Gobierno de Canarias

Relaciones con el Gobierno del Estado

Señor presidente, señoras y señores diputados.

El sentido de solidaridad del canario está fuera de toda duda.

Nuestros emigrantes saben a ciencia cierta que ésta sigue siendo su tierra, que aquí seguirán teniendo su hogar. Y que nuestra ayuda llegará allí donde se encuentre uno de nosotros.

Sabemos lo que es el desarraigo. Sabemos lo que es luchar por labrar un futuro desde la pobreza y el olvido. Lo hicieron los canarios del pasado, lo hicieron nuestros emigrantes.

Por eso, jamás negaremos ayuda y asistencia a los que llegan ahora a Canarias en busca de ese futuro europeo con el que sueñan.

Quiero que eso quede muy claro.

Los que en alguna ocasión han acusado de insolidaridad o egoísmo a este Gobierno o a este pueblo ignoran nuestro talante, desconocen nuestro trabajo o, en el peor de los casos, mienten a sabiendas.

Acogemos a los inmigrantes irregulares y tratamos de integrarlos. Acogemos y tutelamos a los menores no acompañados, prestándoles, como no puede ser de otra manera, asistencia sanitaria y educativa. Pero no podemos afrontar solos una tragedia que constituye un problema de toda Europa y que exige una política de Estado y de la Unión Europea.

Lo damos todo, pero solos no podemos. Solos, no.

Nos negamos a mirar hacia otro lado. Nos negamos a que otros miren hacia otro lado y se desentiendan. Nos negamos a dejar que ese drama acabe por convertirse en una rutina que ya no conmueva ni sobrecoja al resto del país o de Europa.

Somos los canarios quienes estamos mirando a los ojos de quienes sobreviven al drama. Somos los canarios los que pedimos una mayor implicación porque, insisto, solos no podemos. No se nos puede culpar por levantar la voz en nombre de quienes llegan exhaustos a nuestras costas. No se nos puede reprochar que levantemos la voz para que España y el conjunto de Europa sepan que el drama de la inmigración irregular es una tragedia tanto los días que ese drama asoma a la actualidad, como los que no.

Este Gobierno ha reiterado una y mil veces su total disposición a colaborar en cuantas acciones ayuden a reconducir la situación.

Y lamentamos profundamente tener que decir que ese ofrecimiento, que esa voz, no ha tenido la respuesta que merece un fenómeno de estas características.

No diré que desde el Estado -desde los ministerios- no se ha hecho nada. Pero, con los datos en la mano, sí estoy en condiciones de asegurar que se puede -y debe- hacer más y mejor.

En esa dirección, el Gobierno canario está realizando un intenso trabajo para canalizar esa cooperación mediante lo que se conoce como estrategia de Gran Vecindad. Pero ni tenemos competencias para la solución del problema en origen, ni tenemos capacidad real para la puesta en marcha de medidas de vigilancia o control, ni tenemos posibilidades legales para tomar decisiones sobre la derivación o repatriación.

Y, sí, es necesario un plan de acción que abarque la cooperación con los países y regiones de origen y tránsito.

Y, sí, son necesarias medidas efectivas de seguridad y control en el atlántico medio.

Y, sí, son imprescindibles medidas que permitan regular los flujos de inmigrantes y trabajadores extranjeros.

Señorías, siempre hemos diferenciado entre la inmigración legal o regular -que contribuye al crecimiento económico de nuestra tierra, y ayuda al sostenimiento de los servicios públicos- de la "irregular" o "clandestina", que burla las fronteras del Estado -por puertos y aeropuertos, en el caso de Canarias- para permanecer en nuestro territorio al vencimiento de los visados temporales, produciendo con ello desajustes en el funcionamiento de los servicios o engrosando las bolsas de marginación y pobreza.

Pero, insisto, peor es aceptar como normal el drama de la inmigración de cayucos o pateras: la de seres humanos que arriesgan su vida para, en muchos casos, perderla en el océano que separa nuestras costas del continente próximo.

Tal y como acabo de recordar, desde este Gobierno y los partidos que lo sustentan hemos formulado distintas iniciativas para que este asunto se considere tema de Estado. Creemos que el Gobierno de España ha improvisado continuamente, no ha definido un rumbo en su política inmigratoria y ha respondido con el silencio o faltas de respeto a la posición del Gobierno de Canarias -que no es responsable del control de las fronteras del Estado-.

Aun así, no tengan la menor duda de que seguiremos promoviendo el entendimiento en un asunto tan grave como éste y deseamos que la nueva legislatura del Estado propicie los necesarios acuerdos en esta materia.

