I

El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 1911/91 del Consejo, de 28 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias, autoriza a España para que -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, en relación con el Anexo I, capítulo V, puntos 3 y 4 del Acta de Adhesión no aplique en las islas Canarias las disposiciones de las Directivas 72/464/CEE y 79/32/CEE

Tal y como se señala en la propia parte expositiva del citado Reglamento comunitario, dicha posibilidad obedece a que el refuerzo de la integración progresiva de las islas Canarias en la Comunidad Europea resulta absolutamente compatible con el mantenimiento de una fiscalidad indirecta específica, la cual se integra dentro del conjunto de especialidades económico-fiscales que históricamente han regido en Canarias como mecanismo compensador de las desventajas derivadas de la lejanía y la insularidad, y cuya existencia se reconoce y garantiza por la propia Constitución Española de 1978.

Por su parte, la normativa comunitaria sobre régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, también recoge esa especialidad territorial históricamente reconocida en el plano normativo, y, así, la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, tras señalar en el artículo 2, apartado 1, que el ámbito de aplicación de dicha norma es el territorio de la Comunidad, tal y como se define para cada Estado miembro en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (incluyendo, por tanto, las islas Canarias), exceptúa en el apartado siguiente de forma expresa y diferenciada al archipiélago canario.

En coherencia con las previsiones contenidas en las normas comunitarias citadas anteriormente (tanto la normativa específica desde el punto de vista territorial del Reglamento 1911/91, como la normativa contenida en la Directiva 92/12/CEE referida a los impuestos especiales en general), la Ley estatal española reguladora de los Impuestos Especiales (Ley 38/1992, de 28 de diciembre) deja fuera de su ámbito de aplicación al archipiélago canario (excepción hecha del Impuesto sobre la Cerveza, sobre los Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, los cuales se aplican en todo caso con el carácter de norma no armonizada).

En definitiva, y de la misma manera que ocurre en el Derecho interno, desde el punto de vista del Derecho comunitario se han reconocido las especiales circunstancias concurrentes en las Islas que han aconsejado históricamente un tratamiento excepcional por parte del ordenamiento jurídico, y todo ello, no como un privilegio de las islas, sino, antes al contrario, como mecanismo tendente a compensar las desventajas del archipiélago. Ese objetivo del Derecho comunitario de conciliar el proceso de integración de Canarias en la Comunidad Europea con el mantenimiento de sus especialidades territoriales históricas se resume y recoge de forma clara en el doble principio -pertenencia de las Islas a la Comunidad y reconocimiento de su realidad regional- que constituye el soporte en que se basa el programa comunitario plurisectorial de acciones conocido como POSEICAN.

II

El artículo 2, apartado 3, de la Ley griega 2127/1993, de adaptación a las Directivas comunitarias en materia de Impuestos Especiales, aclara -tras haberse definido como ámbito objetivo de aplicación de los Impuestos en el apartado 1 los productos enumerados en el artículo 1 que sean producidos en el interior del país, que sean originarios de otros Estados miembros, o que sean importados- que los productos originarios de determinadas partes del territorio comunitario serán considerados productos importados, citando entre dichos territorios a las islas Canarias, y equiparando las Islas en definitiva a un país tercero. Dicho precepto resulta conforme con lo previsto en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, de la citada Directiva 92/12/CEE, que considera "importación de un producto objeto de los impuestos especiales" la entrada en la Comunidad de dicho producto, incluida la entrada procedente de las islas Canarias.

Por otra parte, el artículo 49 de la citada ley griega prevé la concesión de un plazo de ocho semanas para el pago de los Impuestos Especiales relativos a tabacos manufacturados que se devenguen siempre y cuando dichos productos se fabriquen en el interior del país o se produzcan y procedan de otros países de la Unión Europea.

