Revista española de Derecho Administrativo

La sociedad requiere normas útiles. El esfuerzo por mejorar la legislación tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Principios, reglas y directrices de técnica legislativa o núcleo esencial del procedimiento de elaboración de normas?

 Núm. 182 (Enero-Marzo 2017)

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, establece la regulación básica para el procedimiento administrativo interno y externo de elaboración de leyes y de reglamentos.

Contiene principios de «buena legislación»; garantiza la consulta pública a los ciudadanos; prevé la participación de entidades y organizaciones afectadas; exige la planificación anual de la normativa a dictar y la evaluación periódica de la legislación vigente.

Pero el texto de la Ley 39/2015 no clarifica las diversas fases del procedimiento. No contiene prescripciones sobre las fases esenciales de este procedimiento. En consecuencia, no facilita al intérprete, al aplicador a los jueces y a los drafters el necesario know-how para preparar normas útiles, practicables y predecibles.

Ello no obstante, dado que la Ley 39/2015 es «norma de normas» en este trabajo se analiza cómo las futuras directivas de «soft law» pueden ser útiles para cumplir los principios de buena regulación, observando y cumpliendo las exigencias básicas y requisitos del proceso.

SUMARIO:

I. Los esfuerzos por mejorar la calidad de las normas desde la idea del «poder» de la Ley.
II. Breve reflexión sobre la estructura formal del Título VI de la LPAC. ¿Se ha aplicado a sí misma la LPAC lo que para las futuras normas exige? ¿Mantiene autonomía regulativa? ¿Se comportan sus reglas como Ley de procedimiento? ¿Favorecerán legislación útil?.
III. Los principios de buena legislación de la LPAC ( RCL 2015, 1477) pueden generar leyes útiles. Plasman diversidad de opciones que permiten elaborar directrices para toda tipología de normas. Por no tratarse de trámites, ni su desarrollo ni la adición de otros distintos estarían sometidas al deber de ser establecidas mediante ley (artículos 1.2 y 129.4LPAC).

1. La realidad social; la identificación de la realidad; los destinatarios; la necesidad a cubrir; la realidad económica; la realidad científica.
2. La opción cero; innecesariedad de la regulación.
3. Sobre la intensidad y el contenido de regulación.
4. Optimizar la finalidad o procurar la eficiencia de la norma. Leyes útiles o normas de calidad.
5. Cargas innecesarias, burocratización y alternativas disponibles.
6. Costes, utilidad y eficiencia.
7. Leyes útiles son las que concretizan mandatos constitucionales; sólo en casos excepcionales puede hacerse uso de la iniciativa legislativa para reparar defectos detectados en el ordenamiento.
8. Una sutileza; las normas que albergan contenidos «protectores» contrarios a las reglas de la competencia terminan por demostrar su inutilidad.
9. Los «tempi» en la preparación de las normas. Cada norma a su tiempo y un tiempo para cada norma.
10. Los comités científicos, el juicio de expertos, el estado de la ciencia los algoritmos. No es ciencia ficción. Pero olvida el legislador que están presentes y rigen la sociedad.

IV. Para que se verifiquen las normas, se evalúe periódicamente la normativa vigente y se promueva su adaptación tiene que existir una autoridad especializada que promueva y determine la sistemática para llevar a cabo la tarea.
V. Conclusiones