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15-09-2004
Para percibirlo se deberá pasar por un sistema de evaluación de su gestión y el tope máximo de consolidación del complemento será del 70%
El Consejo de Gobierno aprobó, en su reunión de hoy miércoles, el decreto que regula la consolidación parcial del complemento específico de especial responsabilidad de los directores de centros públicos docentes. Contempla que los profesores que hayan ejercido el cargo de director, con valoración positiva, en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, durante el periodo de tiempo y con los requisitos y condiciones establecidos en dicho decreto, mantendrán y percibirán parte del complemento retributivo específico de especial responsabilidad por el ejercicio de dicho cargo.
De esta forma, quienes realicen un primer periodo de mandato consolidarán un 20% del complemento. Con un segundo periodo se consolidará un 25% y para el tercer y cuarto periodo un 15% y un 10%, respectivamente, hasta llegar a un máximo del 70% de consolidación.
Los directores que deseen optar por esta consolidación deberán pasar por un sistema de evaluación de su gestión como director, cometido que realizará la Inspección de Educación. Se evaluará, entre otros aspectos, la dirección y coordinación de la actividad del centro, la dinamización de los órganos de participación en el control y gestión, así como los de coordinación docente e impulso de la participación en el centro de los diversos sectores de la comunidad educativa. También se valorará el impulso del clima de convivencia, los planes de mejora de la calidad del centro y el fomento de las actividades extraescolares que favorezcan su apertura al exterior.
Con esta norma se pretende potenciar y recompensar a aquel profesorado que opte por tener mayores responsabilidades a través del desempeño del cargo de director. Esta disposición se une a otras efectuadas por la Consejería con el mismo fin, como las establecidas en el acuerdo marco para la mejora.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy iniciar el proyecto de decreto para la elaboración de las Directrices de Ordenación de Energía en la Comunidad. Esta medida se pone en marcha con el fin de cumplir lo que establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de Canarias. El impacto social de esta medida adoptada por el Gobierno de Canarias afectará a los criterios de planificación, ordenación, fomento e intervención en materia de energía.
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó la concesión de una subvención específica concertada, de carácter plurianual, a la Cámaras de Comercio de la provincia de las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, por valor de 781.315,74 euros a cada una, para el mantenimiento de los Servicios de Creación de Empresas durante los años 2004-2005.
Según el texto del convenio, que el Servicio Canario de Empleo establecerá con ambas entidades, el objetivo de este servicio consiste tanto en asesorar a los empresarios actuales, como impulsar, fomentar y apoyar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, a través de la información y el desarrollo de programas formativos.
El servicio está estructurado en dos ejes: atención al usuario y gestión de la información. En el primero, se desarrollan acciones de información y orientación empresarial (asesoramiento técnico, contable y fiscal, orientación, estudios de viabilidad, franquicias), y acciones formativas, tanto a personal propio del servicio, como a potenciales empresarios.
En cuanto a la gestión de la Información, se prevé actualizar la guía de creación de empresas, editar material específico sobre temas concretos y realizar estudios económicos empresariales y laborales.
El Consejo de Gobierno se pronunció hoy de forma favorable, en un primer análisis, en relación al anteproyecto de Ley de Evaluación y Prevención Ambiental de Canarias, tras informar el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Augusto Lorenzo, sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que inspiran este texto legislativo.
Con el anteproyecto de Ley de Evaluación y Prevención Ambiental de Canarias se persigue ajustar, reordenar y simplificar la normativa autonómica de evaluación de impacto ambiental para proyectos, incorporando la evaluación ambiental de planes y programas en coordinación con la reciente refundición del régimen de ordenación territorial y de espacios naturales.
Además, se pretende el preceptivo desarrollo normativo de la legislación estatal básica en materia de prevención y control integrado de la contaminación, con objeto de no incurrir en un vacío legal en el momento de su obligatoriedad.
La actual existencia de un conjunto normativo disperso relativo a la intervención administrativa en materia de evaluación ambiental y prevención de la contaminación, con disposiciones procedentes de la Unión Europea, del Estado y de la propia Comunidad Autónoma, así como la obsolescencia de algunos aspectos de su regulación, justifican la necesidad de disponer de una norma de referencia y coherente al máximo rango en esta materia, con la intención de que actúe como cabeza de grupo normativo, acogiendo las innovaciones introducidas por la normativa comunitaria y estatal, y corrigiendo, simplificando o integrando el número de procedimientos aplicables en materia de evaluación de impacto ambiental.
El anteproyecto de Ley de Evaluación y Prevención Ambiental de Canarias, además del preámbulo, se estructura en un título preliminar, que define los procedimientos de intervención ambiental y regula el objeto de la propuesta; un título primero, que establece la evaluación de planes y programas con carácter de evaluación estratégica y regula la calificación ambiental; un título segundo, en el que se abordan la prevención y control de la contaminación, así como los aspectos relacionados con la licencia ambiental, mientras que el título tercero trata el régimen sancionador.
07-09-2004
El Consejo de Gobierno de Canarias quedó informado hoy acerca de la sentencia de 24 de mayo de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica el Decreto 254/1997, de 16 de octubre, de adaptación de las sedes de las Consejerías, organismos autónomos y entes públicos a los principios y criterios de la Ley 4/1997, de 6 de junio.
La consejera de Presidencia y Justicia, María Australia Navarro de Paz, informó al Consejo de Gobierno de que el Tribunal Supremo ha fallado ¿anular y dejar sin valor ni efecto alguno la sentencia recurrida en casación¿ (sentencia de 28 de enero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), resultando que ¿el Decreto 254/1997, de 16 de octubre, es plenamente conforme a Derecho¿
El Decreto 254/1997, de 16 de octubre, siguiendo el mandato de la Ley 4/1997, de 6 de junio, determina las sedes de las consejerías, repartidas entre las dos ciudades que comparten la capitalidad y recoge la sede de los organismos autónomos de conformidad con lo previsto en la Ley.
Por lo tanto, las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias permanecen repartidas entre las dos ciudades que comparten la capitalidad en la forma siguiente:
En Santa Cruz de Tenerife:
- Consejería de Presidencia y Justicia
- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
- Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
Las Palmas de Gran Canaria:
- Consejería de Turismo
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
- Consejería de Economía y Hacienda
- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
- Consejería de Sanidad
Dicho Decreto, ratificado por el Tribunal Supremo, que fue firmado por el entonces consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Lorenzo Suárez Alonso, parte del principio estatutario de capitalidad compartida y establece el necesario equilibrio de distribución de sedes entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que deberá realizarse manteniendo la seguridad jurídica y sin olvidar la máxima proximidad de la Administración al ciudadano, aplicando los servicios de eficacia y economía y evitando duplicidades innecesarias.
El Gobierno aprobó hoy en Consejo destinar un total de 267.607,93 euros como subvención específica al Cabildo de Lanzarote, para sufragar parte del mantenimiento del programa Respiro Familiar Fin de Semana para mayores con demencia en el centro de Estancias Diurnas Las Cabreras; el mantenimiento de la residencia de ancianos San Roque de Tinajo y la ampliación 20 camas de la residencia anexa al Hospital Insular.
El Gobierno subvencionará, a través del Cabildo insular, la ampliación de 20 camas en la residencia anexa al Hospital Insular debido al incremento de la demanda de plazas. Se trata de un centro gerontológico abierto, de desarrollo personal y atención sociosanitaria en el que viven de forma permanente personas mayores con algún grado de dependencia.
