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30-03-2012

El Gobierno de Canarias se adhiere a la línea ICO ante la sequía de crédito en los mercados


- Javier González Ortiz: "la tesorería sigue estando saneada pero debemos garantizar la futura liquidez ante las crecientes dificultades para obtener financiación"

- El consejero critica que el Estado vuelva a hacer "tabla rasa" con todas las comunidades autónomas

El Gobierno de Canarias acordó hoy adherirse al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores que el Estado ha habilitado a través del ICO debido a las crecientes dificultades para obtener financiación en los mercados. "La situación es cada vez más complicada dada la continua sequía en el crédito", según explicó Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

González Ortiz informó que la comunidad autónoma continúa con periodos medios de pago para sus facturas que se sitúan en torno a los 40-45 días y que la tesorería, por el momento, sigue estando saneada. No obstante, justificó la adhesión a la línea ICO porque "este gobierno tiene que ser responsable y adoptar medidas que nos ayuden a garantizar en un futuro la liquidez suficiente que precise la comunidad autónoma".

No obstante, el consejero criticó la falta de transparencia ya que "aún desconocemos aspectos de importancia sobre su funcionamiento". A pesar de ello, el Estado ha dado de plazo hasta mañana, 31 de marzo, para tomar la decisión y 15 días más para presentar el listado de las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.

El Gobierno prorrogará la limitación temporal de las construcciones turísticas contemplada en la Ley de Medidas Urgentes


El Consejo de Gobierno aprobó hoy el acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley de ampliación temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, en lo que se refiere a los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas.

Además, el Ejecutivo acordó solicitar con carácter de urgencia el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y con fijación de un plazo de cinco días.

Cabe recordar que las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril establecieron límites al crecimiento de la oferta alojativa turística en el Archipiélago, en función de la capacidad de carga de la zona afectada.

Dicha ley autorizaba al Gobierno a que cada tres años aprobara un proyecto de ley mediante el cual se fijara el ritmo anual máximo de crecimiento de autorizaciones previas para nuevas plazas de alojamiento turístico en cada una de las islas en el trienio correspondiente.

Siendo así, mediante la ley 6/2009, de 6 de mayo -cuya ampliación temporal ahora se aprobará- se determinaron los límites supuestos en los que podrían otorgarse autorizaciones previas para los establecimientos turísticos para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife y para los tres años siguientes a su entrada en vigor, el 13 de mayo de 2009.

El Gobierno de Canarias tramita en la actualidad la Ley que ha de regular esta materia en el próximo trienio. No obstante, y dado la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia fijado para la citada Ley 6/2009 (establecida el próximo 13 de mayo), el Gobierno ha optado por ampliar hasta el 13 de diciembre el periodo de tres años establecido en dicha ley.

Entiende el Ejecutivo que las pautas para el próximo trienio han de establecerse con el sosiego que permita calibrar las actuales circunstancias económicas, notablemente distintas a las que imperaban en el momento de aprobación de la Ley. Para el Gobierno de Canarias, este cambio de modelo exige un análisis profundo y una amplia participación de los sectores afectados y de la ciudadanía en general, extremo éste que también defiende el Parlamento de Canarias, tal y como quedó de manifiesto en la resolución aprobada en el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

El Gobierno acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto que regula actuaciones contempladas en leyes canarias


El Consejo de Gobierno en la reunión mantenida hoy en Tenerife acordó interponer recurso de inconstitucional frente al artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Además, el Gobierno acordó también solicitar de forma simultánea el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

El Ejecutivo autónomo entiende que dicho artículo 23 incide en una materia que es de la competencia autonómica, a tenor del artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias. De hecho, las actuaciones que contempla el citado artículo están ya tratadas en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Es más, la legislación canaria regula en sentido contrario a como lo hace el Real Decreto diversas materias referidas a la seguridad jurídica en materia inmobiliaria.

En concreto, el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, establece textualmente:

"1. Los actos de transformación, construcción, edificación, y uso del suelo y el subsuelo que se indican a continuación requerirán el acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística:

a) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción, e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, pueden afectar al paisaje
e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la letra c) anterior.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo".


