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Presidencia, Justicia e Igualdad
30 de marzo del 2017 - 16:09

El Gobierno descarta aumentar la dispersión de las sedes judiciales a favor una solución integral y definitiva

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, defiende que el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife merece una verdadera Ciudad de la Justicia

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ratifica la inviabilidad de edificar una Ciudad de la Justicia en las cercanías de la actual sede de Tres de Mayo tras haberse reunido de nuevo con representantes de los operadores jurídicos y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como la necesidad de no seguir incrementando la dispersión de los órganos judiciales en detrimento de una solución integral, definitiva y que pueda ponerse en marcha lo antes posible.

Las parcelas ubicadas en la zona de Cabo-Llanos resultan inadecuadas para levantar una Ciudad de la Justicia debido, en esencia, a la existencia de derechos de terceros y la escasa superficie disponible, situaciones que resultarían complicadas de solucionar y que, en todo caso, no podrían resolverse a corto plazo.

Este aspecto es importante, recalca el consejero, porque la capital tinerfeña viene debatiendo desde 2009 si escoge aumentar la dispersión judicial con más edificios separados en la zona de Cabo-Llanos para incrementar el espacio de los órganos judiciales (lo que requerirá previsiblemente nuevas ampliaciones dada la menor superficie de las parcelas disponibles, incluso construyendo en más alturas) o si se opta por una Ciudad de la Justicia que pueda albergar todas las instalaciones necesarias en un solo centro con capacidad de crecimiento y vocación de futuro.

Asimismo, la zona de Tres de Mayo implicaría un sobrecoste que no existe en la opción de El Sobradillo y que Barragán considera innecesario trasladar a los bolsillos de la ciudadanía canaria. Además, la actual dispersión de las sedes ya está costando más de 1,2 millones de euros en alquileres cada año.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emitió un informe en el que se descarta la disponibilidad de suelo suficiente en las cercanías del edificio de la avenida de Tres de Mayo para construir la Ciudad de la Justicia mientras que la opción de El Sobradillo supone una parcela de más de 20.000 metros cuadrados que es accesible por guagua y tranvía (al margen de la mejora del transporte público que pueda ejecutarse en los próximos años) y que está muy cerca de la autopista.

De igual manera, esta parcela ofrece disponibilidad inmediata en una zona de expansión por lo que alejaría del tráfico del centro a quienes deban acudir a los órganos judiciales, lo que facilitaría el desplazamiento incluso de quienes vengan de otros puntos de la isla o de Canarias y se evitarían así los atascos de la ciudad, ya que el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife alberga órganos de alcance provincial, y no solo de la ciudad.

De hecho, la Ciudad de la Justicia integrará en una única sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal) y un aparcamiento público.

Por otra parte, Barragán recuerda que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en el pasado pleno en el que se abordó del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad una propuesta de resolución que insta al Gobierno autonómico a la construcción de una verdadera Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en el marco de la Estrategia de Modernización de Justicia que atienda a los criterios de la nueva oficina judicial y fiscal y que agrupe todos los servicios y a los operadores relacionados con la Administración de justicia dándole el carácter de obra prioritaria en materia de infraestructuras judiciales en Canarias.

"Este debate dura demasiado y está claro que nunca habrá unanimidad", apunta en relación a las críticas sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia en El Sobradillo. "Es comprensible que pueda haber oposición por parte de ciertos colectivos debido a la ubicación, pero el Gobierno está para tomar decisiones y debe hacerlo con arreglo al interés general", señala al recordar que a la justicia acude toda la ciudadanía y que la decisión que se tome ahora marcará el futuro de la justicia en Santa Cruz de Tenerife, por lo que "no puede adoptarse pensando solo en los que estamos ahora, sino también en quienes se beneficiarán de la misma en las próximas décadas", remarca.