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07 de septiembre del 2017 - 20:34

El Gobierno explica que el Comité de Peticiones espera el informe de la Comisión para decidir sobre las leyes del Suelo y de las Islas Verdes

Las denuncias quedan sobre la mesa hasta que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea remita el documento

El Gobierno de Canarias ha explicado este jueves tras la celebración del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que éste ha dejado las denuncias presentadas contra las leyes del Suelo y de las Islas Verdes sobre la mesa hasta que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea remita el informe preceptivo sobre cada una de estas normas.

Según han manifestado el viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero; el director general de Ordenación Territorial, Pedro Afonso, y la que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Cristina de León, las citadas denuncias no han sido rechazadas pero tampoco han avanzado en su tramitación, al ser imposible tomar una decisión sin el documento que tiene que elaborar la Dirección General y que no ha sido remitido aún a este organismo del Parlamento.

Así, han coincidido con varios de los eurodiputados intervinientes en el debate en que la precipitación con la que algún grupo ha querido llevar este asunto ha desembocado en que estas denuncias queden en 'stand by' hasta contar con los informes preceptivos.

Según ha remarcado Cristina de León en el Comité, estas dos leyes "garantizan el procedimiento de evaluación ambiental y la participación ciudadana, como se puede comprobar tras su lectura, y no es cierto que pongan en peligro la protección ambiental del archipiélago canario". "Todo lo contrario, están dirigidas al cumplimiento estricto de las directivas europeas y de la legislación básica del Estado español".

"Canarias", han explicado los tres miembros del Ejecutivo, es un archipiélago compuesto por siete islas con un territorio protegido en más del 50%, lo que hace que le demos una extraordinario importancia al estricto cumplimiento de la legislación medioambiental y territorial, que es competencia plena del Gobierno de Canarias", subrayaron.

En este sentido, quisieron dejar claro que la Ley 2/2016 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como la Ley de las Islas Verdes, fue aprobada por el Parlamento de Canarias con el 80% de los votos emitidos y el de todos los diputados representantes de esas islas, independientemente de su color político.

"Esta norma es una propuesta de racionalización de la actividad turística en estas islas a través de la promoción de establecimientos turísticos de pequeña y mediana dimensión que sean compatibles con la protección y promoción de los recursos ambientales y paisajísticos, así como con el mantenimiento de la actividad agraria", descripción que hace de la Ley la responsable de investigación y formación del centro internacional de estudios de derecho ambiental, Eva Blasco Hedo.

Para el Gobierno, la norma es "absolutamente respetuosa con la legislación medioambiental europea y, de no existir, correría grave peligro el modelo creado para estas islas, que se basa en la protección de su patrimonio natural".

"Para las islas verdes es necesario establecer un modelo de desarrollo sostenible especial, que permita conjugar la preservación de las extraordinarias riquezas naturales de estas islas con un crecimiento moderado, que evite el despoblamiento que hoy se está produciendo. Para ello, es necesario el establecimiento de un modelo territorial específico sólido, y la simple admisión a trámite de una denuncia, generará una incertidumbre que impediría la consolidación de dicho modelo", explicaron los representantes de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Jesús Romero, Pedro Afonso y Cristina de León han insistido en que tanto esta Ley como la Ley del Suelo garantizan el procedimiento de la evaluación ambiental y la participación ciudadana, y remarcan que la denuncia presentada contra la Ley del Suelo se realizó cuando aún era proyecto, y no sobre la norma ya aprobada y enmendada por el Parlamento de Canarias.

Por este motivo, lamentan que se haya precipitado abordar un asunto que necesita de otros documentos para ser analizado con todas las garantías.

 
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