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Acuerdos de Gobierno
24 de octubre del 2016 - 13:11

El Consejo de Gobierno inicia el trámite de la nueva Ley de Servicios Sociales

Se trata de una ley que crea derechos y un Sistema Canario de los Servicios Sociales donde habrá una historia social única y una tarjeta social, novedades que van a mejorar la gestión de los usuarios
Fernando Clavijo preside la reunión Gobierno, reunido hoy en Gran Canaria.
Fernando Clavijo preside la reunión Gobierno, reunido hoy en Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy a la tramitación de la nueva Ley de Servicios Sociales, un texto que fue presentado el pasado viernes al Consejo General de Servicios Sociales y que ha contado con un proceso participativo que ha permitido el máximo consenso posible: incluye más de 300 aportaciones y el visto bueno de todos los sectores que van a intervenir en su aplicación posterior.

Esta ley -que entra ahora en periodo de alegaciones-, entre otras muchas novedades, va a crear derechos, se va a pasar del asistencialismo a los derechos. Se acabó el concepto de beneficencia en su sentido tradicional para pasar al de sistema de derechos, es decir, de concebir los servicios sociales como algo que depende de la buena voluntad del gerente de turno, a un servicio profesionalizado con un sistema integral, una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones.

Se crea por primera vez el Sistema Canario de los Servicios Sociales que viene a poner orden donde antes había desorden. Se fija un itinerario que permite que no nos quedemos solo en la emergencia sino que trabajemos en la inclusión, en resolver lo urgente, sin olvidar lo importante.

Uno de los pilares fundamentales de este sistema es el establecimiento del Sistema de Información los Servicios Sociales, que ordenará la información relativa a las personas y permite hacer un seguimiento serio y eficaz en una sola fuente. Se propone acabar así con el recorrido que hace el usuario en la actualidad por Sanidad, por Hacienda o por el ayuntamiento porque se crea una historia social única de los Servicios Sociales de Canarias y, además, una tarjeta social única.

Otras novedades son que el acceso a los servicios sociales de Canarias será a través de un único punto de acceso, el Ayuntamiento, así como el profesional de referencia que atienda a cada persona, la comprenda, la conozca, sepa todo su historial y que será una figura similar a la del médico de familia.

Este profesional de referencia será un trabajador social. Será de libre elección y se introduce la posibilidad de cambio de profesional, de un segundo diagnóstico y del acceso al expediente en cualquier momento. El trabajador social no estará solo, ya que se creará un equipo interdisciplinar, formado además por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, que no dependerá de convenios sino que será una figura que garantizará la ley.

También habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones, que se creará en el plazo de doce meses para que los ciudadanos conozcan las prestaciones a las que tienen derecho. Otra de las cuestiones que contempla el documento es la apuesta clara por la prevención.

Como novedad respecto al borrador que se presentó en julio destaca el papel fundamental que desarrolla el tercer sector.

También se crea el Observatorio de los Servicios Sociales que garantizará el diagnóstico permanente para saber lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, lo cual es una garantía de calidad y de mejora continua.

Los servicios sociales no son una cuestión sólo de las personas desfavorecidas, es un derecho de todos los ciudadanos de Canarias. La ley fija unos sectores prioritarios para determinadas circunstancias, como son las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión social.

Una de las novedades básicas de esta ley es el proceso gracias al cual ha sido elaborada. Se ha hecho de forma muy distinta a como se ha hecho hasta ahora; se ha pedido a los participantes que presentaran un texto sobre el que se ha trabajado con los técnicos de la Consejería implicada.

El Gobierno entiende que una ley con este máximo nivel de consenso no se consigue en dos meses, ya que detrás hay un trabajo serio, riguroso, pegado a la realidad y con un esfuerzo en favor del entendimiento. Precisamente han sido los que una vez aprobada la ley tengan que ponerla en práctica en el día a día los que han hecho las aportaciones más relevantes, por tanto, es una ley hecha fuera de los despachos.

En el proceso participativo han aportado propuestas los colegios profesionales, las entidades del tercer sector, cabildos y ayuntamientos.

En la dirección de las mesas de trabajo han participado también el Comisionado contra la exclusión social y la pobreza, Néstor Hernández, la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, el director general del Menor, Mauricio Roque, y la directora general de Políticas Sociales, Carmen Acosta.

Las mesas en las que se ha trabajado el texto de la ley eran tres: mesa del Tercer Sector, mesa de los colegios profesionales y mesa institucional. Los participantes en dichas mesas son:

1. Mesa del Tercer Sector:

Sumas, Familias Acogida Santa Cruz de Tenerife, AFAAIC, Nuevo Futuro, Aldeas Infantiles, Asociación Coliseo, Asfaca, Proyecto Don Bosco, Cermi, Fasican, Funcasor, Once, Salud Mental Canarias, Plataforma Tenerife Discapacidad, Coordinadora de Personas con Discapacidad, Plena Inclusión Canarias, COCEMFE Canarias, Hogar Santa Rita, AHETE, Voluntariado y Animación al Territorio, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, ONGs, Cruz Roja Española, Mensajeros de La Paz.

2. Mesa con los colegios profesionales:

Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Colegio Profesional de Educadores Sociales, Colegio de Abogados de Lanzarote.

3. Mesa Institucional:

Fecam, Fecai y Gobierno de Canarias.

Fundación General de la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas.

Además de las aportaciones de las mesas, se han recibido propuestas a través de una plataforma interactiva en la que la ciudadanía ha aportado sus ideas y sugerencias al documento.

 
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