La subvención del Gobierno también se destinará al Centro de Estancias Diurnas Las Cabreras, que atiende a una media de 100 usuarios semanales, personas entre 55 y 94 años con demencias severas, leves o moderadas. El programa de Respiro familiar que se desarrolla en este centro con el objetivo de aliviar la carga a las familias durante el fin de semana, atiende a 10 usuarios cada día.
Por último, el Gobierno también subvencionará el mantenimiento de la residencia de ancianos de San Roque de Tinajo atiende en régimen de internamiento a un total de 28 personas mayores que carecen de recursos o posibilidades de alojarse con su familia.
Por un importe de más de cuatro millones de euros
El Consejo de Gobierno autorizó hoy un gasto de 4.314.808¿76 euros para afrontar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) en la localidad de Los Cristianos (Arona). Antes de fin de mes la obra saldrá a contratación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y, si todo sigue su cauce normal, el nuevo centro educativo se comenzará a edificar antes de que finalice el año.
Con la entrada en funcionamiento de este instituto, en el que no se impartirán ni bachillerato ni ciclos formativos, todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de Los Cristianos recibirán estas enseñanzas en institutos, ya que actualmente muchos de ellos lo hacen en centros de infantil y primaria.
El nuevo edificio se levantará en una parcela situada en la calle Arenales, próxima al actual instituto, de algo más de siete mil metros cuadrados de superficie. Se desarrollará en tres plantas de altura: en la primera se situarán seis aulas, la secretaría, sala de profesores, cafetería, taller de tecnología y la biblioteca; en la segunda irán doce aulas, cinco seminarios y tres aulas de apoyo; y, en la tercera, dos aulas, cinco seminarios, dos laboratorios y aulas específicas de música, plástica e informática.
La construcción se completa con un pabellón cubierto anexo al edifico central de 1.500 metros cuadrados, que incluye graderíos y vestuarios, y la vivienda del conserje.
También rectifica la resolución relativa a delimitación del bien de interés cultural de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario Y Casa del Pirata Amaro Pargo, en el término municipal de El Rosario.
La isla de Tenerife suma a su catálogo de Bienes de Interés Cultural, con categoría de Conjuntos Histórico-Artístico, los caseríos ¿Casas Altas¿ ubicado en los municipios tinerfeños de Arona y Vilaflor, así como el de Masca, adscrito al Ayuntamiento de Buenavista.
Además, el Consejo de Gobierno da luz verde a la Resolución relativa a delimitación del BIC de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y Casa del Pirata Amaro Pargo, en el término municipal de El Rosario, relativos a la justificación de la delimitación, con el objeto de proteger su entorno de cualquier alteración de las condiciones existentes, así como el carácter que le rodea, intentando preservar el bien de cualquier actuación que pudiera afectarle directa o indirectamente tanto a los valores históricos, culturales, etc..
La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y Casa del Pirata Amaro Pargo
La Iglesia consta hoy de una nave de base rectangular cuyas dimensiones internas son 29 metros de largo por 9 de ancho. De estos 29 m, nueve corresponden al presbiterio actual que acaso pudo ser la primitiva ermita. Es casi una capilla separada del resto por un arco de madera y un escalón que da acceso al altar mayor.
La Capilla, o lo que llamaremos primitiva Iglesia, tiene nueve metros de ancho por nueve de largo y en ella se halla el altar mayor. A la derecha, en la pared posterior, se abre una puerta que da paso a la sacristía. Ésta tiene cinco metros
de largo por tres y medio de ancho. El piso es de losas desiguales, lo que nos hace pensar en su antiguo origen. En la pared de la derecha se abre una pequeña ventana. A continuación una puerta no muy grande, y un escalón por el que se desciende a una dependencia algo mayor que la sacristía. Este cuarto sirvió de dormitorio a los sacerdotes y peregrinos que transportaban a la Virgen de Candelaria desde el Santuario a la ¿Ciudad¿, dicho recinto es llamado ¿Sala de Hermanos¿, pues allí se reunían los de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.
La nave está orientada más bien de Norte a Sur que de Este a Oeste, como es la regla común. Esta irregularidad no es rara en ermitas de esta isla. La fachada es sencilla, de pared encalada, como cualquier vivienda rural, terminando en un ángulo que forman las dos vertientes del tejado de la parte más nueva. Dan acceso a la Iglesia tres escalones del ancho de la puerta. A la derecha y en la parte superior se halla una espadaña con dos campanas; en una de ellas aparece la siguiente inscripción: ¿1894. Se hizo siendo Mayordomo como D. José Antonio del Castillo¿, y en la otra dice: ¿1908. Nuestra Señora del Rosario. Andreas Goss Nich Frankent¿.
Bienes muebles que comprende y constituyan parte esencial de su historia.
- Imagen de la Virgen del Rosario (Finales del siglo XVI).
- Imágenes de San José y San Amaro.
- Imagen de San Sebastián.
- Lienzo del Cristo de la Humildad y Paciencia (atribuido a Rodríguez de la Oliva).
- Mitra de plata de San Amaro. Siglo XVIII.
- Cáliz del siglo XVIII.
¿Casa del Pirata o del Rosario¿.
Muy cerca de la Iglesia y junto al camino, existe una casa solariega de grandes dimensiones, envuelta también en el misterio, conocida en el pago como ¿Casa del Pirata o del Rosario¿.
En la fachada, un hueco sin puertas daba acceso a un patio a cuyos lados existían habitaciones destartaladas, que eran utilizadas como corrales para encerrar el ganado de sus moradores. Al fondo había una parte en la cual se elevan dos pisos, con suelos de madera. En uno de ellos, el que está orientado al mar existía la habitación más confortable, con artesonados semejantes a los de la Iglesia, lo que hace suponer que es de la misma época y que quizás los mismos hombres trabajaran en su construcción. El cuarto mencionado tiene un gran ventanal desde el que se domina toda la bahía y, según los vecinos, desde donde el Pirata oteaba los barcos cuando aparecían por el horizonte.
¿Caserío de Casas Altas¿. Arona y Vilaflor:
El ámbito de protección propuesto se corresponde con una ancha lomada o interfluvio, comprendido entre los Barrancos del Río o de la Fuente y el de Chija, en cuyo centro y ocupando un promontorio sobre un tramo en el que se produce una abrupta ruptura de pendiente se localiza el Caserío de Casas Altas, a unos 772 metros sobre el nivel del mar.
La delimitación del ámbito de protección propuesto se justifica por la necesidad de preservar un caserío de carácter tradicional, que alberga ejemplos relativamente bien conservados de la arquitectura popular tinerfeña propia del sur de la isla.
Asimismo, el conjunto de Casas Altas contiene diversas estructuras relacionadas con usos y aprovechamientos característicos de la vida campesina, como atarjeas, aljibes, depósitos, hornos, caminos empedrados, bancales, cuevas, etc. Por otro lado, la factura constructiva, la ubicación estratégica y las escasas referencias históricas existentes parecen indicar que el núcleo de Casas Altas debió constituir uno de los primeros enclaves del pago de Jama, cuya antigüedad se remonta a varios siglos, apareciendo citado en los primeros repartos de tierras efectuados en la isla por el Adelantado Alonso Fernández de Lugo.
