El Boletín Oficial de Canarias del 27 de noviembre de 2020 recoge dos resoluciones de la Agencia Tributaria Canaria por las que se publican los convenios con los ayuntamientos de Valleseco y Vilaflor de Chasna para el cobro en la vía ejecutiva de los débitos de dichos ayuntamientos.

Los convenios se suscriben para garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

- Convenio Ayuntamiento de Valleseco

- Convenio Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha presentado el número especial de la revista "Hacienda Canaria", un monográfico sobre los efectos de la pandemia del coronavirus titulado "La segunda crisis del siglo XXI" y que ha dado pie a la celebración, del 16 al 19 de noviembre, de un ciclo de conferencias y debates en torno a los diez artículos que incluye.

El acto de presentación también contó con la presencia de Diego López Tejera, director del Consejo de Redacción de la publicación, y de José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada y coordinador del número especial. También asistió la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero.

"Hacienda Canaria" es una revista impulsada desde la Administración autonómica que nació el año 2002 y de la que se han publicado desde entonces 53 números, pero que "no es del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad canaria y que está abierta a la participación de todos los sectores", según dijo López Tejera.

A este respecto, el vicepresidente agradeció el trabajo de "interpretación" y de "análisis" efectuada por los autores de los artículos, a pesar de la gran incertidumbre que caracteriza este momento que vive el planeta.

Rodríguez recordó que esta crisis es muy diferente a la anterior y que, afortunadamente, las respuestas que están dando las administraciones públicas son diametralmente diferentes a la de 2008, "cuando se apostó por la austeridad extrema", lo que, a su vez, derivó en el desafecto de la ciudadanía con las instituciones y del debilitamiento de la propia Unión Europea.

Ahora, las administraciones han apostado por una política monetaria y fiscal expansiva, que permita  afrontar los devastadores efectos económicos de la crisis y crear las condiciones para la recuperación, siempre que se controle el virus desde el punto de vista sanitario.

También el Gobierno de Canarias ha apostado por esta vía, recordó el vicepresidente, gracias a la suspensión de las reglas fiscales y la llegada de fondos ordinarios y extraordinarios del Estado y de la Unión Europea. Circunstancias que han permitido elaborar un proyecto de Ley de Presupuestos que crece un 5 por ciento, sin necesidad de subir impuestos ni asumir nuevo endeudamiento.

Rivero, por su parte, destacó el gran hecho diferencial que está viviendo el mundo en estos momentos respecto a cualquier situación imaginable en el pasado, y destacó el nivel de los artículos que publica el número monográfico de Hacienda Canaria.

El catedrático recordó que la primera crisis provocó una ruptura de la tendencia de crecimiento económico que, en general, venía experimentando Canarias, y que la presente ha vuelto a golpear duramente al Archipiélago.

Las sesiones que componen el ciclo se retransmiten por streaming en sesión de tarde desde la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en https://youtube.com/user/RSEAPT.

El número monográfico de la revista está disponible en portal web de la Agencia Tributaria Canaria: en Información Tributaria > Revista Hacienda Canaria  > Revista nº 53 (especial): La segunda crisis del siglo XXI.

El Gobierno de Canarias modificó, en la sesión del Consejo de Gobierno del 12 de noviembre, un decreto ley para establecer con carácter general el tipo 0% del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para las mascarillas de venta al público.

De esa manera, las mascarillas de venta en establecimientos públicos tendrán idéntica consideración fiscal que la que ya tiene el material destinado a entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, e incluso entidades o establecimientos privados de carácter social.

El Gobierno de Canarias concretó la citada medida por medio de la modificación del decreto ley aprobado el pasado mes de abril, y prorrogado en dos ocasiones, por el que entonces se estableció el tipo 0% del IGIC a la importación o entrega de material sanitario, como las mascarillas, para combatir los efectos del COVID-19. La medida estará vigente, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Esta eliminación del IGIC se efectúa para mantener el diferencial fiscal entre Canarias y el Estado, tras la decisión anunciada ayer por el Gobierno central de rebajar el IVA a ese producto desde el 21% al 4%.

