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Acuerdos de Gobierno
16 de enero del 2017 - 13:12

El Consejo de Gobierno desbloquea la puesta en marcha de la EDAR del Sistema Este de San Bartolomé de Tirajana

La medida permitirá que las aguas residuales de Aldea Blanca, Castillo del Romeral y Juan Grande, y del propio centro penitenciario ubicado en esta localidad, dejen de ser tratadas en la EDAR de la Mancomunidad del Sureste

El Consejo de Gobierno, reunido hoy en Las Palmas de Gran Canaria, ha aprobado el decreto por el que se desbloquea la puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Sistema Este de San Bartolomé de Tirajana, lo que permitirá dejar de bombear aguas residuales sin tratar a la EDAR de la Mancomunidad del Sureste procedentes de las poblaciones de Aldea Blanca, Castillo del Romeral y Juan Grande, así como las del centro penitenciario ubicado en esta última localidad del municipio grancanario.

La medida ha sido adoptada a instancias de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, tras detectarse que las canalizaciones de la red de saneamiento de Santa Lucía no podrán absorber el incremento del caudal previsto en estas poblaciones lo que, unido a la obsolescencia de la mismas, no están en condiciones de seguir prestando este servicio. El inminente riesgo de colapso, obstrucciones y averías de estas infraestructuras, que pueden derivar en un riesgo ambiental y sanitario, es lo que ha llevado al Gobierno a aprobar este decreto que desbloquea la entrada en servicio de esta EDAR de San Bartolomé de Tirajana.

Para la aprobación de este decreto se ha establecido por parte de la Dirección General de Protección de la Naturaleza una serie de condicionantes medioambientales, referidos todos ellos a la fase operativa del proyecto, con el fin de evitar o minimizar su impacto ambiental, lo que justifica, de facto, la exclusión del mismo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Hay que recordar que la EDAR del Sistema Este de San Bartolomé de Tirajana está completamente terminada desde 2013 y cuenta con autorización del Consejo Insular de Aguas desde abril de 2011. Sin embargo, no había podido ser puesta en servicio por la ausencia de declaración de impacto ambiental específica para estas instalaciones, cuyo objeto era inicialmente depurar las aguas residuales procedentes del centro penitenciario y que luego se estimó procedente incorporar las de las poblaciones próximas ya mencionadas.