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Acuerdos de Gobierno
18 de julio del 2016 - 13:30

El Gobierno aprueba ejecutar cinco parques eólicos en los municipios de Arico y Granadilla de Abona

Los cinco parques tendrán una capacidad total de 97,15 megavatios
Reunión del Consejo de Gobierno en Gran Canaria.
Reunión del Consejo de Gobierno en Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, cinco decretos por los que acuerda la ejecución de cuatro proyectos de parques eólicos en el término municipal Arico, con una capacidad total de 78,75 MW, y un quinto en el municipio de Grandilla de Abona con 18,4 MW, todos en la isla de Tenerife.

Asimismo se ordena iniciar el proceso de revisión del planeamiento territorial que resulte afectado por cada uno de estos proyectos en el plazo de seis meses a partir de la notificación del decreto.

En concreto, los parques que se ordenan ejecutar en el municipio de Arico son: el Parque Eólico La Morra de 6,3 MW promovido por Alas Capital & Gas Natural, S. A.; el Parque Eólico Tagoro Risco Blanco, de 16,45 MW, promovido por Estudio Leyvi's, S. L.; Parque Eólico Icor, de 30 MW, promovido por Sistemas Energéticos Islas Canarias, S. L.; y el Parque Eólico de Arico de 26 MW de Parque Eólico Finca de Mogán.

En cuanto a Granadilla de Abona, el decreto aprobado se refiere a la ejecución del proyecto del Parque Eólico Areté de 18,4 MW, promovido por Parques Eólicos Granadilla A.I.E.

La aprobación de estos decretos forma parte de la estrategia de trabajo que el Gobierno de Canarias está desarrollando con el objetivo de avanzar en la implantación de energías renovables en el Achipiélago.

En todos los textos aprobados se considera que concurren razones justificadas de excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución de dichos proyectos por parte de la Dirección General de Industria y Energía. Además, se explica que la aprobación de los decretos tiene lugar una vez concluido el plazo del trámite de audiencia, en el que las corporaciones implicadas podían informar sobre si los proyectos de las obras estaban conformes o no con sus respectivos planeamientos territoriales.

 
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