Gobierno de Canarias

La nueva tramitación que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está im-pulsando a los permisos de investigación de hidrocarburos en las aguas situadas al nordeste de Canarias, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote impone que el Gobierno de Canarias actúe en ejercicio y en defensa de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, por el Estatuto de Autonomías y por las leyes y en tal sentido manifiesta:
1. Que en aplicación del Estatuto de Autonomía de Canarias, de la Ley de aguas canarias y, en concordancia con la misma, de la Ley del sector de hidrocarburos, todas ellas normas del ordenamiento jurídico estatal que el Estado debe reconocer y respetar, las competencias para otorgar las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación de hidrocarburos están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto en tierra como en las aguas adyacentes al archipiélago en los términos que en este caso corresponderían al Estado. En consecuencia con ese criterio, el Gobierno de Canarias no desmayará en el cumplimiento de la obligación de defender su marco institucional y, en particular, la integridad de las competencias estatutarias y, en tal sentido, se propone recurrir a todas las medidas que sean legalmente procedentes para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo asuma el orden competencial establecido.
2. Que es preocupación principal del Gobierno de Canarias la preservación del entorno medioambiental del archipiélago, único pero frágil y vulnerable a la acción de las agresiones exteriores y por eso mismo objeto de la protección de la Comunidad Autónoma de Canarias, del propio Estado y de las instituciones internacionales, como en este ámbito ocurre con la Unión Europea, la Unesco y la Organización Marítima Internacional. En esa línea, el Gobierno de Canarias entiende que cualquier actuación en el campo de la exploración, la investigación o la explotación de hidrocarburos ha de pasar por un detallado estudio de sus repercusiones medioambientales y la adopción de las medidas correctoras pertinentes. Precisamente, la ausencia de una adecuada protección medioambiental fue la causa de que el Tribunal Supremo anulara el real decreto que concedía los iniciales permisos de investigación en el año 2001. El Ministerio no ha subsanado como debe hacer esas deficiencias, ni lo hizo en el año 2005, cuando intentó por primera vez rehabilitar los permisos de investigación, ni lo ha hecho ahora, porque las medidas medioambientales no son meros documentos formales de planes o programas que incorporar a los expedientes administrativos para que éstos estén completos, sino que constituyen directivas de funcionamiento que han de estar contrastadas con las actuaciones pretendidas para que éstas no perjudiquen gravemente el medio en que se van a aplicar.
3. Que desde que el Tribunal Supremo anuló en el año 2004 el real decreto de 2001, y desde que por primera vez se intentó la convalidación del real decreto, en el año 2005, el proyecto de los permisos de investigación no ha cambiado ni se ha movido en absoluto, pero sí lo ha hecho todo lo demás, desde las circunstancias de hecho hasta el marco normativo. Pretender que en el año 2012 todo siga igual que en el 2001 y en el 2005 no respeta principios ju-rídicos elementales de seguridad jurídica y hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general. En ese periodo de tiempo el Gobierno de Canarias ha reivindicado sus competencias en el mar impugnando entre otras precisamente la Ley del sector de hidrocarburos, ha entrado en vigor la Ley de aguas canarias y la protección del medio ambiente canario se ha reforzado con la declaración de Zona Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional. En esos términos, rescatar un expediente de hace siete años y pretender su tramitación tal cual indica una falta de respeto al derecho que no parece revestido de buena fe y el Gobierno de Canarias también actuará en consecuencia en la dirección de evitar que se rehabiliten los efectos jurídicos de lo que llevaba tiempo absolutamente dormido.

El Consejo de Gobierno celebrado hoy viernes, 10 de febrero, ha dado luz verde a los convenios de colaboración suscritos en el pasado ejercicio 2011 con las distintas corporaciones locales canarias para la ejecución de obras de mejora del espacio público turístico.

