Turismo Activo - Inicio de Actividad

Requisitos a cumplir por las personas físicas o jurídicas que promuevan y desarrollen las actividades de turismo activo:

a) Presentar la declaración responsable de inicio de la actividad.

b) Disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos o daños de los que deban responder por la práctica de los servicios ofertados. La cuantía de dicho seguro deberá ser adecuada y suficiente a la actividad desarrollada y, en cualquier caso, tendrá una cuantía mínima de cobertura de seiscientos mil euros por siniestro.

c) Disponer de un seguro de asistencia o accidente que cubra los posibles riesgos o daños de los que deban responder por la oferta y práctica de los servicios, así como el rescate, traslado y asistencia derivados de accidentes, y el abono de las posibles tasas que pudieran devengarse por la prestación de estos conceptos cuando conlleve la movilización de medios personales y materiales afectos al Grupo de Emergencias y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Estar en posesión, el personal responsable técnico, personas monitoras e instructoras, de la titulación o cualificación profesional legalmente exigible para el desarrollo de la actividad de que se trate, incluida, en su caso, la exigida por la legislación aeronáutica, náutica y subacuática, así como la de socorrismo.

e) Acreditar el conocimiento del idioma español, con nivel equivalente al B1, por parte del personal responsable técnico, personas monitoras e instructoras.

f) Estar en posesión de certificación negativa expedida por el Registro Central de personas delincuentes sexuales, en el caso del trabajo habitual con personas menores por parte de las personas responsables técnicas, monitoras e instructoras de la actividad.

NOTA IMPORTANTE: El cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 226/2017 de 13 de noviembre, de Turismo Activo, no exceptúa del deber de obtener aquellas autorizaciones necesarias y del cumplimiento de las obligaciones y control exigidos por el resto de las Administraciones Públicas competentes, especialmente las obligaciones establecidas en las normas y planes de carácter ambiental o territorial.