DOCUMENTO DE BASES

LEY DE COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN

El pasado 26 de noviembre presentamos ante la Subcomisión I del “Pacto por la Educación” un nuevo borrador mejorado del Documento de Bases sobre una futura “Ley de Compensación de las Desigualdades en Educación”, que se había presentado en la Comisión de Seguimiento del Pacto, celebrada el pasado 14 de octubre de 2002.

A este nuevo documento se han incorporado algunas mejoras formales, así como un anexo de datos y un glosario de términos.

Se establece ahora, según acuerdo de la propia Subcomisión, un periodo de estudio y reflexión sobre el mismo, así como de presentación de propuestas hasta el 15 de enero de 2003.

Rogamos nos hagan llegar antes del día señalado cuantas aportaciones estimen oportunas al siguiente correo: Lcadpri@gobiernodecanarias.org

Un cordial saludo
La Coordinadora de la Subcomisión I
Fdo.: Isabel de Luis Lorenzo


ÍNDICE DOCUMENTO DE BASES

PREÁMBULO

El sistema educativo, entendido éste como el conjunto de las enseñanzas desde la educación infantil hasta la universitaria, es un factor de singular importancia para la transformación y el bienestar de la sociedad. De la formación y educación que un sistema educativo es capaz de proporcionar a los ciudadanos depende, en buena medida, el futuro de éstos; de la formación integral que reciban se deducen sus posibilidades para desarrollarse en libertad y para ejercer con madurez la participación y la solidaridad. La educación, si se proporciona a todos en unas condiciones homogéneas de calidad, es también la base de la igualdad. Pocos instrumentos son más útiles para combatir las desigualdades de origen social o cultural.

La educación posee, antes que nada, una dimensión de carácter individual, personalizada. Del correcto desarrollo de las capacidades de cada persona deriva su aptitud para comprender el mundo, para situarse de forma crítica y autónoma ante la realidad natural y social. Pero esta dimensión individual se desarrolla en el marco de una realidad comunitaria, por ello, en el esfuerzo que las sociedades hacen en favor de la educación se está construyendo, en buena medida, su propio futuro. Cuando el cambio acelerado y la dinámica de transformación caracterizan a tales sociedades, la importancia de la educación alcanza una dimensión verdaderamente estratégica.

Se espera de la educación que contribuya a adaptar los valores tradicionales y las realidades emergentes, pero también, que ayude a aflorar y transmitir los valores que permitan afianzar esas realidades sin que se produzcan considerables quiebras individuales y colectivas. Se le exige, igualmente, a la educación, que asegure la transmisión de los conocimientos, la formación de las aptitudes y la cualificación de los recursos humanos que posibiliten responder a los retos de las circunstancias cambiantes, de manera que no existan impedimentos para que éstas se consoliden cuando son beneficiosas para el conjunto de la sociedad y de sus ciudadanos.

La Constitución de 1978 ha causado profundos efectos en la educación al consagrar sus principios básicos, al reconocer como fundamental el derecho a la misma, encomendando a los poderes públicos la garantía de que puedan acceder a ella por igual todos los ciudadanos, al establecer el carácter obligatorio y gratuito de la educación básica, al diseñar el estado de las Autonomías y redistribuir territorialmente las competencias en materia de educación.

Por otra parte, la culminación del proceso de integración española en las instituciones comunitarias europeas nos ha situado en un ámbito más amplio que el nacional, un ámbito que es compartido con otros países, en el que el derecho de los ciudadanos a la movilidad, reforzado en la perspectiva del mercado único, así como las consecuencias que de ello se derivan, alcanzan a todos. Ello requiere que los estudios, capacitaciones y titulaciones se atengan, cada vez más, a un mínimo cuantitativo y cualitativo.

Pero además, el avance del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico, y sus implicaciones cada vez mayores y más directas sobre los procesos productivos y culturales, obligan a una formación prolongada, a una formación básica más consistente y a la vez más versátil, susceptible de adaptarse a necesarias y frecuentes innovaciones. Al mismo tiempo, las mayores posibilidades de acceso a la enseñanza, y la aspiración de un mayor número de ciudadanos a obtener una mejor formación, coincide con las exigencias de superiores requerimientos educativos por parte del entorno social y productivo, confluyendo, todo ello, en un crecimiento continuado de la demanda de educación.