Las obras en concreto son las relativas a la ejecución del Mirador del Barranco de Los Canarios, Señalización Turística Insular, Parque Cultural Roque de los Muchachos y Acondicionamiento Fuente Santa; Restauración Casa Cabildo y Embellecimiento acceso Puerto de Orzola; Segunda Fase Urbanización Jameos del Agua; Terminación Auditorio Jameos del Agua y Embellecimiento del Núcleo Urbano de Gran Tarajal.
El Boletín Oficial de Canarias con fecha 22 de julio de 2010 recoge que el 14 de junio de dicho año se suscribió el convenio de colaboración para la ampliación de la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico de Canarias, entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y la Consejería de Turismo del Ejecutivo autónomo, en el que se enmarcan las obras. Dicho convenio tiene una duración de tres años, por lo que su finalización está prevista para este año.
Además, el acuerdo entre estas administraciones responde al hecho de que la competitividad y la sostenibilidad de la actividad turística en Canarias precisa de un ambicioso proceso de reforma y modernización, más aún en un contexto de crisis económica. La Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico es una iniciativa para la recuperación de las zonas turísticas más emblemáticas del Archipiélago mediante una serie de actuaciones elegidas por su carácter ejemplar y por su mayor potencial de impulso sobre la renovación de la oferta de alojamiento.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto por el que se modifica otro anterior (de 10 de noviembre de 2011) de ayudas y medidas de carácter excepcional para mitigar los daños producidos por los movimientos sísmicos y erupciones en la Isla de El Hierro.

El anterior decreto contempló, entre otras, las ayudas y medidas excepcionales a familias para atender los costes de arrendamientos que hayan tenido que formalizarse como consecuencia de la necesidad de desalojo de su vivienda habitual. Así, establecía que la valoración del coste del alquiler de la nueva vivienda que sustituyera temporalmente la habitual, debía realizarse por un técnico municipal o por el Cabildo Insular.

Sin embargo, una vez puesto en marcha el procedimiento, se hicieron evidentes algunas dificultades a la hora de la realización de estos informes técnicos por la escasez de medios de la Administración Local. De ahí que, en el Decreto aprobado hoy por el Gobierno se contemple que -si falta el referido informe técnico de valoración- éste podrá ser realizado también por técnicos del Instituto Canario de la Vivienda.

Con ello, el Ejecutivo pretende agilizar los trámites para que las familias que han sido desalojadas de sus viviendas como consecuencia de los movimientos sísmicos y las erupciones que están teniendo lugar en la Isla de El Hierro puedan percibir la ayuda para paliar los trastornos económicos ocasionados.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy dos proyectos de decreto dirigidos a la implantación, a partir del curso actual (2011/2012), de las enseñanzas conducentes a la obtención de ocho nuevos títulos de Máster, siete de ellos en la Universidad de La Laguna (ULL) y uno en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG), así como los programas oficiales de Doctorado en Biología y de Cuidados para la Salud por la universidad lagunera.
Los Máster universitarios aprobados para la ULL son: Biología Marina, Estudios de Género y Políticas de Igualdad, Estudios Medievales Europeos, Ingeniería Lingüística y Gestión de Textos, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud y Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural.
Por su parte, para la ULPG se aprobaron las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster en Ingeniería de la Telecomunicación.
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, plasmado en la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, que favorezca la incorporación al mundo del trabajo de los ciudadanos europeos, y la competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior.

Fruto de dicha transformación el reseñado Real Decreto estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado. Las enseñazas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.

Las enseñanzas de Doctorado constituyen el tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales, conducentes a la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

- La Agencia Tributaria Canaria asume las funciones de las oficinas liquidadoras para mejorar la atención al ciudadano y reducir los costes de gestión

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy un decreto por el que se reorganizan los servicios de la Administración Tributaria Canaria de La Gomera y de El Hierro con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia de estas prestaciones a los ciudadanos de estas islas.

Esta reestructuración supone que, a partir de ahora, la Agencia Tributaria Canaria asume las funciones que hasta ahora se venían realizando en las sedes de los registradores para la liquidación de impuestos. Así, los contribuyentes acudirán a sus administraciones tributarias insulares respectivas para realizar todo tipo de trámite relacionado con los tributos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con ello, estas oficinas atenderán la totalidad de las funciones, incluidas las relacionadas con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones que se realizaban en las oficinas liquidadoras.