Señoras y señores diputados, especialmente desolador es el caso de los menores inmigrantes.

Canarias tutela a más de 1.100 niños víctimas de la inmigración clandestina procedente del continente africano. Más de cinco mil han pasado por nuestros centros.

En estos ocho meses, una y otra vez hemos comprobado el insuficiente compromiso del Estado con estos niños. Ni una sola propuesta de mejora. Ni una colaboración económica con Canarias. Ni una gestión ante la UE que haya logrado cambiar -al menos, no más allá de gestos o actuaciones poco significativas- la implicación del resto de los países.

Tanto el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Fratinni, como la comisaria de Política Regional nos han pedido explicaciones sobre un fenómeno que sólo conocían a través de los medios de comunicación.

Esa es la realidad.

En Europa saben más de este drama por la prensa que por boca de quienes debían ser nuestros interlocutores en el escenario europeo.

La realidad es que Canarias sigue sola acogiendo niños. La realidad es que cada vez llegan más. La realidad es que sabemos los que llegan pero no los que salen. La realidad es que, en ocasiones, los inmigrantes -menores o no- llegan hasta nuestra casa sin ser detectados.

La dignidad y la humanidad con los más humildes, el compromiso con las políticas sociales no son sólo palabras en un texto.

Este Gobierno cumple con esos compromisos transformándolos también en acciones concretas.

Y la realidad es que de los 100 euros que se invierten en Canarias en políticas de vivienda para los más débiles, 70 los pone el Gobierno de Canarias. De cada 100 euros para la inclusión social para las personas en el umbral de la pobreza, 100 euros los pone el Gobierno de Canarias. De cada 100 euros para la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados, 100 euros los pone el Gobierno de Canarias -en este punto, me van a permitir que valore la sensibilidad demostrada por algunas ONGs que, desde otras comunidades autónomas, están cumpliendo junto con el Gobierno canario la tarea que algún ministerio lleva meses desatendiendo-.

No presumimos de este esfuerzo. Es nuestra obligación. Es nuestro compromiso. Es nuestra respuesta.

Les garantizo que seguiremos insistiendo para que, al margen de la consagración en el Tratado de Lisboa del trato particular que deben recibir las regiones ultraperiféricas, se articule una política global de inmigración que abarque todas las fases del fenómeno para que, de una vez por todas, se pase de las palabras a los hechos.

Otro de los asuntos que en mayor medida exigen retomar el diálogo y la colaboración con el Estado es la necesidad de que la Administración Central dimensione correctamente y actúe en consecuencia respecto a la realidad de nuestra sanidad pública.

Los canarios estamos haciendo un esfuerzo impresionante en materia sanitaria -y digo los canarios, y no el Gobierno, porque el esfuerzo es de todos-. Pero ese esfuerzo debe, necesita, verse complementado con una financiación adaptada a la población que estamos atendiendo en nuestros centros sanitarios.

Nos estamos enfrentando a una sobrecarga que estamos afrontando con menos medios de los que nos corresponden.

Y eso deben saberlo los canarios.

De ahí que mi Gobierno plantee la necesidad de reabrir el aplazado proceso de negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, de forma que se permita incorporar la variable de población en toda su dimensión. Pues, como saben, el año base de referencia del sistema vigente (año 1999) está suponiendo una merma de recursos a Canarias en torno a los 500 millones de euros anuales.

De igual manera, Canarias insistirá en la necesidad de que, por parte del Gobierno del Estado, se dé cumplimiento a los artículos 95 y 96 del REF para que nuestra Comunidad Autónoma se equipare progresivamente a la inversión media estatal.

Como recordarán, la inversión media en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 supone una merma de 210 euros per cápita, lo que supone algo más de 400 millones de euros.

En este mismo orden de cosas, mi Gobierno negociará con el Ministerio de Economía y Hacienda para que éste deje de deducir a Canarias los importes por supuestos excesos en la recaudación del IGIC (que consideramos que no se corresponde con la legalidad vigente y que asciende anualmente a algo más de 300 millones de euros).

Como, igualmente, los canarios deben saber que el Estado mantiene una deuda con Canarias de más de 823 millones de euros, solamente en los últimos cuatro años. Estas son las cifras reales de la deuda histórica sanitaria.

¿A qué se debe esta deuda?

Los datos no mienten. Canarias recibe cerca de 12 millones de visitantes anuales.