En este sentido, es preciso señalar el conjunto de medidas contenidas en el Pacto Social por la Educación en Canarias suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y los Agentes Educativos, Sociales y Económicos de nuestra Comunidad.

De manera ordenada y progresiva, se han emprendido el conjunto de acciones legales, organizativas y presupuestarias necesarias para hacer posible la nueva ordenación del sistema educativo. Sin embargo, la implantación definitiva de la reforma que se propugna no se concibe como algo puntual, que se agota y resuelve en alguna acción espectacular, antes bien, se entiende como un cúmulo de transformaciones continuadas, guiadas por una clara concepción de conjunto, que puede garantizar un cambio cualitativo y una mejora profunda de la enseñanza.

Para alcanzar el escenario final propuesto, desarrollando en su plenitud la concepción del conjunto, se ha de fijar un horizonte temporal de varios años. Un horizonte realista que permita introducir el cambio que la sociedad demanda en el sistema educativo sin prisas desaconsejables, pero también un horizonte que no se escape de las manos. Hay que subrayar que el cambio que se ha puesto en marcha no es sólo un desafío para la Administración o para la comunidad educativa. Lo es, sobre todo, para la sociedad a la que una y otra sirven y, por tanto, no puede madurar si no es capaz de sintonizar con las necesidades de esa sociedad y obtener así de ésta su comprensión y su apoyo decidido, ni tampoco podrá prosperar sin la participación activa, sin el compromiso de la comunidad educativa.

A pesar de los enormes esfuerzos realizados es bien sabido que las actuaciones que desde el sistema educativo se llevan a cabo no pueden compensar totalmente las desigualdades de origen geográfico, social, económico y cultural existentes en la sociedad. Se constata que existen sutiles y complejos procesos de discriminación educativa que representan un serio obstáculo en el principio de igualdad de oportunidades, para cuya superación no parece suficiente eliminar los impedimentos existentes para que algunos grupos de alumnos asistan a la escuela, sino que exige, también, emprender acciones compensadoras que la desigualdad social impone. No obstante, es igualmente incuestionable en este momento el papel decisivo que la educación tiene en la reducción progresiva de estas diferencias. En este sentido, cualquier política educativa encaminada a conseguir la igualdad de oportunidades debe contemplar, necesariamente, la implementación de los procesos que faciliten la escolarización de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, o que pertenezcan a minorías étnicas o culturales, así como las actuaciones que proporcionen una atención prioritaria a los centros situados en zonas rurales o de un entorno social deprimido.

Canarias ha construido es estos últimos años un espacio propio en Educación, subrayando aquellos aspectos de modernización del sistema educativo, igualando las condiciones de acceso a la escolarización - que llegaron a peligrar en algunas zonas como consecuencia de un crecimiento desmesurado -, fomentando una participación activa de los agentes educativos y sociales y poniendo un énfasis adicional en mejorar la equidad y la compensación que permiten construir una sociedad solidaria.

Por todo ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha planteado, como una acción prioritaria dentro del Pacto Social por la Educación, la elaboración de un marco normativo (Ley de Compensación de las Desigualdades Educativas), estableciendo prioritariamente como líneas de trabajo:

Principios que fundamentan la compensación educativa

- La educación como factor de reducción de desigualdades:

Como ya ha quedado patente la educación en si misma debe ser un factor de reducción de desigualdades desarrollando aprendizajes que den respuestas a los nuevos retos sociales desde los siguientes cuatro ejes de aprendizaje ( UNESCO, Comisión Internacional sobre educación en el s. XXI):

- aprender a conocer, es decir aprender a aprender

- aprender a hacer para poder influir en el propio entorno

- aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en las actividades humanas

- aprender a ser, potenciando el desarrollo de cada persona tanto en su aspecto social como individual y colectivos.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollarán las capacidades más valoradas en la sociedad actual: tratamiento de la información, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, oferta idiomática..., enriqueciendo el currículo sin renunciar a ningún aprendizaje.

- Equidad frente a igualdad:

La compensación debe pasar por un análisis de la situación de cada individuo o colectivo, para no caer en dar lo mismo a todos de forma estandarizada.

- Integración frente a segregación:

Las actuaciones en compensación educativa deberán tender a la integración de la persona desde su globalidad y como miembro de una comunidad que vive en un contexto determinado y en continua interacción en diferentes entornos: familia, escuela, grupo de iguales..., potenciando la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

- Prevención frente a reacción:

Diseñar medidas tendentes a la transformación y enriquecimiento del entorno, proporcionando los recursos necesarios dentro de un planteamiento comunitario.