Como consecuencia de dicha limitación en función del origen de los productos no resultan aplicables dichas facilidades de pago, y por tanto se debe satisfacer el Impuesto de forma inmediata, en relación con aquellos productos que procedan de países terceros, entre los cuales vienen entendiendo las autoridades aduaneras griegas que se hallan los productos que llegan a Grecia y que han sido elaborados en el archipiélago canario, los cuales, en definitiva, se hallan en peor situación de competencia que los procedentes de otras partes del territorio comunitario.

III

Parece indudable que la normativa griega debe partir, como efectivamente parte, del especial status jurídico de las Islas en la Comunidad Europea. En ese sentido, teniendo en cuenta que en Canarias no resulta de aplicación la citada Directiva 92/12/CEE del Consejo, constituyendo el archipiélago canario un territorio no armonizado desde la perspectiva de los Impuestos Especiales, es lógico que las leyes griegas prevean los oportunos ajustes fiscales en frontera respecto a los bienes importados procedentes del archipiélago, los cuales deberán satisfacer a la entrada en territorio griego los impuestos especiales que graven dichos productos "como si fueran productos de un tercer país".

Ahora bien, las consideraciones anteriores no pueden significar de ninguna manera que, debido a la imposibilidad de acceder al referido diferimiento en el pago y consecuentemente soportar mayores costes financieros, los productos procedentes de las Islas queden en peor situación desde el punto de vista de la competitividad que los fabricados en el país griego y que los procedentes de cualquier otro territorio de la Comunidad Europea.

Se considera que una medida como esa vulneraría el artículo 95 del Tratado de Roma, que prohibe a los Estados miembros gravar directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales o similares.

Este precepto, en aras de la libre circulación de mercancías y de la neutralidad, prohibe toda discriminación fiscal respecto a los productos procedentes de cualquier otro Estado miembro así como el correlativo efecto protector para las producciones locales del Estado de que se trate. La jurisprudencia comunitaria ha aclarado que las discriminaciones fiscales prohibidas por el artículo 95 del Tratado pueden derivar no sólo del tipo impositivo fijado o de las modalidades de fijación de la base imponible sino también de otras modalidades de percepción que incrementen la carga que soportan las importaciones frente a la que pesa sobre la producción nacional, recogiendo entre éstas un presupuesto en el que encaja perfectamente aquel al que se está haciendo referencia: ha señalado expresamente el Tribunal de Justicia que existiría vulneración de lo dispuesto en el precepto en cuestión si dos tributos internos, aun cuando previesen un mismo tipo para los productos nacionales y los importados, se percibiesen en plazos distintos, siendo los plazos aplicables a los productos importados más breves que los previstos para la percepción de esos mismos tributos cuando se tratase de los productos nacionales (Sentencia "régimen fiscal de los alcoholes", de 27 de febrero de 1980). Parece claro que el establecimiento por la normativa griega reguladora del impuesto especial sobre el consumo de labores del tabaco de diferentes plazos de ingreso según se trate de productos procedentes del archipiélago canario o de cualquier otra parte del territorio comunitario, incluido el país griego, atenta contra la prohibición recogida en el artículo 95 del Tratado.

Al margen de constituir una vulneración del citado artículo 95, se considera que dicha medida infringe asimismo lo dispuesto en el artículo 30 -precepto respecto al cual el artículo 95 constituye una norma especial-, el cual prohibe que entre los Estados miembros existan restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

IV

Con independencia de las consideraciones anteriores, con mayor razón si cabe debe rechazarse una medida de ese tipo si se toma en consideración que la exclusión del archipiélago canario del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias en la materia -reconocida tanto en las mismas como en el Reglamento que regula la aplicación del Derecho comunitario en las Islas- obedece a las desfavorables condiciones que concurren el archipiélago, que lo sitúan en unas condiciones de competencia desventajosas, y que desde siempre han justificado un trato compensatorio en relación con el mismo; circunstancia ésta que el POSEICAN -bajo la expresión de "reconocimiento de la realidad regional canaria"- eleva a principio básico de dicho plan, debiendo interpretarse el mismo coordinadamente con el que constituye el otro principio fundamental del POSEICAN, esto es, la pertenencia de las Islas a la Comunidad.

