Gobierno de Canarias

Consejeria de Educacion, Universidades, Cultura y Deportes


Resolución
 

Norma: ORDEN de 22 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
De fecha: 22/05/2011

BOC: BOC Nº 107. Miércoles 1 de Junio de 2011



I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes



2977 ORDEN de 22 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE nº 106, de 4 de mayo), en el Capítulo II del Título VII, denominado "Inspección Educativa del sistema educativo" determina el marco general que regula la inspección educativa y prevé que las administraciones educativas regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales.



En esta Ley se encomienda a la inspección educativa el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los centros escolares, como pieza clave para la mejora del sistema educativo. Se recogen en la misma las funciones de la inspección educativa y su organización, así como las atribuciones de los inspectores. Por tanto, en el marco de dicha Ley, la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, para asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.



La Comunidad Autónoma de Canarias, en desarrollo de la citada Ley, ha publicado el Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 97, de 22 de mayo) que establece, entre otros aspectos, autorización a la Consejería competente en materia de educación para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación del Decreto.



Con dicho Decreto se procedió a la aprobación de una nueva regulación autonómica en desarrollo del Título VII de la LOE, que ha permitido modificar la organización central y territorial de la inspección educativa y su funcionamiento, abordando aspectos relativos a su objeto, ámbito, fines, funciones y atribuciones; organización y funcionamiento; acceso; formación y actualización, así como evaluación de la actividad inspectora. Se han establecido así los principios rectores de la inspección al servicio de las políticas educativas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que ahora esta Orden desarrolla de manera más específica.



Dada la naturaleza, pues, de los principios, de la estructura, de la organización y el funcionamiento, de las funciones, competencias, atribuciones y ámbitos de actuación de la inspección educativa, así como del establecimiento de los criterios para su formación y evaluación, se hace necesario su desarrollo y concreción.



De acuerdo con lo expuesto, a iniciativa de la Inspección General de Educación, se procede a la aprobación de la presente Orden, en ejercicio de las competencias atribuidas en Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en su artículo 32, reconoce que los Consejeros, como miembros del Gobierno, tienen, entre otras funciones, las de ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, en forma de Órdenes Departamentales.



En virtud de las competencias atribuidas en el artículo 32, apartado c), de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículos 5, apartado 1, letras a) y c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 1.8.06), aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio, y conforme con la Disposición Final Primera del Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 97, de 22.5.09), a propuesta del Viceconsejero de Educación y Universidades,



D I S P O N G O:



CAPÍTULO I



OBJETO, ÁMBITO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA



Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.



1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar las competencias de la inspección educativa, concretar la práctica de las funciones y atribuciones que tiene asignada y definir diversos elementos de su organización y funcionamiento, de su formación y evaluación, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.



2. La presente Orden será de aplicación a la Inspección General de Educación y al personal funcionario adscrito a la inspección educativa dependiente de esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.



Artículo 2.- Ámbitos de actuación de la inspección educativa.



1. Se entiende por ámbitos de actuación de la inspección educativa tanto los centros educativos y los servicios e instalaciones donde se desarrollen actividades educativas, como la función que realicen las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en cuantos sujetos responsables del cumplimiento de las normas que, en materia de educación, les sean de aplicación.



2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 52/2009, de 12 de mayo (en adelante, el Reglamento), la función inspectora se ejerce sobre todos los centros, servicios y programas educativos, exceptuando los universitarios, y en particular en:



a) Los centros docentes públicos y privados de todos los niveles y modalidades educativas que impartan enseñanzas no universitarias.



b) Los Colectivos de escuelas rurales (CER).



c) Las Residencias escolares.



d) Los programas y actividades promovidos o autorizados por esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.



e) Los Centros de Profesorado (CEP), los Equipos de Orientación Educativa (EOEP), los Equipos de Orientación Específicos y cualquier otro servicio que establezca la Administración educativa.



f) Los servicios educativos autorizados por la Consejería con competencias en materia educativa.



Artículo 3.- Procesos de aplicación de la inspección educativa.



1. Son procesos de aplicación de la inspección educativa las actuaciones que, en el ejercicio de sus funciones, está facultada para llevar a cabo, en el ámbito de la potestad inspectora de la Administración.



2. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento, los procesos de aplicación de la inspección educativa se desarrollarán en torno a los Procesos Claves y Procesos Internos establecidos en el anexo I de la presente Orden.



Artículo 4.- Impedimentos a la función inspectora.



1. Se considera impedimento a la función inspectora cualquier acción u omisión que dificulte o impida el ejercicio de la misma, y en particular las siguientes:



a) Impedir la entrada o la permanencia de los inspectores en los centros educativos.



b) Falsear datos requeridos por la Administración educativa o declaraciones realizadas ante la misma.



c) Ocultar datos y antecedentes solicitados por la Administración educativa.



d) No prestar la ayuda o la colaboración requerida por los órganos de la Administración educativa.



e) No facilitar la información y datos necesarios para el desarrollo del ejercicio de la función inspectora.



2. Impedir el ejercicio de la función inspectora podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas o disciplinarias que procedan.



Artículo 5.- Funciones y atribuciones.



1. La inspección educativa, para la consecución de los fines educativos, tendrá asignadas funciones de supervisión, información y asesoramiento, coordinación de servicios y programas, control normativo, evaluación, colaboración y mediación, en los términos señalados en el artículo 151.1 de la LOE y artículo 3 del Reglamento.



2. Para cumplir dichas funciones los inspectores e inspectoras tendrán las atribuciones previstas en esta Orden y en el artículo 5 del Reglamento, con el alcance y contenido que se señalan su Capítulo I.



Artículo 6.- Las visitas de inspección.



1. Los inspectores e inspectoras tienen la atribución de visitar los centros docentes definidos en el artículo 2 de esta Orden, así como los servicios e instalaciones en los que se desarrollen actividades educativas promovidas o autorizadas por la Administración.



2. La visita de inspección es inherente a la tarea inspectora, necesita de la disponibilidad de la comunidad educativa para realizarla, incluso para el desplazamiento, y genera el derecho al reconocimiento de esta singularidad.



3. Las visitas tendrán como finalidad el desarrollo de las actividades propias de la inspección, y se realizarán por indicación del Plan de trabajo (programadas), por iniciativa propia (no programadas o imprevistas) y por orden superior.



4. La visita de inspección educativa tiene como objeto:



a) Velar y controlar en los centros, en programas y servicios educativos el cumplimiento de las disposiciones vigentes, además del buen uso y control de los recursos humanos.



b) Supervisar el funcionamiento general de los centros y de cada una de sus unidades en particular.



c) Orientar y asesorar a la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.



d) Coordinar los servicios de apoyo a los centros.



e) Participar en la evaluación externa de los centros educativos, en la evaluación de la función directiva y del profesorado, en los programas y servicios, y en los procesos de evaluación interna de los centros.



f) Detectar las necesidades que se presenten para informar a los órganos correspondientes de la Administración educativa.



g) Informar en los procedimientos disciplinarios del personal docente y de cuales fuera de su responsabilidad.



h) Informar del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento de sus obligaciones a cuantos intervienen en el proceso educativo.



i) Fomentar las buenas prácticas docentes.



j) Recabar datos para elaborar informes y levantar actas con carácter probatorio.



k) Colaborar en la resolución de los conflictos.



l) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por una norma de igual o superior rango a la presente.



Artículo 7.- Planificación de las visitas de inspección.



1. La visita de inspección educativa se realizará de conformidad con los principios de planificación, coordinación e integración de actuaciones, responderá a objetivos previamente determinados en la planificación de las actuaciones en el centro educativo, y estará contemplada en el Plan de Trabajo Anual.



2. Se utilizarán los procedimientos operativos claves (POC) de recogida de datos y de análisis de la información, aprobados y autorizados por la Comisión de Gestión de la Calidad y validado por la Inspección General.



3. Previamente al inicio de la visita programada deberá comunicarse a la dirección, responsable o titular del centro educativo, su objetivo, así como cuantos datos sean de interés para su desarrollo.



Artículo 8.- Práctica de las visitas de inspección.



