PRESENTACIÓN

 

De los diferentes recursos productivos que condicionan la actividad económica de cualquier colectividad, el que indica su nivel educativo y cultural es determinante a la hora de establecer la diferenciación entre los miembros de dicha colectividad.

El desarrollo de las políticas de formación se configura, pues, como un elemento estratégico que indispensablemente debe ser tenido en cuenta en todo proyecto de desarrollo social y económico, tal como subraya la Comisión europea en su libro "Crecimiento, competitividad, empleo", bajo el principio de que el concepto de formación de las personas debe mantenerse durante toda la vida activa.

Determinados valores, como la cualificación alcanzada y mantenida a lo largo de la vida y la especialización en un puesto de trabajo concreto, con abstracción de los principios científicos y tecnológicos de los procesos productivos, han perdido vigencia en el presente, superados por una dinámica de transformaciones profundas que requieren competencias profesionales y actitudes basadas en la capacidad de aprender permanentemente y asimilar las nuevas tecnologías, un conocimiento más profundo de los procesos productivos que propicie mayor versatilidad en los puestos de trabajo y un incremento de las capacidades de organización, cooperación y comunicación con el entorno.

Las características demográficas de Canarias y su marco socioeconómico, refuerzan la urgencia de potenciar la formación como vehículo de integración laboral y social. Las tasas de desempleo evidencian un desajuste en el mercado laboral que no sólo se explica por una oferta de trabajo limitada que no se responde en la misma medida que el crecimiento del PIB y por los efectos distorsionados de la inmigración, sino por los deficientes niveles de formación y cualificación profesional de la población activa y su falta de adecuación a la oferta de empleo existente.

La percepción de esta realidad ha llevado al Gobierno de Canarias a realizar actuaciones y a adoptar medidas específicas para el desarrollo de la formación y el empleo en el contexto de estrategias de planificación económica para el Archipiélago.

Una consecuencia de ello son las transferencias en materia de trabajo, empleo y formación asumidas por la Comunidad Autónoma en su ámbito territorial de las gestiones que venía realizando hasta ahora el Instituto Nacional de Empleo.

Con dichas transferencias la Comunidad Autónoma asume la titularidad de los Centros Nacionales de Formación Profesional, situados en Las Palmas y Tenerife, y con ellos las funciones que tienen atribuidas los mismos por los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, regulador del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, convirtiéndose así en protagonistas y motores del Sistema.

Estos Centros están integrados en una red estatal de Centros Nacionales de Formación Ocupacional que en la actualidad constituyen un importante patrimonio de recursos para el desarrollo de la nueva ordenación de la formación profesional ocupacional.