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Señorías, en mi discurso de investidura asumí compromisos que atienden a lo que, ocho meses después, define el perfil de este Gobierno.
El perfil de un Gobierno que está cerca de las cosas de la gente. Que habla poco y hace mucho. Que sabe escuchar y escucha. Un Gobierno que ha demostrado con hechos que es un Ejecutivo abierto a la participación de todos los colectivos, de todas las voces, de todas las opiniones.
Lo que hace ocho meses fue una declaración de intenciones, hoy son hechos.
Porque es un hecho que en apenas unos meses hemos compartido mesas de trabajo con sindicatos, patronales, colectivos de usuarios, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, representantes sectoriales, grupos ecologistas o asociaciones de amas de casa.
Ocho meses después, este Gobierno ha dado claras muestras de que la participación de los distintos interlocutores sociales en los análisis y en la maduración de las decisiones que toma este Gobierno es ya una práctica habitual.
Porque entendemos que el buen gobierno y la calidad democrática pasa por tomar nota de lo que dice la sociedad, cuando la ocasión lo ha requerido hemos abierto las puertas a los interlocutores antes mencionados.
Súmese a esta realidad que el anteproyecto de ley de Fomento de la Participación Ciudadana ya ha sido presentado. Ley que constituye un marco normativo -abierto al debate- que debe servir para dar forma a una estrategia más amplia, una línea de trabajo de la que hacemos partícipes a cabildos y ayuntamientos.
Y añádase, además, que hemos puesto ya en marcha la iniciativa el presidente responde, con la que -con la oportuna implicación de todos los departamentos del Ejecutivo- el Gobierno ha dado un paso más en la intención de acercar la administración a los administrados. Iniciativa que, conociéndose experiencias similares en otras comunidades autónomas y en algunos de los gobiernos de los países más desarrollados, resultará familiar a quienes conocen Internet.
De acuerdo con el compromiso adquirido en la sesión de investidura, el Gobierno cuenta ya con un anteproyecto de ley de Potenciación de los órganos consultivos y de control; anteproyecto que, tras el necesario proceso de revisión y consulta, será remitido a esta Cámara a lo largo de este mismo año.
Como saben, la Comunidad Autónoma se ha ido dotando a lo largo de su existencia de una amplia Administración consultiva, en la que están representados los diferentes sectores sociales, económicos y profesionales. Estamos convencidos de que pueden aprovecharse aún más las aportaciones formuladas por dichos órganos.
En línea con el compromiso de dar más participación a todos los actores sociales, el Gobierno pretende introducir cambios que ayuden a rentabilizar en mayor medida el caudal de trabajo de los órganos citados. Para ello, se centralizará y canalizará toda esa información hacia el Consejo Económico y Social, principal órgano de participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y evaluación de las políticas socioeconómicas de Canarias.
La voluntad del Gobierno es clara. Mayor participación. Más transparencia. Mayor control de la acción del Gobierno y mayor calidad democrática. Esos son los compromisos. Esos los objetivos. Ese el espíritu del anteproyecto de ley.
Señorías, sé que hay quien cree que la calidad democrática se demuestra hablando o aludiendo constantemente a ella.
Se equivocan.
La calidad democrática y el buen gobierno se demuestran ejercitando esos valores en el día a día -repasen ustedes la agenda de reuniones que ha tenido este Gobierno estos últimos meses, y podrán comprobar que también en ese terreno hemos pasado de las palabras a los hechos-. Calidad democrática y buen gobierno son valores que hemos puesto en práctica cumpliendo con nuestro compromiso de estar a pie de calle, con la gente, escuchando las opiniones y demandas en toda y cada una de las islas. También aquí, en esta Cámara, donde en apenas unos meses los miembros de mi Gobierno han solicitado 35 comparecencias.
Igualmente, los objetivos en materia de modernización de las Administraciones Públicas se vienen cumpliendo: aprobaremos la próxima semana un conjunto de Acciones para la modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma, un paquete de iniciativas que integra aspectos tecnológicos y administrativos con un objetivo único: mejorar y humanizar la atención a las personas, simplificando los procedimientos.
Objetivo de modernización que, en el caso de la Administración de Justicia, está avanzando hacia el compromiso de ganar en eficacia y acercar aún más la Administración al ciudadano.
Quisiera reseñar que se va a implantar la nueva oficina judicial, que cambiará, sin duda, la forma en la que los canarios se relacionan con la Administración de Justicia. La dotación de nuevos recursos tecnológicos, la digitalización de los libros de los Registros Civiles, el Plan de modernización de los archivos judiciales o el cumplimiento del Plan de Infraestructuras Judiciales (que tiene como máximos exponentes el nuevo Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, el futuro Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife o el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria) son algunas de las líneas en las que estamos trabajando.
Sentir una Justicia cercana en todos los municipios de Canarias es otro de los objetivos que este Gobierno se ha planteado para esta legislatura.
Para ello, estamos contribuyendo con la formación y modernización de los Juzgados de Paz e impulsando los mecanismos necesarios para la resolución extrajudicial de conflictos.
En este ámbito, me gustaría que los ciudadanos sepan que se ha aprobado el Reglamento de la Ley de Mediación Familiar, en la que adquieren vital importancia la red de Puntos de Encuentro Familiar -un espacio neutral que favorece las relaciones de los menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar-.
Una Administración de Justicia ágil y eficaz no se entiende sin unas plantillas estables y comprometidas con Canarias. Es por ello que el Gobierno ha impulsado por primera vez -y con notable éxito en prácticamente todas las islas- un Plan de Formación del Personal al servicio de la Administración de Justicia, que se marca como reto fomentar entre los residentes canarios la preparación de oposiciones en esta materia.
Como saben, la situación que se ha vivido en Canarias en los últimos años con la llegada masiva de inmigrantes a nuestras cosas ha obligado al Ejecutivo a reforzar los partidos judiciales afectados, para facilitar la prestación de asistencia jurídica letrada y de traductores que garantice el pleno respeto de sus derechos y garantice el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
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