El compromiso del Gobierno de Canarias con el desarrollo de una sociedad democrática, libre, justa, igualitaria y solidaria se concreta en la planificación y ejecución de políticas públicas que previenen o intervienen sobre todas aquellas situaciones y condiciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por las mujeres, su acceso y disfrute del Estado Social y Democrático de Derecho y de una digna calidad de vida.

En ese sentido, el documento que en estos momentos tiene entre sus manos, el Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2002-2006), parte del convencimiento por parte del Gobierno de Canarias de que la violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, es hoy y en nuestro territorio una terrible lacra social cuya dimensión real prácticamente desconocemos y que debilita los pilares básicos de nuestro sistema político social. La violencia de género es una realidad dramáticamente compartida por mujeres de todas las islas, de las más diversas edades y situaciones socioeconómicas y culturales. Se trata de un problema social de gran envergadura, que no entiende de fronteras y que nos afecta a todas y a todos.

La decisión de elaborar y aprobar este documento, por tanto, surge de la convicción firme del Gobierno de Canarias de la necesidad de priorizar la lucha contra la violencia de género en los programas políticos y en la ejecución de las competencias de sus departamentos. Esta violencia, de carácter estructural, responde a creencias profundamente discriminatorias y sexistas que atentan contra los derechos humanos universales y las libertades fundamentales. La defensa del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica es una responsabilidad que los poderes públicos debemos asumir con la máxima eficacia, y, para ello, se considera imprescindible la planificación y ejecución de políticas públicas específicas que, de manera coordinada entre las diferentes instituciones, respondan a la complejidad del fenómeno en nuestra comunidad y territorio.

El Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene como objetivo desarrollar las directrices que orienten la respuesta de las instituciones a todas las manifestaciones del fenómeno de la violencia de género en Canarias en los próximos cinco años, y sentar las bases para las decisiones políticas y sociales que se tomen a este respecto. En este sentido, no sólo pretende crear, dotar adecuadamente y consolidar los mecanismos de asistencia y abordaje de un fenómeno que ya existe, sino desarrollar estrategias preventivas para la modificación de las estructuras y creencias que sostienen y legitiman la violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma. La complejidad de este fenómeno requiere soluciones que no se limiten a paliar las consecuencias sino que aborden las causas y lo que subyace a los actos de violencia, es decir, el modelo dominante que impone la subordinación de las mujeres a los hombres y perpetúa la discriminación de aquéllas. Si nuestros esquemas de pensamiento tuvieran interiorizada la concepción de las mujeres como iguales, se habría dado el primer paso para la erradicación de la violencia de género.

Es por ello por lo que este Programa no sólo pretende prevenir y erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito doméstico (física, psíquica, sexual, económica) o las agresiones sexuales, sino que, realizando un esfuerzo de identificación y definición, aborda otras formas de violencia de género, no identificadas o tradicionalmente más desconocidas. La concepción de abordaje integral de la violencia de género es uno de los principios rectores de este documento, así como el de ofrecer un modelo de referencia para la atención a las mujeres víctimas de violencia en nuestra Comunidad Autónoma.

Conforme a todo lo expuesto, la estructura de este documento incluye un estado de la cuestión cuantitativo (denuncias; consultas y demandas de asistencia de los servicios públicos; activaciones de servicios de emergencia) y cualitativo (percepción de las y los profesionales de los sistemas públicos -Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales- y de mujeres víctimas) acerca de la situación visible de la violencia de género en Canarias. Asimismo, se describe el contexto normativo y declarativo que ampara las políticas de intervención en esta materia, el marco conceptual de referencia a lo largo de todo el documento y el marco competencial que vincula al sector de los servicios sociales.

En su estructura se ha optado por la organización de las medidas de intervención conforme a cinco proyectos transversales, relativos a los distintos aspectos de la acción pública en relación con la violencia de género: concienciación social; sistemas de registro y documentación; creación de servicios estables; estrategias de prevención y estructuras de coordinación, y a otros trece proyectos específicos en función de los diferentes tipos de violencia identificados en el Programa: violencia en el ámbito doméstico (que incluye cualquiera de ellas); agresión sexual; acoso sexual; acoso moral; hostigamiento en los espacios públicos; tráfico de mujeres; mutilación genital femenina; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; violencia derivada de conflictos armados; violencia a través del uso del lenguaje sexista, los productos culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías; violencia económica y violencia ritual y religiosa.

