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29 de noviembre del 2018 - 16:26

El Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025 planifica más de 23.000 nuevas plazas escolares

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias demandó hoy en el Parlamento autonómico que el Estado respete el acuerdo plurianual para construir infraestructura educativa alcanzado por los presidentes autonómico y estatal
La consejera, durante una comisión parlamentaria.
La consejera, durante la comisión parlamentaria.

El Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025 contempla más de 140 obras de construcción, renovación o sustitución de inmuebles educativos, de manera que al final del periodo el archipiélago contará con al menos 23.000 plazas de nueva factura. Su construcción tiene un coste cercano a los 420 millones de euros, a los que, según la consejera del área, Soledad Monzón, "hay que añadir 88 millones más para obras de rehabilitación, ampliación y mejora de menor envergadura, que no están nominadas en el Plan". De esta manera, la inversión prevista hasta 2025 superará los 507 millones de euros.

En este sentido, Soledad Monzón señaló la importancia que ha tenido la aportación estatal de fondos, "para equilibrar el retraso histórico que tenía Canarias en materia de infraestructura educativa, desde el mismo momento del traspaso de competencias en 1.983". Una diferencia "que sigue existiendo y que justifica el compromiso de financiación del PIEC, por 42 millones de euros, que recogen los presupuestos estatales de 2018".

Sin embargo, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias "sigue pendiente de que el Estado asuma la plurianualidad del convenio". Monzón explicó que "cada vez que hablamos con el Ministerio, nos indica que no tienen la autorización para firmar un convenio plurianual, pese a que ese fue el acuerdo alcanzado entre nuestros presidentes".

Pese a esa incertidumbre, la Consejería de Educación y Universidades ha elaborado y presentado el Plan de Infraestructuras "que asumimos en los posible con fondos propios, como hemos hecho desde que se suprimieron las partidas del PIEC de forma unilateral en 2012".

La consejera autonómica desglosó en comisión parlamentaria el contenido de este plan, que hace un resumen de diferentes aspectos relacionados con la planificación de nuevos centros, como el régimen competencial, los criterios de selección de las obras o la evolución del alumnado.

Además, indicó a los diputados y diputadas de la comisión que el Plan es "un documento vivo, en el que seguro que faltarán algunas obras que puedan considerar importantes o donde se podrán adelantar otras de ser necesarias, para lo que podrán hacer toda las propuestas que deseen durante los próximos meses".

Resumen del Plan

En su intervención, la consejera desgranó cada uno de los epígrafes en los que se ha dividido el plan. En el primero, se ha hecho un compendio breve de cuál es la situación normativa y competencial en esta materia. Desde el mismo momento del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma, en 1.983, se estableció un sistema competencial que apenas ha variado hasta nuestros días, en el que todas las competencias en la gestión, construcción y planificación de centros nuevos son competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma, a excepción de las que se reserva el Estado y algunas otras que quedan en manos de los ayuntamientos y afectan a lo que entonces se denominaba 'colegios municipales'.

En concreto, el Estado se reservó "La planificación económica general de las inversiones dentro del ámbito establecido por el articulo 131 de la Constitución, de acuerdo con las previsiones que le serán suministradas por la Comunidad Autónoma". Por otra parte, reservó para los ayuntamientos competencias relacionadas con los actuales Centros de Educación Infantil y Primaria, relativas a su vigilancia y mantenimiento y, las posteriores modificaciones legales, incluso con posterioridad a la Lomce, han variado algunos aspectos que afectan también a la construcción de nuevos centros de todas las etapas.

Una vez determinado ese régimen competencial, la consejera planteó que "hay que ser conscientes de dónde estamos y del retraso histórico que hemos tenido siempre y que, aún hoy, sigue condicionando las obras a realizar". Para concretar esas malas infraestructuras en el momento de las transferencias, el Plan hace referencia a varios documentos anteriores, como el Plan Estratégico de Empleo 2002-2006 del Gobierno de Canarias; el Plan Sur de Infraestructura Educativa 2002-2006; la Estrategia Integral para la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada por el Ministerio de Política Territorial en diciembre de 2009; y el Proyecto de colaboración Público-privada de la anterior legislatura, que concluyó sin adjudicaciones de obra.

En el siguiente epígrafe, el Plan detalla los criterios empleados para determinar dónde son necesarias las obras y que son: la población y los flujos migratorios; la orografía, que fuerza a tener muchos más centros educativos de lo que sería habitual con nuestra superficie, y la mejora de las comunicaciones, que hace el efecto contrario, acercando núcleos que antes parecían muy lejanos, lo que también amplía las posibilidades de elección de centro de las familias; el estado de los centros actuales, para reformar e incluso sustituir las aulas que sea necesario; y la normativa de escolarización y sobre las necesidades educativas, que es un factor que también varía con el tiempo, por ejemplo, incidiendo en las ratios o en la necesidades de contar con aulas específicas, lo que también condiciona las características de los centros a edificar.

El siguiente apartado del Plan recoge los principales datos de evolución del alumnado, tanto históricos como los de cursos más recientes, y otras informaciones de interés. Como resumen, la consejera explicó que en Canarias hay más de 350 centros públicos con más de 40 años, que se mantiene la necesidad de incrementar plazas en el sur de Gran Canaria y Tenerife y en toda Fuerteventura y Lanzarote, fundamentalmente; que entre 1990 y 2008, se produjo un incremento de población superior al 30%, que hizo insuficientes todas las obras emprendidas para lograr paliar el retraso histórico en la materia; y que, aunque en la última década se ha observado un descenso de alumnado a raíz de la crisis, parece comenzar a recuperarse con el incremento de alumnado en el primer curso de Infantil en los dos últimos cursos, en unos 700 alumnos y alumnas.

"Estos son los parámetros por los que nos hemos guiado y que han servido para la proyección hasta 2025 de las obras necesarias, en un plan que ya está iniciado, con las 13 obras en construcción o vías de licitación que ya tenemos en marcha y sobre las que hemos tenido oportunidad de dialogar en numerosas ocasiones" -concluyó la consejera, antes de indicar que el anexo del Plan, con todo el listado de obras, está ya disponible en la página web de la Consejería.

 
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