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Autorizados cuatro convenios de la Agencia Tributaria Canaria con ayuntamientos para el cobro en la vía ejecutiva

· Se trata de los ayuntamientos de San Bartolomé, Agulo, Alajeró y Santa Cruz de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado en su última sesión la suscripción de cuatro convenios de la Agencia Tributaria Canaria con los ayuntamientos de San Bartolomé, Agulo, Alajeró y Santa Cruz de La Palma para la prestación del servicio de cobro en vía ejecutiva de las deudas tributarias. El acuerdo se adopta ante el próximo vencimiento de los convenios vigentes en la actualidad con estas corporaciones.

Los convenios se suscriben para garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

Autorizado el convenio entre la Agencia Tributaria Canaria y La Guancha para gestionar el cobro en vía ejecutiva

· El objetivo es garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando la mejor atención al contribuyente y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de La Guancha para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público, tanto de naturaleza tributaria y no tributaria, de los que sea titular dicho Ayuntamiento.

El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, permite que las entidades locales puedan "delegar en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esa ley les atribuye", así como "de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan".

Según la memoria justificativa suscrita por la directora de la ATC, el presente convenio se suscribe en aras de garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías. También se facilita a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

Las deudas delegadas serán, con carácter general, aquellas en las que previamente el Ayuntamiento haya dictado título ejecutivo y providencia de apremio respecto de los obligados tributarios identificados a los que aún no se haya notificado la deuda. En ningún caso se delegarán las deudas correspondientes a la Comunidad Autónoma o a la Agencia Tributaria Canaria.

Por otro lado, el coste del servicio por inicio de la gestión se fijará en tres euros por cada deuda cargada, y el coste por gestión realizada se determinará en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de este. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán el 7%, ya sean por aplazamientos o fraccionamiento de pago o por actuaciones de embargo.

Sobre la vigencia del convenio, que será de cuatro años prorrogables por otros cuatro, se establece la retroactividad de este y se aplica con efecto a partir del 1 de enero de 2019.

Hacienda inicia el proceso de depuración de los derechos pendientes de cobro

· La Agencia Tributaria dictó el pasado 8 de enero una instrucción para anular aquellos derechos prescritos e insistir en el cobro de los que aún están vivos

· Román Rodríguez recuerda que la Comunidad Autónoma arrastra el problema desde hace años, "lo cual no obsta para solucionarlo"

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ha iniciado el proceso para la depuración de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a 2012 en la Comunidad Autónoma, al objeto de darles el tratamiento preciso. Se trata, en última instancia, de anular aquellos que están prescritos y gestionar los procedimientos vivos para que no prescriban y puedan ser ingresados.

La Agencia Tributaria dictó el pasado 8 de enero una instrucción en la que se regula el procedimiento técnico a seguir y que pretende, en palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, "poner orden en los procesos informáticos y contables para evitar que la Comunidad Autónoma deje de ingresar recursos que le pertenecen".

La instrucción entronca con el compromiso adquirido por el propio Rodríguez para la mejora de la gestión recaudatoria en la Comunidad Autónoma, que pasa, entre otros aspectos, "por conseguir que paguen todos los contribuyentes que tienen que pagar".

En este caso concreto, la dificultad se acrecienta al tratarse de un problema que la Comunidad Autónoma viene arrastrando desde hace años. "Lo cual -asegura Rodríguez- no obsta para que hagamos todo lo posible para solucionarlo".

El vicepresidente insistió en que la acumulación de derechos pendientes de cobro es una anomalía que se debe corregir, no en vano va en contra de los principios de la política fiscal justa y eficiente que defiende el nuevo Gobierno de Canarias.

La acción de la Agencia Tributaria se centrará en primera instancia en aquellos derechos pendientes de cobro anteriores a 2012, pues son en los ejercicios previos a ese año donde se concentra la mayor parte.

 

Actualizado  01/04/2020