Los límites acogen el Caserío de Casas Altas, incluyendo todas las edificaciones tradicionales e infraestructuras que lo conforman, parte del camino de acceso, el antiguo manantial que abastecía a sus habitantes y los bancales circundantes, hoy en día abandonados. En el interior de dicho asentamiento tradicional existen manifestaciones culturales que pudieran tener adscripción prehistórica, al documentarse la presencia de numerosos grupos de cazoletas y canalillos labrados en el sustrato de toba, posiblemente vinculados al sistema religioso y ritual de los aborígenes de Tenerife, importantes valores patrimoniales del conjunto, lo que hace necesario la adopción de medidas urgentes de protección, conservación y supervisión pública de las futuras obras que se acometan en el lugar, con objeto de garantizar dichos valores, así como su importancia histórica.
¿Caserío de Masca¿ en Buenavista (Tenerife)
Masca se encuentra integrado por cuatro barrios (caseríos), que aunque distantes, se encuentra íntegramente ligados. Es por ello, por lo que se considera necesario la declaración de conjunto único, compuesto por los cuatro caseríos mencionados.
Los límites geográficos está constituidos por: la carretera de Santiago del Teide a Buena vista, como límite superior por el norte, al este por el contorno compuesto por la fachadas más orientales del caserío del Lomo de Masca, al sur por la cota 570 que engloba inferiormente los cuatro caseríos, siendo el pico El Tarrucho el elemento más significativo en la zona meridional, al oeste por el contorno compuesto por las fachadas más occidentales del caserío Turrón.
31-08-2004
El Consejo del Gobierno de Canarias, reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado dos decretos por los que se crean los Institutos de Educación Secundaria Playa Honda, en Lanzarote, y El Tanque, en la isla de Tenerife.
El IES Playa Honda es un centro de nueva creación, ubicado en el barrio del mismo nombre, que entrará en funcionamiento a comienzos del nuevo curso escolar 2004/2005. Este nuevo centro cuenta con 16 aulas y capacidad para 480 alumnos, por lo que acogerá a todos los escolares de esta etapa educativa de la costa de San Bartolomé que hasta el pasado curso académico acudían a la Casa Ajei, un edificio histórico cedido por el Ayuntamiento.
El IES Playa Honda comenzará el curso escolar 2004-2005 con trece grupos y 347 alumnos, por lo que puede albergar a un mayor número de alumnos. Además, cuenta con una amplia parcela de reserva en la que se podrán construir nuevas unidades si las necesidades educativas de la zona lo requiere. No hay que olvidar que este IES forma parte del Plan Sur, diseñado para atender el elevado crecimiento demográfico de las zonas turísticas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Gracias a la colaboración municipal, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha podido convertir la cancha deportiva inicialmente prevista en la obra en un pabellón deportivo homologado, por lo que podrá albergar competiciones oficiales y tendrá un uso compartido: educativo, en horario de mañana, y un uso social por la tarde. La Consejería de Educación ha invertido en la construcción de este centro 3.553.803 euros, a los que habría que añadir en torno a 120.000 euros más en concepto de liquidación prevista en el momento de la recepción de la obra.
Con respecto a El Tanque, el decreto se refiere a la creación de un IESO en lo que hasta ahora era CEO Miguel de Cervantes. Este Centro de Enseñanza Obligatoria albergaba en sus dos edificios, distantes entre sí unos 500 metros, a los alumnos de Infantil y Primaria en uno de ellos, y a los de Secundaria, en el otro. A partir de este nuevo curso escolar pasarán a ser dos centros: el IESO El Tanque y el CEIP Miguel de Cervantes.
La creación del nuevo centro, que acogerá a alumnos de primero a cuarto de al ESO de su área de influencia (El Tanque y zonas de Medianías de Los Silos, Garachico e Icod de los Vinos), supondrá la construcción de nuevas aulas y de dependencias administrativas en un solar anexo cedido por la Corporación municipal.
El IESO El Tanque contará con diez grupos y 197 alumnos durante el próximo curso escolar.
El Lagarto Gigante (Gallotia simonyi) es un lacértido endémico de Canarias, que antes de la llegada del hombre al Archipiélago, ocupaba la mayor parte de la isla de El Hierro
El Consejo de Gobierno, a propuesta elevada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó hoy el decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia Simonyi), especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la categoría ¿En peligro de extinción¿.
El artículo 31.2 de a Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, dispone que la catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría en peligro de extinción, exigirá la redacción de un Plan de Recuperación para la misma, en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias aprobó inicialmente este Plan el 22 de abril de 2003, siendo sometido el expediente a los correspondiente trámites de información pública y Audiencia al Cabildo de El Hierro.
Este plan de recuperación tiene como objeto garantizar la supervivencia de la única población natural de lagartos gigantes, favoreciendo su expansión; optimizar el programa de cría en cautividad; establecer núcleos poblacionales viables de la especie en ¿hábitats favorables¿, evaluar el estado de las poblaciones mejorando su viabilidad; y contribuir a que la población herreña adopte una actitud favorable ante la especie.
Igualmente, persigue como fin último la adopción de medidas de conservación adecuadas para que -en un periodo de cinco años- el Lagarto Gigante de El Hierro pueda dejar de formar parte de la lista de especies consideradas en mayor peligro de extinción.
Varios puntos del Plan se consideran prioritarios. Entre ellos, destacan las acciones dirigidas a la mejora de la población de la Fuga de Gorreta y aledaños, área que ha sido considerada el ¿hábitat crítico de la especie¿. También se consideran prioritarias para el Plan todas las acciones dirigidas a desarrollar un programa de cría adecuado que genere los individuos suficientes con los que llevar a cabo el plan de reintroducción, y las que tienen como objetivo el control de depredadores en cualquiera de las poblaciones consideradas.
También establece el ámbito competencial, la forma de funcionamiento, los requerimientos de personal, material y medios, así como la financiación necesaria para su desarrollo.
El Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) es un lacértido endémico de Canarias que, antes de la llegada del hombre al Archipiélago, ocupaba la mayor parte de la isla de El Hierro. La modificación de su hábitat característico en buena parte de la isla, y la depredación ejercida por el hombre, las ratas y sobre todo por los gatos, son algunos de los factores que han determinado sus graves problemas de conservación.
Ambos instrumentos, que garantizarán la participación social, desarrollarán las Directrices de Ordenación General y del Turismo
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó la creación del Foro Canario para del Desarrollo Sostenible y el Observatorio del Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de lo establecido en las Directrices de Ordenación General y del Turismo (Ley 19/2003 de 14 de abril). Asimismo, desarrollará los reglamentos de ambos instrumentos previstos en la Directriz 142 de Ordenación General, que garantizan la participación ciudadana en el proceso iniciado en la pasada legislatura por el Gobierno regional para el desarrollo sostenible de Canarias.
El Foro Canario para el Desarrollo Sostenible se erigirá en un órgano colegiado de consulta, información y participación social en el citado proceso de sostenibilidad, y el Observatorio de Desarrollo Sostenible, vinculado al Foro, como un instrumento científico y técnico, ambos adscritos a Presidencia del Gobierno.
Con ello, el Gobierno quiere, además, cumplir con lo mandado por la Conferencia de Río de 1992. Esta Conferencia aprobó que el desarrollo sostenible siempre ha de estar ligado a la información y la participación de los ciudadanos en cualquier proceso dirigido a tal fin.