El Gobierno de Canarias defiende que el precepto anterior incide en una materia que es competencia autonómica, y que además, lo hace en un sentido contrario a la legislación de la Comunidad Autónoma, que recoge en su legislación sobre la materia que "transcurrido el plazo máximo para resolver expresamente, podrá entenderse a todos los efectos otorgada la licencia interesada".

El Real Decreto Ley contra cuyo artículo 23 se va a interponer recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Canarias fue concebido para afrontar las consecuencias que en España ha ocasionado la crisis financiera internacional. Sin embargo, entiende el Ejecutivo autonómico, ello no justifica el cambio de sentido del silencio en unos procedimientos que son de la competencia autonómica y que están regulados por la legislación autonómica en sentido contrario al que la norma estatal establece.

Además, tal y como recoge el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, "en todo caso, la valoración de esas razones deben corresponder al sujeto titular del poder regulador del procedimiento, que es la Comunidad Autónoma de Canarias".

El Gobierno aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de azar en Canarias


- Establece el número máximo de autorizaciones de máquinas y de salones en cada isla y la delimitación de la zona de influencia

- El texto aborda una profunda simplificación y reducción de trámites y documentos

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno hoy al Decreto por el que se aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de azar que regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, los juegos y apuestas desarrollados mediante máquinas recreativas y de azar, la ordenación de las mismas y de las actividades relacionadas con éstas, como las de fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación, explotación y homologación e inscripción de los modelos, así como de las empresas y establecimientos dedicados a la realización de dichas actividades.

El reglamento, que desarrolla la Ley de los Juegos y Apuestas del 15 de julio de 2010, se ha elaborado tras oír a las asociaciones representativas de los juegos y apuestas, previo dictamen favorable de la Comisión del Juego y las Apuestas. En él se aborda una profunda simplificación y reducción de trámites y documentos.

El texto fija el número máximo de autorizaciones de máquinas recreativas de los distintos tipos y de salones en cada isla y la delimitación de la zona de influencia. En este sentido, se ha optado por modificar la distancia del radio de acción que permite delimitar la referida zona de influencia, el cual pasa de los 100 metros de distancia entre salones recreativos actuales al doble. Dicha medida, al igual que el número máximo de autorizaciones, obedece a la necesidad de evitar la actual saturación del sector en relación con los establecimientos afectados por dicha medida.

En el reglamento se establece la nueva clasificación de máquinas recreativas contemplada en la Ley de Juegos y Apuestas, y desarrolla sus características. Esta medida permite al sector actualizar el parque de máquinas de funcionamiento ordinario con el resto de Comunidades Autónomas, reduciendo los costes de renovación de las actuales.

Asimismo, introduce innovaciones tecnológicas relativas a la adaptación a la nueva realidad del sector del juego y de las apuestas, que es especialmente dinámico en su organización y funcionamiento y que además está condicionado por el avance de las nuevas tecnologías y a la aparición de nuevas prácticas de juego por medios electrónicos.

En cuanto al régimen sancionador, se incluyen tipos nuevos, se eliminan tipos considerados anacrónicos por afectar al ámbito de relación privada entre el establecimiento y el cliente y se modifican los tramos y las cuantías de las multas para su adecuación a la nueva realidad social y económica.

Asimismo, mediante este reglamento se modifica la cuantía de los premios adecuándola a la fijada en el resto de las Comunidades Autónomas. Se regula asimismo la ubicación de las máquinas en función de los diversos tipos de locales donde se vayan a ubicar, posibilitando la diferenciación entre los diversos sectores del juego, así como las características que han de reunir dichos locales.

En cuanto a la instalación, se mantiene la exigencia de autorización administrativa al efecto y se establecen las condiciones que han de reunir los establecimientos en los que se instalen cada tipo de máquinas para su explotación, que han de efectuar la solicitud correspondiente.

El Gobierno eleva al Consultivo el proyecto de Decreto que refunde las leyes de ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial


- El objetivo es refundir dos leyes para la ordenación de este subsector económico

El Consejo de Gobierno de Canarias ha solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Canarias respecto del Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial.

Con este nuevo texto normativo se pretende aunar en un solo documento estas dos leyes. Para su aprobación definitiva requiere del dictamen previo del Consejo Consultivo.

Con esta iniciativa, el Gobierno ejercita la delegación legislativa otorgada por el Parlamento de Canarias y que consiste en elaborar un texto refundido de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, modificada por la presente ley, y de la Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la Licencia Comercial.


22-03-2012

El Gobierno de Canarias acuerda emprender acciones judiciales contra el Real Decreto que otorga permiso de investigación de hidrocarburos


- El Gobierno acordó instar la medida cautelar de suspensión de los efectos del referido Real Decreto de 16 de marzo

El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de hoy el ejercicio de acciones judiciales contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida uno anterior, el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, mediante el cual se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias-1', 'Canarias-2', 'Canarias-3', 'Canarias-4', 'Canarias-5', 'Canarias-6', 'Canarias -7', 'Canarias-8' y 'Canarias-9'.

Asimismo, el Gobierno acordó instar la medida cautelar de suspensión de los efectos del referido Real Decreto de 16 de marzo y dar traslado a los Servicios Jurídicos de este acuerdo a los efectos de que emprendan la acción impugnatoria correspondiente.

La convalidación del Real Decreto 1462/2001 tiene como fundamento el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, por lo que el Gobierno de Canarias entiende que "se degrada el grave defecto apreciado en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004, que anuló aquel Real Decreto en cuanto a la autorización otorgada a las labores de investigación proyectadas (correspondientes a los años tercero a sexto de su programa) al carácter de mero vicio formal susceptible de subsanación mediante la simple incorporación de las previsiones omitidas en el acto anulado".

En ese sentido, el Gobierno entiende que se utiliza de forma inadecuada el mecanismo de la convalidación, ya que el mencionado artículo 67 lo refiere "únicamente a los actos "anulables" y no a los actos anulados", tal y como es el caso, pues ya existe un pronunciamiento judicial que anula ese Real Decreto 1462/2001.

Además, el Ejecutivo de Canarias considera que los documentos aportados de subsanación "evidencian el escaso interés que ala prevención de daños medioambientales en las costas canarias dispensa el que fue titular de aquellos permisos, al no analizar en los mismos las especialidades propias del fondo marino de las costas de Canarias".

Por otro lado, los años transcurridos desde que se otorgaron los primeros permisos de investigación en 2001 y desde que fue dictada la sentencia del Tribunal Supremo en 2004, un periodo de ocho años en los que no ha habido ninguna clase de actividad estatal en relación a este tema ponen de manifiesto "no sólo la inexistencia real de interés público", sino también "un grave desconocimiento de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la regulación en ella contenida sobre la vigencia y extinción de los permisos de investigación". El Gobierno de Canarias entiende que "se hacen revivir en el tiempo permisos que ya habrían caducado al haber transcurrido sobradamente los plazos máximos establecidos para la realización de las actividades autorizadas".

El Consejo de Gobierno de Canarias, entre otras cuestiones, también considera que el Consejo de Ministros, "bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación", en realidad está otorgando una nueva autorización "eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación, al impedir la presentación de ofertas en competencia".

El Gobierno de Canarias destina más de 5 millones de euros a la atención de programas de mayores, discapacidad y dependencia


- Mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la concesión de un conjunto de subvenciones directas de diversos Ayuntamientos y Cabildos insulares para sufragar los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad, mayores y de prestación de servicios a personas en situación de dependencia.

Estas ayudas, cuyo montante global asciende a 5.480.061, 36 euros, van destinadas a cubrir parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que los ayuntamientos y Cabildos insulares llevan a cabo en diferentes áreas de atención a las personas con discapacidad, personas mayores y programas de atención a la dependencia.

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

De esta forma, mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.

El Gobierno acuerda que la APMUN disponga de una sede electrónica propia para mejorar el servicio a la ciudadanía


- La dirección electrónica de acceso será sede.apmun.org

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy una modificación puntual del decreto 19/2011, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de añadir un nuevo apartado que indica que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) dispondrá de una sede electrónica propia con acceso directo desde sede.apmun.org.. Con esta medida el Ejecutivo demuestra su continua apuesta por mejorar el servicio a la ciudadanía.

El Ejecutivo considera que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural debe contar con su propia sede electrónica, independiente de la del Gobierno de Canarias, dada su naturaleza consorcial, para que la responsabilidad de la veracidad, integridad y actualización de la información y los servicios que se presten a través de ella sea compartida por los entes que forman parte de la misma. La dirección electrónica de acceso será sede.apmun.org.
El decreto 19/2011, de 10 de febrero, que ahora se modifica y por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, desarrolla la ley11/2007 en aquellos aspectos que se consideran básicos para el impulso de la administración electrónica en el ámbito de la Administración Pública de Canarias, siguiendo la estructura de la propia Ley 11/2007.
La citada ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones.


15-03-2012

El Gobierno de Canarias envía al CES el anteproyecto de la Ley de armonización


- El nuevo texto, que consta de 66 artículos, quince disposiciones adicionales y cinco transitorias, entre otras, simplificará los trámites para aprobar el planeamiento y reducirá duplicidades de competencias, manteniendo la participación pública
- La Ley crea algunas figuras nuevas, como los sistemas territoriales ambientales, que permitirán compensar a los propietarios de suelos rurales por el compromiso de no urbanizarlos en el futuro

El Gobierno de Canarias ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, con el fin de recabar, en el plazo de un mes, el preceptivo informe que permita continuar con los trámites para su aprobación en Consejo de Gobierno y la posterior remisión al Parlamento autonómico.
De forma paralela al trámite con otras instituciones, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, responsable de elaborar el texto legislativo, ha remitido el texto al Boletín Oficial de Canarias, donde se publicará la apertura de un plazo de información pública de quince días, para que todos los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones a esta nueva ley, que pretende realizar una labor unificadora de todas las normas que regulan el territorio en Canarias, facilitar la tramitación de los instrumentos de planeamiento y la adaptación plena del ordenamiento canario al derecho comunitario y estatal.
La Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales comprende 66 artículos, divididos en cuatro títulos, que se completan con numerosas disposiciones, de las que quince se califican como adicionales y cinco estas consideradas como transitorias.
Título I
El Título I sobre medidas en materia de planificación territorial y urbanística, se estructura, a su vez, en tres capítulos. El primero, rotulado "medidas de simplificación, fomento de la participación y transparencia en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico", clarifica el sistema territorial y urbanístico canario, precisando el objeto de la planificación insular y de la municipal, y delimitando el ámbito de aplicación de cada una.

De otra parte, y en esta misma línea de clarificar la distribución de competencias entre las distintas Administraciones, se introduce una importante novedad en la planificación urbanística general. La Ley disocia el actual documento único de los Planes Generales de Ordenación en dos documentos diferenciados: el Plan Básico de Ordenación Municipal, que contendrá necesariamente la ordenación estructural del municipio y la ordenación pormenorizada de oportunidad, y el Plan de Ordenación Pormenorizada, que deberá contener la ordenación detallada.
Un segundo elemento esencial que introduce este capítulo es la exigencia de que la formulación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, cuando no sea efectuada por los propios medios técnicos de la Administración Pública, sea realizada por un equipo redactor que cuente con una previa acreditación que garantice su idoneidad profesional y técnica. Tal exigencia de contar una previa acreditación deviene necesaria para garantizar a los ciudadanos la idoneidad de los instrumentos que se formulen a la legalidad urbanística vigente, asumiendo el equipo redactor la responsabilidad que ello sea efectivamente así.
El capítulo II regula los sistemas territoriales ambientales, constituyendo este aspecto una ambiciosa innovación conceptual en el marco del Derecho urbanístico. El principio de distribución de beneficios y cargas se ha proyectado tradicionalmente sólo sobre los suelos urbanizables y actualmente también sobre los suelos urbanos no consolidados, quedando siempre al margen los suelos rurales, al estar éstos excluidos del proceso de transformación urbanística.
Estos sistemas pretenden compensar a los propietarios del suelo por la conservación de espacios, cuyo beneficiario es el conjunto de la sociedad canaria. Así, el objetivo es que, mediante la imputación de ciertos aprovechamientos adscritos a nuevos desarrollos urbanísticos, los propietarios queden condicionados a la exclusión futura de esos terrenos de dicho desarrollo. En definitiva, estos "sistemas territoriales ambientales" responden a la necesidad de reducir las cargas impuestas por la función social de la propiedad sobre los propietarios de suelo rústico, con el fin de que esas cargas no puedan considerarse excesivas y desproporcionadas.
Finalmente, el capitulo III introduce una nueva perspectiva en la regulación de las edificaciones no ajustadas al planeamiento en vigor, distinguiendo entre las situaciones de simple consolidación y las situaciones de fuera de ordenación, en función de que la edificación hubiese sido erigida contando o no con los títulos administrativos necesarios. Diferenciación que se proyecta sobre las obras permitidas en tales edificaciones, permitiendo labores de mantenimiento, de rehabilitación o de consolidación, entre otras, en función de la situación en que se encuentre el inmueble.


Título II
El Título II de la Ley, relativo a la "Evaluación ambiental de Planes y Proyectos", se subdivide en dos capítulos que tienen como finalidad la adaptación del ordenamiento ambiental canario tanto al Derecho básico estatal, como al Derecho comunitario europeo, del mismo modo que a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La nueva regulación tiene una doble finalidad. Por un lado, la de adaptar el ordenamiento canario al Texto Refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. El segundo objetivo es reestructurar el modelo de evaluación ambiental instaurado en la Comunidad hace casi veinte años. La Comunidad de Canarias se ha caracterizado por poseer la legislación de evaluación ambiental más exigente del Estado español. Esa reestructuración no significa que el nivel de exigencia que ha caracterizado a nuestro ordenamiento se reduzca, sino que la nueva regulación recompone el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias para ajustarlo a la legislación estatal y a las nuevas necesidades socio-económicas.
La segunda materia regulada en el Título II de la presente Ley se refiere a la evaluación estratégica de planes. El Capítulo II del citado Título se dedica al régimen de la evaluación estratégica de planes y programas, asumiendo la regulación establecida por la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de diciembre de 2011, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente; y de la Ley básica estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Las cuestiones reguladas en esta materia atienden tanto a la concreción del ámbito de aplicación, como a la del órgano ambiental competente, del mismo modo que a la determinación del procedimiento administrativo.
Título III
El Título III de la Ley acoge, en el primero de sus tres capítulos, la regulación específica relativa a la Red Natura 2000. En este capítulo se integra la regulación relativa a los planes y proyectos que afectan a dichos espacios en cumplimiento de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
También en el marco de la conservación de la naturaleza y del fomento de la sostenibilidad, el Título III procede a la regulación de una nueva figura, la del "colaborador con la biodiversidad y la sostenibilidad" que incluye al "colaborador con el medio ambiente" y al "protector del medio ambiente", en función del grado de implicación en la preservación del entorno. Por ejemplo, mientras que el colaborador actuará en su propio suelo, el protector tendrá un ámbito de actuación mucho más amplio, de tal modo que la preservación del medio ambiente sea puesta en valor de forma evidente para toda la sociedad. En todos los casos, se trata de fomentar la corresponsabilización en la protección del medio ambiente.
El Capítulo III del Título III está dedicado a las Entidades Colaboradoras en materia de calidad ambiental. Esta previsión atiende a la necesidad de profundizar en el principio de eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas, con el fin de agilizar y simplificar la actividad administrativa en esta materia. Para ello, las entidades colaboradoras, expresamente designadas y registradas por decisión de la Consejería competente, realizarán funciones de inspección y evaluación ambiental sujetas, en todo caso, a la supervisión de la propia Consejería. En definitiva, las Entidades Colaboradoras en materia de calidad ambiental desempeñarán un papel clave de apoyo a la Administración en el ejercicio de las potestades de intervención que ésta ostenta.
Título IV
Por último, el Título IV de la Ley incorpora medidas necesarias en materia de disciplina urbanística. El Capítulo I reintroduce, en el ámbito de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, las multas coercitivas y la ejecución subsidiaria como medidas eficaces que permitan a las Administraciones canarias la consecución del restablecimiento de las actuaciones contrarias a la legalidad urbanística. Además, se impulsa el objetivo de lograr una verdadera y rápida restauración del orden urbanístico infringido, en cuanto obligación que debe asumir y ejecutar el infractor, como contrapartida a una rebaja o supresión de la sanción pecuniaria.
El Capítulo II solventa determinadas imprecisiones y ausencias en materia de sanciones urbanísticas. En primer lugar, se extiende el concepto de los sujetos responsables de la comisión de una infracción urbanística a todos los sujetos que intervienen en el proceso de la edificación, en los términos previstos por la Ley 38/1999. Además, y dado que se introducen como infracciones específicas el abandono de vehículos en las vías públicas o en suelo rústico, así como la circulación con vehículos a motor sin la autorización precisa campo a través o fuera de las vías existentes al efecto o, dentro de éstas, a velocidad inadecuada que cause un daño al medio ambiente, se precisa como sujeto responsable al autor material de tales actuaciones. Se adecuan las cuantías de las multas a la realidad socioeconómica de Canarias, clarificándose los criterios que los órganos administrativos deben seguir a la hora determinar la concreta cuantía a imponer, eliminando en la medida de lo posible la discrecionalidad y consiguiendo una mayor seguridad jurídica, para lo cual se toma como criterio no sólo la gravedad del daño causado y la cuantía de la actuación realizada, sino también la situación económica del infractor, permitiéndose el pago fraccionado de las sanciones.

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud disminuyó en febrero en 6 millones de euros con respecto al año anterior


- La factura en medicamentos del mes de febrero se situó en 38.166.177 euros, un 13,64% menos respecto al mismo mes del año anterior
- Se facturaron 3.533.412 recetas, con un gasto medio inferior en un 12,05%

El gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente a la segunda mensualidad del año se situó en 38.166.177,23 euros, seis millones de euros menos que febrero de 2011, período en el que alcanzó los 44,1 millones de euros, según recoge el último balance de facturación de la Dirección General de Farmacia presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo de Gobierno.
La factura farmacéutica del mes de febrero continúa con la misma tendencia al descenso constatada durante 2011 y enero de 2012, como resultado de la aplicación por la Consejería de un conjunto de medidas de uso racional, mejora de la prescripción y aumento de la eficiencia en el gasto público de esta prestación sanitaria básica.
Según recoge el balance de facturación, en el mes de febrero se registró una disminución del gasto medio por receta del 12,05%, al pasar de 12,28 a 10,80 euros, así como del gasto medio por usuario, que se situó en 19,36 euros, un 13,92% menos que en febrero de 2011, en el que se cuantificó en 22,49 euros.
Por tipo de usuario (activos y pensionistas), el descenso fue mayor entre los pensionistas, cuyo gasto medio mensual ascendió a 68,97 euros, frente a los 82,16 euros del período de referencia, del orden de 13 euros menos, lo que supone un descenso del 16,05%. En cuanto al gasto medio por usuario activo en febrero pasado fue de 6,27 euros, inferior en un 13,46.
En esta disminución del gasto medio por usuario influyó la reducción del gasto medio por receta y del número de recetas prescritas, que decreció un 1,81% y se situó en 3.533.412, con un promedio de 0,75 recetas por usuario activo y 5,73 recetas por usuario pensionista.




Receta electrónica

Respecto a la dispensación con receta electrónica, en el mes de enero se emitieron 2.889.505 recetas electrónicas, lo que supuso el 80,41% de las recetas emitidas.
Los porcentajes por Área de Salud fueron: 77,94% en El Hierro, 84,89% en La Gomera, 84,48% en La Palma, 85,66% en Fuerteventura, 83,13% en Lanzarote, 83,95% en Tenerife y 75,75% en Gran Canaria.
Respecto a las actividades comprendidas en el plan formativo de la Dirección General de Farmacia dirigido a médicos de Atención Primaria y Especializada, farmacéuticos y personal de enfermería de las instituciones sanitarias, en lo que va de año se han impartido cursos sobre "Mejora de la atención del paciente crónico polimedicado" en los centros de salud de Agaete, Cono Sur, San Roque y San Gregorio, en Gran Canaria, y en los de Taco, La Orotava-Dehesa y Tejina, en Tenerife, a los que asistieron 105 profesionales.
Asimismo, otros 20 profesionales asistieron a un curso sobre "Actualización terapéutica en Pediatría", en el Hospital General Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

El Gobierno autoriza un gasto de 2,3 millones para la contratación de licencias de herramientas ofimáticas


- Para afrontar el gasto existe crédito suficiente consignado en los presupuestos

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy autorizar la contratación de licencias de herramientas ofimáticas para los diversos departamentos del Ejecutivo regional por un importe de 2.362.500 euros, lo que supone un ahorro de 657.000 euros con respecto al contrato firmado en 2008.

La contratación comprenderá la realización del suministro y actualización en régimen de derecho de uso de más de 15.000 licencias de varios programas de Microsoft, y para satisfacer el gasto existe crédito suficiente en los presupuestos. El total del gasto se distribuirá en cuatro anualidades, desde 2012 a 2015.

El Gobierno de Canarias considera imprescindible mantener una línea de continuidad en el uso de herramientas ofimáticas por parte de todo el personal del Ejecutivo canario. Asimismo, el hecho de que la herramienta corporativa de ofimática sea Microsoft Office hace necesario proceder a la adquisición de uso de licencia de esta herramienta.

El contrato a suscribir tendrá una duración de tres años, y el mismo comprenderá todas las actualizaciones a las nuevas versiones de la plataforma que Microsoft pueda tener en el tiempo de vigencia del contrato, con el fin de actualizar las licencias y el soporte lógico de los sistemas.

El importe al que asciende la contratación de las licencias de herramientas ofimáticas para el Gobierno de Canarias será distribuido en las siguientes anualidades.

Año 2012: 459.375 euros
Año 2013: 787.500 euros
Año 2014: 787.500 euros
Año 2015: 328.125 euros

El Gobierno de Canarias solicita al Estado la aprobación de la emisión de deuda pública del Cabildo de Gran Canaria


- El importe de la emisión, apta para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias, será de 48,3 millones de euros

El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar al Ejecutivo central su aprobación para la emisión de deuda pública del Cabildo de Gran Canaria, apta para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), por importe de 48,3 millones euros.

La Comunidad Autónoma de Canarias trasladará la propuesta de emisión al Gobierno del Estado, que tomará una decisión a la vista del informe que elaborará el Comité de Inversiones Públicas. Tras la aprobación, la institución insular podrá poner a la venta la deuda pública. La suscripción de títulos, valores o anotaciones que se realicen a cargo de esta emisión de deuda deberán materializarse en los tres años siguientes, siempre que se destinen a financiar inversiones en infraestructura o de mejora y protección del medio ambiente.

La intervención del Gobierno de Canarias como intermediaria en el procedimiento se debe a que la Ley así lo establece cuando la deuda a emitir es apta para materializar la RIC. El papel del Ejecutivo autonómico no es determinar si procede o no el endeudamiento, por lo que el informe de la Dirección General del Tesoro se limita a señalar que el expediente reúne los requisitos formales exigidos por el Estado.


09-03-2012

El Gobierno eleva al Parlamento el convenio para intercambiar información sobre parejas de hecho entre las distintas comunidades autónomas


El convenio permitirá compartir los datos relativos a los registros de estas parejas con todas las comunidades autónomas que lo suscriban para evitar supuestos de doble inscripción

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy someter a la consideración del Parlamento de Canarias la aprobación del convenio de colaboración entre las comunidades autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de las personas inscritas en los registros de parejas de hecho o de similar naturaleza, con la finalidad de evitar supuestos de doble inscripción.

El Ejecutivo canario eleva esta propuesta de convenio en cumplimiento del acuerdo suscrito con todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco, mediante el que se comprometió a impulsar en Canarias la firma de un acuerdo que permita lograr que en el futuro los datos relativos a las parejas de hecho que están registrados en cada autonomía se puedan contrastar para así impedir que la misma persona pueda estar inscrita con distintas parejas de hecho en varios territorios autonómicos. Para proceder a la formalización del convenio con las demás comunidades autónomas, en Canarias es requisito imprescindible que el texto pase por el Parlamento de Canarias.

La propuesta de texto de convenio que se eleva al Parlamento indica que los únicos datos personales sobre los que podrán versar los intercambios de información serán el nombre, los apellidos y el tipo de documento de identidad aportado por el interesado en su solicitud de inscripción en el registro de parejas de hecho o similar.

Mediante el citado convenio, las comunidades autónomas se comprometerán a facilitar al resto de autonomías firmantes la información precisa sobre las personas inscritas en los respectivos registros, y se indica que los intercambios de información se realizarán preferentemente a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

El Gobierno canario acordó impulsar esta iniciativa el 21 de marzo de 2011 en el marco institucional de la I Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. En dicho encuentro, las comunidades autónomas expusieron la importancia de la cooperación y colaboración en el momento de desarrollo y consolidación entre las diferentes administraciones para una mejor prestación de los servicios Públicos y una gestión más eficiente de los recursos.


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