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Consulta de Tributos REF y Tributos Propios

Consulta VINCULANTE n° 1385


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  • Fecha salida:  10/12/2010
  • Impuesto:  IGIC
  • Legislacion: 
    • - Art. 17.Dos Ley 20/1991 Art. 19.1.2º.a) Ley 20/1991 Art. 48 Ley 20/1991 ;
  • Texto consulta: El Grupo de entidades en el que está la sociedad consultante realiza su actividad económica en el sector de productos de gran consumo y alimenticios. Para el desarrollo de su actividad, el Grupo cuenta con un gran número de empresas a nivel mundial y lleva a cabo, según detalla el escrito de consulta, la siguiente operativa: - La sociedad A es una entidad suiza y, dentro del Grupo, es la responsable de las decisiones estratégicas del propio Grupo en Europa Occidental respecto a las actividades de fabricación, importación, exportación, compra, venta, distribución, empaquetado y transformación de un conjunto de productos. Esta sociedad asimismo es la licenciataria de las marcas comerciales, patentes, derechos de reproducción, propiedad intelectual y demás activos inmateriales del Grupo con relación a los productos de gran consumo y alimenticios. La sociedad no opera en España a través de ningún establecimiento permanente a efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. - La sociedad B es una entidad constituida y residente fiscal en España y se dedica a la comercialización en España de productos de gran consumo y alimenticios propiedad de la sociedad A. Conviene precisar que la sociedad A, como licenciataria de determinadas marcas, desarrolla todas las funciones relevantes asumiendo la mayor parte de los riesgos asociados al negocio del Grupo en Europa Occidental y, a su vez, es la responsable, según insiste la consultante, de la planificación estratégica del negocio en Europa Occidental y en los mercados locales. En concreto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato firmado entre las sociedades A y B (el "Contrato de Comisionista"), la sociedad B es la comercializadora en España de los productos del Grupo actuando en estas ventas siempre en nombre propio pero por cuenta de la sociedad A; o lo que es lo mismo, las ventas que realiza la sociedad B de los productos del Grupo a los clientes en España no las hace en nombre propio y por cuenta propia, sino que las efectúa siempre en nombre propio, pero por cuenta de la sociedad A. La sociedad A emplea, para el desarrollo de su actividad, los activos habituales y necesarios para el funcionamiento de una sede de dirección regional (en Ginebra tiene edificio, instalaciones, mobiliario y equipos) y, según puntualiza la consultante, no posee en Canarias ningún edificio o equipo. Lo que sí tiene la sociedad es licencia para la utilización del activo inmaterial de mayor valor, sus marcas y en general elementos de propiedad industrial, las cuales tienen que ser mantenidas, renovadas y actualizadas de manera regular para que conserven su valor. Por su parte, la función principal de la sociedad B es la comercialización de los productos, comercialización que, como se ha dicho, desarrolla en nombre propio y por cuenta de la sociedad A. En este sentido, conviene dejar constancia que la sociedad A es propietaria de los productos y mercancías hasta la venta de las mismos al cliente final, y que en España esta sociedad no tiene ningún tipo de presencia física ni cuenta con inmovilizado alguno ni con medios humanos. La sociedad B, por otra parte, es la que emplea activos limitados a sus actividades comerciales, cuenta con un inmovilizado material necesario para el desarrollo de esta actividad y, además, con una plantilla de trabajadores, algunos de ellos residentes en Canarias, que están dedicados fundamentalmente al desarrollo de estas labores comerciales. Interesa igualmente poner de manifiesto que el modo de proceder de estas dos sociedades en Canarias es el siguiente: 1º) La sociedad A importa en el archipiélago los productos terminados, siendo ella misma la destinataria de esta importación. Estos productos que ha importado los ubica en un almacén de una sociedad española, sin que la sociedad A tenga en ese almacén un espacio físico determinado. De este modo, por estas operaciones, la sociedad A es importadora y destinataria de los productos, a la vez que recibe unos servicios de almacenamiento de una sociedad española que cuenta con almacenes en las Islas por la que le factura por esos servicios de almacenamiento que le haya prestado. 