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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
12 de junio del 2018 - 12:13

Infancia otorga 613.534 euros a Las Palmas de Gran Canaria para la prevención del riesgo

Para Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, se trata del primer nivel de atención en el que los trabajadores sociales detectan si se están cubriendo sus derechos y necesidades básicas

Se trata de un  recurso básico tanto para la infancia como para sus familias, en el que los trabajadores sociales y los diferentes profesionales de los equipos multidisciplinares detectan si se están cumpliendo los derechos de los niños y niñas en su entorno, sus carencias, o si se cubren o no, sus necesidades básicas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibirá este año 613.534,40 euros para dotar económicamente a sus equipos territoriales de prevención al riesgo de menores y sus familias.

Se trata, según manifestó Francisco Candil, viceconsejero de Politicas Sociales y Vivienda del primer nivel de atención "son un recurso básico tanto para la infancia como para sus familias en el que los trabajadores sociales y los diferentes profesionales de los equipos multidisciplinares detectan si se están cumpliendo los derechos de los niños y niñas en su entorno, sus carencias, o si se cubren o no, sus necesidades básicas". "Una vez detectado el riesgo"-continuó Candil- "se trabaja con la familia y se buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías".

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con cuatro equipos especializados en Infancia y Familia, uno en Ciudad Alta, otro en La Isleta-Puerto-Guanarteme, un tercero en el distrito Centro y el cuarto en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. En total, trabajan en los equipos 39 profesionales. El pasado ejercicio, los beneficiarios directos de estos programas ascendieron a 3.515 entre, menores, progenitores o personas que ejercían la tutela de los niños y niñas, a los que hay que sumar otros 483 beneficiarios indirectos que son aquellos miembros de la familia extensa que pueden vivir con los y las menores.

La Ley de protección integral del menor considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

"Es importante resaltar que el riesgo es una medida preventiva y protectora, lo que se pretende es ayudar al menor y a su familia y que ningún menor podrá ser declarado en desamparo por cuestiones económicas o por discapacidad y esto está reflejado ya de forma más taxativa en el anteproyecto de ley de protección del menor que ya está en el Gobierno y se encuentra ahora esperando el dictamen del Consejo Económico y Social".

"El trabajo que se hace desde los ayuntamientos es, como dije, esencial en la protección de la infancia, en el se realizan desde la investigación y la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia" continuó Candil.

Como recurso preventivo la situación de riesgo establece entorno a la familia programas de apoyo, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su ámbito familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.

Los ayuntamiento a través de estos equipos multidisciplinares deben velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.

 
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