El objetivo final de la fijación del tipo impositivo 0 es que se reduzca el precio final de venta al público.

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha modificado objetivos de actividad incluidos en el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), aprobado por el Gobierno canario hace un año para el periodo 2019-2021, con el doble objetivo de adecuarse al nuevo contexto socioeconómico originado por la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y avanzar en el sistema de dirección por objetivos. En particular, la ATC fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Con el cambio del contrato de gestión -formalizado mediante una Orden del titular del departamento, Román Rodríguez, al tratarse de objetivos de actividad, no estratégicos-, se persigue dotar al sistema de mayor flexibilidad, dado que las consecuencias de la crisis no pueden evaluarse en su totalidad, y establecer nuevos indicadores con los que medir la actividad desarrollada por la Agencia para avanzar hacia una administración más eficaz y eficiente y, de forma paralela, incentivar que los contribuyentes cumplan sus compromisos correctamente sin dar lugar a actuaciones ejecutivas.

El sistema de dirección por objetivos implantado en la Agencia Tributaria Canaria desde su creación por Ley 7/2014, de 30 de julio, como ente de Derecho público con autonomía de gestión, tiene encomendada la aplicación del sistema tributario canario. No obstante, la actividad de la ATC no se limita a la realización de actuaciones de control y recaudación, sino que además está centrada en prestar un servicio público esencial y en la satisfacción de las expectativas de la ciudadanía, objetivos que se plantean de modo más ambicioso con la Orden suscrita por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Por ello, entre los indicadores contemplados con esta modificación del modelo de gestión, se pretende la mejora de la calidad de los servicios de asistencia a los contribuyentes, potenciando la asistencia no presencial; la agilización de la tramitación tributaria reduciendo los tiempos de tramitación de los procedimientos; la prevención y control del fraude con actuaciones encaminadas a la detección del fraude tributario y a la regularización de obligaciones tributarias potenciando su carácter voluntario; y con respecto a las actuaciones recaudatorias, mejorar la gestión y el control de deudas realizada por la ATC.

Estos nuevos indicadores se contemplan en detalle en el Plan de Acción de la ATC para el 2020.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su última reunión un proyecto de decreto ley para prorrogar hasta el 31 de octubre el tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covid-19. La propuesta, tramitada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se fundamenta en "la imperiosa necesidad de promover el equipamiento de bienes imprescindibles para atender una crisis sanitaria que sigue latente en la medida en que el virus no se ha extinguido y siguen apareciendo casos".

A lo largo de este año, se han adoptado diversas medidas en el ámbito fiscal, de carácter excepcional y vigencia transitoria, que han sido necesarias no sólo para promover el crecimiento económico, sino también para respetar el principio de justicia tributaria. Una de esas medidas se plasmó en el Decreto Ley 8/2020, de 23 de abril, por el que se estableció el tipo 0 al material sanitario hasta el 31 de julio. Comoquiera que la situación derivada de la lucha contra la pandemia persiste, hay que continuar en alerta cumpliendo con las mismas medidas de prevención y control instauradas desde hace meses, lo que justifica liberar de carga fiscal indirecta al material sanitario.

En la norma aprobada se incluye la relación de productos a los que se aplica el tipo 0, como dispositivos médicos (respiradores, ventiladores para respiración artificial), monitores, bombas, tubos, mascarillas para ventilación no invasiva, sistemas/máquinas de succión, laringoscopios, aparatos de monitorización de pacientes, escáneres de ultrasonido portátiles, guantes, protecciones faciales, monos de protección, kits de pruebas para el Covid-19, hisopos, esterilizadores médicos, artículos de uso quirúrgico o higiénico, fluxímetros o detectores de CO2 colirimétricos de espiración.

La Agencia Tributaria Canaria (ATC) recuerda que la normativa reguladora de los aplazamientos y fraccionamientos para el pago de impuestos corresponde a la Administración General del Estado, específicamente la incorporada en los reales decretos leyes reguladores del Estado de Alarma.

