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Acuerdos de Gobierno
13 de junio del 2016 - 13:24

El Gobierno agiliza los trámites para el abono de las ayudas del Plan de Empleo Social

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 13 de junio, el Proyecto de Decreto por el que se delega en la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, la competencia para autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas, por importe superior a 150.000 euros, que se concedan con cargo al Plan Especial de Empleo Social.

Esta medida se enmarca en la urgencia de realizar los abonos a los municipios que se contemplan en el Acuerdo-Marco de colaboración establecido entre la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario bianual de Empleo Social para el año 2016-2017.

El Programa de Empleo Social es una medida que da respuesta a las dificultades económicas y sociales de los colectivos con más dificultad para acceder a un puesto de trabajo por encontrarse en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, al mismo tiempo que se les permita su reactivación laboral y mejora de la empleabilidad, realizando obras o servicios de interés general y social.

45,2 millones de euros para toda Canarias

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, firmó con el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, el Programa Extraordinario de Empleo Social 2016-2017 que generará una inversión pública de 45,2 millones de euros en toda Canarias y permitirá financiar alrededor de 7.000 contrataciones a personas desempleadas con escasez de ingresos.

Como establece el texto del convenio, los trabajos que llevarán a cabo las personas que se contraten en ejecución de este programa los decidirán los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta el criterio de que las funciones que se realicen deben estar enmarcadas en sectores y categorías profesionales que se consideren prioritarias para el municipio.

Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses y quienes participen en los proyectos que pongan en marcha este año no podrán hacerlo en los que se ejecuten en 2017. El coste laboral mensual de los trabajadores no podrá superar los 1.400 euros.

Los ayuntamientos harán una preselección de trabajadores entre los desempleados del municipio que cumplan una serie de requisitos, como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritos como demandantes de empleo en el SCE durante un mínimo de seis meses en los últimos dos años, figurar empadronado en el municipio con al menos seis meses de antelación al inicio del proyecto y no haber participado en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015. Además del criterio de la escasez de ingresos (se establece un máximo de ingresos de 350 euros por persona en la unidad familiar), se favorecerá la contratación de mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.