Composición y funciones del Foro
La directriz 142 establece que la composición del Foro tendrá la más amplia representación social, con miembros de, al menos, los departamentos del Gobierno, cabildos insulares y ayuntamientos, la participación de las universidades canarias, órganos directivos de las Reservas de la Biosfera, y las asociaciones sindicales, empresariales, vecinales, ambientales, profesionales y culturales. Asimismo, se incluirán personas de reconocido prestigio social, cultural, profesional, empresarial o sindical, designados por el presidente del Gobierno.
El Foro tendrá como objetivo fomentar en la sociedad canaria la implementación de formas más sostenibles de desarrollo económico, social y ambiental.
La Directriz 142.2 señala además como función fundamental del Foro, el seguimiento de las Directrices de Ordenación General y el conocimiento del estado del territorio, incluyendo la capacidad para proponer al Gobierno la modificación o revisión de las mismas.
Junto a ello, le corresponderá también impulsar las bases científicas y los instrumentos de investigación orientados a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de Canarias.
Se prevé que el Foro pueda emitir opiniones o elaborar propuestas de actuación ambiental, a iniciativa propia o a petición del Gobierno de Canarias, relativas a los planes y programas autonómicos que tengan incidencia en el medio ambiente, la calidad de vida y la sostenibilidad de Canarias, así como sobre las Directrices de Ordenación, su desarrollo y ejecución, la estrategia canaria de Desarrollo Sostenible, y sobre la implantación y desarrollo de cualquier otra norma, programa o plan de especial relevancia para el desarrollo sostenible, como podría ser la Agenda 21 Local. Se incluirá igualmente la aprobación de un Diagnóstico Ambiental de Canarias que elaborará, cada 3 años, el Observatorio del Desarrollo Sostenible.
El Foro deberá reunirse al menos dos veces al año, y en cualquier momento por iniciativa de su presidente o de un porcentaje determinado de sus miembros. Funcionará en Pleno y en las comisiones que el Pleno decida constituir, con carácter sectorial, entre las que la Directriz 33.1 de Ordenación del Turismo establece que debe contarse con una comisión turística.
Observatorio del Desarrollo Sostenible
El Observatorio del Desarrollo Sostenible, de carácter permanente y vinculado al Foro, es a su vez definido en la Directriz 142.1 de Ordenación General como un instrumento científico y técnico de evaluación y seguimiento del Desarrollo sostenible en Canarias.
El Observatorio tendrá carácter de unidad administrativa adscrita a la Viceconsejería de Presidencia; funcionalmente dependerá del Foro Canario para el Desarrollo Sostenible y gozará de independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones.
La independencia en la formación de su criterio es, por tanto, un requisito indispensable para garantizar la objetividad de los trabajos y la fiabilidad de sus resultados. Entre sus funciones básicas, coincidentes con las del Foro, pero desde una perspectiva técnica y científica, se encontrará el conocimiento del estado del territorio, y el seguimiento de las Directrices de Ordenación General y del proceso de desarrollo sostenible. Entre sus funciones específicas, las Directrices 138.2 y 142.2 citan el seguimiento del Sistema de Información Territorial y la coordinación de la elaboración de los indicadores.
Al mismo tiempo, se establecerá como base del funcionamiento del Observatorio, un Comité Científico integrado por profesionales de reconocido prestigio, con dedicación puntual a la programación y dirección del trabajo de los grupos interdisciplinares de técnicos y científicos, que desarrollen tareas concretas.
El Consejo de Gobierno autorizó una subvención, por importe de 299.250 euros, a la Fundación Sociedad Española de Beneficencia destinada a financiar el Plan de Salud para canarios mayores de 65 años, residentes en Venezuela.
Esta subvención es resultado del convenio firmado, por cuarto año consecutivo, entre la Viceconsejería de Emigración del Gobierno de Canarias y la Sociedad Española de Beneficiencia. Afectará a 1.500 canarios de más de 65 años, residentes en Venezuela, que hayan acreditado estar en situación de necesidad. Cada uno de ellos podrá tener una cobertura sanitaria de hasta 10 millones de bolívares (unos 5.000 euros) en concepto de hospitalización, atención primaria y obtención de medicamentos esenciales.
La Sociedad Española de Beneficencia está integrada por las sociedades españolas y canarias existentes en Venezuela y cuentan con el apoyo del Gobierno español.
29-07-2004
Canarias constituye un lugar de interés especial a nivel mundial por la riqueza y diversidad de cetáceos en sus aguas. Se tiene constancia de la presencia de 26 especies de cetáceos en aguas del Archipiélago, lo que supone el 69,4 % de las 39 especies registradas en el Atlántico Norte y el 31,6 por ciento del total de las especies de cetáceos conocidos en la actualidad. Los zifios son miembros de la familia Ziphiidae, y algunos de ellos se encuentran entre los mamíferos ,menos conocidos del mundo, debido a sus hábitos oceánicos.
En los últimos años se ha producido varios varamientos en masa de zifios en todo el mundo que han suscitado la atención de los investigadores, debido a su posible relación con ejercicios navales. Varios de estos desafortunados eventos han tenido lugar en las costas de las Islas orientales del Archipiélago canario. Según los especialistas, los animales presentan una lesión acústica que provoca el varamiento, y, posteriormente la muerte por colapso cardiovascular.
En Canarias, el primero de estos varamientos tuvo lugar en febrero de 1985, repitiéndose posteriormente en los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1991.
El último varamiento registrado de varios zifios ocurrió en septiembre de 2002, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, mientras se celebraban unos ejercicios navales en las proximidades. A raíz de ello, se estableció la necesidad de coordinar un trabajo de investigación entre el Gobierno de Canarias y el ministerio de Defensa y se creó un Comité Permanente de Investigación para conocer las causas de los varamientos, para lo que se suscribió un convenio de colaboración el pasado 5 de marzo.
El Comité, tras un año de estudios, concluyó que existe una población permanente de zifios en la costa sureste de la isla de Fuerteventura, y los resultados epidemiológicos y patológicos evidenciaron científicamente la existencia de un mecanismo embólico asociado a la exposición de los zifios a sonares activos.
Se constató, además, que los zifios, dada sus características biológicas, anatómicas, fisiológicas y ecológicas, son especialmente sensibles frente al uso de algunas fuentes emisoras de energía acústica.
No obstante, no existían, según el informe, datos concluyentes sobre el rango de frecuencias y potencias que producen dichos mecanismos. Asimismo, se constató la poca información existente sobre el comportamiento, en su medio natural, de esta familia y el nivel de distribución en otros puntos del Archipiélago canario.
A raíz de este informe, el Comité de Investigación recomendó literalmente las siguientes acciones, recogidas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias antes referido:
1.- Delimitación de una zona en la que se prohiba la utilización de sónares antisubmarinos activos.
2.- Aplicar una figura de protección a esta zona marítima.
3.- Realizar un estudio pormenorizado de otros lugares del Archipiélago, en los que se pueda determinar la necesidad de aplicar algún tipo de protección especial. Para ello, y sin ser excluyente de otras medidas, se recomienda que el Plan Nacional de I+D incluya un capítulo dedicado a la biología, fisiología, sanidad, patología y distribución nacional de cetáceos.