Ante la acumulación del cobro de los fraccionamientos de los meses de marzo, abril y mayo de determinados tributos, la ATC recuerda que este procedimiento se reguló en el artículo 33 del Real Decreto-ley de 17 de marzo de Medidas Urgentes Extraordinarias y en otro posterior de 21 de abril, en el que los vencimientos de los plazos y fraccionamientos se trasladaron definitivamente al 30 de mayo o al día inmediato hábil posterior.

De esta manera, los vencimientos de aplazamiento y fraccionamiento a los que se refería el citado artículo 33, que vencieran los días 20 de marzo, 20 de abril y 20 de mayo, así como los vencimientos de 5 de abril y 5 de mayo, se suspendían hasta el 30 de mayo, o inmediato hábil posterior, que, en este caso, era el día 1 de junio. La suspensión del vencimiento no comportaba una modificación del plazo o periodo de fraccionamiento, sino exclusiva y puramente del vencimiento, que se trasladaba al primer día hábil siguiente por lo que se ha procedido a realizar el cobro de esos plazos suspendidos, al nuevo vencimiento señalado, es decir, el 1 de junio.

La Agencia Tributaria, en cualquier caso, ha venido informando desde hace semanas en su página web de esta circunstancia y dando respuesta a las preguntas formuladas a este respecto por los contribuyentes.

El cobro tramitado, en cumplimiento de la legislación estatal tributaria, no afecta solo al IGIC o al resto de tributos canarios, sino a la totalidad de impuestos del Estado.

Además, la orden aprobada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias el 20 de marzo de 2020 por la que se aprobaron nuevos plazos tributarios, ya establecía que "resulta aplicable la regulación" del citado Real Decreto-Ley de 17 de marzo.

El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha firmado una nueva orden de ampliación del plazo para el abono de los tributos a la importación de bienes en la modalidad de pago diferido hasta el 30 de junio, lo que permitirá una inyección de liquidez en la economía canaria de 100 millones de euros.

La orden sustituye a otra anterior dictada el pasado 20 de marzo y permite ampliar en otros dos meses más el abono de este tributo, tanto en lo que respecta al IGIC como al AIEM.

Rodríguez recordó que una de las prioridades del Gobierno es la protección de las pymes y autónomos canarios, que se encuentran en una delicada situación debido a la paralización de la actividad, y que una de las vías de ayuda consiste en el alivio de sus obligaciones fiscales para que puedan disponer, a cambio, de liquidez.

Por otra parte, la orden también autoriza con carácter transitorio y excepcional el comercio electrónico de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos canarios, excepto las labores del tabaco.

De esta manera y mientras dure el estado de alarma, estos establecimientos podrán vender sus productos a particulares aunque no se trate de viajeros. En el caso de mercancías perecederas, las referidas ventas podrán efectuarse en favor de otros empresarios o profesionales.

Las tiendas libres de impuestos deberán efectuar con carácter previo el despacho a consumo de dichas mercancías, y cumplir con el conjunto de las obligaciones y deberes de naturaleza tributaria derivada de la normativa reguladora de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.

Con esta nueva orden y las dictadas hasta la fecha, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha promovido una inyección de liquidez al tejido productivo superior a los 600 millones de euros por esta vía del alivio fiscal. Además, ha impulsado un decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Económico, Financieras, Fiscal y Administrativas para proteger al tejido productivo del Archipiélago -especialmente autónomos y pymes- y para simplificar los procedimientos burocráticos ante la crisis del coronavirus.

El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha firmado una nueva orden de ampliación del plazo para el abono de los tributos a la importación de bienes en la modalidad de pago diferido hasta el 30 de junio, lo que permitirá una inyección de liquidez en la economía canaria de 100 millones de euros.

La orden sustituye a otra anterior dictada el pasado 20 de marzo y permite ampliar en otros dos meses más el abono de este tributo, tanto en lo que respecta al IGIC como al AIEM.

