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La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos. Así lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos en su articulo 21.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25.a); y la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 23.1.
La presente Ley tendrá por objeto la regulación y el fomento de la Participación Ciudadana, de forma individual y colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus Cabildos Insulares y Ayuntamientos.
La presente ley persigue impulsar la participación de las mujeres y los hombres que viven en Canarias, a través de su intervención individual y colectiva, en los asuntos públicos, el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así como la generación de hábitos participativos entre la ciudadanía y la creación de una cultura de participación ciudadana.
La participación ciudadana es uno de los criterios a través de los cuales los ciudadanos juzgan la acción de los gobernantes, produciéndose, de este modo, una relación dialéctica entre participación y democracia.
Participación ciudadana es, también, sinónimo de diálogo, concertación, respeto y pluralidad; de implicación de la sociedad civil en el quehacer de las instituciones públicas y de cohesión social en la sociedad compleja y plural en que vivimos.
No todos utilizamos las palabras con el mismo significado. Muchas veces se hacen servir términos, cuyo contenido consideramos universal porque nos parece que todo el mundo entiende la misma cosa cuando son pronunciados y escuchados. Pero, una de las características de los seres humanos es el lenguaje, y éste, no siempre ofrece significados inequívocos.
En el ámbito en el que se pretende elaborar una norma jurídica para el fomento de la participación, es esencial que intentemos buscar las palabras más claras y los significados más adecuados. Por eso se ha considerado oportuno proponer esta especie de construcción colectiva del lenguaje, para recoger las diferentes acepciones que las palabras que se proponen puedan tener. Después los responsables de la elaboración normativa acordarán cuál es el significado que utilizarán y así lo deberán explicar para general conocimiento.
No es (no lo pretende, ni mucho menos) ser un diccionario completo. Es un breve compilatorio de las palabras más utilizadas con una primera propuesta de definición. Se puede proponer otras definiciones y otras palabras con o sin definición, de manera que, poco a poco, podamos tener un importante bagaje terminológico.
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