Esta medida, además de representar una mejor atención a los ciudadanos, supone que la Administración Tributaria Canaria disminuya sensiblemente sus costes de gestión, cumpliendo así con los principios de austeridad y optimización de los recursos públicos establecidos por el Gobierno de Canarias.

Las direcciones de las Administraciones Tributarias Insulares son las siguientes:
San Sebastián de La Gomera: Avda. Quinto Centenario, 11, planta baja, local 10, Edificio Mango.
Valverde de El Hierro: C/ Constitución, 8.

- Las sociedades tendrán que reducir los gastos fijos y su endeudamiento
- Contribuir a la estabilidad presupuestaria y lograr una mejor organización para hacerlas más productivas y eficientes, principales objetivos
- El comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas valora positivamente estas acciones encaminadas a la consolidación fiscal

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. De esta forma, se da continuidad al plan de disciplina presupuestaria para las empresas y fundaciones puesto en marcha en marzo de 2011.

Dado el actual contexto económico, el Ejecutivo canario profundiza ahora en medidas adicionales con el fin de aumentar la eficacia, la productividad, la transparencia y el control del sector público empresarial, además de posibilitar su viabilidad económica futura.

Con este acuerdo se pretende que las entidades contribuyan al obligado cumplimiento del objetivo de déficit establecido para Canarias y se avance en su saneamiento financiero con el establecimiento de una configuración organizativa que las hagan más productivas y eficientes.

El comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas de Canarias ha sido informado de estas medidas con anterioridad, valorando positivamente las acciones emprendidas para incorporar las empresas públicas a las políticas de consolidación fiscal.


Las nuevas medidas suponen la reducción de gastos estructurales fijos en un mínimo de un 15% en relación con 2011, lo que supondrá un importe global de, al menos, 20 millones de euros. Además, prevé la disminución del endeudamiento en 40 millones de euros, cifra también considerada como mínima.

El plan establece la enajenación de activos por valor de, al menos, 40 millones, la venta de la participación en el capital de dos entidades, así como la desinversión en 15 sociedades mercantiles participadas. La medida se completa con un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas.

Javier González Ortiz informó de que, con carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración y se recortan los gastos de dirección, reiterándose la imposibilidad de percibir emolumentos por asistencia a los consejos de administración.

A esta limitación se añade la racionalización de sus estructuras de forma que compartan servicios comunes de administración y gestión al menos por sector de actividad. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad.

En el ámbito de las encomiendas realizadas por el Gobierno de Canarias o sus organismos autónomos, se contemplará una reducción de un mínimo de un 5 por ciento en las tarifas actualmente aplicables.

Medidas específicas

Además de estas disposiciones de carácter general, se aplicarán medidas específicas a cada sociedad que se concretarán en un programa de viabilidad que tendrá una vigencia durante el periodo 2012-2014. Estos programas deberán estar aprobados antes del 31 de marzo.

En ellos, y dependiendo de cada caso, se podrán establecer ahorros superiores al 15 por ciento en los gastos estructurales de carácter fijo; se pondrán a la venta algunos activos inmobiliarios; se incrementarán los ingresos por determinados servicios prestados; o se buscarán nuevas vías de cofinanciación con el sector privado.

Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife).

Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las siguientes ya extinguidas fundaciones (bien por acuerdo notarial o por inscripción registral): Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación.

Con la disolución de estas seis entidades se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.

Ese plan, junto a otros acuerdos anteriores, también ha sido satisfecho en lo estipulado para las reducciones salariales así como en la minoración gradual prevista de los ingresos aportados por la comunidad autónoma a las entidades públicas.

Según esa programación, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público, lo que representa una disminución final del 45 por ciento. En los presupuestos de la comunidad autónoma de 2011 y de 2012 ya fueron reflejadas tales deducciones.