4.- Trabajar en las características acústicas, modelos y sistemas, que determinen los márgenes de frecuencia e intensidades que pueden causar efectos dañinos a los zifios.
5.- Aplicar la máxima del principio de precaución, ante la carencia de datos, que permita la toma de decisiones responsables, para que no se produzcan daños a la biodiversidad.
Por todo ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Gobierno de Canarias acuerda:
1.- Manifestar la enorme preocupación ante el ministerio de Defensa en relación con la reiterada aparición de varios cetáceos muertos en las costas de las Islas Canarias, que este Gobierno entiende están relacionadas con la celebración de maniobras militares en este caso las ¿Majestic Eagle 04¿, circunstancia que produce profundo rechazo en la sociedad canaria.
2.- Interesar al ministerio de Defensa información precisa sobre las características y países intervinientes en las maniobras, ante la inhibición de responsabilidad que se desprende del comunicado de prensa emitido por la OTAN, dado en Bruselas el pasado 27 de marzo de 2004.
3.- Demandar del ministerio de Defensa el estricto cumplimiento de los contenidos del Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Canarias, el 5 de marzo de 2004.
4.- Solicitar a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Exteriores, que garanticen la aplicación del llamado principio de precaución, para que no vea afectado nuevamente el medio marino de Canarias por la realización de maniobras militares con utilización de sónares activos, o cualquier otro instrumento que ponga en riesgo la preservación de la biodiversidad.
5.- Impulsar ante los organismos oportunos la acciones tendentes para garantizar la aplicación de lo contenido en el Convenio Internacional para la Protección de la Biodiversidad, y en la consideración de ¿punto caliente para la biodiversidad marina¿, tal y como ha quedado reflejado en el acuerdo que soporta la Declaración de la Zona Marítima de Especial Sensibilidad Ecológica, aprobado inicialmente por al Organización Marítima Internacional el pasado día 2 de abril en Londres.
El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, ha acordado el inicio del procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación de Aguas, que tendrán por ámbito todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas directrices serán elaboradas como desarrollo de las Directrices de Ordenación General y conforme a las determinaciones, criterios y objetivos establecidos en las mismas.
Los principales objetivos de estas directrices son:
- Desarrollar las competencias autonómicas en materia de aguas superficiales, costeras y de transición;
- Establecer las bases de coordinación administrativa y sectorialde la planificación hidrológica insular.
- Fomentar el ahorro de consumo, la preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales y la integración de los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se lleven a cabo.
Criterios de planificación
- Asegurar la gestión integrada del ciclo de las aguas superficiales y subterráneas así como las de transición y costeras y a efectos del estado químico, las de naturaleza marina territorial.
- Se establecen criterios para el análisis de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas.
- Criterios para la definición y delimitación de las zonas protegidas para la captación de aguas.
- Asegurar la utilización más eficiente del agua.
- Fomentar la educación de la población sobre el valor del agua y su coste ambiental, energético y económico.
- Preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico.
- Fomentar la recarga de acuíferos.
- Recuperar y mantener la buena calidad de las aguas.
- Maximizar el empleo de las aguas residuales.
- Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes
- Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de abastecimiento de cada isla.
- Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de control de la calidad de los recursos.
- Asignar, mediante el planeamiento hidrológico, los recursos a sus posibles usos conforme a las siguientes prioridades:
El abastecimiento a la población, incluidas las industrias de bajo consumo.
Los regadíos y usos agrícolas.
Los usos industriales de gran consumo y los usos turísticos.
Los usos recreativos.
- Adaptar al marco autonómico los manuales y guías técnicas europeas y estatales.
Criterios de gestión
- Establecer a largo plazo, ritmos sostenibles de los recursos hidráulicos subterráneos.
- Conservar las surgencias y corrientes de agua y redes de drenaje de aguas superficiales
- Aumentar la eficiencia de la gestión pública del agua
- Optimizar la producción industrial de agua mediante la adecuada combinación de las iniciativas de carácter público y privado.
- Gestionar la administración hidráulica con arreglo a los principios de descentralización insular, participación social y prioridad de la planificación hidrológica
- Potenciar la erradicación de los vertidos al dominio público hidráulico de agua sin depurar
- En cuanto a la ordenación territorial y urbanística, se intentará compaginar la generación de suelo para uso residencial y turístico y la autorización de edificación, con la disponibilidad de recursos de agua suficientes.
También se aplicará al planeamiento urbanístico criterios para la clasificación del suelo rústico en las categorías de protección hidráulica y de protección forestal y se asegurará la conexión de los nuevos desarrollos urbanísticos con las redes de saneamiento y las instalaciones de tratamiento existentes.
Se impulsará también el establecimiento de corredores para conducciones de agua en alta y la previsión de redes separativas de saneamiento en la áreas urbanas para la reutilización Las Directrices de Ordenación de Aguas serán formuladas por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez al tratarse de una materia que afecta exclusivamente a las competencias de este Departamento. El plazo para la formulación y tramitación de la Directrices de Aguas viene condicionado por la fecha límite del 16 de abril de 2005.
de pluviales y de depuración y reutilizacion.
El Consejo de Gobierno acordó ayer la toma en consideración del proyecto de decreto para la modificación de las bases de distribución intermunicipal de los recursos del Bloque de Financiación Canario, provenientes del Régimen Económico y Fiscal (REF), en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera.
Asimismo, acordó solicitar informe al Consejo Consultivo sobre el citado proyecto de decreto.
La distribución propuesta por el Gobierno para el reparto de los recursos del REF en estas cinco islas se efectúa en virtud de lo establecido en la Ley 9/2003, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, al no llegar a un acuerdo de distribución los cabildos citados con los respectivos ayuntamientos.
La ley establece en el artículo 6, puntos 3 y 4, que, antes del 30 de abril, los Ayuntamientos de cada isla y el Cabildo Insular podrán elevar una propuesta al Gobierno de Canarias sobre los criterios de distribución de los recursos del REF, para que, mediante decreto, el Ejecutivo proceda a la modificación de las bases que han de regir el reparto intermunicipal de los recursos.
La legislación indica que si no se llega a un acuerdo en el plazo establecido, y si una vez oídos la federación de municipios más representativa de Canarias y los cabildos insulares tampoco se llegara a un acuerdo, sólo en ese caso, se materializaría un sistema de reparto, basado en los mismos criterios de distribución que los fijados para las islas en la mencionada Ley.
En este contexto, los criterios de reparto para cada una de las islas consagran como variables la población (87%) el territorio (2,5%) y la solidaridad (10,5%). Los recursos proceden de la recaudación de las figuras tributarias del REF que corresponden a las administraciones canarias, de los cuales el 58% es para las corporaciones locales (Cabildos y ayuntamientos) y el 42% para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por tanto, esta Ley -que vino a recoger las permanentes demandas de ayuntamientos y cabildos para acabar con la provisionalidad de la distribución de los recursos del REF desde hacía décadas fue gestada con el espíritu de que los Cabildos llegaran a acuerdos de reparto con los respectivos ayuntamientos en cada una de las islas, como es el caso de Tenerife y Fuerteventura.
La fórmula de reparto propuesta por el Gobierno se realiza después de ser oídos la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y los cabildos correspondientes de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera; y se mantendrá hasta que se produzca un acuerdo de distribución de los respectivos cabildos con los ayuntamientos de su isla.
