Decreto 208/2003, 23 junio, del Presidente, por el que se delega en la Dirección General de la Función Publica la competencia para incoar y resolver los expedientes de revisión de oficio de las resoluciones sobre adquisición y reconocimiento del grado personal, en ejecución del fallo contenido en la sentencia de 6 de noviembre de 2002, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso 64/2002
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