Rodríguez recordó que una de las prioridades del Gobierno es la protección de las pymes y autónomos canarios, que se encuentran en una delicada situación debido a la paralización de la actividad, y que una de las vías de ayuda consiste en el alivio de sus obligaciones fiscales para que puedan disponer, a cambio, de liquidez.

Por otra parte, la orden también autoriza con carácter transitorio y excepcional el comercio electrónico de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos canarios, excepto las labores del tabaco.

De esta manera y mientras dure el estado de alarma, estos establecimientos podrán vender sus productos a particulares aunque no se trate de viajeros. En el caso de mercancías perecederas, las referidas ventas podrán efectuarse en favor de otros empresarios o profesionales.

Las tiendas libres de impuestos deberán efectuar con carácter previo el despacho a consumo de dichas mercancías, y cumplir con el conjunto de las obligaciones y deberes de naturaleza tributaria derivada de la normativa reguladora de los impuestos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.

Con esta nueva orden y las dictadas hasta la fecha, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha promovido una inyección de liquidez al tejido productivo superior a los 600 millones de euros por esta vía del alivio fiscal. Además, ha impulsado un decreto-ley de Medidas Extraordinarias de Carácter Económico, Financieras, Fiscal y Administrativas para proteger al tejido productivo del Archipiélago -especialmente autónomos y pymes- y para simplificar los procedimientos burocráticos ante la crisis del coronavirus.

Ante las frecuentes preguntas de los contribuyentes en los últimos días, la Agencia Tributaria Canaria recuerda que los plazos de presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones están ampliados hasta el 1 de junio, de acuerdo con las órdenes aprobadas en tal sentido por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

En concreto, la ampliación incluye:

Modelos trimestrales del IGIC del primer trimestre de 2020 (modelos 412 trimestral, 417 trimestral, 420, 421 y 422): Se amplía el plazo de presentación hasta el 1 de junio o hasta el 27 de mayo si la forma de pago es mediante domiciliación bancaria. Esta ampliación no afecta a los sujetos pasivos que tengan obligación de presentación mensual (grandes empresas, régimen especial de grupo de entidades ni inscritos en el Registro de devolución mensual).

Declaraciones censales (modelos 400 y 401): se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización del plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modelos 600, 620, 610, 615 y 630) e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones (modelo 651): se amplía el plazo de presentación en dos meses más para las autoliquidaciones correspondientes a hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado de alarma. Para hechos imponibles producidos con anterioridad al estado de alarma y cuyo vencimiento del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación se produce durante la vigencia del mismo, la ampliación del plazo para presentar la autoliquidación será de un mes a contar desde la finalización del estado de alarma.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones (modelos 660-650, 652 y 653): se amplía el plazo de presentación en dos meses más cuando la finalización del plazo para la presentación de las autoliquidaciones se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

Otra medida adoptada por la Consejería de Hacienda para mitigar consecuencias de la suspensión de la apertura al público de numerosas actividades como consecuencia del COVID-19 consiste en el establecimiento de ajustes en el cálculo de la cuota trimestral del primer y segundo trimestre de 2020 de determinadas actividades que tributan en el régimen simplificado del IGIC, actividades cuya tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y que, evidentemente, en su cálculo no se ha tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada tras el imprevisible cierre al público.

De esta manera, la cuota trimestral para los contribuyentes acogidos al régimen simplificado del IGIC, a excepción de las relacionadas en el punto 2 del artículo 2 de la Orden de 31 de marzo, se ajustará teniendo en cuenta que el trimestre natural se considera incompleto al descontar los días de vigencia del estado de alarma.

Igualmente, se ha ampliado en treinta días naturales el plazo de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en Canarias en la modalidad de pago diferido, respecto a aquellas deudas cuyo vencimiento del plazo de pago se produzca entre el 1 y el 30 de abril.

