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Sostenibilidad
09 de febrero del 2018 - 12:55

Política Territorial destina 165.000 € en asistencia técnica y monitorización de vertidos al mar tras la publicación del censo en diciembre

La Consejería ha editado una guía para facilitar a las administraciones competentes y a los particulares la tramitación de las pertinentes autorizaciones

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó hoy en comisión parlamentaria de que la Consejería ha invertido 165.000 € en prestar asistencia técnica a ayuntamientos, cabildos y particulares y en la monitorización y caracterización de vertidos tras la publicación del último censo en diciembre.

En esta cuantía se incluyen también otras acciones llevadas a cabo como la elaboración de una guía explicativa, la realización de controles, muestras y mediciones de vertidos y la actualización de la normativa, que en estos momentos está en fase de redacción.

La consejera explicó que en estos últimos meses se han celebrado varias reuniones con ayuntamientos y cabildos de todas las islas para impulsar la regulación de todos los vertidos sin autorización que son competencia de estas administraciones públicas, y que también se ha mantenido una reunión con la Dirección General de Costas para agilizar la tramitación de la documentación en la parte que compete al Estado.

Nieves Lady Barreto recordó que las competencias para pedir las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar corresponden a los cabildos, ayuntamientos y particulares titulares de los vertidos y que la Consejería de Política Territorial solo puede otorgar dichas autorizaciones cuanto se cumplen todos los requisitos.

"Las administraciones locales deben hacer un esfuerzo importante para mejorar sus infraestructuras de depuración y saneamiento y el Gobierno de Canarias está y estará para apoyarles y ayudarles en esa labor, bien a través de esta Consejería para la realización de los trámites necesarios, o bien a través de la Consejería de Agricultura para el caso de las infraestructuras", señaló.

La realización del censo fue encargada en septiembre de 2016 a la empresa Civilport Ingenieros S.L.P. y que, cumpliendo con el plazo establecido, el 30 de noviembre de 2017 se entregaron los resultados definitivos. A este respecto, recordó que el anterior censo era de 2007 y ya no reflejaba la situación real de los vertidos en las Islas. "Contar con este documento actualizado era una de las prioridades del Gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura", afirmó.

Barreto señaló que el censo arroja una cifra total de 394 vertidos, repartidos casi al 50 por ciento entre ambas provincias (48,22% en Las Palmas y 51,78% en Santa Cruz de Tenerife). De ellos, un 70,56% (278 vertidos) no están autorizados.

Dentro de los vertidos no autorizados se distinguen tres situaciones: aquellos vertidos a los que se les denegó la autorización o que nunca la solicitaron, que son 222; los que están en trámite, es decir, con un expediente abierto para la obtención de la autorización, que son 39, y los que contaban con autorización pero ha vencido porque ha transcurrido el plazo máximo sin que se haya solicitado su prórroga, que son 17.

Tal y como señaló Nieves Lady Barreto, desde que se hizo público el primer avance del censo en el mes septiembre, varias administraciones y particulares han iniciado los procedimientos pertinentes para regularizar la situación de aquellos vertidos de los que son titulares.

"Desde el Gobierno seguimos ejerciendo las labores de inspección y sanción, que son las competencias que corresponden, pero también estamos centrando nuestros esfuerzos en dar asesoramiento a ayuntamientos y cabildos, que son las administraciones competentes en materia de vertidos, porque somos conscientes de que la tramitación de las preceptivas autorizaciones es un proceso complejo", indicó la consejera.

En este sentido, recordó que la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Contaminación de las Aguas, ha elaborado una guía que ya ha sido presentada a los cabildos y ayuntamientos para facilitar la tramitación de las solicitudes de autorización de vertidos y ha encomendado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) el asesoramiento a los titulares para asegurar la correcta presentación de la documentación y solventar cualquier duda sobre los trámites.

La consejera informó, asimismo, de que su departamento ha puesto en marcha la tramitación de un decreto autonómico para la regulación de los vertidos desde tierra al mar, ya que la normativa actualmente aplicable es una orden ministerial de 1993 que ha quedado obsoleta. "Contar con una regulación autonómica permitirá incorporar las condiciones específicas del medio marino canario y ofrecer soluciones adaptadas a nuestro entorno".

El futuro decreto, que ya ha pasado la fase inicial de consulta previa, regulará, entre otras cosas, el régimen de las autorizaciones de vertido, su procedimiento de solicitud y tramitación, e incorporará como avance destacado la posibilidad de realizar todos los trámites en sede electrónica.

Datos relevantes del censo

El vertido más común es el de agua residual urbana, con 224 puntos de vertido censados. Le siguen los vertidos de agua proveniente de piscinas (63), de agua salada (52), de agua residual industrial (26), de mezcla de residuales urbanas e industriales (22) y vertidos cuyo efluente no se ha podido determinar (7).

Del total de 246 vertidos constituidos, en todo o en parte, por agua residual urbana, de los cuales 96 se vierten al mar sin ningún tipo de tratamiento previo, frente a los 150 que sí cuentan con algún tipo de tratamiento.

Todos los datos registrados por la última actualización del censo de vertidos de tierra a mar puede ser consultados en la web de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y a través del visor IDECanarias de Grafcan.

 
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