa Cruz de Tenerife se compone en la actualidad de un total de 8.860 viviendas de protección oficial de las que el 82% del total ya han pasado a ser propiedad de sus adjudicatarios y el restante están concedidas a sus ocupantes en régimen de alquiler.

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, explica que con la firma de escrituras realizada en la isla "se garantiza que estas 55 familias adjudicatarias de una vivienda protegida se convierten en los propietarios legales de los inmuebles en los que han vivido durante todos estos años en unos condiciones muy ventajosas".

Más de 11.000 familias de las distintas islas del Archipiélago han accedido a la propiedad de su vivienda otorgada en régimen de arrendamiento a través del Decreto impulsado por la Consejería para facilitar la compra de más de 20.000 viviendas sociales.

A través de este decreto la Consejería asume el 50% del coste total de la vivienda, al tiempo que descuenta del 50% restante las cuotas que en concepto de alquiler hayan abonado hasta el momento los adjudicatarios. La cantidad que reste por pagar para amortizar totalmente la vivienda, si se da el caso, se puede abonar en plazos, en un periodo discrecional que puede oscilar entre los 5 y los 25 años.

La firma de hoy constituye un paso más en la política emprendida por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda para impulsar el acceso a una vivienda digna en propiedad a las familias económicamente más desfavorecidas.

Las subvenciones que el Gobierno de Canarias destina a facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas sociales son únicas en todo el Estado, y son el resultado de la avanzada política social que lleva a cabo esta Comunidad Autónoma.