Tres municipios han logrado alcanzar los niveles mínimos exigidos en los cinco indicadores establecidos por la Ley del Fondo Canario de Financiación para medir el nivel de saneamiento
● La inversión municipal fue de 18,5 euros de cada 100 del presupuesto global en el ejercicio analizado

El Consejo de Gobierno ha conocido hoy los datos y conclusiones recopilados en el informe de situación económico-financiera de las haciendas municipales de Canarias para el periodo 2009/2010. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha dado a conocer estos datos que demuestran que los ayuntamientos canarios mejoraron durante el ejercicio 2010 la contención de sus gastos corrientes, a la vez que aumentaron la eficiencia de su gestión recaudatoria en términos generales. Estas son dos de las conclusiones que extraídas del análisis de las auditorías anuales que el Gobierno canario realiza a las corporaciones municipales, en aplicación de lo establecido por la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.

En cuanto a las inversiones, los datos recopilados en estas auditorías reflejan que 18,5 de cada 100 euros gastados por los municipios en el año 2010 tuvieron como destino inversiones reales, un 1% menos que en el año 2009.

Los resultados de estas auditorías, referidas al ejercicio 2010, son los que se han aplicado a la hora de distribuir la cantidad asignada para el Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2011. Ahora, el Gobierno presenta el análisis de los resultados agregados, es decir, los promedios registrados en los cinco indicadores con los que la Ley determina debe medirse el nivel de saneamiento que hay en las arcas municipales.

El informe evidencia que en cuanto al indicador de Ahorro Neto han sido 8 los ayuntamientos que han alcanzado el nivel establecido por la norma, lo que supone una cantidad de cumplimientos similar a la del ejercicio 2009.

La tendencia del indicador de Endeudamiento a Largo Plazo en cambio fue negativa, cumpliendo 68 ayuntamientos en 2010.
En cuanto al indicador de Remanente de Tesorería, se ha mantenido respecto al 2009, al cumplir 60 ayuntamientos este indicador en el 2010.

La Gestión Recaudatoria mejoró, pasando a cumplirlo 70 ayuntamientos, uno más que en el 2009.

Por último, el Esfuerzo Fiscal empeoró respecto al 2009, cumpliéndolo, en 2010, 73 ayuntamientos.

Los indicadores cubiertos por más Ayuntamientos han sido el Esfuerzo Fiscal, superado por 73 de las 88 corporaciones y la Gestión Recaudatoria superado por 70 Ayuntamientos. El Ahorro Neto, es el indicador que menos Ayuntamientos alcanzan. Se observa una evolución similar por parte de los Ayuntamientos en el cumplimiento de los indicadores de saneamiento del FCFM, con una ligera mejoría al cumplir un Ayuntamiento más que en el 2009 los tres indicadores de saneamiento.

El Fondo Canario de Financiación Municipal cumple una triple misión: supone un complemento para la financiación de los ayuntamientos (que suma estos recursos a los que reciben por la distribución de los ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal, las transferencias de la Administración del Estado y la financiación propia de los municipios a través de sus tributos). Además, el fondo es una herramienta que pretende incentivar a los ayuntamientos para que tengan sus cuentas saneadas y sirve a las Administraciones locales para evaluarse a sí mismas y disponer de datos fehacientes para diseñar sus propias planificaciones.

En 2011, el Gobierno canario distribuyó 223 millones de euros a través de esta fuente de financiación complementaria. De ellos, la mitad (111 millones de euros aproximadamente) deben destinarse a inversión o a financiar medidas de saneamiento, dependiendo del grado de cumplimiento de los indicadores de ahorro neto, remanente y endeudamiento a largo plazo. Los resultados de las auditorías del año 2010 han supuesto que en 2011, casi 104 millones de euros hayan quedado ligados a la financiación del saneamiento de los ayuntamientos, ya que 80 han incumplido al menos con uno de los tres indicadores.

La otra mitad del fondo de 2011, que según la Ley queda a libre disposición de los ayuntamientos, está afectada por un sistema de penalizaciones y premios con el que se pretende incentivar el cumplimiento de los parámetros de gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal. En este sentido, la penalización aplicada en 2011 ha superado los 3,5 millones de euros, cantidad que ahora se distribuirá como premio entre los ayuntamientos que sí han logrado cumplir los cinco indicadores.