No obstante, cabe precisar que la Ley contiene una cláusula de garantía según la cual los municipios canarios no pueden recibir menos recursos, como mínimo, que lo obtenido con cargo al ejercicio 2002, año anterior a la aprobación de la citada legislación.
El Gobierno de Canarias aprueba el inicio de elaboración del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias. Con esta ley se pretende de forma general establecer un marco normativo que atendiendo a los principios de liberalización del transporte marítimo establecidos por la Unión Europea, a su vez garantice la integración territorial, social y económica de nuestro territorio.
Esta normativa proporciona entre las islas la garantía de unos servicios mínimos de comunicación marítima en condiciones de calidad y accesibilidad equiparable a los que disfrutan, en territorio continental, los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea.
Los principales objetivos de estas directrices son:
- El establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la ordenación, planificación y gestión del transporte marítimo.
- La dotación de los instrumentos legales que permitan la satisfacción de las necesidades de movilidad en Canarias, con especial atención a los colectivos menos favorecidos económicamente.
- El establecimiento de los mecanismos económicos, fiscales o de cualquier otra índole que permitan la equiparación de los costes que han de satisfacer los usuarios del transporte marítimo interinsular en Canarias a los que soportan los ciudadanos de territorios continuos. Reduciendo los costes de doble insularidad que soportan las islas no capitalinas.
- Medidas que promuevan la competencia.
- El reconocimiento de este rango normativo para establecer en el transporte de cabotaje marítimo interinsular, obligaciones de servicio público que proporciones los mecanismos necesarios para que la Comunidad Autónoma pueda garantizar una conectividad marítima básica, si esta no es satisfecha por el mercado en unas determinadas condiciones de frecuencia, calidad y accesibilidad económica.
- La regulación del transporte marítimo no regular, tanto de ocio como turístico.
- Sistemas de control, inspección y sanción.
Aspectos técnico-jurídicos
En el marco de la Unión Europea, las directrices de la política europea de transportes, se basan principalmente en los siguientes principios:
- Homogeneización, que permita la equiparación entre todos los territorios y ciudadanos de la Unión Europea, mejorando la eficiencia de los servicios de transporte.
- Liberalización del mercado, para ofrecer igualdad de oportunidades, siendo necesario armonizar las legislaciones laborales y técnicas de los diferentes Estados.
- Fomento del transporte público.
- Red integrada que permita un transporte puerta a puerta, individualizado, a través de los modos de transporte público. Los tres elementos principales de un sistema integrado son horarios coordinados, billetes integrados y terminales intermodales.
Con una financiación de 400.000 euros se podrá hacer frente a la contratación de brigadas helitransportadas que podrán desplazarse entre islas
El Consejo de Gobierno aprobó ayer financiación a los cabildos de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera de las cuantías necesarias para la contratación de recursos precisos para la extinción de incendios forestales durante el período de mayor riesgo estival (1 de julio ¿ 30 de septiembre).
Las islas beneficiarias de estas ayudas son aquellas que cuentan con Parque Nacional en su territorio además de una importante masa forestal.
En este sentido, el Consejo de Gobierno distribuyó un total de 400.000 ¿ para la contratación de brigadas helitransportadas. Una inversión que se reparte de la siguiente forma: La Palma recibirá 191.572,00 euros, La Gomera 95.786 euros y Tenerife 95.786 euros.
Las consejerías de Presidencia y Justicia y Medio Ambiente y Ordenación Territorial financiarán con cargo a sus créditos disponibles estas actuaciones en una proporción del 50 por ciento cada una.
El Gobierno aprobó hoy en Consejo autorizar la generaciones de crédito relativas a varios proyectos de la Iniciativa Equal.
En concreto, se acordó destinar 186.721,63 euros al proyecto Canarias Futurem y 361.585,88 euros al proyecto Canarias Avanza.
El objetivo general de la iniciativa europea Equal es facilitar la igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral a los colectivos más desfavorecidos socialmente. En este sentido, Equal Canarias Avanza se especializa en la creación de servicios de asesoramiento a las iniciativas emprendedoras dirigidas a emplear a personas discapacitadas, inmigrantes y mujeres con cargas familiares y baja cualificación.
Por su parte, el proyecto Equal Futurem tiene como finalidad la investigación y el intercambio de experiencias innovadoras, que favorezcan la adecuación de los sistemas globales de formación que contribuyen a la inserción de las personas en situación de exclusión.
El Gobierno conoció ayer en Consejo el informe sobre la elaboración del anteproyecto de Ley por el que se regula el derecho a la prestación canaria de inserción.
La justificación de este anteproyecto parte del Plan de Integración y lucha contra la pobreza y la exclusión social en Canarias, aprobado en 1998, que promueve la asistencia, promoción e integración social de las personas o grupos con mayores dificultades; y de la IV Concertación Social, que establece la creación de una Ley que equipare la cuantía de la prestación destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas sin recursos al 75% del salario mínimo interprofesional para unidades de convivencia de un solo miembro, ampliable hasta el límite del 106% en función de las personas componen la unidad familiar.
Con este anteproyecto de Ley se persigue establecer una regulación que permita, a quienes carecen de medios de subsistencia, atender a las necesidades básicas de la vida y conseguir, mediante mecanismos de integración social y la concesión de ayudas económicas, facilitar el acceso de los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción a unos niveles aceptables de calidad de vida y, en cualquier caso, al efectivo acceso a los derechos fundamentales.
La prestación canaria de inserción acogerá, por un lado, la concesión de ayudas económicas básicas a las personas cuyas unidades de convivencia reúnan los requisitos de empadronamiento y permanencia en territorio canario y de edad y económicos que se establecen en la normativa.
Por otro lado, establecerá mecanismos para la integración social de todas las personas incluidas en las unidades de convivencia del solicitante de la prestación, que tendrán acceso a las mismas aunque no reúnan todos los requisitos exigidos en la normativa, de tal forma que se vinculan las dos vertientes de la prestación canaria de inserción, la económica y la de integración.
El importe de la ayuda económica básica se fijará anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, atendiendo al salario mínimo interprofesional vigente cada año.
Desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico, ofreciendo a las administraciones un marco de actuación para la tramitación de los BIC.
El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de hoy, el Reglamento sobre el Procedimiento de Declaración de los Bienes de Interés Cultural (BIC), que desarrolla lo dispuesto al respecto por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (Ley 4/1999, de 15 de marzo). Con este Reglamento se ofrece a las administraciones (tanto Cabildos Insulares como Comunidad Autónoma a instancia de los mismos o de particulares) un marco normativo concreto para que sigan un procedimiento reglado sobre la tramitación, régimen jurídico y declaración de los Bienes de Interés Cultural del Archipiélago.
En concreto, el nuevo Reglamento establece que la declaración de BIC requerirá la tramitación previa de un procedimiento administrativo incoado por los Cabildos Insulares (de oficio o a instancia de parte) o por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma (respecto a bienes y servicios por ella gestionados o por el retraso de más de dos meses por parte de los Cabildos de un expediente solicitado por ella).
Asimismo, regula la forma en que los expedientes deben ser presentados para la iniciación de la tramitación, como la relación de los posibles afectados, planos de los inmuebles o descripción y fotografías de los bienes muebles, títulos acreditativos de propiedad u objetos y área sobre la que se solicita la declaración.