- Atención a la diversidad:

Incluir en la igualdad tanto el derecho a la diferencia como la igualdad en la diversidad. Mantener altas expectativas y confiar en la capacidad de aprendizaje de todos los alumnos, partiendo de sus potencialidades e introducir en el sistema de enseñanza-aprendizaje el uso de estrategias metodológicas que respeten y potencien las capacidades personales y los diferentes estilos de aprendizaje.

- Globalización y convergencia de las intervenciones:

Impulsar la coordinación y colaboración de todos los estamentos sociales con responsabilidad directa en la Educación para la convergencia y desarrollo de las acciones dirigidas a la compensación.

Las medidas y acciones encaminadas a compensar desigualdades educativas diseñadas y desarrolladas por los diferentes sectores sociales implicados en la Educación, quedarán enmarcadas en estos principios, partiendo de que la Compensación Educativa tendría como finalidad el dotar al alumnado de instrumentos de superación social. Según Bernstein (1975) y De Miguel (1979) "para avanzar conviene hablar más de transformaciones pedagógicas reales en el sistema educativo orientadas a complementar y enriquecer la situación del niño desfavorecido"

I.- ASPECTOS GENERALES

OBJETO DE LA LEY

La Ley de Compensación de Desigualdades en Educación tiene como finalidad garantizar la igualdad en la educación, regulando el conjunto de medidas de apoyo al alumnado, a las familias y a los centros docentes para conseguir que todos los escolares de Canarias participen en las mismas condiciones reales de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo, en el marco de una escuela comprensiva e integradora.

PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA LEY

OBJETIVOS DE LA LEY

DESTINATARIOS

Dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, las actuaciones irán dirigidas a la atención prioritaria de aquellos alumnos y alumnas que requieren en su etapa preescolar, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o ayudas específicas por alguna de las siguientes circunstancias:

DISPOSICIONES COMUNES

1. ESCOLARIZACIÓN

1.1. La Administración Educativa garantizará la aplicación de las medidas de escolarización del alumnado destinatario de esta Ley en los centros sostenidos con fondos públicos, y establecerá los criterios por los que ésta debe llevarse a cabo, respetando en todo caso los principios que orientan esta Ley.

1.2. Asimismo, las distintas administraciones, dentro de sus ámbitos competenciales, adoptarán una respuesta coordinada en los niveles de prevención y detección precoz del alumnado en situación de desventaja socioeducativa que puedan limitar al individuo en su actividad o funcionamiento.

1.3. El Gobierno regulará modelos de identificación y determinación de las necesidades del alumnado en situación de desventaja social. La Administración Educativa desarrollará las normas sobre valoración y orientación psicopedagógica.

1.4. Las decisiones de escolarización conllevarán un proceso de seguimiento continuado con revisiones periódicas de las medidas adoptadas.

2. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN

2.1. Las enseñanzas correspondientes a los niveles obligatorios se adecuarán a las características del alumnado en situaciones de desventaja socioeducativa, con la finalidad de que alcancen, dentro del sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos y alumnas.

2.2. La atención al alumnado con necesidades de compensación tendrá como marco de atención prioritaria el centro donde esté escolarizado. El proceso se instrumentalizará a través de un plan de atención a la diversidad y de adecuaciones curriculares, cuyas características se definirán reglamentariamente. En todo caso, se entenderá por adaptación curricular la modificación de los diferentes elementos curriculares para responder a las necesidades educativas que de modo transitorio o permanente pueda presentar un alumno o alumna a lo largo de su escolaridad, tendente a la consecución de las capacidades generales establecidas en el currículo.

2.3. La Administración Educativa establecerá las medidas de orientación, apoyo y refuerzo que posibiliten la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria y la continuidad de los estudios académicos o profesionales, de forma que se garantice una adecuada inserción en el mundo laboral.

3. RECURSOS, MEDIOS Y APOYOS EXTRAORDINARIOS

3.1 La Administración Educativa dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para la adecuada atención al alumnado con necesidades de compensación. A este respecto podrá establecer criterios diferenciados en la planificación y organización de los centros y de las zonas educativas.

3.2. Asimismo, se proporcionarán servicios de apoyo a los centros educativos facilitando la incorporación del personal necesario con el perfil profesional adecuado para cubrir las necesidades del alumnado.