El objetivo del Ejecutivo canario es conseguir una administración más transparente y con mayor capacidad de gestión

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy encomendar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de un programa estratégico para el período 2012-2014 con el objetivo de afrontar la modernización y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este documento será elevado al Ejecutivo para su aprobación en el primer semestre del año.

El Ejecutivo canario entiende que en el contexto de crisis económica global la acción pública debe enfrentarse, aún más, a la exigencia de eficacia y eficiencia en la gestión de recursos. Por ello, se hace necesaria la adopción de medidas de diversa índole con la finalidad, por un lado, de evitar duplicidades y solapamientos en las funciones atribuidas a las órganos de control interno, concentrando las funciones relacionadas con la modernización administrativa y calidad de los servicios en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad como responsable del proceso de modernización.

Por otro lado, se trata de consolidar el proceso de mejora y modernización iniciado y culminar la consecución del objetivo que se ha marcado el Gobierno de Canarias de conseguir una administración más transparente y con mayor capacidad de gestión.

El programa estratégico estará centrado en el desarrollo e implantación de la administración electrónica, en la simplificación de procedimientos administrativos y reducción de cargas administrativas y en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos. El Gobierno quiere con estas actuaciones hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con la Administración y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de medidas que mejoren la sostenibilidad de los recursos naturales.

Otro de los objetivos que se pretende es eliminar las barreras burocráticas con las que se encuentra la ciudadanía en su relación con la Administración y lograr la plena integración de la población a la Administración Pública estableciendo servicios de calidad que satisfagan sus necesidades. El Ejecutivo canario aspira asimismo a incorporar y consolidar la evaluación de los programas y las políticas públicas como herramienta de rendición de cuentas a la ciudadanía canaria.

El documento tendrá otras líneas de actuación, como la mejora de los sistemas de dirección y los procesos de gestión administrativa mediante la incorporación de la dirección por objetivos; la potenciación y el desarrollo del capital intelectual de la administración canaria, y la incorporación de la perspectiva de género en las fases de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas.

La implicación de todo el Gobierno de Canarias y sus organismos públicos es indispensable para el cumplimiento de los objetivos, por lo que se creará en cada departamento una unidad de modernización administrativa que será la encargada de asesorar, impulsar y coordinar la ejecución del programa estratégico para el período 2012-2014.

El Ejecutivo canario considera prioritario el mantenimiento de los recursos que garantizan la atención a las mujeres que sufren la violencia machista

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy autorizar los convenios de colaboración a suscribir entre el Instituto Canario de Igualdad y los siete cabildos para el mantenimiento y consolidación del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas de la Violencia de Genero para 2012. La aportación económica del Ejecutivo canario asciende a 5.015.000 euros, mientras que el conjunto de las corporaciones locales destinarán 4.240.840 euros.

Estos acuerdos contemplan actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género, así como la gestión de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros especializados de atención a las víctimas de violencia de género, la puesta en marcha de otros nuevos y el asesoramiento, la protección integral y la asistencia multidisciplinar de las mujeres víctimas y de las personas de ellas dependientes.

Dichas actuaciones están dirigidas a prestar atención inmediata, a través del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), y atención e intervención especializada, mediante los servicios y centros de información, orientación y asesoramiento, así como de atención e intervención integral y multidisciplinar. También incluyen la acogida temporal en los diferentes centros alojativos: Centros de acogida, casas de acogida y pisos tutelados.

El Gobierno de Canarias suscribe desde 2002 convenios con las corporaciones insulares en materia de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Inicialmente, y hasta 2006, se firmaron con el objetivo de crear la Red Canaria de Servicios de Atención, Información, Asesoramietno y Cetros Alojativos Temporales para las mujeres víctimas, y desde el año 2007 estos acuerdos están dirigidos al desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección de las Mujeres frente a situaciones de violencia de género. Los últimos convenios, de 2011, expiraron el 31 de diciembre pasado.

Pese a la situación económica actual que obliga a ajustar el gasto, el Ejecutivo canario ha considerado prioritario el mantenimiento de los recursos que garantizan la atención a las mujeres que sufren violencia de género. Canarias sigue siendo una de las Comunidades Autónomas con mayor número de denuncias, por lo que el Gobierno de Canarias se compromete a no bajar la guardia para seguir luchando contra esta terrible lacra social y así se ha reflejado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012.