Pues bien. Existe un Fondo de Cohesión Sanitario delimitado por tres variables: población protegida, población mayor de 65 años e insularidad. Sin embargo, en este Fondo la población no residente en Canarias no computa. A esto tenemos que añadir el coste de la doble insularidad o que el Gobierno de España esté distribuyendo la financiación sanitaria desde los Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta sólo la población que había en Canarias en el año 1999 -es decir, hace casi una década-.

Atendemos sanitariamente a doce millones de turistas y a un número indeterminado de inmigrantes irregulares porque el derecho a la sanidad es un deber moral que no estamos dispuestos a hurtar a nadie.

Pero lo hacemos sin los recursos para ello.

Con un sobreesfuerzo tanto del Gobierno de Canarias, como del Servicio Canario de Salud, como de los profesionales sanitarios de nuestros hospitales, que llegan a estar desbordados por un problema que debió resolver el Estado hace casi diez años. Esfuerzo que en los presupuestos de este año confirma un incremento del 11,6% de los recursos destinados a la sanidad.

Señores diputados, señoras diputadas, muchos canarios se preguntan cuál es el motivo de las listas de espera.

Tienen derecho a saber que en Canarias nos enfrentamos a dos tipos de dificultades. De una parte, tenemos el grave problema de financiación sanitaria al que acabo de hacer referencia. De otra, la falta de médicos.

El sistema sanitario español tiene en la actualidad -un déficit de 9.000 médicos (6.000 de familia y 3.000 especialistas). Pero es que ese problema, en un Archipiélago como el canario, repercute todavía más si cabe porque obliga a los ciudadanos a desplazarse de su isla para recibir un tratamiento. No exigimos caprichosamente. Ponemos los datos sobre la mesa y decimos que el Estado no puede dar la espalda a la realidad de una población que no es la de hace casi diez años.

Señorías, los canarios del siglo XXI merecen contar con un Estatuto del siglo XXI.

Y este Gobierno va a dar voz a esa demanda. Mi Gobierno va a poner voz a la sociedad.

Convencidos de que el Estatuto de Autonomía es un derecho del que los canarios merecen ser partícipes y protagonistas, anuncio que nos vamos a poner manos a la obra con el objetivo de abrir un debate social sobre el Estatuto, en general, y, especialmente, sobre aquellos derechos y demandas que los canarios sienten más cerca.

Vamos a acercar el Estatuto a la calle. Vamos a ponerlo en manos de la sociedad. Vamos a abrir un debate del que participen las siete islas.

Vamos a poner sobre la mesa el derecho de los canarios a saber qué ocurre en nuestras aguas; el derecho de los canarios a que se acabe con el vacío legal del mar que nos rodea; el derecho, entre otras cosas, a que se evite que por nuestras aguas naveguen -sin que nada podamos hacer- buques con sustancias peligrosas. Vamos a abrir un debate sobre las oportunidades que se nos pueden presentar en la mejora del transporte entre las Islas.

Vamos a abrir un debate que va a poner de relieve que el Estatuto, lejos de ser algo abstracto, es un documento que está en la vida de la gente, en su día a día, en su derecho a tomar decisiones y a gestionar su futuro para tener más y mejores oportunidades.

Sobra decir que seguiremos trabajando aquí, en el Parlamento que han elegido los canarios; y que defenderemos en las Cortes el derecho de Canarias a no quedar descabalgada del inacabado proceso de actualización o modernización territorial.

Pero, dicho esto, les anuncio que el Gobierno trabajará paralelamente con las voces de esta sociedad. En coherencia con nuestra voluntad de estar cerca de la gente, vamos a acercar el Estatuto a las mujeres y hombres de las siete islas.

Señorías.

La propuesta de nuevo Estatuto que emanó de este Parlamento en la VI Legislatura autonómica vio truncado su camino en las Cortes.

No obstante, ni miramos atrás ni buscamos responsables. Sólo queremos mirar hacia delante.

Y, con esa voluntad, el Gobierno mantendrá lo que considera contenidos básicos de la reforma. En primer lugar, la definición como Archipiélago Atlántico y, en ella, el mar como parte de nuestro espacio territorial. En segundo lugar, la adaptación de políticas del Estado a nuestra condición ultraperiférica, lejana e insular. En tercer lugar, las competencias en puertos, aeropuertos, costas, servicio aéreo y otras propias de esa condición de Archipiélago; y, finalmente, el respeto y garantías para nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Miremos hacia delante, señorías. Y hagamos que el debate del Estatuto cruce las puertas de esta Cámara, que salga a la calle, que se acerque a los verdaderos protagonistas y beneficiarios del Estatuto que esta tierra merece.