3.3. Al mismo tiempo, se establecerán convenios y acuerdos con otras administraciones, instituciones y entidades, que garanticen la prestación de los servicios especializados complementarios que no puedan ofrecerse con los recursos específicos de los centros docentes o de los servicios educativos.

3.4 La Administración promoverá la creación de un Centro de investigación, desarrollo de experiencias y difusión de recursos de apoyo a las necesidades de compensación educativa.

4. PROFESORADO

4.1. En los centros sostenidos con fondos públicos se potenciará la formación y especialización, así como la estabilidad en su caso de los docentes que atiendan en su destino profesional al alumnado con necesidades de compensación educativa, facilitando la creación de equipos de trabajo permanentes e incentivando la labor docente del profesorado que voluntariamente intervenga en proyectos de centro.

4.2. En los planes de formación del profesorado, la Administración Educativa considerará especialmente relevantes aquellas acciones formativas referidas a la respuesta al alumnado en situación de desventaja socioeducativa, así como la participación en programas europeos y en actividades de innovación educativa.

5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES

5.1. Se desarrollarán y ampliarán los marcos de colaboración entre familia y escuela como corresponsables en la toma de decisiones educativas, de forma que se complemente el conocimiento del hijo/alumno, se respeten criterios educativos compartidos y se pongan en marcha acciones coordinadas.

5.2. En especial, la Administración Educativa favorecerá la participación de las familias y representantes del alumnado en situación de desventaja socioeducativa en las decisiones que afecten a su escolarización y en el seguimiento de su proceso educativo.

5.3. Además, a través de las distintas administraciones competentes, se propiciará la puesta en marcha de acciones entre la familia y la escuela que faciliten la comunicación, el intercambio de información, la formación y la capacitación en técnicas de ayuda a la familia, que complementen la labor educativa realizada con el alumnado en situación de desventaja.

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

6.1. Corresponde a las distintas administraciones competentes la evaluación coordinada de las actuaciones objeto de esta Ley. Para ello se procederá al seguimiento, por un lado, de la trayectoria escolar del alumnado destinatario de esta Ley y, por otro, de las medidas específicas que se pongan en funcionamiento.

6.2. Podrán establecerse cauces de participación de las familias y de otros sectores sociales implicados, para el análisis y ponderación de los resultados obtenidos a través del proceso de evaluación.

TÍTULO II.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

A) DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES, SOCIECONÓMICAS Y CULTURALES

1.1. Las Administraciones públicas de Canarias con responsabilidad en el ámbito de menores, en el ejercicio de su corresponsabilidad, coordinarán sus actuaciones de forma que se potencie una atención socioeducativa temprana a los niños y niñas de hasta dos años de edad en una red suficiente de centros preescolares a través de un Plan autonómico, primando en su admisión a los provenientes de familias con rentas más bajas, así como los procedentes de familias desestructuradas o en riesgo de desestructuración.

1.2.- Las condiciones de admisión anteriores se prolongarán a partir de los tres años de edad en los centros escolares y durante todo el periodo de la educación obligatoria, garantizando la asistencia y continuidad en la escolarización, con especial atención a la transición entre etapas educativas. En aquellos casos en los que se determine un riesgo evidente de desescolarización, el alumnado afectado, en función de la problemática concreta, será atendido en Residencias Escolares o en Centros de Protección de Menores.

2.- El alumnado, en función de los niveles de renta de la unidad familiar, podrá ser beneficiario, entre otras, de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar, actividades de acogida temprana, servicios de transporte escolar y comedor, realización de actividades extraescolares y de refuerzo educativo, etc., en el marco de las actividades y servicios ofertados en los centros docentes.

3.- La Administración Educativa, en función del alumnado que escolarice, podrá determinar zonas o centros educativos de atención preferente.

B) LA COMPENSACIÓN EN LA TRANSICIÓN AL MUNDO DEL TRABAJO

A los efectos de posibilitar la mejor inserción posible en el mundo laboral de aquel alumnado que no consiga la titulación básica, una vez agotadas las vías ordinarias y extraordinarias que establece el sistema educativo, se le ofertará programas de formación específicos que propicien una iniciación profesional y consoliden sus capacidades básicas con el objetivo de favorecer su integración social, a tal efecto:

1.- La Administración Educativa pondrá en marcha, en aquellos centros que se determinen, una oferta conjunta de enseñanzas regladas, ocupacionales y de formación continua que permita la movilidad del alumnado entre los distintos subsistemas de formación profesional.