Para la financiación del sistema de prevención y protección de las víctimas de violencia de género, el Instituto Canario de Igualdad aporta 5.015.000 euros que se repartirán entre los siete cabildos. El Hierro contará con 55.110 euros; La Gomera 80.150; Fuerteventura 215.430; La Palma 250.500 y Lanzarote 355.710 euros. El importe para los convenios con los cabildos de Tenerife y Gran Canaria asciende a 2.029.050 euros para cada uno de ellos.

Las asignaciones insulares, aceptadas por los Cabildos, están calculadas aplicando criterios objetivos, como el número de alertas al DEMA o el número de mujeres atendidas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción del Convenio de Gestión entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la ejecución de medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias, competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El coste de la prestación del servicio convenido asciende a la cantidad de 17.300.000 euros.

La antes denominada Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, suscribió con fecha 30 de diciembre 2010, convenio de encomienda de gestión con la Fundación Canaria de Juventud IDEO, medio propio del Departamento y ente instrumental para el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución de las medidas dictadas por los Jueces y Fiscales de Canarias, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La vigencia del citado convenio expiró el 31 de diciembre de 2011, por lo que se lleva a cabo la suscripción con dicha Fundación de un nuevo Convenio de encomienda de gestión.

La Fundación Canaria de Juventud IDEO es una Entidad sin fin lucrativo, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes en cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra "el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren".

El año 2011 finalizó con una reducción del gasto en medicamentos de 48,8 millones de euros con respecto al año anterior

La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno del gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de diciembre, en el que la factura total se situó en 37.487.670 euros, un 14,26% menos respecto al mismo periodo de 2010, lo que supone una contención del gasto en 6.233.666,06 euros.
Se trata de la tercera disminución del gasto mensual en medicamentos más importante de 2011, por detrás de la registrada en abril, que alcanzó un descenso del 19,72%, y noviembre, del 16,36%. Con porcentajes por debajo del 14,26% de diciembre, se situaron el resto de mensualidades -excepto agosto, que arrojó un ligero aumento del 2,96%-, con decrecimientos que oscilaron entre el 0,20% de febrero y el 12,85% de septiembre.
Estos datos confirman la tendencia continuada y sostenida en el tiempo hacia la racionalización del gasto en medicamentos en la Comunidad Autónoma, como evidencia que el período comprendido entre enero-diciembre de 2011 se saldara con un gasto acumulado de 487.447.273,90 euros, un 9,11% menos respecto a enero-diciembre de 2010, lo que representa un ahorro de 48.864.673,37 euros.
En el origen de este descenso han confluido nuevamente los siguientes factores: la reducción del número de recetas emitidas, del gasto medio por receta y del gasto medio por usuario.
La favorable evolución de estos indicadores es el resultado de la efectividad de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Farmacia del SCS, para mejorar la calidad de la prescripción farmacéutica y realizar un uso más racional de los medicamentos entre la población.
Entre las medidas instauradas figura la puesta en marcha de la Receta Electrónica Continua, la prescripción por principio activo, un mayor uso de las especialidades genéricas, la formación de los profesionales sanitarios en mejora de la prescripción y las campañas de sensibilización.
Indicadores de diciembre
En cuanto al balance de facturación del mes de diciembre, del informe emitido por la Dirección General de Farmacia del SCS se desprende que los centros sanitarios de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma prescribieron un total de 3.387.128 recetas, del orden de 212.101 menos que en diciembre de 2010, y a coste medio de 11,07 euros, un euro con ocho céntimos más baratas.
En cuando al gasto medio por usuario (activos y pensionistas) experimentó una disminución en el período de referencia del 14,60%, al pasar de 22,28 a 19,03 euros. Este descenso fue más acusado entre los usuarios pensionistas, del 17,22%, que entre los usuarios activos, del 12,72%.
Asimismo, se redujo en un 6,27% el promedio de recetas emitidas por usuario, que disminuyó de 1,83 a 1,72 en los meses de diciembre de 2010 y 2011.
Receta electrónica