- Más información sobre medidas tributarias adoptadas en relación con el Covid-19

- Preguntas frecuentes sobre procedimientos tributarios COVID-19

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su última sesión la suscripción de dos convenios de la Agencia Tributaria Canaria con los ayuntamientos palmeros de Garafía y Puntallana para la prestación del servicio de cobro en vía ejecutiva de las deudas tributarias.

Los convenios se suscriben para garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado en su última sesión la suscripción de cuatro convenios de la Agencia Tributaria Canaria con los ayuntamientos de San Bartolomé, Agulo, Alajeró y Santa Cruz de La Palma para la prestación del servicio de cobro en vía ejecutiva de las deudas tributarias. El acuerdo se adopta ante el próximo vencimiento de los convenios vigentes en la actualidad con estas corporaciones.

Los convenios se suscriben para garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de La Guancha para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público, tanto de naturaleza tributaria y no tributaria, de los que sea titular dicho Ayuntamiento.

El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, permite que las entidades locales puedan "delegar en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esa ley les atribuye", así como "de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan".

Según la memoria justificativa suscrita por la directora de la ATC, el presente convenio se suscribe en aras de garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías. También se facilita a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

Las deudas delegadas serán, con carácter general, aquellas en las que previamente el Ayuntamiento haya dictado título ejecutivo y providencia de apremio respecto de los obligados tributarios identificados a los que aún no se haya notificado la deuda. En ningún caso se delegarán las deudas correspondientes a la Comunidad Autónoma o a la Agencia Tributaria Canaria.

Por otro lado, el coste del servicio por inicio de la gestión se fijará en tres euros por cada deuda cargada, y el coste por gestión realizada se determinará en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de este. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán el 7%, ya sean por aplazamientos o fraccionamiento de pago o por actuaciones de embargo.

Sobre la vigencia del convenio, que será de cuatro años prorrogables por otros cuatro, se establece la retroactividad de este y se aplica con efecto a partir del 1 de enero de 2019.

· Román Rodríguez recuerda que la Comunidad Autónoma arrastra el problema desde hace años, "lo cual no obsta para solucionarlo"

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ha iniciado el proceso para la depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 2012 en la Comunidad Autónoma, al objeto de darles el tratamiento preciso. Se trata, en última instancia, de anular aquellos que están prescritos y gestionar los procedimientos vivos para que no prescriban y puedan ser ingresados.

La Agencia Tributaria dictó el pasado 8 de enero una instrucción en la que se regula el procedimiento técnico a seguir y que pretende, en palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, "poner orden en los procesos informáticos y contables para evitar que la Comunidad Autónoma deje de ingresar recursos que le pertenecen".

La instrucción entronca con el compromiso adquirido por el propio Rodríguez para la mejora de la gestión recaudatoria en la Comunidad Autónoma, que pasa, entre otros aspectos, "por conseguir que paguen todos los contribuyentes que tienen que pagar".

En este caso concreto, la dificultad se acrecienta al tratarse de un problema que la Comunidad Autónoma viene arrastrando desde hace años. "Lo cual -asegura Rodríguez- no obsta para que hagamos todo lo posible para solucionarlo".

El vicepresidente insistió en que la acumulación de derechos pendientes de cobro es una anomalía que se debe corregir, no en vano va en contra de los principios de la política fiscal justa y eficiente que defiende el nuevo Gobierno de Canarias.

La acción de la Agencia Tributaria se centrará en primera instancia en aquellos derechos pendientes de cobro anteriores a 2012, pues son en los ejercicios previos a ese año donde se concentra la mayor parte.

· El conjunto de ingresos tributarios podría sufrir una merma de 157,5 millones sobre la previsión realizada por el anterior Gobierno

· El vicepresidente señala que "lamentablemente, se van cumpliendo nuestras previsiones, por lo que las decisiones adoptadas están plenamente justificadas"

La recaudación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) ha caído 40,7 millones de euros entre enero y noviembre de este año con respecto al mismo período de 2018, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma hechos públicos el pasado viernes.