Una vez iniciado el expediente, se especifica en el reglamento que, de forma provisional, ¿para evitar la destrucción o deterioro del bien, los Ayuntamientos deberán suspender el procedimiento de otorgamiento de licencias municipales de intervención en el inmueble de que se trate y su entorno, así como los efectos de las ya otorgadas¿, especificando que se permitirá la realización de obras y actuaciones que, por fuerza mayor, tuviesen que llevarse a cabo (restauraciones, conservación etcétera).
Deberá recabarse informe de dos de las instituciones consultivas de Patrimonio Histórico y de las Universidades Canarias. Además, deberá oírse el parecer de la Comisión Mixta Iglesia Católica-Comunidad Autónoma de Canarias en el supuesto de que los bienes sean de titularidad eclesiástica y de las Asociaciones de Propietarios de Edificios o Bienes Históricos en el caso de que la solicitud afecte a bienes muebles o inmuebles de titularidad privada. En cualquiera de los casos, se dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes tras la emisión de dichos informes y antes de la resolución. Asimismo, habrá un período de información pública por un plazo de veinte días mediante la publicación en el BOC.
Antes de elevar la propuesta de resolución al Gobierno de Canarias, se solicitará el informe correspondiente al Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, que deberá emitirlo en el plazo máximo de dos meses.
La declaración de BIC se notificará a los interesados, al Cabildo Insular afectado y a los Ayuntamientos de los municipios donde radica el bien. Además, se publicará en el BOC y se instará de oficio su inscripción en el Registro Canarios de Bienes de Interés Cultural.
Asimismo, se establece que los BIC deberán estar señalizados y con un logotipo común a todo el Patrimonio Histórico de Canarias, con independencia de la Administración que tenga encomendada su gestión.
El Consejo de Gobierno analizó ayer el anteproyecto por el que se modifica la actual ley del Voluntariado de Canarias.
Las razones para su modificación se pueden agrupar en cuatro apartados:
Adecuación de la normativa vigente en materia de voluntariado a la normativa vigente en materia de asociaciones y, en particular su incidencia en materia de registro, en documentación obligatoria y en criterios de prevalencia para ayudas y subvenciones para que se ajuste a la Ley de asociaciones de Canarias.
Distinción entre acciones de voluntariado y actividades relacionadas con la prestación de servicios, por la que se trata de dar solución al planteamiento de algunos profesionales de las corporaciones locales, o de organismos de ellos dependientes, que quieren desarrollar programas de voluntariado a través de la participación voluntaria de personas, ya que la ley actual no concreta en su objeto si la promoción y sensibilización de las actividades de voluntariado se extiende a las entidades públicas.
Distribución de la función de favorecimiento del voluntariado en la que se fomenta la descentralización de las oficinas de voluntariado a la administración local.
Por último la modificación de la ley tiene en cuenta las consideraciones relativas a la elaboración de un Plan Estratégico de voluntariado que permita coordinar los esfuerzos que se realizan desde diferentes ámbitos para el desarrollo de actividades voluntarias.
Con la modificación de la Ley del Voluntariado de Canarias se pretende, por un lado, abundar en la coordinación de las actuaciones que, desde diversos órganos, se realizan para la consecución de una sociedad más solidaria y, por otro, aclarar aspectos que pudieran resultar confusos en la normativa vigente.
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Plan Especial de Emergencias Exterior por riesgo químico de la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y el Plan Especial de Emergencias Exterior de la planta de almacenamiento de DISA-Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.
De esta forma, Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma del Estado que finaliza la elaboración de todos los planes de emergencia de riesgo químico exterior, puesto que la aprobación de estos planes, junto con los ya elaborados para las cinco instalaciones de DISA en las islas no capitalinas hace que la Consejería de Presidencia y Justicia haya completado al 100% los planes de todas las plantas de almacenamiento industrial con riesgo químico exterior del Archipiélago.
El Plan Especial de Emergencias Exterior de la refinería de Cepsa, consta de tres volúmenes. El primero constituye el Plan Director y recoge toda la información relevante relacionada con el entorno de influencia de las instalaciones de la refinería, sus procesos y la operación y describen los medios y recursos que se disponen para atender una emergencia. El segundo volumen establece las bases y criterios con la justificación de las medidas de prevención y de atención propuestas, y por último, el tercer volumen contiene una guía de respuesta con los procedimientos de actuación para cada uno de los posibles riesgos.
Por otra parte, el Plan Especial de Emergencias Exterior de Salinetas mantiene una estructura similar a la del resto de los planes exteriores de riesgo químico ya elaborados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En primer lugar, se realiza una identificación de las instalaciones industriales y una descripción del ámbito geográfico como, por ejemplo, el tipo de climatología de la zona, vientos predominantes, la densidad poblacional, etc. Por otro lado, también se establece la estructura, la organización y las funciones de cada órgano de intervención y la respuesta según el tipo de riesgo.
Además, el documento recoge una clasificación de los diferentes tipos de accidentes, los criterios de activación del plan, los niveles de actuación y las fases de emergencia. En cuanto a la organización se establecen los órganos de dirección de apoyo, coordinación operativa y de intervención que abarca el control ambiental, sanitario, de seguridad, comunicaciones, logístico y de apoyo.
El Gobierno de Canarias ha destinado casi tres millones de euros (2.703.000 euros) para promocionar las Islas como destino turístico líder en el mercado nacional, a través de los equipos de fútbol de Segunda División B.
Se trata de llevar a cabo una actuación de promoción turística del Archipiélago canario con la participación de los equipos de fútbol de Segunda División B, mediante un convenio de patrocinio publicitario que abarcará tres temporadas, por un importe de ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros, a cada equipo por temporada.
El desglose por anualidades es el siguiente:
2004: 450.759 euros
2005: 901.518 ¿
2006: 901.518 ¿
2007: 450.759 ¿
Así, siempre y cuando el equipo mantenga su categoría se mantendrá el convenio de patrocinio establecido a partir de la próxima temporada deportiva 2004-2005 con equipos canarios en la Segunda División B de la competición futbolística nacional.
Con esta acción promocional Canarias estará presente en todos los terrenos de juego en los que compitan la U.D. Lanzarote, U.D. Fuerteventura, U.D. Pájara Playas de Jandía, Castillo Club de Fútbol, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, y U.D. Vecindario.
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este jueves una inversión de 1,5 millones de euros para la incorporación de pequeñas y medianas empresas a las nuevas tecnologías.
Se trata de una inversión prevista en el programa Canarias.es, fruto de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. La prioridad del Gobierno de Canarias con esta medida de fomento del b2c, es decir del ¿business to consumer¿, es incorporar a las pymes participantes en este programa a plataformas de comercio electrónico.
La medida del Gobierno de Canaria de trazar una estrategia de mejora tecnológica en las pymes tiene su base en la defensa del pequeño comercio de las Islas, mercado tradicional que no debe perder cuota de mercado ante otros modelos de negocio que se han caracterizado por ser más innovadores. En síntesis, fortalecer el comercio tradicional del Archipiélago.
El objetivo del proyecto es dotar a amplios colectivos de pymes con alguna característica común (por ejemplo, pertenecer a una misma zona comercial, a un sector industrial o de servicios determinado, entre otros) y a sus gestores y asesores con el equipamiento, las aplicaciones, la formación y la consultoría necesarios para que puedan interactuar a través de Internet, facilitando a la vez su presencia en la red de manera que les permita realizar operaciones de comercio electrónico con sus clientes (B2C).