Respecto a la dispensación con receta electrónica, en diciembre se emitieron 2.692.569 recetas electrónicas, lo que supuso el 77,98 % del total de recetas expedidas.
Los porcentajes por Área de Salud fueron: 77,38% en El Hierro, 81,91% en La Gomera, 82,49% en La Palma, 81,71% en Fuerteventura, 80,12% en Lanzarote, 83,04% en Tenerife y 71,59% en Gran Canaria.
La Dirección General de Farmacia, del Servicio Canario de la Salud, continúa con las actividades del Plan Formativo 2011, que se lleva a cabo en las siete Áreas de Salud y están dirigidas a médicos de Atención Primaria y Especializada, farmacéuticos y personal de enfermería de las instituciones sanitarias.
En diciembre de 2011 impartió un curso sobre Uso Racional del Medicamento relacionado con la mejora en la calidad de la prescripción en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, al que asistieron 35 discentes.

La primera fase de este proceso consiste en el análisis pormenorizado de los puestos de trabajo en servicios horizontales para determinar con exactitud cuál es su carga de trabajo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la puesta en marcha de medidas para la racionalización y distribución de efectivos y puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este acuerdo contempla la realización de análisis detallados de las disponibilidades de efectivos y puestos de trabajo y de las necesidades de personal ¿cuantitativas y cualitativas según perfiles profesionales y cualificación requerida- y de cargas de trabajo. Ésta es la primera vez que se realiza un estudio pormenorizado de este tipo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El objetivo de este acuerdo es localizar, en una primera fase, los servicios en los que puede existir necesidad de aumentar recursos humanos y aquéllos en los que la carga de trabajo es inferior. En una segunda fase, se estudiará la posibilidad de traspasar a empleados públicos de los servicios menos ocupados a aquéllos que están más saturados en cada momento, diseñando para ello los mecanismos administrativos que hagan viable con agilidad esta acción. Todo ello, para seguir avanzado en la mejora de la gestión de la Administración y en la atención a los ciudadanos.
El Gobierno de Canarias considera que la planificación de los efectivos y la utilización más eficiente de los mismos son instrumentos esenciales para el adecuado funcionamiento de las administraciones públicas, lo que resulta especialmente necesario en situaciones como la actual, con un fuerte agravamiento de la situación económica, donde los recursos disponibles son limitados y han de buscarse fórmulas que permitan avanzar en la eficacia en la prestación de servicios.
El proceso de racionalización de efectivos y de puestos de trabajo se realizará por fases. El acuerdo aprobado contempla un primer estadio en el que se delimitan las áreas funcionales en las que se deben comenzar los estudios y análisis que conlleven a un mejor dimensionamiento y eficiencia de la estructura de recursos humanos.
Las primeras áreas objeto de análisis son las de Recursos Humanos (gestión de Personal y Nóminas) Registro; Mantenimiento, Conductores y Subalternos; Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; Subvenciones y Aportaciones dinerarias: Contratación y Encomiendas de Gestión; Inspección, y Gestión de Ingresos Públicos. El Gobierno de Canarias considera preciso iniciar los estudios en dichos departamentos al ser trasversales y prioritarios para el funcionamiento de la Administración.
Para efectuar este proceso se constituirán dos grupos de trabajo; uno de coordinación, presidido por la Viceconsejería de Administración Pública e integrado por altos cargos de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía y Hacienda, y otro técnico, formado por personal funcionario o laboral de todas las consejerías del Gobierno de Canarias con conocimiento específico en las áreas objeto de estudio.
El grupo de coordinación se constituirá en el plazo de los 15 días siguientes a la aprobación del acuerdo y posteriormente determinará el plazo de creación y la periodicidad de las reuniones del grupo técnico. La constitución de estos grupos no generará gastos extras para las arcas canarias tal y como se contempla en las medidas de ahorro del gasto aprobadas por el Ejecutivo canario.
Una vez efectuado el análisis y el estudio de cada una de las áreas, el grupo de coordinación propondrá la fijación de criterios objetivos sobre el adecuado dimensionamiento de cada área al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad quien, en el caso de que resulte necesario, dictará una Orden de distribución de efectivos y/o puestos de trabajo en cada área funcional.
Finalizado el estudio de las ocho primeras áreas el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, determinará las siguientes áreas funcionales objeto de análisis.
Los empleados públicos que sean objeto de una distribución recibirán la formación necesaria para el adecuado desempeño de sus tareas a través del Instituto Canario de Administración Pública.

