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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
09 de junio del 2017 - 11:59

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna ayudarán a pagar el alquiler a las familias con dificultades de las 119 viviendas de San Matías

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, subrayó que el objetivo es dar respuesta a este grupo de familias especialmente vulnerables, “que no cuentan con la capacidad para hacer frente al pago de alquileres de las viviendas”

"Estamos ante un acuerdo entre ayuntamiento de La Laguna y Gobierno de Canarias que viene a responder a las demandas de los vecinos de San Matías, un acuerdo que supone una línea de actuación que estamos dispuestos a estudiar con cualquier ayuntamiento que pueda contar con una iniciativa similar", afirmó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en la rueda de prensa en la que se presentó un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo contribuir al pago del alquiler de las familias con dificultades económica del grupo 119 viviendas protegidas en San Matías, única promoción de vivienda pública de alquiler privado de titularidad de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SA (Visocan).

En su intervención, Valido, quien estuvo acompañada por el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, y la concejala de Bienestar Social, Flora Marrero, destacó la importancia de este acuerdo "dirigido a familias especialmente vulnerables, que no cuentan con la capacidad para hacer frente al pago de alquileres de las viviendas".

El acuerdo recoge destinar 332.100,00 euros entre el 2017 y el 2020, para contribuir al citado pago de alquiler de las familias de las 119 viviendas de San Matías que tengan dificultades económicas, al tiempo que los beneficiarios de las ayudas municipales asumen una contribución mínima al pago de la renta mensual –fijado en 50 euros-- y el compromiso de participar en aquellas políticas sociales que determine el Ayuntamiento y demás actividades formativas para mejorar su empleabilidad.

El objeto del acuerdo persigue – además de garantizar que ninguna familia con dificultades económicas para pagar su vivienda sea desahuciada-- atender una necesidad económica básica a través de ayudas municipales a quien resulte beneficiario. Visocan como titular de las viviendas y de los arrendamientos deberá, por su parte, cumplir con sus obligaciones como es reparar los desperfectos en los inmuebles.

El importe de la ayuda será para cada beneficiario, como máximo, del 50% de la diferencia entre el precio del alquiler fijado por Visocan según la tipología de la vivienda y la cuota que asume el inquilino, conforme al criterio establecido en el Decreto 221/2000 (que recoge los criterios para calcular lo que se debe pagar en función de los ingresos) y, ambas cuantías a recoger en el nuevo contrato de modo que para una vivienda de una habitación el importe máximo de la ayuda no podrá superar los 50 euros, para la de dos habitaciones no será superior a 75 euros y para el supuesto de que la vivienda tenga 3 habitaciones el importe de la ayuda no superará 100 euros.

Además, el área de Bienestar Social determinará los programas y actuaciones en que deberán participar los beneficiarios de las ayudas y su grado de cumplimiento.

Entre las obligaciones de Visocan también se establecen los precios máximos de alquiler de las viviendas arrendadas en función de la tipología de las viviendas (1 habitación, 150 euros; 2 habitaciones, 200 euros; y 3 habitaciones, 250 euros). También deberán determinar qué inquilinos pueden adquirir la condición de beneficionarios de las ayudas reguladas en el convenio que estarán determinadas por los ingresos de la unidad familiar.

Por otro lado, el acuerdo también recoge para cumplir con el derecho a una vivienda en propiedad, existe el compromiso de Visocan el estudiar e impulsar el cambio de calificación de alquiler a venta respecto de los inquilinos que están corrientes al pago.