El alcance del proyecto abarcará cuantas tareas sean necesarias para adquirir e implantar el equipamiento y las aplicaciones, migrar los datos de los sistemas actuales a los nuevos, formar y dar soporte a los usuarios además de cooperar con las empresas en la compra e implantación la pasarela de pagos.
El Decreto será de aplicación a las actividades de gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, que se importen o generen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó ayer el Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las Autorizaciones de Gestión de Residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos en Canarias.
El Decreto establecerá, desde su entrada en vigor, el régimen para la obtención de la condición de gestor de residuos, preceptiva para el desarrollo de cualquiera de las actividades de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias, como son las actividades de recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, de conformidad con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, y Ley 1/1999, de 29 de enero).
Cabe precisar que sólo se autorizarán aquellas actividades, que cumpliendo los requisitos técnicos exigidos por la normativa de residuos, hayan previsto las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para garantizar el fin pretendido, incluidas las relativas a la atmósfera, el agua subterránea y marina, y sean conformes a las previsiones del Plan Integral de Residuos de Canarias, con los Planes Directores Insulares de Residuos y con las Directrices de Ordenación de Residuos.
El Decreto especifica igualmente que los gestores de residuos deberán presentar en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial una memoria anual sobre el trabajo realizado en ese periodo.
Cada gestor autorizado estará obligado a especificar la procedencia de los residuos, su cantidad, naturaleza, composición y código de identificación. Del mismo modo, deberá contar con un registro interno donde se anote la fecha de entrada de los residuos y medio de transporte utilizado, el tiempo de almacenamiento, las operaciones de tratamiento y eliminación, así como el destino de los nuevos residuos o subproductos generados en el proceso.
Registro de Gestores de Residuos
El Consejo de Gobierno también aprobó la creación de un Registro de Gestores de Residuos de Canarias en el que se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos.
El registro se estructura en tres secciones: la de residuos peligrosos, la de residuos no peligrosos y la de autogestión, en la cual se anotarán aquellos productores o poseedores de residuos que reutilicen o recuperen residuos que generen o posean en las instalaciones de origen.
El Consejo de Gobierno, en la reunión mantenida ayer en Gran Canaria bajo la presidencia de su titular, Adán Martín Menis, aprobó el diseño de la identidad corporativa, visual e imagen del Gobierno de Canarias, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos, entidades y empresas dependientes.
Las instituciones públicas de carácter territorial han mantenido a lo largo del tiempo escudos y banderas ¿en el ámbito gráfico- e himnos ¿en el ámbito musical-, para representar a sus respectivos territorios.
Además, la multitud de símbolos gráficos alcanzada en la actualidad por todo tipo de instituciones, entidades, empresas e incluso acontecimientos singulares, han llevado a que, progresivamente, se busquen soluciones más eficaces en la definición de nuevos símbolos identificativos institucionales.
De hecho, los Gobiernos autonómicos, tradicionalmente, han hecho coincidir la imagen expresada en su logotipo con el escudo institucional de cada comunidad. Y con el paso del tiempo, el logotipo de cada región ha evolucionado en muchos casos a representaciones que simplifican o descargan los escudos originarios. Con ello se logra una identidad visual más sencilla, más identificable, más fácilmente recordable y más acorde con los avances experimentados por el diseño gráfico.
En este sentido, la intención del Gobierno de Canarias con este acuerdo es unificar la marca o sello que identificará los libros, revistas, invitaciones, folletos, comunicación en prensa, comunicación exterior, promoción audiovisual, y anuncios en internet o en televisión, al mismo tiempo que dotar de diseño e identidad gráfica a los edificos utilizados por los órganos, organismos, entidades y empresas públicas dependientes del Gobierno de Canarias.
Con ello se pretende que los canarios tengan más clara cuál es la imagen de su Gobierno, la identidad de la institución. Y, al mismo tiempo, se pretende también transmitir a través de una marca valores, tendencias y una filosofía que nos identifique.
Para ello, se convocó un concurso de ideas que finalmente ganó la empresa ¿Valladares Diseño y Comunicación S.L.¿. El jurado consideró que, de las tres propuestas preseleccionadas de las veinte que concurrieron a la primera fase del concurso, ésta era la más adecuada basándose en tres factores:
1º) Es la que mejor refleja el carácter institucional del Gobierno, proponiendo una versión modernizada del escudo heráldico como signo identificador, respetando los signos básicos del mismo; al mismo tiempo, la aplicación de este símbolo, tanto en su versión en color, como en blanco y negro y en gris, junto con una tipografía corporativa única a los distintos soportes de comunicación, confiere a éstos un carácter de calidad, de claridad y de "modernidad clásica" capaz de durar en el tiempo sin estar sometido a modas gráficas pasajeras.
2º) Las propuestas de diferenciación visual que propone para los organismos autónomos y empresas públicas, así como la buena integración y convivencia gráfica de sus diferentes marcas identificativas con el símbolo seleccionado.
3º) Tiene una gran versatilidad y adaptabilidad en el juego de los diferentes signos de identidad, así como por la excelente creatividad mostrada en la papelería, la señaléctica, la publicidad, la cartelería, las publicaciones y los soportes audiovisuales y telemáticos.
Tras la celebración del concurso de ideas, es el Consejo de Gobierno el responsable de aprobar el diseño de la idenitdad corporativa, visual e imagen, así como de los símbolos del Gobierno de Canarias, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos, entidades y empresas dependientes, de acuerdo con la propuesta de la empresa ganadora.
La aprobación de ese diseño llevada a cabo hoy por el Ejecutivo es, a su vez, el paso previo a la definición, desarrollo del tratamiento y aplicación a través del manual de identidad corporativa a cargo del estudio de diseño ganador. Con ello, se posibilitará la homogeneización del tratamiento de los símbolos y la tipografía gráfica en todos los departamentos y entidades dependientes del Gobierno.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Decreto por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el modificado del proyecto de ejecución de la obra ¿Complejo Medio Ambiental de Residuos de Mazo¿, en La Palma.
El Gobierno considera que la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar resulta implícita a tenor de lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Los bienes y derechos a expropiar de manera urgente afectan a la empresa HORPA, S.L. Se trata de nueve parcelas de suelo rústico que ocupan 53.965 metros cuadrados de superficie catastral.
El Gobierno ha aprobado este Decreto debido a que la obra correspondiente a la primera fase del Complejo Ambiental de Residuos Sólidos de Mazo se encuentra actualmente en situación de suspensión temporal, ya que es necesaria la ejecución de un vial de acceso para poder continuar con ella.
La urgencia de esta ocupación se fundamenta en la grave situación en que se encuentran los sistemas de gestión de residuos de la isla de La Palma, cuyos habitantes sumados a las plazas turísticas realmente censadas totalizan una población generadora de residuos de 85.822 personas, que producen un total de 25.400 toneladas de residuos al año, lo que supone para el conjunto de la isla un ratio de 0,89 kilos por habitantes al día.
Con esta medida, el Gobierno de Canarias pretende dejar definitivamente establecidos los requisitos necesarios para que la isla de La Palma, Reserva de la Biosfera, cuente con un adecuado Sistema Integral de Gestión de Residu
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