La situación alejada del archipiélago canario, de una parte, respecto a los países proveedores, y de otra, respecto de los mercados exteriores, unido a las deficientes y gravosas comunicaciones con dichos centros de aprovisionamiento y consumo, suponen unos altísimos costes de distinta naturaleza para el sector tabaquero del archipiélago. Es por ello que la actual y tradicional relevancia del sector tabaquero en el archipiélago no ha derivado de la concurrencia de unos factores naturales favorables, sino, antes al contrario, de la adopción de unas excepcionales medidas normativas por parte de las intancias competentes.

El justificado reconocimiento a nivel normativo de determinadas medidas económico-fiscales ha posibilitado y favorecido la articulación de determinadas políticas que han conferido al sector tabaquero del archipiélago su tradicional importancia en el contexto de la economía canaria. La industria del tabaco genera un valor añadido de unos 36.000 millones de pesetas, lo que supone un 2% del producto interior bruto canario -dato cualitativamente importante sobre todo si se tiene en cuenta el escaso protagonismo del sector industrial en el conjunto de la economía canaria (un 8’8% del PIB)-, ocupa directa e indirectamente en torno al 1’2 % de la población activa en Canarias, constituye un sector de gran capacidad exportadora (se exporta un 75 % de la producción total, lo que supone unos 70.000 millones de pesetas/año), destacando asimismo por la incorporación de tecnologías avanzadas.

En el último decenio, el sector tabaquero canario, igual que otros, ha realizado un destacable sacrificio para adaptarse a las exigencias derivadas de la progresiva integración del archipiélago canario en la Comunidad Europea, proceso que ha acarreado importantes cambios respecto a la situación precedente del sector, el cual se ha visto amenazado en los últimos años por el posible traslado de inversiones hacia otras zonas alternativas más ventajosas.

V

En todo caso, no se trata ya de que, con objeto de compensar las desventajas, se adopten discriminaciones positivas en relación con el archipiélago, actuación que sería legítima y estaría plenamente justificada tal y como históricamente ha reconocido el ordenamiento jurídico, y como reconoce el propio ordenamiento comunitario tanto a través de la exclusión del archipiélago del ámbito de aplicación de las citadas Directivas como mediante la adopción de determinadas medidas dentro del programa POSEICAN (véase al respecto el Reglamento CEE nº 2179/92, de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de las medidas específicas en favor de las islas Canarias para la importación de tabaco); antes al contrario, se trata de que, de conformidad con el espíritu de integración progresiva en la Comunidad inspirador del citado Reglamento CEE 1911/91, no se discrimine a las producciones canarias negándoles el acceso a las facilidades de pago reconocidas para el resto de producciones comunitarias, y colocándolas en peor situación de competencia respecto a las mismas mediante la imposición de unos costes financieros adicionales que se añaden, agravándolos, a los estructurales problemas del archipiélago derivados tanto de su situación ultraperiférica como de otros factores de índole diversa, y cuya incidencia desde el punto de vista económico tiene una especial trascendencia habida cuenta de los elevados tipos impositivos que rigen en materia de impuestos especiales; barreras financieras que no sólo se consideran absolutamente contrarias al espíritu del R.E.F reconocido normativamente a nivel comunitario, sino que suponen una vulneración de los artículos 95 y 30 del Tratado de Roma, a la vista de la interpretación que de dichos preceptos ha realizado la jurisprudencia comunitaria.

En virtud de todo lo anterior, se considera viable jurídicamente y oportuno que por parte del Gobierno de Canarias se inste al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se adopten las medidas oportunas tendentes a eliminar la actual discriminación de la normativa griega en materia de impuestos especiales sobre el tabaco en relación con las producciones canarias respecto al resto de producciones comunitarias.

FECHA: 1998   AUTOR: Diego López Tejera