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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
08 de octubre del 2018 - 12:39

El Gobierno refuerza la vigilancia sobre el fraude en la contratación con 32 nuevos inspectores

En lo que llevamos de año, la Inspección ha beneficiado a más de 10.000 trabajadores que tenían contratos fraudulentos

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha presentado a los representantes sindicales y empresariales un plan extraordinario que prevé inspeccionar como mínimo 1.280 empresas para vigilar el fraude en la contratación. Esta actuación de refuerzo se sumara a la actividad ordinaria de la Inspección que solo hasta el mes de septiembre ha mejorado la situación laboral de más de 10.000 trabajadores que tenían contratos fraudulentos o carecían de ellos.

La campaña extraordinaria contará con un refuerzo de 32 nuevos inspectores destinados en las Islas y se va a llevar a cabo en dos fases, una que dará comienzo el 15 de octubre y la otra en noviembre de 2018, con una duración de tres semanas cada una de ellas. Valido recordó "la efectividad de estas campañas extraordinarias que refuerzan la planificación ordinaria y que investiga a empresas previamente seleccionadas". "De hecho -añade- como ha reconocido el Estado, este plan extraordinario sirvió de base para la elaboración del recién presentado plan director por un Trabajo Decente 2018-2019-2020".

"Queremos que se cree, genere y mantenga el trabajo de calidad y desde luego acabar con el abuso" constató Valido que aseguró que este plan "se justifica más que nunca en un momento de crecimiento del empleo". "Sumamos estos 32 inspectores a los 90 que ya tenemos en plantilla en defensa de los trabajadores que sufren abuso, de las empresas que incumplen y realizan competencia desleal".

El director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, expuso las principales resultados de la actividad ordinaria de la Inspección durante los primeros 9 meses de este año y que ha permitido la transformación de 7.000 contratos irregulares de los que 6.000 eran contratos temporales que se han convertido en indefinidos y otros mil con jornadas a tiempo parcial inferiores a las que realizaban los trabajadores.

A estos 7.000 se debe añadir los 3.000 empleos aflorados de personas que desempeñaban su labor sin contrato. Un total de 10.000 trabajadores que mejoraron sus condiciones laborales gracias a esta labor del Gobierno de Canarias.

Guindín informó también que de las más de 80.000 cartas enviadas por el Estado a empresas aleatoriamente a través del plan director por un Trabajo Decente en toda España, en Canarias se han enviado 3.300 de las que el 63% de las empresas reconocieron que cometían irregularidades y modificaron los contratos. "Hay que valorar estos datos -precisó Guindín- en base a una muy buena selección de las empresas porque las bases de datos muestran las empresas con indicios de que cometen irregularidades".

Ambos responsables recordaron los resultados de la campaña extraordinaria del año pasado, en la que se mejoró la situación laboral de 2.719 personas que tenían contratos irregulares o no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Esta actuación, que se concentró en dos meses, reforzó la actividad ordinaria de la Inspección e incrementó sus resultados en un 24,75% en materia de temporalidad y un 26,88% en materia de incremento de la jornada en los contratos a tiempo parcial.

El plan extraordinario se enmarca en el convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el pasado 26 de julio y que articula de forma expresa el refuerzo de efectivos que se desplazarán de otras comunidades durante dos meses.

El plan plantea como objetivos constatar la situación de alta en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras de las empresas que se visiten; comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales pactadas; convertir los falsos empleos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo, con el consecuente reconocimiento de las horas extras realizadas y evaluar la conversión de contratos eventuales que deben transformarse en fijos.