El importe recaudado hasta el 30 de noviembre se situó en 1.472,9 millones de euros, mientras que el año pasado por estas mismas fechas la cantidad ascendió a 1.513,6 millones, lo que supone una disminución del 2,6 por ciento.

Después del incremento puntual y anormal registrado el pasado mes de octubre, las cifras de recaudación acumulada dibujan una tendencia decreciente, en sintonía con las previsiones realizadas a mitad de año por los técnicos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. No obstante, habrá que esperar a contabilizar el mes de diciembre para un análisis completo y definitivo de la situación.

A este respecto, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró que "lamentablemente, los datos vienen a confirmar las estimaciones que teníamos sobre la mesa en relación con la merma de los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma, por lo que las decisiones que hemos adoptado en esta materia están plenamente justificadas".

Rodríguez insistió en que las rebajas fiscales no se suelen traducir en una mayor recaudación, como mantiene la derecha política, especialmente si se adoptan en un contexto de desaceleración económica, "como ya ocurría cuando el Gobierno saliente aprobó la reducción de medio punto del IGIC".

El desvío es mucho más intenso si se toma como referencia la previsión efectuada por el anterior Gobierno de Canarias para el cierre de este año. En la vigente Ley de Presupuestos se fija una estimación de recaudación del IGIC en 2019 de 1.659,4 millones de euros, con lo que resultará prácticamente imposible que en diciembre se recauden 186,5 millones de euros, la diferencia entre la citada previsión y la recaudación a 30 de noviembre.

En concreto, y de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria Canaria, es probable que la merma de ingresos por el IGIC sea finalmente de 72,7 millones con respecto a la previsión realizada por el anterior Gobierno y de 115,8 millones con respecto a la recaudación líquida obtenida en 2018, que quedó en 1.702,4 millones.

Por otra parte, los datos del IGIC a la importación también revelan una tendencia decreciente, puesto que los importes reconocidos pero no ingresados -un indicador adelantado- hasta el 30 de noviembre han caído en 37 millones de euros con respecto al año pasado.

Hay que recordar que el 58 por ciento de la recaudación del IGIC va destinado a las corporaciones locales y el 42 por ciento restante a las arcas de la Comunidad Autónoma.

Además, el conjunto de ingresos tributarios podría estar al final de año en 157,5 millones de euros menos de los calculados por el anterior Gobierno de Canarias.

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su última reunión un gasto de 29 millones de euros para financiar el servicio que prestará la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa) a la Agencia Tributaria Canaria en los próximos dos años.

El acuerdo se adopta ante el próximo vencimiento de los encargos que actualmente realiza la empresa: notificaciones de actos, recaudación ejecutiva y servicios de información y asistencia a contribuyentes, así como servicios de informática tributaria.

El Gobierno destinará a la financiación de esos servicios 14,3 millones de euros el año 2020, mientras que en 2021 se asignarán 14,6 millones.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos -de la que depende la Agencia Tributaria Canaria- se ha fijado como uno de sus objetivos estratégicos la mejora todo el sistema de tributación del Archipiélago, con el objeto de incrementar la base de los contribuyentes y combatir el fraude fiscal, entre otros aspectos.

En este sentido, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año contempla una asignación para la Agencia Tributaria Canaria de 51 millones de euros, cuatro millones más respecto al presente ejercicio, lo que suponen un incremento del 8,6 por ciento.

Además, los Presupuestos incorporarán otra novedad el próximo año en relación con la Agencia Tributaria, de modo que el 0,5 por ciento de la recaudación obtenida se destinará a financiar el incremento de los gastos de funcionamiento y de las inversiones que se pudieran producir como consecuencia del incremento de su propia actividad.

Del gasto autorizado hoy, la mayor cuantía se corresponde con el servicio de recaudación ejecutiva, con 11,8 millones de euros, y el de información tributaria, con 10,8. Le siguen el servicio de informática, con 4,6 millones, y el de notificaciones, con 1,4.