Es importante señalar que, no siendo equiparable la preocupación de la sociedad por las diferentes manifestaciones de la violencia de género, sí es cierto que la demanda social de intervención institucional se ha acrecentado enormemente en los últimos tiempos gracias a la labor sensibilizadora que tanto desde los organismos de igualdad como desde los colectivos de mujeres y otros foros de la iniciativa social, comunitaria y universitaria, y desde los medios de comunicación, se ha llevado a cabo.

Desde el mandato Constitucional recogido en el artículo 9.2, hasta las diversas directivas, resoluciones y recomendaciones de la Unión Europea, pasando por los acuerdos de las conferencias mundiales de la mujer y otros instrumentos promovidos por Naciones Unidas, se ha dejado clara la responsabilidad de los poderes públicos en la lucha contra cualquier forma de discriminación contra las mujeres, y, en el caso que nos ocupa, específicamente, contra la violencia de género. Por ello, las instituciones públicas han de desarrollar políticas y planes operativos, con financiación adecuada, destinados a prevenir y erradicar la violencia de género. Han de cuidar el trato que se da a las víctimas de la violencia de género desde instituciones que, por principio, tienen que velar por los derechos de las mujeres y han de garantizar que el sistema responda adecuadamente ante estas situaciones, especialmente estableciendo los mecanismos para que los que las perpetran no queden impunes.

No obstante, la idea de que la violencia contra las mujeres, especialmente la ejercida en el ámbito doméstico, es un asunto privado ha legitimado la tolerancia y el escaso rechazo social que estos hechos provocan. Por otro lado, la percepción de los hombres de no ser agresores (“eso sólo lo hacen unos pocos psicópatas”) y de las mujeres de no ser maltratadas (“eso no me puede pasar a mí”) limita la solidaridad intragenérica y condiciona la postura de apoyo de la sociedad en general, tanto de hombres como de mujeres, que no perciben el problema como una lacra social, ni como una violación de derechos humanos, ni como un terrorismo encubierto. Las normas de esta cultura “absentista” propician y toleran la violencia de género, y es importante articular estrategias que comprometan a la sociedad y especialmente a los hombres a romper el silencio cómplice y a colaborar activamente en la lucha contra la violencia. Tolerar o ignorar la violencia contra las mujeres, permanecer impasibles ante ella y permitir que se siga produciendo puede llegar a ser otra forma de violencia.

En este sentido, conviene indicar que no es este programa ni la primera iniciativa ni el primer documento del Gobierno de Canarias que recoge acciones específicas contra la violencia de género. Tanto el primer Plan Canario de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1995-1996), como el segundo, 1997-2001, y el tercero (2002-2006), actualmente en proceso de elaboración para la elevación a Consejo de Gobierno, incluyen medidas relativas a la prevención, atención a las mujeres víctimas y erradicación de la violencia de género.
Por último, es necesario indicar que el Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2002-2006) es el resultado de un largo proceso participativo de análisis, diagnóstico, reflexión y consulta realizado a través de entrevistas en profundidad, encuestas o grupos de discusión, en el que han intervenido numerosas personas de muy distintos ámbitos. Para diseñar correctamente los proyectos que en él se contienen, se consideró imprescindible integrar en su elaboración a todos los agentes sociales que, de una manera u otra, se hallan implicados en esta lucha: las asociaciones de mujeres, el personal técnico responsable de los recursos de atención y acogida a las mujeres víctimas de violencia de género, las secretarías o áreas de la mujer de los sindicatos, personas expertas de muy diferentes ámbitos (educativo, judicial, sanitario, laboral...), las y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las y los responsables políticos autonómicos, insulares y municipales competentes y/o interesados en la materia, y, por supuesto, y de manera prioritaria, las propias mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Su percepción de los recursos existentes, de las campañas realizadas, de las dificultades vividas en su camino de denuncia y salida de la situación de violencia, nos parece fundamental para la concepción de este programa. Desde aquí, expresamos nuestro más sincero agradecimiento y felicitación por su esfuerzo y la calidad y el rigor de las aportaciones realizadas. Sin todas y todos ustedes este documento no sería lo que hoy podemos presentarles.

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