2º) La sociedad B es la encargada de comercializar en las islas los productos de la sociedad A, al igual que en el resto de España, haciéndolo en nombre propio pero por cuenta de ella, por lo que, jurídicamente, se producen dos operaciones diferenciadas: de un lado, la entrega de bienes de la sociedad A a la sociedad B, y, de otro, la entrega -subsiguiente e inmediata- de la sociedad B al tercero adquirente de los bienes. En todo caso, conviene insistir en que la sociedad A es quien exporta los productos terminados a Canarias y es, a su vez, la destinataria de las importaciones. Una vez importados, los productos los conserva y almacena hasta su venta a terceros por medio de un comisionista que actúa en nombre propio y por cuenta ajena. Las ventas de estos productos, a efectos del IGIC, consisten en entregas interiores de bienes a favor del comisionista español, la sociedad B, que actúa en todas estas operaciones empresariales, según se ha dicho, en nombre propio y por cuenta de las sociedad A. Debe resaltarse igualmente que la sociedad A no opera en España a través de establecimiento permanente a los efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por eso, para las operaciones de almacenamiento en territorio canario y su posterior venta, la sociedad necesita de los servicios logísticos que le presta una entidad española. Con vista de estos antecedentes, la entidad consultante quiere saber si la sociedad A actúa o no en las Islas Canarias como una entidad establecida a efectos del IGIC. Concretamente, consulta si la capacidad de almacenamiento y distribución implica en sí misma una utilización de suficientes medios materiales, de forma permanente, para poder constituir un lugar fijo de negocios a efectos del Impuesto, sin que sea necesaria a estos efectos la existencia de medios humanos propios para que pueda entenderse que la sociedad opera en el archipiélago a través de un establecimiento permanente. Por supuesto, esta cuestión es esencial en cuanto al régimen jurídico aplicable a las actividades realizadas por la entidad suiza en la medida en que, una vez importados los bienes en el territorio de aplicación del IGIC, la posterior entrega de los mismos realizada por el importador tiene la consideración de operación interior sujeta al impuesto. Desde esta perspectiva, las ventas de la sociedad A al comisionista español (sociedad B) realizadas en las islas constituyen operaciones interiores sujetas al IGIC, pero el sujeto pasivo del Impuesto por esta operación varía en función de si el vendedor actúa o no en dicho territorio como un empresario o profesional establecido a efectos del IGIC. Por eso, lo que la sociedad consulta, en definitiva, es si la sociedad A, a efectos del IGIC, actúa o no por medio de un establecimiento permanente en las islas respecto de las entregas de bienes realizadas a favor del comisionista español, sociedad B. En el caso de que se entienda que la sociedad actúa por medio de establecimiento permanente, se consulta también cuál es el criterio que debe seguirse para determinar si existe una intervención propia del establecimiento permanente en las operaciones que realice, y si la expedición de una factura con el número de identificación a efectos del IGIC en Canarias o, en su caso, la consignación de la dirección del almacén en el archipiélago, sería suficiente para considerar que el establecimiento permanente ha intervenido en la entrega de bienes. Si se entiende, por el contrario, que la sociedad no actúa por medio de establecimiento permanente, se desea conocer también si el hecho de tener un contrato de arrendamiento específico sobre un almacén es suficiente para considerar que la entidad está, a efectos de IGIC, establecida en Canarias. Además, se solicita aclaración sobre el procedimiento de devolución de las cuotas soportadas por la sociedad como consecuencia de la importación de los bienes introducidos en Canarias.
  • Respuesta: Es criterio de esta Dirección General de Tributos: Primero.- Que la sociedad A no se encuentra establecida en Canarias, por no disponer en las islas de establecimiento permanente, puesto que no es propietaria de ningún local en el archipiélago, ni cuenta con ningún medio humano ni con una red de agentes autorizados que intervengan en la distribución de los productos en nuestra Comunidad, razón por la cual necesita de los servicios logísticos de una entidad para el almacenamiento de los productos en territorio canario, siendo, a estos efectos, indiferente el que la sociedad A disponga o no de un espacio físico determinado en el almacén de la entidad logística. Segundo.- Que la sociedad A sea arrendataria de un bien inmueble no es por si mismo suficiente para entender que está establecida en Canarias, ya que la Ley 20/1991 requiere, para que la sociedad tenga esta consideración, el que disponga además de una estructura apta desde la que se realice las operaciones empresariales, cosa que, como se ha dicho, no existe en el supuesto consultado, ya que la sociedad no tiene en las islas una organización capaz de realizar de forma autónoma la actividad empresarial respecto de la casa matriz. Tercero.- Que la sociedad consultante, al no estar establecida en el archipiélago, no es sujeto pasivo del IGIC y no está obligada a cumplir ninguna de las obligaciones del artículo 59 de la Ley 20/1991. Cuarto.- Que la sociedad consultante puede recuperar las cuotas del IGIC devengadas y soportadas de acuerdo con el régimen de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en las Islas Canarias del artículo 48 de la Ley 20/1991.
Actualizado  14/12/2012