2.- Se articularán convenios y fórmulas de colaboración entre las administraciones, agentes económicos, sociales y organizaciones no gubernamentales, entre otras, que posibiliten el desarrollo de un conjunto de medidas, estrategias y programas interrelacionados, dirigidos a los colectivos en situación de desventaja social.

3.- De manera específica, se potenciará el desarrollo de Programas de Garantía Social, Escuelas-Taller, Casas de Oficios, Cursos Ocupacionales y cualquier otra modalidad de formación que facilite el acceso a la formación y al trabajo del alumnado destinatario de esta Ley con especiales dificultades de inserción laboral.

4.- Se incorporarán ofertas formativas que desarrollen la iniciativa y el espíritu emprendedor del alumnado destinatario de esta Ley y lo capaciten para el desempeño de actividades empresariales.

C) DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR DISCAPACIDAD DERIVADA DE DÉFICIT O CON GRAVES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE POR TRASTORNOS DE CONDUCTA

1.- Cuando se concluya la existencia de necesidades educativas especiales por discapacidad en un alumno o alumna, como resultado de su valoración psicopedagógica, la escolarización se realizará en aquel centro donde se garantice la mejor respuesta educativa. A estos efectos, los centros podrán ser: centros ordinarios, centros de integración prioritaria de alumnado con algún tipo de discapacidad, o centros específicos de educación especial.

2.- La adscripción del alumnado a los centros educativos se acompañará de un proceso de seguimiento continuado con revisiones periódicas de las medidas adoptadas. Dicho proceso debe incluir la participación y colaboración familiar o de los representantes legales para tomar las decisiones más adecuadas en el proceso escolar del alumno o alumna.

3.- En el marco de corresponsabilidad familia-escuela, se fomentará la participación y colaboración de la familia o representantes legales en la respuesta educativa al alumnado con discapacidad.

4.1.- La valoración y orientación educativa y psicopedagógica, entendida como un proceso, favorecerá la identificación funcional de las necesidades educativas del alumnado y determinará las respuestas psicopedagógicas que precise en las diferentes etapas educativas.

4.2.- La valoración del alumno o alumna con necesidades educativas especiales tendrá en cuenta tanto a éstos como a su contexto educativo, familiar y social, con el fin de establecer las modificaciones organizativo-curriculares que se consideren oportunas en la respuesta educativa, así como la introducción de aquellos aspectos funcionales que favorezcan su incorporación a la vida adulta y sociolaboral.

4.3. El alumnado con necesidades educativas especiales contemplado en este capítulo podrá beneficiarse de adaptaciones curriculares significativas que afecten a los elementos prescriptivos del currículo, previa valoración psicopedagógica.

5.- Los alumnos o alumnas que presenten trastornos de conducta con incidencia en la vida del centro, recibirán la respuesta educativa adecuada a través de medidas tanto ordinarias como extraordinarias de atención a sus necesidades educativas especiales, que favorezcan tanto la mejora de sus relaciones intra como interpersonales, como su integración escolar.

D) DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR DESADAPTACIÓN ESCOLAR O POR UN PROCESO DESAJUSTADO DE SU APRENDIZAJE

1.- Los centros educativos determinarán la respuesta más adecuada cuando se concluya la existencia de necesidades educativas especiales por desadaptación escolar o por un proceso desajustado de su aprendizaje como resultado de su valoración psicopedagógica.

2.- La respuesta a dicho alumnado se desarrollará, en la medida de lo posible, en el contexto del aula y del centro ordinario, a través de las medidas que se consideren oportunas.

3.1.- Los centros habrán de proveerse de todas aquellas estrategias organizativas y curriculares, así como de los recursos personales y materiales necesarios. Mediante la flexibilización de todas estas estrategias y recursos se garantizará el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales de dicho alumnado.

3.2.- A tal efecto, los centros elaborarán un plan de atención a la diversidad que contendrá, de modo estructurado, ordenado e integrado, las medidas curriculares y organizativas específicas previstas para facilitar la atención de este alumnado. Además podrá contener programas de intervención específicos para grupos de alumnos, en los términos que reglamentariamente se establezcan. El plan de atención a la diversidad formará parte de los documentos que determinen la planificación curricular del centro.

