Es el órgano que tiene encomendadas funciones de dirección y gestión de la contabilidad pública, el control interno de la gestión económico-financiera y la evaluación de políticas públicas, que le atribuyen la Ley de la Hacienda Pública Canaria, sus disposiciones de desarrollo y su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento; y que las ejerce con plena autonomía e independencia funcional y de criterio respecto a los órganos o entidades cuya gestión sea objeto de contabilización, control o evaluación, sobre la base de la responsabilidad pública y competencia profesional.

Quiere ser un órgano que por su alta cualificación y rigor profesional, credibilidad y respeto a los valores éticos del servicio público, ocupe una posición influyente dentro de la Administración por el valor que se reconoce a su actividad para la toma de decisiones estratégicas y la orientación de las políticas públicas hacia la eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia, bajo el principio de legalidad; y sea considerado por otros organismos de control interno y externo como un referente en la innovación y mejora continua de los procesos de contabilización, control y evaluación de la gestión pública.

Se ha considerado necesario fomentar en el centro directivo una cultura de gestión guiada por los valores que a continuación se señalan:

- Orientación a resultados. El desarrollo de nuestras funciones debe orientarse a conseguir impacto, influencia en la dirección y reorientación de las políticas públicas hacia una mayor eficacia, eficiencia, calidad, respeto del ordenamiento jurídico y demás principios de buena gestión.

- Orientación a nuestros grupos de interés. Buscamos que los grupos de interés en la organización perciban un incremento constante del valor de nuestras funciones.

- Objetividad e imparcialidad, bajo un enfoque basado en la evidencia.

- Responsabilidad y rigor profesional por el trabajo desarrollado.

- Fomento del trabajo en equipo y de la interacción y coordinación de los distintos órganos y unidades del Centro.

- Integridad, ética profesional, en el desempeño de sus funciones y máximo respeto al Código de Conducta de los empleados públicos regulado en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública Canaria.