Por otra parte, el Gobierno también autorizó hoy el gasto de 2,4 millones de euros para la prórroga del contrato del servicio de soporte y mantenimiento del Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFlogiC) hasta el año 2021.

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, incrementará el próximo año la tributación a las casas de apuestas, de modo que el tipo general a aplicar pasará del 10 al 15 por ciento.

Los grupos que apoyan al Gobierno presentaron recientemente una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para elevar el tipo de gravamen aplicable a las denominadas apuestas externas.

Canarias intensifica así la presión fiscal sobre las casas de apuestas y sobre el juego, con una medida que complementa el incremento ya incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para las máquinas recreativas.

El Archipiélago se situará de esta manera como una de las tres comunidades autónomas de régimen común -junto a Murcia y Valencia- con el tipo general más alto.

De acuerdo con los datos del Anuario del Juego en España, el sector movió en Canarias en 2017 cerca de 44 millones de euros, que aumentaron un 70%, hasta llegar a los 74 millones de euros el año pasado. En las Islas operan cerca de 40 locales privados de apuestas.

Este crecimiento ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente por su incidencia en la población menor de 30 años, que se ha triplicado en Canarias en los últimos años.

La propuesta de la Consejería de Hacienda entronca con una estrategia para contener el acceso de los jóvenes al juego y combatir una adicción que está generando problemas graves en este sector, por lo que no se ha concebido con afán recaudatorio, sino como un elemento de prevención de carácter social.

Se da la circunstancia, además, de que el Parlamento debatirá próximamente una Proposición no de Ley presentada (PNL) por el Grupo de Nueva Canarias en la que se instará al Gobierno a adoptar diversas medidas sobre esta problemática, como la paralización cautelar de la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, la solicitud al Estado para que regule la publicidad de todas las modalidades de juego y apuestas, en parecidos términos a la del tabaco.
También se solicita la regulación eficaz de la prohibición del acceso de los menores de edad, exigiendo un servicio de recepción a la entrada del local y un sistema de bloqueo en las terminales de apuestas.

Según el texto de la citada PNL, elaborada por la diputada Carmen Hernández, las intervenciones policiales para la identificación de menores sitúa a Canarias como una de las comunidades autónomas con mayores problemas.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó la contribución de los asesores fiscales para la mejora la gestión tributaria pública, durante la apertura de unas jornadas organizadas por la demarcación territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Rodríguez aseguró que la "mejor política fiscal consiste en que paguen todos los que tienen que pagar, ampliando la base de los contribuyente" y favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los ciudadanos.

El vicepresidente recordó que el Gobierno reforzará el papel de la Agencia Tributaria para avanzar en esa dirección y para combatir el fraude fiscal.

La Agencia será una prioridad absoluta del Ejecutivo autónomo, "puesto que una inversión en la mejora de sus medios técnicos y humanos se traducirá automáticamente en un incremento de la recaudación, como ha ocurrido en otros lugares".

En relación al fraude fiscal, indicó que éste no solo es injusto para todo aquel que cumple con sus obligaciones, sino que también detrae importantes recursos para la financiación de servicios públicos o la dotación de equipamientos e infraestructuras.

El objetivo del Gobierno, dijo, no solo es que "pague todo aquel que tiene que hacerlo, sino que se pague en función de la capacidad de los propios contribuyentes, incrementando de esta manera la progresividad del sistema".

Precisamente, Rodríguez agradeció las aportaciones realizadas por la Asociación en relación con la revisión fiscal incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en concreto sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a los efectos de mejorar su progresividad.

El vicepresidente recordó que la reforma de determinados tipos impositivos para el próximo año es "moderada y obligada" y que permitirá además orientar el Presupuesto al gasto social, al refuerzo de los sectores productivos y al mantenimiento de la inversión pública.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha defendido el refuerzo de la Agencia Tributaria Canaria como instrumento fundamental para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los ciudadanos y para combatir el fraude fiscal.