Ambas plantas son endémicas de la isla de La Gomera

El Consejo de Gobierno aprobó en sus sesión de hoy el Plan de Recuperación de la Yesquera de Aluce y de la Siempreviva Gigante (helichrysum alucense y limonium dendroides), dos plantas endémicas de la isla de La Gomera que están incluidas con la categoría de "en peligro de extinción", tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

La Yesquera de Aluce es un pequeño arbusto que apenas alcanza los 30 cm de altura, de ramas erectas cubiertas de pelos, con hojas de color gris plateado e igualmente pelosas y flores amarillentas. La única población conocida ronda los 544 ejemplares según el último censo realizado en 2007, localizándose en los riscos costeros del Aluce en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, y dentro de los límites de la Reserva Natural Especial de Puntallana.

Por su parte, la Siempreviva Gigante es un arbusto que llega a alcanzar los 2'5 m de altura, densamente ramificado, con hojas lustrosas de color verde oscuro y flores pequeñas de color rosáceo. La especie se distribuye en unas pocas localidades en la mitad sur de La Gomera. Los ejemplares conocidos se refugian en pequeños andenes en zonas que se corresponden con áreas potenciales de bosquetes y matorrales del termófilo, aunque también son observados en ambientes de cardonal-tabaibal.

De los núcleos conocidos tres se encuentran situados en el interior de espacios naturales protegidos (una parte del núcleo de Azadoe se localiza dentro de la Reserva Natural Integral de Benchijigua, las plantas del Cabrito se localizan en el Monumento Natural del Barranco del Cabrito y el núcleo del Barranco de Argaga se localiza dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey). El resto de núcleos se localiza fuera de la red canaria de espacios naturales protegidos. La población global en el medio natural según censos de 2009 ronda los 43 ejemplares; de ellos, 25 son naturales y 18 restituidos.

El principal factor de amenaza en el caso de la Yesquera de Aluce, Helichrysum alucense, es la predación por parte del ganado caprino y ovino encontrándose por ello las plantas refugiadas en andenes y grietas de las partes más verticales de los riscos, donde la disponibilidad de hábitat es muy limitada y ocurren desplomes de terreno. Para el caso de la Siempreviva Gigante, Limonium dendroides, el principal problema con que se enfrenta la especie de cara a su conservación es la actual ausencia de ejemplares juveniles y de plántulas, procedentes de germinación natural. Esta situación se presenta como una consecuencia derivada del pequeño tamaño de los núcleos, de la fragmentación de las subpoblaciones y de los problemas reproductivos de la especie.

El presente plan pretende llevar adelante el control del ganado en el ámbito de distribución de la población de Helichrysum alucense, a fin de favorecer la estabilización de sus efectivos; así mismo, se propone la creación de nuevos núcleos, a fin de evitar que los riesgos de posibles catástrofes puedan conllevar la pérdida irreversible de la especie.

Las principales acciones propuestas para Limonium dendroides son actuaciones de propagación, favoreciendo tanto el cultivo a partir de semillas como la multiplicación vegetativa a fin de proceder posteriormente al reforzamiento de los núcleos actuales con las plantas obtenidas; y contemplando adicionalmente la posibilidad de creación de nuevas subpoblaciones, siempre de forma debidamente motivada, y en aquellos sectores del territorio donde la actuación parezca aconsejable.

Este plan ha sido diseñado para ejecutarse en un periodo de cinco años, plazo en el que se espera alcanzar una recuperación sostenible de estas dos especies, tras el cual se valorará el éxito de las medidas adoptadas y la necesidad o no de desarrollar un nuevo plan.