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Acuerdos de Gobierno
20 de junio del 2017 - 11:05

Desestimada la tramitación de la parcela P-2 del Plan Parcial de Morro Jable al comprobarse su inexistencia física y jurídica

El Consejo aprueba un proyecto de Decreto por el que se determina la situación física y jurídica de la citada parcela

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, no ejercitar ninguna de las opciones contempladas en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo (LMU) respecto a la parcela P-2 del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable Programado (SUP-1) de Morro Jable, en el municipio de Pájara. A tal fin, ha aprobado un proyecto de Decreto por el que se determina la situación física y jurídica de la citada parcela y se adopta la resolución con relación a la solicitud formulada por la empresa Dehesa de Jandía S.A.

Esta desestimación, que viene avalada por informes técnicos y jurídicos de los correspondientes servicios del Gobierno de Canarias, se aprueba tras una sentencia del TSJC que instaba a la Administración autonómica a iniciar y tramitar la modificación del planeamiento general, en el supuesto de que el Gobierno de Canarias no opte por la expropiación forzosa del suelo, o por la enajenación a terceros de la propiedad o el derecho de superficie en su caso, en la forma establecida por la Ley.

El proyecto de Decreto de desestimación ahora aprobado se sustenta, básicamente, en que la mencionada parcela está en un suelo en situación real de rural (suelo rústico), sin ordenar pormenorizadamente y sin contar con urbanización materialmente ejecutada, en la que no existen aprovechamientos urbanísticos y, mucho menos, derechos edificatorios atribuibles al suelo, que la entidad peticionaria identifica incorrectamente en cuanto parcelación derivada de un Plan Parcial inexistente como parcela P-2.

La situación física y jurídica que realmente ostenta el suelo en cuestión impide, por tanto, valorar derechos de ningún tipo, al ser inexistentes los derechos edificatorios y, en consecuencia, resulta jurídicamente imposible ejercitar opción alguna sobre las alternativas recogidas en el artículo 17.1 de la LMU, tales como modificación de planeamiento, expropiación o enajenación a terceros de la propiedad o el derecho de superficie.

Este Decreto será ahora remitido al TSJC y a la empresa peticionaria.