4.- Una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la diversidad, se podrán establecer, de manera excepcional y con carácter temporal, programas de intervención específicos. En cualquier caso, se establecerán, como mínimo, dos tipos de programas:

- Los orientados a responder a las necesidades educativas especiales derivadas de desajustes de aprendizaje.

- Los orientados a responder a las necesidades educativas especiales derivadas de desadaptación escolar.

Los programas de intervención específica tendrán como referente, en todos los casos, las capacidades generales de la etapa.

5.- Todo el conjunto de medidas desarrolladas por los centros educativos requerirán de un proceso de seguimiento continuado a través de revisiones periódicas. En dicho proceso, se considera imprescindible la participación y colaboración familiar o de los representantes legales del alumno o alumna, con objeto de adoptar las decisiones que mejor contribuyan a su integración escolar.

6.- En el caso de alumnado con desadaptación escolar por dificultades graves de aprendizaje, la atención educativa de desarrollará en el contexto del aula ordinaria, efectuando intervenciones de refuerzo educativo de los aprendizajes básicos o, si se considerara imprescindible, en contextos definidos como de apoyo al aprendizaje. Las intervenciones irán precedidas de una valoración psicopedagógica, así como de una propuesta curricular individualizada referida a las acciones de apoyo educativo que se proponen para responder a este alumnado.

E) DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE Y MINORÍAS ÉTNICAS O CULTURALES

Como consecuencia de la corresponsabilidad de las distintas administraciones, se coordinarán acciones en los siguientes aspectos educativos:

a) Superación de la barrera idiomática para el alumnado no hispanohablante, que contribuya paralelamente a la mejora de la competencia lingüística del conjunto del alumnado.

b) Superación de desfases curriculares que presente determinado alumnado inmigrante, derivados de los diferentes procesos previos de escolarización o de periodos largos de desescolarización.

c) Adaptación de la información al alumnado y sus familias, para facilitar un efectivo acceso a todos los servicios educativos o de carácter compensador a los que tengan derecho.

d) Los centros educativos establecerán y revisarán periódicamente, con el apoyo de las administraciones competentes, un plan de acogida e integración para nuevo alumnado, teniendo en cuenta que su incorporación puede producirse en cualquier momento del curso escolar.

e) Puesta en marcha de mecanismos que propicien la incorporación de la familia del alumnado inmigrante o perteneciente a una minoría étnica tanto en los órganos de participación del centro educativo, como en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

f) Potenciación de servicios de interpretación idiomática, mediación intercultural o educación familiar.

g) Atención educativa adecuada de los menores extranjeros no acompañados, con posibilidad de ofertas formativas específicas entre los 15 y los 18 años.

F) DE LA ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DE ESCOLARIZACIÓN POR RAZÓN DE RESIDENCIA

1.- El alumnado que se encuentre en situación de desventaja socioeducativa derivada de su residencia familiar, dispondrá de aquellas medidas de discriminación positiva que reglamentariamente se establezcan, orientadas, en especial, a lograr la mejor adecuación educativa en función de la insularidad, fragmentación del territorio y desigual crecimiento poblacional, que constituyen elementos definitorios y peculiares de la Comunidad Autónoma Canaria. Para ello se establecerán servicios de transporte, residencias escolares, ayudas para desplazamientos o de residencia fuera del domicilio familiar.

2.- El Gobierno velará especialmente para que las condiciones básicas de escolarización sean lo más homogéneas posibles en todas las zonas del territorio archipielágico.

G) OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA FUERA DEL CONTEXTO ESCOLAR

1.- Una vez agotadas las medidas ordinarias establecidas en los distintos capítulos de esta Ley, se podrán establecer, de manera excepcional y con carácter temporal, medidas externas de escolarización del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, impulsando una estrecha colaboración con sus familias y con los servicios sociales de su entorno más próximo.

2.- El Gobierno garantizará la continuidad del proceso educativo del alumnado de enseñanza obligatoria que, por razones de enfermedad, no pueda asistir a centros educativos ordinarios. Para ello, se compromete a crear y dotar a las diferentes instituciones sanitarias públicas de unidades psicopedagógicas, que aseguren la correcta atención educativa de los menores ingresados en edad escolar. Asimismo, la Administración garantizará una respuesta educativa adecuada al alumnado que por enfermedad deba permanecer durante periodos prolongados en su domicilio. A tal efecto, se establecerán procedimientos de coordinación entre el centro donde se encuentre matriculado el alumnado, las unidades psicopedagógicas hospitalarias y los recursos de apoyo domiciliario; todo ello con el fin de prevenir y evitar su marginación y normalizar su proceso educativo.

