Sentido y alcance de la transposición de las directivas de la Unión Europea (análisis particular en materia de contratación publica).

Número 202, enero/abril 2017

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

El presente artículo sobre Sentido y alcance de la transposición de las directivas de la Unión Europea, realizado por José Luis Martínez López-Muniz, Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, señala que “la experiencia sobre la transposición de directivas de la Unión Europea al ordenamiento nacional español deja mucho que desear. Parece perderse de vista lo que estas peculiares normas comportan y sus límites. Es usual introducir literalmente sus contenidos en nuestras leyes o reglamentos, sin aparente esfuerzo alguno por encajar adecuadamente sus obligaciones de resultado en las características propias del ordenamiento español, cualesquiera que sean las distorsiones que eso provoque.

En este trabajo se proponen parámetros que no debían dejar de tenerse en cuenta, y todo se ilustra con un análisis crítico más particular de la transposición de las directivas sobre contratación pública en algunos de sus aspectos, incluida la problemática actual sobre las concesiones de servicios”.

SUMARIO

I. Introducción.
II. Inexistencia de una competencia general de la Unión sobre el régimen de la contratación de los estados miembros y de cuantas entidades públicas forma parte del ámbito de cada uno de ellos.
III. Legitimación de las directivas sobre contratación pública en cuanto dirigidas a las objetivos de ciertos títulos competenciales de la Comunidad Europea y la la actual Unión.
IV. Razón de ser de los términos y conceptos empleados por las directivas al servicio de los limitados objetivos normativos de estas y sin pretensión alguna de desplazar o cambiar los propios de cada ordenamiento nacional en lo relevante para ellos.
V. Indebida “Administrativización” de todas las compras públicas de bienes muebles por su innecesaria inclusión en el contrato administrativo de suministros del derecho español.
VI. Indebida traslación de la perfección de los contratos públicos desde su adjudicación definitiva a su formalización.
VII. Propósitos injustificados de supresión del contrato de gestión de servicios públicos y de la alteración de la noción nacional de concesión administrativa de obras o de servicios públicos.