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Resulta obvio que la demanda de Atención Psiquiátrica
y de Salud Mental puede llegar a ser ilimitada, por lo que es necesario
racionalizar el uso de nuestros dispositivos asistenciales públicos,
que deberán garantizar ante todo la atención a las
patologías graves, así como la asistencia preferencial
a los grupos de mayor riesgo, sin que ello suponga la renuncia al
desarrollo de actuaciones preventivas orientadas preferentemente
a estos colectivos.
La atención, en un primer nivel, pasa por los Centros de
Salud, concretamente por los médicos de cabecera y los pediatras,
interviniendo también otros sectores sanitarios (otras especialidades)
y no estrictamente sanitarios (como los maestros, educadores, equipos
específicos de la Consejería de Educación,
Servicios Sociales, etc.). Se hace ineludible pues el desarrollo
de estrategias conjuntas que permitan una complementariedad de las
acciones, evitando duplicidades y/o carencias. Este principio de
complementariedad, sólo es posible desde una coordinación
de las acciones, y ello nos conduce inevitablemente a una protocolización
de las mismas, en síntesis al trabajo por programas.
Estos programas deberán ajustarse a las necesidades de la
población, satisfacer en lo posible la demanda existente
y poder ser evaluados, permitiendo así su reajuste y su reedición.
A tal fin, en las USMC debe ir desarrollándose un estilo
de trabajo basado en Programas sobre grupos de mayor riesgo en la
población asignada (enfermos crónicos, psicosis agudas,
población infanto-juvenil, personas mayores). Igualmente,
las Unidades de Internamiento Breve y las de Rehabilitación,
deberán tener protocolizadas sus intervenciones y tender
a su progresiva estandarización en toda la Comunidad Autónoma,
garantizando una similitud en las prestaciones recibidas por los
usuarios con independencia del centro o dispositivo en el que sean
atendidos.
Así pues, para la población infanto-juvenil resulta
fundamental trabajar con los restantes dispositivos implicados en
la atención del niño y del adolescente, en la elaboración
de programas conjuntos, fundamentalmente con los pediatras y con
los Equipos Específicos de la Consejería de Educación.
Sería recomendable comenzar actividades concretas en este
sentido que se vean reflejadas en documentos o guías, básicamente
centradas en aquellas patologías de mayor prevalencia (trastornos
emocionales) y de mayor gravedad (trastornos profundos del desarrollo,
trastornos de la alimentación, etc.).
En cuanto a la población de enfermos crónicos, fundamentalmente
los pacientes esquizofrénicos, las USMC deberán censar
e identificar a este tipo de pacientes en su sector para pasar a
su posible inclusión en las líneas programáticas
de los respectivos PIRP. Asimismo, deberán quedar garantizados,
a través de protocolos comunes de intervención, la
atención psicofarmacológica y psicoeducativa de este
grupo de pacientes según la disponibilidad de los recursos
en cada sector de población.
La coordinación con los médicos de Atención
Primaria estará dirigida hacia el diagnóstico precoz
y tratamiento de la morbilidad psiquiátrica menor, haciendo
especial énfasis en los trastornos adaptativos y los trastornos
por somatización, por ser los que tienen una mayor prevalencia
a nivel primario y los que más se benefician de intervenciones
precoces y adecuadas. También es necesario desarrollar protocolos
de intervención para el seguimiento de conductas suicidas,
o para pacientes crónicos, por ser el nivel asistencial más
cercano al usuario y, por tanto, el que mejor accesibilidad y conocimiento
del entorno posee.
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