1. La Inspección Educativa podrá practicar las actuaciones necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de los centros y su ajuste a la legalidad, mediante la práctica de las correspondientes visitas al establecimiento docente. Además de poder verificar el estado de las instalaciones, podrá requerir del personal del centro la información y documentación necesarias para dicha comprobación y, en su caso, expresar verbalmente o por escrito, el que se realicen las acciones pertinentes para la corrección oportuna.



2. El Inspector o Inspectora podrá hacerse acompañar en la visita por otro miembro de la Inspección Educativa, por personal docente, por personal de apoyo de la Inspección o cualquier otro personal técnico de la Administración educativa que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora.



3. De cada visita de la Inspección Educativa quedará constancia en la aplicación "Soporte Informático de Seguimiento" (SIS), en el apartado correspondiente al Libro de Visitas Electrónico (LVE).



4. Cuando de la visita se deriven requerimientos de adecuación a la normativa vigente se extenderá el informe prescriptivo, que deberá contener el plazo para llevar a cabo su subsanación, de lo que se informará a las Jefaturas de Servicio Territorial de la Inspección Educativa.



5. Si en un centro docente de titularidad privada, no se facilitase el acceso de la Inspección Educativa para el ejercicio de sus funciones, o el titular del centro se opusiera a ello o manifestase su expreso impedimento para acceder a las instalaciones, archivos y documentación del centro, se levantará acta de los hechos por el Inspector o Inspectora que efectuase la visita, y a instancia de la Inspección General de Educación, la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Educación podrá requerir la oportuna autorización judicial, en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Si el impedimento se produjera en un centro público, el funcionario o funcionaria responsable de la denegación será advertido de su ilegalidad por el Inspector o Inspectora que efectuase la visita, y si persistiese en su actitud, será denunciado este comportamiento ante la Dirección General de Personal a los efectos disciplinarios.



Artículo 9.- Autorización y seguimiento de las visitas de inspección.



1. Las visitas serán supervisadas quincenalmente por el órgano competente para la aprobación y autorización de la correspondiente orden de desplazamiento. También, quincenalmente, se hará el seguimiento de las desarrolladas la quincena anterior.



2. La planificación de las visitas será autorizada por el Inspector o Inspectora Jefe Territorial y aprobada por el titular de la Inspección General. Su aprobación lleva implícita la correspondiente autorización de las órdenes de desplazamiento dentro de cada territorio. La aprobación de la orden de los desplazamientos entre diferentes territorios de la Inspección Educativa dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponde a la persona titular de la Inspección General.



3. En las visitas no programadas (motivada por una situación imprevista) que obliguen a un desplazamiento, el inspector o inspectora lo pondrá en conocimiento inmediato de la persona titular de la Jefatura de Servicio Territorial y, si no fuera posible, lo hará una vez realizada la visita.



4. Quincenalmente, en reunión conjunta de cada Equipo de Trabajo, se hará el seguimiento de las visitas realizadas la quincena anterior y se programarán las de la siguiente de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual y mensual.



5. El Coordinador o Coordinadora de cada Equipo de trabajo presentará al responsable de la Jefatura Territorial de Inspección, la planificación de las visitas de la quincena siguiente de los miembros de su equipo.



Artículo 10.- Supervisión de los centros, programas y servicios.



1. Los inspectores e inspectoras de educación, según el artículo 5, apartados a) y b) del Reglamento, tendrán la atribución de conocer y supervisar la organización y funcionamiento de los centros y servicios educativos, comprobar el desarrollo de las actividades que en ellos se realizan, la práctica docente y el proceso de aprendizaje de los alumnos.



2. La supervisión tendrá una doble finalidad:



a) Comprobar y conseguir el cumplimiento de la legalidad.



b) Contribuir a la mejora de todos los procesos y resultados.



Artículo 11.- Acceso a la documentación.



1. La inspección educativa, en el ejercicio de sus funciones, tendrá acceso a la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros docentes, tanto públicos como privados, y de los servicios educativos, así como a la documentación económica en el caso de los centros sostenidos con fondos públicos.



2. La inspección educativa velará para que los centros, servicios y programas utilicen, de forma correcta, los sistemas de gestión y aplicaciones informáticas establecidas por esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Para ello tendrán pleno acceso a la información contenida en los citados sistemas y aplicaciones de gestión, guardando especial sigilo de la información contenida en dichas herramientas y con sometimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.