3.- El alumnado entre 14 y 16 años que, en cumplimiento de una medida judicial en el ámbito penal, no pueda asistir a un centro educativo, será atendido en aulas específicas en los propios centros en que esté internado.

4.- Excepcionalmente cuando no sea posible garantizar la educación en centros docentes, en unidades psicopedagógicas, en atención domiciliaria o en aulas específicas, se garantizará la posibilidad de que este alumnado se matricule en la modalidad de educación a distancia en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

IV.- DE LA CORRESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

1.- La planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones que, en aplicación de la presente Ley, impliquen a distintas administraciones, se realizará de modo coordinado en toda la Comunidad Autónoma.

2.- Para el mejor desarrollo de las acciones contempladas en esta Ley, la Administración del Gobierno de Canarias fomentará la colaboración con los agentes económicos y sociales, las confederaciones, federaciones y asociaciones de padres y madres, alumnos y alumnas, organizaciones no gubernamentales, entidades de acción voluntaria, así como con otras entidades sin ánimo de lucro.

3.- La Administración impulsará la creación de equipos de trabajo interinstitucionales para el establecimiento de acciones o planes integrales que desarrollen la presente Ley, así como para su seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos.

4.- Las diferentes administraciones, cada una desde el ámbito de sus competencias, colaborarán en el fin común de lograr la necesaria cohesión social en las zonas receptoras de inmigración o en las que conviven grupos de diferente origen o identidad cultural, especialmente de aquel alumnado con nulo o insuficiente dominio del español, con un desfase curricular en diversas áreas o materias, con dificultades derivadas del desarraigo o de contrastes culturales.

5.- La Administración contribuirá a la coordinación de todas aquellas instituciones que directa o indirectamente puedan colaborar en el desarrollo de la respuesta al alumnado con discapacidad, escolarizado en los distintos centros educativos.

6.- Las Administraciones locales serán corresponsables y colaborarán con la Administración del Gobierno de Canarias en el desarrollo de los programas y actuaciones de compensación educativa contempladas en esta Ley, específicamente en las actuaciones dirigidas a garantizar la escolarización, el seguimiento y control del absentismo y los programas de iniciación profesional para jóvenes con especiales dificultades de acceso al empleo.

7.- Para ello, la Administración local, en el ámbito de sus competencias adaptará las ofertas formativas a las necesidades específicas de los jóvenes en situación de desventaja socioeducativa.

OTROS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE REGULACIÓN

Atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales por altas capacidades

1.- La Administración Educativa establecerá los cauces para la identificación de este alumnado, la adecuación de la valoración psi­copedagógica, la adaptación de los procedimientos para orientar la respuesta educativa, así como la concreción de las medidas curriculares excepcionales adoptadas y el desarrollo, en su caso, de otras respuestas.

2.- El procedimiento y los plazos para flexibilizar el periodo de esco­larización obligatoria de estos alumnos y alumnas serán objeto de determinación por la Administración Educativa.

DESARROLLO REGLAMENTARIO

El Gobierno desarrollará reglamentariamente las actuaciones necesarias para la atención a las necesidades educativas de los alumnos en función de su origen, mediante actuaciones de compensación externas o a través de la atención educativa en los centros docentes. No obstante, esta Ley sienta las bases de los criterios de intervención y participación.


Anexo I.- Datos estadísticos que justifican la necesidad de compensación

CONTEXTOS QUE REQUIEREN EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPENSADORAS

La amplitud y variedad de situaciones que pueden presentarse en este apartado es tan amplio que se ha preferido definir los contextos generales, más que las situaciones concretas; de este modo es posible comprender la necesidad de desarrollar acciones compensadoras al conocer tanto el contexto socioeconómico como el contexto educativo en el que se generan las situaciones y las personas sujetas a compensación educativa.

Condiciones sociales de la población canaria: pobreza, desempleo y nivel de estudios

Según estudio elaborado por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales sobre las condiciones sociales de la población canaria en 2001, entre otras conclusiones se apuntan las siguientes:

Anexo II.- Glosario de términos

DEFINICIONES