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Presidencia, Justicia e Igualdad
21 de abril del 2017 - 13:48

El Gobierno de Canarias reivindica la Ciudad de la Justicia frente a intereses particulares

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, advierte de que el Gobierno no permitirá que la ciudadanía siga esperando indefinidamente por unas instalaciones dignas

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán,  ante las quejas manifestadas hoy por las cúpulas de algunos operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, aclara que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuida por ley la competencia para la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la autonomía, por lo que le corresponde tomar la decisión sobre el tipo de infraestructura a construir a fin de ampliar la actual de la capital tinerfeña y su ubicación, que solo cabe adoptar con arreglo al interés general de la ciudadanía, que es quien recibe este servicio público, y no de agentes concretos en función de los suyos particulares. "No podemos permitir que los operadores jurídicos secuestren la decisión sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia apelando a una falsa necesidad de consenso ni que pongan en cuestión la legitimidad de la Administración para actuar", remarcó.

Barragán recuerda que, en todo caso, antes de optar por la edificación de un Campus de la Justicia en la zona de El Sobradillo impulsó reuniones con todos los operadores jurídicos para conocer su parecer a pesar de que la Administración no está obligada a hacerlo, quienes en esa ocasión apoyaron la alternativa de una Ciudad de la Justicia en vez de otra sede adicional a las existentes  que no daría una solución definitiva a la falta de espacio ni permitiría aglutinar los órganos judiciales del partido (y de la provincia). De forma paralela, consultó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si existían alternativas tanto en Cabo Llanos o en otras partes de la ciudad más cercanas a Tres de Mayo que el terreno de El Sobradillo, a lo que el consistorio respondió de forma negativa con un informe el pasado 14 de marzo.

Además, apunta Barragán, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el mes pasado una propuesta de resolución que insta al Gobierno autonómico a la construcción de una verdadera Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en el marco de la Estrategia de Modernización de Justicia que atienda a los criterios de la nueva oficina judicial y fiscal y que agrupe todos los servicios y a los operadores relacionados con la Administración de justicia dándole el carácter de obra prioritaria en materia de infraestructuras judiciales en Canarias. Esta opción permitirá concentrar en una misma sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal), y dispondrá de un parking con 675 plazas para el personal y los servicios del complejo y otras 700 para el público.

El consejero insistió, como ha manifestado en otras ocasiones, que entiende la resistencia de una parte de los operadores jurídicos a que la futura sede judicial se ubique en El Sobradillo porque prefieran mantenerse en el centro de la ciudad, pero recuerda que, debido a las necesidades de espacio para la edificación de una sede de esas características (precisa 63.480 metros cuadrados sobre rasante y 65.850 metros cuadrados en sótanos), resulta inviable su construcción en las parcelas cercanas a la actual sede de Tres de Mayo, aún si se edificara una gran torre que no tendría la funcionalidad requerida (para alcanzar esa superficie se requeriría unas 20 plantas de sótanos y algo menos sobre el nivel de calle). En todo caso, recuerda que varias provincias han optado por trasladar sus ciudades de la Justicia fuera del centro urbano, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga o Córdoba, por lo que no se trataría de una situación inédita en el conjunto del Estado, no existe un agravio comparativo ni hay motivos que lleven a pensar que la prestación del servicio se pueda ver afectada por salir del centro administrativo de la ciudad.

Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, las parcelas de la zona de Tres de Mayo no solo resultan pequeñas para un proyecto de este tipo, sino que, en algunos casos, están afectadas por derechos de terceros que requerirían un importante desembolso de las arcas públicas (que los operadores jurídicos están obviando en sus quejas) y un proceso de negociación para evitar contenciosos que llevaría mucho tiempo completar. El Gobierno no está dispuesto a que la decisión de construir las instalaciones adecuadas para que la ciudadanía reciba un servicio digno de Justicia siga posponiéndose de forma indefinida o a ejecutar soluciones parciales que requerirán nuevos desembolsos en el futuro que saldrán del bolsillo de la propia sociedad canaria.

En este sentido, cabe recordar que el edificio adicional pensado inicialmente para la zona, que no podrá aglutinar a los órganos judiciales y perpetuará, por tanto, el coste asociado a la dispersión de las sedes judiciales (cerca de 1,2 millones de euros al mes), obligaría a la ciudadanía canaria a sufragar un gasto (en torno a 128 millones de euros) a favor de una solución de carácter parcial que requerirá de nuevos parches en un futuro cercano muy parecido al de una respuesta definitiva (unos 136 millones, un 6,25% más que la opción céntrica que demandan los operadores jurídicos) que pondrá fin a la estrechez de las instalaciones actuales y brindará posibilidades de atender las necesidades de crecimiento durante, al menos, medio siglo.

Por otro lado, la parcela de El Sobradillo, con más de 20.000 metros cuadrados de extensión, disponibilidad inmediata y de titularidad pública desde el origen de la Comunidad Autónoma de Canarias, ofrece tanto el espacio necesario como una buena accesibilidad a escasos diez minutos del centro de la ciudad a través de la autovía. No sería necesario construir una línea de tranvía especial para alcanzar esta ubicación, pues ya hay una parada a 600 metros (en todo caso, bastaría construir una estación más cercana) y contaría, como se explicó antes, de aparcamientos suficientes.

Es cierto que tanto la parcela escogida para el Campus de la Justicia (como buena parte de El Sobradillo) tiene la consideración de ámbito suspendido porque en su momento se consideró que el área estaba saturada, lo que en realidad no sucede, por lo que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife ya han levantado dicha suspensión y han remitido a la COTMAC la documentación necesaria para dicho levantamiento, lo que previsiblemente se producirá en  los dos próximos meses.

Por lo tanto, no existe obstáculo alguno para la construcción de la Ciudad de la Justicia ya que se trata de un sistema general de uso para Administración Pública y edificabilidad libre, ni se requiere una modificación puntual del PGOU, como sí ocurre, en cambio, con las parcelas de Cabo Llanos. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad también solicitó informes tanto al Cabildo de Tenerife como al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el impacto que la infraestructura proyectada podría ocasionar sobre el tráfico en la red viaria y las soluciones a abordar.

 
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