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Acuerdos de Gobierno
18 de julio del 2016 - 13:20

El Gobierno aprueba el Reglamento que regula el Consejo de Colaboración Insular

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, explica que se trata del nuevo órgano de coordinación entre el Gobierno y los cabildos

El Gobierno aprobó hoy el decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. El consejero del área, Aarón Afonso, recuerda que este nuevo órgano de coordinación entre el Ejecutivo autonómico y los cabildos sustituye la antigua Comisión de Administración Territorial y las comisiones de delegaciones y de transferencias.

Con la aprobación del reglamento, el Consejo de Colaboración Insular queda integrado por siete representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y otros tantos por parte de los Cabildos, uno por cada Corporación Insular.

El órgano desarrollará las competencias que le atribuye la Ley de Cabildos Insulares, entre ellas, la aprobación del acuerdo en el que se fijen las competencias que se transfieren a los cabildos, las que siguen correspondiendo a la Administración de la Comunidad Autónoma y las que deban compartir; el informe de los planes sectoriales de coordinación, o la propuesta de formas de participación de los Cabildos en los procedimientos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente y cuya formulación y aprobación corresponda a la Administraciones de la Comunidad Autónoma, entre otras.

La constitución y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos, debiendo ser atendido con los medios personales, técnicos y disponibilidades presupuestarias ordinarias asignadas al órgano superior competente en materia de régimen local, no dando lugar a planteamiento de necesidades adicionales de financiación. Lo que sí supone es un avance en la coordinación entre las administraciones, garantizando el buen funcionamiento de los servicios que a nivel autonómico e insular se presta a la ciudadanía.