En una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Rodríguez explicó que la potenciación de la Agencia será una "prioridad absoluta" del Ejecutivo autónomo, puesto que una inversión en la mejora de sus medios técnicos y humanos se traducirá automáticamente en un incremento de la recaudación, como ha ocurrido en otros lugares.

El vicepresidente recordó que diversos organismos, entre ellos Funcas, coinciden en señalar que la economía sumergida en Canarias equivale al 25 o 26 por ciento del Producto Interior Bruto de las Islas.

"Tenemos claro que debemos reforzar a la Agencia Tributaria Canaria para ampliar la base de los contribuyentes, que es la mejor política fiscal, pero también para incrementar los medios de control e inspección", dijo.

El fraude fiscal, señaló Rodríguez, no solo es "injusto" para todo aquel que cumple con sus obligaciones, sino que también detrae importantes recursos para la financiación de servicios públicos o la dotación de equipamientos e infraestructuras.

El vicepresidente defendió, en ese sentido, que "pague todo el mundo que tiene que pagar" y que "se pague en función de la capacidad de los propios contribuyentes", incrementando de esta manera la progresividad del sistema.

Rodríguez precisó las iniciativas que pondrá en marcha el Gobierno en relación con la Agencia Tributaria Canaria, entre ellas la mejora de la eficiencia de los medios personales reforzando la plantilla actual, tanto de inspectores como de informáticos.

Del mismo modo, se aumentarán los recursos y medios técnicos, con el desarrollo de una aplicación orientada a la lucha contra el fraude, y se creará una unidad que realice visitas inspectoras a los contribuyentes.

Además, el Gobierno reforzará la cooperación de la Agencia canaria con la estatal y promoverá campañas de educación cívico-tributarias en los centros educativos.

El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, subrayó la vinculación directa que existe entre una fiscalidad progresiva y el desarrollo de la democracia, durante el acto de apertura del XVI Congreso Nacional de Técnicos del Ministerio de Hacienda que se celebra en Santa Cruz de Tenerife.

Rodríguez precisó que sin ingresos económicos no hay políticas públicas y que sin un sistema fiscal justo es imposible avanzar en la democracia, por lo que apostó por un mayor equilibrio entre los recursos financieros disponibles y el gasto público medio.

El vicepresidente señaló que la mejor política fiscal consiste en la ampliación de la base de los contribuyentes y, especialmente, en la lucha contra el fraude.

En este sentido, defendió la dotación de mayores recursos para las agencias tributarias, de modo que puedan combatir eficazmente las bolsas de fraude y perseguir a todos aquellos que eluden sus obligaciones fiscales.

Rodríguez dijo ser consciente de que las subidas de impuestos suelen toparse con reticencias de distinto cariz, pero se mostró convencido de que "la gente está dispuesta a incrementar su contribución en línea con su propia capacidad, siempre y cuando vea que ese esfuerzo se le devuelve en forma de servicios, infraestructuras o equipamientos".

Por otro lado, el vicepresidente destacó la labor que viene realizando desde hace muchos años el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), organizador del Congreso, especialmente en la creación de conciencia ciudadana sobre las obligaciones fiscales de los ciudadanos y su labor referencial como fuente de información en la materia.

También agradeció a Gestha la elección de Canarias para su Congreso y aseguró que tomará nota de todas las conclusiones del encuentro, al objeto de enriquecer las decisiones que se puedan adoptar en el ámbito de las Islas.

El Boletín Oficial de Canarias del lunes 30 de septiembre publica el Decreto 332/2019, de 26 de septiembre, por el que se nombra a Dña. Raquel Peligero Molina Directora de la Agencia Tributaria Canaria.

Raquel Peligero Molina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Inspectora de Hacienda del Estado desde 2001, ha desarrollado su carrera profesional en la Agencia Tributaria, en destinos como Girona, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria, en los que ha desempeñado diversas responsabilidades en el área de Inspección.

Hasta este momento, ejercía como jefa de la Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Económica de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria.