Gobierno de Canarias

La factura en medicamentos se redujo un 4,11%, respecto a abril de 2012, y se situó en 36.052.319 euros

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) disminuyó en abril 1.546.158,30 euros, lo que supone una reducción del 4,11% respecto al mismo mes del año anterior, según recoge el balance de facturación presentado hoy por la Consejería de Sanidad en Consejo de Gobierno.
De acuerdo a los datos del balance, el gasto en medicamentos del pasado mes fue de 36.052.319,63 euros, frente a los 37,5 millones de abril de 2012, por la facturación de 3.399.868 recetas, del orden de 137.155 recetas menos que en el mismo periodo del año anterior.
Por tipo de usuario, se prescribieron 0,80 recetas por usuario activo y 5,50 por pensionista, con un gasto medio de 6,75 y 65,18 euros, respectivamente, lo que situó el gasto medio por receta en 10,60 euros.
Gasto acumulado
En el primer cuatrimestre del año se han prescrito con cargo al SCS un total de 12.784.281 recetas, un 11,58% menos que en el mismo período de 2012, con un gasto medio de 10,56 euros, inferior asimismo en un 2,45%.
El gasto acumulado en medicamentos experimentó un descenso de enero a abril del 13,75%, al pasar de 156.555.318,14 a 135.033.747,09 euros.
Receta electrónica
Del total de recetas prescritas el pasado mes, 3.025.962 se emitieron en formato electrónico, lo que representa el 87,92% del total.
Los porcentajes por Área de Salud fueron: 86,32% en El Hierro, 89,36% en La Gomera, 88,70% en La Palma, 89,54% en Fuerteventura, 86,98% en Lanzarote, 89,60% en Tenerife y 84,78% en Gran Canaria.

Su valor patrimonial reside en ser el núcleo urbano tradicional mejor conservado arquitectónicamente, junto a sus cualidades ambientales de carácter rural del sur de Tenerife

Los valores patrimoniales del núcleo urbano de San Miguel de Abona, en armonía con un entorno medioambiental de carácter rural, en el sur de la isla de Tenerife, han sido determinantes para su declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, por el Gobierno de Canarias.


El ámbito de protección de este Conjunto engloba la práctica totalidad del núcleo urbano de carácter histórico y tradicional, cuyas edificaciones fueron construidas entre el siglo XVIII y la primera mitad del XX, con una tipología muy característica de las medianías del sur de la isla y un aceptable estado de conservación, a pesar de las intrusiones experimentadas en décadas recientes.

Los límites de protección acogen un conjunto de inmuebles de gran valor histórico, etnográfico y arquitectónico, que configuran el núcleo original de San Miguel de Abona. La antigüedad de algunos edificios y, en general, del asentamiento, se remonta al siglo XVIII, pudiéndose apreciar los rasgos esenciales de las formas de vida rural y campesina, con atisbos de un incipiente desarrollo urbano, que cobra fuerza en el tránsito del siglo XIX al XX y, en especial, de grupos acomodados y de cierta capacidad económica en la comarca.

El ámbito del Conjunto Histórico se ha acotado al eje constituido por el antiguo camino real ¿hoy calle La Iglesia-, hasta alcanzar el Calvario y la Casa del Capitán, en las afueras del casco urbano, así como los primeros tramos de las calles y vías transversales a ésta. Con esta acotación se engloba la totalidad del núcleo antiguo de San Miguel, con todas sus edificaciones históricas y tradicionales ¿salvo alguna excepción bastante alejada-, además de incorporar huertas y terrenos de cultivos vinculados a las viviendas, que contribuyen a darle soporte ambiental y paisajístico al conjunto, a la vez que remarcan el carácter rural que le ha definido históricamente.

Por tratarse de un conjunto de inmuebles de notable fragilidad y muy sensibles a las afecciones urbanísticas que sufren en la actualidad los conjuntos históricos tradicionales de carácter rural, así como a las modificaciones ¿entendidas como "restauraciones"- que experimentan algunos de los inmuebles; o, incluso, por su estado de abandono, resulta esencial preservar el ámbito urbano y su entorno inmediato propuesto en la delimitación, no sólo para lograr una percepción visual más idónea desde el punto de vista del equilibrio armónico entre valores paisajísticos, ambientales, volumétricos, tipológicos y urbanísticos; sino para evitar actuaciones que alteren gravemente su fisonomía.

Se trata de una acción de formación con compromiso de contratación con Telefónica a través de su filial Emergia Canaria SL, y la empresa se compromete a contratar por un periodo mínimo de seis meses al 80% de los desempleados formados

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, otorgar una subvención directa a la empresa Emergia Canaria SL, filial de Telefónica, dirigida a sufragar los costes de la formación de 518 personas en situación de desempleo en Canarias.
Emergia Canaria, por su parte, se compromete a contratar al 80% de las personas que culminen con éxito el proceso formativo.
Esta línea de subvención se enmarca en el programa de "Formación con compromiso de contratación" que desarrolla el Servicio Canario de Empleo (SCE) con el fin de facilitar a todas aquellas entidades empresariales que decidan aumentar su plantilla o quieran abrir un centro de trabajo en Canarias, trabajadores desempleados formados y cualificados. Para ello el SCE pone a disposición de estas empresas la financiación de la formación. El objetivo final es que los beneficiarios firmen un contrato de trabajo.

El proyecto contempla un total de 44 acciones formativas bajo la denominación de "Capacitación inicial para personal asignado al servicio MoviStar 1004 convergente" y "Capacitación inicial para teleoperadores de recepción comercial y recobros", por importe de 662.796,35 euros.

Se trata de la segunda fase de la iniciativa empresarial de Telefónica para la puesta en marcha de un call center en el Archipiélago.

Esta línea de subvención responde a uno de los objetivos que se ha marcado el SCE para este año, de seguir reforzando la participación del tejido empresarial adaptando la formación a las necesidades concretas de las empresas interesadas.

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 24.005.785 euros.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011 y 2012 con los siete Cabildos Insulares de Gran Canaria para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.

Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

Dado que los convenios firmados en el año 2012, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y el Cabildo Insular de Tenerife durante 2013, para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad..

El Consejo de Gobierno considera que existen motivos para anular la decisión del Ministerio de Fomento de incrementar la zona de seguridad del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma a iniciar acciones legales contra la orden del Ministerio de Defensa DEF/609/2013, de 4 de abril, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela", en el término municipal de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma critica que el Estado actúe una vez más a través de la imposición, sin consenso y con medidas que perjudican claramente el desarrollo económico y social de las Islas, al entender que la decisión de ampliar la zona de seguridad supondrá una enorme traba al progreso de la capital insular, al añadir nuevos condicionantes a la actividad normal que se debería poder desempeñar en un núcleo urbano.

Además, el Plan Insular de Fuerteventura vigente establece, entre otras previsiones, la ejecución de una nueva vía que, como consecuencia de la delimitación de la nueva zona de seguridad, resulta directamente afectada. Y ello, a pesar de que dicho Plan Insular de Ordenación fue sometido, en su tramitación, a los informes sectoriales legalmente exigibles, incluida su remisión al Estado, sin que conste manifestación alguna en relación al acuartelamiento de referencia por parte del Ministerio de Defensa.

La declaración de las zonas de seguridad viene regulada en el artículo 2º de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, según el cual "se denominan zonas de interés para la Defensa Nacional las extensiones de terreno, mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a que constituyen o puedan constituir una base permanente a un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin".

Más adelante, en su artículo quinto, la Ley especifica que la declaración de la zona de seguridad "se realizará por Decreto aprobado por el Consejo de Ministros", que determinará "la zona afectada y fijará las prohibiciones, limitaciones y condiciones¿, respetando los intereses públicos y privados, siempre que sean compatibles con los de la Defensa Nacional, ajustándose, en caso contrario, a lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley", esto es, a la indemnización o, en su caso, compensación, de los perjuicios derivados de las servidumbres o limitaciones impuestas.
La falta de diálogo e información por parte del Estado hace que en estos momentos se desconozca si la zona de seguridad en cuestión cuenta con la referida aprobación por parte del Consejo de Ministros. De hecho, de los datos que se disponen se deriva que el denominado acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela" fue inaugurado en el mes de abril de 1980 para acoger a los integrantes del III Tercio Don Juan de Austria de la Legión y que hoy en día, 32 años después, las instalaciones no cumplen funciones de acuartelamiento de tropa, sin que conste que los terrenos en los que se sitúa se hayan declarado de interés para la Defensa Nacional por DECRETO aprobado por Consejo de Ministros.

En este caso, el Gobierno autonómico entiende que la orden del Ministerio de Defensa sería nula al contravenir el propio reglamento que desarrolla la Ley. En el artículo 30 de su Capítulo II, el reglamento establece que "a los efectos de este capítulo, el Ministerio de Defensa comunicará a los Ayuntamientos en que radiquen las instalaciones la existencia y perímetro de las zonas correspondientes, así como las limitaciones inherentes a las mismas, para su traslado a los propietarios afectados, debiendo hacer la misma notificación de forma directa a los titulares de obras o servicios públicos existentes en la zona."

En el artículo 11.2, además, se dice que "cuando en la zona existan bienes inmuebles dependientes de otros Ministerios, el de Defensa lo comunicará a los mismos para que puedan ser oídos en el plazo de un mes,".

El Gobierno de Canarias entiende que del procedimiento extractado se deriva que, aún antes de la Constitución de 1978, la actuación del Ministerio de Defensa estaba sujeta a determinadas reglas de audiencia y notificación que en la actualidad no sólo perviven, sino que deben ser interpretadas al amparo del nuevo marco constitucional conforme a la organización autonómica del Estado, el respeto al principio de autonomía local, el reparto competencial y los deberes de lealtad institucional y cooperación que presiden las relaciones interadministrativas.

Y de ese hecho se derivaría una razón más para declarar nula la orden del Ministerio de Defensa, porque la delimitación de la zona de seguridad estaba sujeta, necesariamente, a trámite de audiencia del Ayuntamiento y de los propietarios afectados, así como, en una interpretación de la norma, a la Administración autonómica y el Cabildo Insular.

Por lo tanto, el Gobierno de Canarias considera que, una vez más, el Estado actúa sin diálogo y a través de la imposición de criterios, sin el más mínimo interés por conocer la opinión del resto de representantes de los ciudadanos, aun cuando son los responsables de planificar el desarrollo global del municipio y de la isla de Fuerteventura, por lo que considera que existen razones sobradas para emprender acciones legales que dejen sin efecto la delimitación de la zona de seguridad del acuartelamiento majorero.

Se trata de dos obras relevantes del legado artístico del pintor tinerfeño, asociadas a la devoción mariana y los valores paisajísticos de la isla

Tierras de Tinguaro y Playas de Chimisay, dos obras del artista tinerfeño Manuel Martín González (1905 en Guía de Isora - 1988 La Laguna) forman parte del catálogo del patrimonio artístico y cultural de las islas, tras la aprobación de su declaración como Bien de Interés Cultural. El pintor tinerfeño está considerado como uno de los mejores paisajistas isleños del siglo XX, tanto por sus composiciones artísticas como por la excepcional comprensión del medio natural de Canarias.
Ubicadas en la Basílica de Candelaria, en la isla de Tenerife, se encuentran entre las piezas más relevantes de las manifestaciones creativas asociadas a la devoción mariana, incorporando, en consonancia con su poética creativa, los valores paisajísticos centrados en la geografía árida y abrupta, especialmente de los secanales sureños tratados con refinamiento, para plasmar soledades agrestes.
Expuestas a los pies de la nave del templo son, además, la expresión de la austeridad que caracteriza a esta zona sur de la isla. Representan por un lado las tierras de Chinguaro y por otro las playas de Chimisay, tal como se supone la contemplaron los aborígenes cuando entró en escena la aparición de la Virgen, antes de la conquista del Archipiélago. Manuel Martín González realizó estas magníficas obras por encargo del obispo Domingo Pérez Cáceres. Su técnica es encaústica sobre lienzo, con un formato de 4,60 por 2.30 metros, cada una.

Martín González considerado como uno de los mejores paisajistas canarios del siglo tuvo una formación autodidacta; mostró desde muy pequeño dotes para el dibujo y la pintura. Comenzó como dibujante publicitario vinculado a la empresa "Litografía Romero", y a los veintiún años de edad emigró a Cuba, donde continuó con esta labor. Regresó a Tenerife en 1932, manifestándose ya como notable pintor y participando de manera activa en la vida intelectual de Santa Cruz. Formó parte de la junta directiva del Círculo de Bellas Artes cuando éste estuvo dirigido por el acuarelista Francisco Bonnín.
La identidad de Martín González como paisajista destaca por apartarse de los tópicos de la exuberancia, para centrar en sus lienzos un nuevo paisaje gris, ocre, de montaña pelada, piedra volcánica o barrancos inhóspitos.

El objetivo de actualizar la regulación legal de la vivienda en el Archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy la lista de evaluación de iniciativa legislativa para la tramitación del anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Esta lista de evaluación constituye un informe de impacto normativo con el objetivo de actualizar la regulación legal de la vivienda en el Archipiélago, de manera que se atienda su función social y se asegure su uso efectivo para fines residenciales. Se pretende primordialmente, atender con ello a las personas necesitadas de una vivienda y a aquellas más vulnerables en situación de exclusión social.
Efectivamente, la crisis está afectando especialmente al ámbito de la vivienda, y prueba de ello son las numerosas ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por la imposibilidad de las familias de sufragar las cuotas hipotecarias, a lo que se suma la inviable renegociación con las entidades financieras para conseguir una flexibilización del cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Paradójicamente, es patente la existencia de un amplio parque de vivienda desocupada en el Archipiélago que está en manos de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y filiales inmobiliarias.
Este propuesta legislativa supone un compendio de iniciativas de actuación sobre la vivienda deshabitada, reformando y adecuando las herramientas normativas de que se dispone en el marco competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se persigue potenciar el acceso a la vivienda desde el arrendamiento a aquellas personas que no puedan mantener su vivienda por una situación de mayor endeudamiento sobrevenido.
En ese sentido, es necesario acometer una reforma legislativa del marco jurídico general del uso de la vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante la aprobación de una ley modificativa, que actualice y ponga al día la regulación contenida en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, reforzando la función social del derecho de propiedad y potenciando las potestades administrativas de inspección y sancionadora.
En esta iniciativa se identifican varios sectores económicos afectados. En primer lugar, la banca, en cuanto son entidades prestamistas para el acceso a la propiedad de la vivienda, mediante los contratos hipotecarios, y que se han convertido en propietarios de viviendas como consecuencia de los desahucios por hipotecas fallidas.
En segundo lugar, se ve afectado el sector de los promotores de viviendas y agentes inmobiliarios, con un parque de viviendas vacías.
En otro ámbito, es también un sector afectado las personas físicas que han perdido sus viviendas, como consecuencia de los desahucios y la necesitad de garantizarles mediante un arrendamiento social el acceso a las viviendas que se encuentren fuera de uso o deshabitadas.
Objeto de la iniciativa

El objeto principal del anteproyecto de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias es el de posibilitar la intervención de la Administración en el ámbito de la vivienda libre, con medidas tanto de policía como incentivadoras.
La finalidad última de la norma proyectada es la de velar por la puesta a disposición de los ciudadanos más necesitados de todas las viviendas deshabitadas, cumpliendo así con la función social de la propiedad, y en aplicación de los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad.
Específicamente la modificación legislativa tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, el derecho a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas empadronadas en alguno de los municipios de Canarias.
Y tiene por finalidad garantizar, respetando el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística.
Igualmente pretende regular el ejercicio de las potestades de inspección y sanción de las infracciones tipificadas en materia de vivienda, potestad que se constituye en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada.
La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, los cabildos insulares -con competencias transferidas en materia de policía de vivienda-, así como los ayuntamientos en su ámbito de competencia en relación con la tributación del impuesto sobre bienes inmuebles serán los organismos competentes en la ejecución de esta norma.
En cuanto al registro de viviendas deshabitadas le corresponderá el ejercicio de dichas atribuciones al Organismo Autónomo encargado de esta política, el Instituto Canario de la Vivienda, y a la Consejería competente en materia de Vivienda el ejercicio de la potestad expropiatoria. Sin perjuicio de la colaboración de otros departamentos del Gobierno, sobre todo en la función de inspección e información.

El Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy la contratación temporal de seis técnicos superiores para el desarrollo de distintos proyectos de investigación en salud, de las que cuatro son a propuesta de la Fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica y las dos restante, a petición de la Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS).

Los grupos o proyectos de la Fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica que se beneficiarán de la incorporación de técnicos superiores son:

Grupo de investigación "Enfermedad crónica y trasplante", desarrollado por el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), al que se incorporará un técnico superior licenciado en Biología. La contratación tendrá una duración de 36 meses y se financiará, en un 70%, con una ayuda de 25.200 euros para la realización de estudios postdoctorales de perfeccionamiento en investigación en salud "Sara Borrell", concedida por el Instituto de Salud Carlos III, y el 30% restante, con cargo al Servicio Canario de la Salud.

Proyecto de investigación "Cribado que compara la colonoscopia con videocápsula y la colonoscopia óptica para el cribado del cáncer colorrectal en población de riesgo familiar", del CHUC, al que se incorporará un técnico superior licenciado en Medicina y Cirugía, de la especialidad de Gastroenterología. La contratación tendrá una duración de doce meses y se financiará a cargo de fondos provenientes de proyectos de investigación u convenios, liderados por el Servicio de Digestivo del citado hospital.

Proyecto de investigación "Estudio multicéntrico randomizado doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de la administración intermitente y a largo plazo de levosimendan en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada (Estudio LAICA)", al que se incorporará un técnico superior licenciado en Sociología. La contratación tendrá una duración inicial de siete meses y se financiará con cargo a convenios de colaboración y fondos provenientes de la participación en otros estudios de investigación.

Coordinación de estudios de la línea de investigación en Oncohematología, adscrita a la Unidad de Investigación del CHUC, a la que se incorporará un técnico superior licenciado en Biología. La contratación tendrá una duración inicial de diez meses y medio y se financiará con fondos adscritos de la citada línea de investigación.

Por lo que respecta a las dos contrataciones temporales autorizadas por el Gobierno de Canarias a propuesta de la FUNCIS, tiene como finalidad incorporar un técnico de apoyo al proyecto de investigación "Actualización de la base de datos de Reumatología para optimizar el manejo terapéutico de los pacientes con AR", y un técnico superior licenciado para la gestión de los ensayos clínicos del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, que se financiarán con cargo a recursos obtenidos para el desarrollo de ambas líneas de investigación.

Las contrataciones indicadas se realizarán a investigadores que han superado los niveles de acreditación necesarios.

Las redes sociales, además de facilitar la participación ciudadana, contribuyen a la reducción de gastos en la actividad administrativa y a la difusión de las actividades que lleva a cabo la Administración Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la guía de estilo, la guía de imagen gráfica y la guía de procedimiento de apertura de cuentas para la utilización de las redes sociales en Internet. Ante el continuo crecimiento de usuarios de las redes sociales, se ha hecho conveniente regular un mecanismo de control del sistema y una administración adecuada para una utilización eficaz y eficiente de estas redes que se ofrecen en Internet por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas o privadas integrantes del sector público autonómico, para la realización de sus actividades de comunicación e información.

Con este fin, se han desarrollado tres guías. La primera, denominada Guía de estilo, establece como se deberían utilizar las redes sociales, sus características, como se gestiona una cuenta, o como se crean un contenido o una red. La segunda guía se refiere a la imagen gráfica que establece las características visuales comunes identificativos dentro de las redes sociales. Por último, la guía de procedimiento establece los pasos a seguir por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las entidades públicas o privadas integrantes del sector público autonómico para la apertura de las cuentas en cada una de las diferentes redes sociales, así como a su distinta configuración.

Hoy en día los servicios que se ofrecen a través de las redes sociales en Internet han dado lugar a una nueva forma de interrelacionarse entre los ciudadanos y empresas y la Administración Pública estableciendo una relación más directa y cercana, permitiendo la participación activa de los usuarios, a través de opciones que le dan voz propia en las webs institucionales, pudiendo administrar sus propios contenidos, opinar sobre otros, enviar y recibir la información que les interesa, en definitiva, incrementando la participación de éstos con la Administración Pública.

La Administración Pública canaria y las entidades antes señaladas que a la fecha de entrada en vigor del acuerdo estén haciendo uso de las redes sociales en Internet dispondrán de un plazo de dos meses para su adaptación.

Tras la cesión, será el Ayuntamiento de La Laguna quien realice todas las actuaciones previas para la posterior ocupación

El Gobierno de Canarias ha conocido hoy en Consejo de Gobierno la resolución de la presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 18 de abril de 2013, por la que se acuerda la cesión, a título gratuito, a favor del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de 5 viviendas protegidas situadas en Geneto, barrio del Hurón, así como de los 5 garajes y 5 trasteros vinculados a las mismas, construidas por el Gobierno de Canarias para el realojo de las familias afectadas por lluvias torrenciales.

Tras la cesión, será el Ayuntamiento de La Laguna quien realice todas las actuaciones previas para la posterior ocupación así como la administración que formalizará la entrega a las cinco familias que tuvieron que desocupar sus viviendas.

Esta cesión se enmarca en el convenio suscrito en diciembre de 2002 entre el Gobierno de Canarias y el entonces Ministerio de Fomento con el fin de abordar la construcción o compra de viviendas protegidas destinadas a titulares de viviendas ubicadas en las zonas de alto riesgo y que tuvieran que realizar un traslado forzoso.

Posteriormente, en diciembre de 2003, se estableció un convenio para la construcción de estas cinco viviendas protegidas que fueron realizadas por la empresa municipal MUVISA y que ahora serán entregadas a las familias.

El Mural de la Tierra y El Mar son una obra magna del regionalismo en las Islas, dos grandes lienzos realizados en 1935

El Gobierno de Canarias aprobó en Consejo, la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría 'Mueble', a los Murales que el artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, (Las Palmas de Gran Canaria 1887-1938) pintó para el Casino de Santa Cruz de Tenerife.

Gran colorista, es pintor principalmente de composiciones y retratos con fondos de gran fantasía, en los que intervienen telas y arquitecturas acabadísimas. Sus últimos años están llenos de plena dedicación a Canarias, creando los Murales para el Casino de Tenerife o la decoración del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, donde su legado se conserva en un museo.

La obra se encuentra en un salón de baile de la segunda planta del Casino de Santa Cruz de Tenerife. Representa sin duda una de sus más logradas composiciones; un poema épico de la tierra canaria, donde presenta al hombre y la mujer trabajadora del siglo XX, en los quehaceres propios de la agricultura y la pesca, respectivamente, con el respaldo de exuberantes y estéticas variedades vegetales.

Afamado artista, Néstor Martín-Fernández de la Torre, hermano del arquitecto Miguel Martín, desarrolló una intensa carrera en todas las artes decorativas y fue una de las figuras fundamentales de la sociedad canaria del siglo XX.
Néstor se consolidó como un artista de fama y prestigio mundial, exponiendo en las mejores salas de Europa y América, recibiendo importantes galardones. A comienzos de los años 30, Néstor volverá a Gran Canaria donde fija su taller y donde recupera sus raíces artísticas y sentimentales.
Su producción no sólo destaca por su calidad sino, también, por su variedad, incluyendo no la pintura de caballete, la de decoración de grandes espacios arquitectónicos, decorados teatrales, figurines, incluso la colaboración con su hermano, el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, en alguno de sus proyectos constructivos.

- El Consejo de Gobierno considera acreditado el interés público y la urgencia de la iniciativa dado el gran crecimiento demográfico de Fuerteventura y la ausencia de suelo apto para edificar el centro

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que dispone la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Pájara, en Fuerteventura, y aprueba las normas sustantivas transitorias de ordenación, con el fin de que se implante un Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en el Barranco del Ciervo, de Morro Jable. Las citadas normas sustantivas transitorias de ordenación estarán vigentes hasta que se revise o modifique el planeamiento general vigente en Pájara.

En virtud de este Decreto, el Ayuntamiento de Pájara deberá proceder a la alteración del planeamiento general vigente en el municipio en un plazo no superior a seis meses, con el fin de incorporar a sus propias determinaciones las normas transitorias de ordenación aprobadas.

El Gobierno de Canarias considera acreditado el interés público y la urgencia de esta iniciativa, dada la ausencia de suelo urbano de uso dotacional educativo con las características necesarias para la edificación del nuevo centro en el núcleo de Morro Jable y sus áreas limítrofes; y dado el gran crecimiento demográfico que ha experimentado en los últimos años la isla de Fuerteventura y, en particular, el municipio de Pájara, que cuenta actualmente con 21.045 habitantes.

Estas circunstancias exigen medidas urgentes de cara a garantizar la escolarización de la población estudiantil en el municipio. Concretamente, el incremento poblacional en Morro Jable sigue en una continua tendencia de crecimiento, lo cual se une al hecho de que dicha localidad cuenta únicamente con dos centros de educación infantil y primaria: el CEIP Morro Jable y el CEIP El Ciervo, ambos al máximo de su capacidad.

El nuevo equipamiento educativo, que tendrá una altura de 12 metros, lo que equivale a tres plantas, entra en la modalidad de centro de educación infantil y primaria, junto con todos aquellos elementos que le sean inherentes tales como canchas deportivas cubiertas y descubiertas, pabellones, almacenes, comedor, laboratorios y sala de actos, entre otros.

- El porcentaje de la bonificación autonómica cubre actualmente el 25% del precio del billete

El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, ha autorizado la realización del gasto correspondiente al reembolso a la naviera Fred Olsen de las bonificaciones efectuadas durante el cuarto trimestre del año 2012 por el transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias, que asciende a 2.841.930,41 euros.

El Gobierno de Canarias realiza este reembolso en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.

De acuerdo con las disposiciones del decreto, a las empresas navieras debidamente autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros les serán reembolsadas trimestralmente las cantidades descontadas en los billetes que adquieran los clientes con derecho a la referida bonificación. Conforme a lo previsto en el Decreto 191/2006, de 26 de diciembre, el porcentaje de la bonificación autonómica está fijado actualmente en el 25% del precio del billete.

El Gobierno de Canarias incluyó en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año una partida de algo más de 33 millones de euros para garantizar el reembolso de las bonificaciones reconocidas. De este modo, y una vez saldada a principios de año la deuda correspondiente al déficit de explotación de las líneas, el Gobierno autonómico se mantiene al día de los pagos para el sostenimiento de la conectividad por vía marítima en el Archipiélago, con el abono de las subvenciones a medida que se justifican.