3. En los centros de titularidad privada no sostenidos con fondos públicos los inspectores e inspectoras tendrán acceso a toda la documentación académica relacionada con el desarrollo y evaluación del currículo, así como la correspondiente al profesorado y cualquier otra relacionada con los procesos de aplicación que se recogen en el anexo I de la presente Orden.



4. La documentación a la que deberá tener acceso la inspección contempla libros y registros en papel, así como los incluidos en programas informáticos y archivos en cualquier soporte.



Artículo 12.- Participación en reuniones.



1. La inspección educativa en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento, en su artículo 5, apartado 1, letra d), tiene la atribución de intervenir en reuniones con los miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa tanto de centros públicos como privados, con los de programas o servicios, o con representantes de otras instituciones que tengan incidencia en los centros.



2. Así mismo podrá convocar a los docentes de su ámbito de responsabilidad cuando sea necesario o conveniente para el desarrollo de sus funciones y competencias.



3. La convocatoria de reunión se realizará a través de la aplicación de Gestión Documental (GesDoc) o aplicación informática que le sustituya, con la antelación suficiente, y deberá figurar en el plan de visitas quincenal del inspector o inspectora. Será puesta en conocimiento de la dirección, del responsable y, en su caso, del titular del centro educativo para su traslado a los destinatarios. Asimismo, deberá reflejar el objeto de la reunión, salvo que su naturaleza y sus posibles efectos puedan verse alterados.



4. Los contenidos de las reuniones convocadas por la inspección educativa versarán siempre sobre asuntos integrados en el ámbito de sus competencias.



Artículo 13.- Obtención de información de los órganos y servicios de la Consejería.



1. El artículo 5.1, letra e) del Reglamento, establece que los inspectores e inspectoras educativos obtendrán de los órganos y servicios de la Consejería competente en materia educativa la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones.



2. El traslado de la información citada se canalizará a través de la Inspección General de Educación.



3. La Secretaría General Técnica, a través de las aplicaciones informáticas de uso corporativo que se implanten, podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse con las distintas unidades integrantes de la Inspección General de Educación utilizando sólo medios electrónicos, de acuerdo con el artículo 27, apartado 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.



Artículo 14.- Procedimientos de comunicación.



1. Los procedimientos que la inspección educativa emplee para comunicarse internamente abarcará tres vías, todas ellas de carácter electrónico:



a) A través de la Web interna o Intranet corporativa, en la que se comunicará toda la información relacionada con el plan de trabajo, documentación de interés y organización de la inspección.



El uso de estos sitios webs comprenderá el alojamiento de informes, comunicados, convocatorias y otros documentos oficiales de utilidad para la inspección educativa.



b) Por correo electrónico corporativo, para adelantar información que por su inmediatez es necesario que se conozca por los inspectores e inspectoras.



c) Mediante la aplicación de Gestión Documental (GesDoc), el gestor de expedientes NESTOR o cualquier otra que la sustituya en el futuro.



2. La comunicación escrita con los centros, servicios y miembros de la comunidad educativa se llevará a cabo mediante comunicados o circulares, de acuerdo con los protocolos internos establecidos a estos efectos.



3. Las comunicaciones con las Direcciones Territoriales de Educación se realizará siempre a través de la Jefatura del Servicio Territorial.



4. Las comunicaciones con el resto de responsables de centros directivos de la Consejería, se realizará siempre a través de la Inspección General, sin perjuicio del respeto al procedimiento específico establecido en el régimen disciplinario y sancionador.



5. Las comunicaciones verbales con el personal técnico de los centros directivos de la Consejería se realizará preferentemente a través de los Inspectores Jefes Territoriales.



6. Los canales de información que el personal inspector y de apoyo tienen para mostrar sus sugerencias, propuestas u opiniones son:



a) El SIS (soporte informático de seguimiento).



b) La Web interna de la Inspección.



c) La aplicación de gestión documental (GesDoc).



d) El correo electrónico corporativo.



Artículo 15.- Autoridad pública.



1. Según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 del Reglamento, los inspectores e inspectoras educativos en el ejercicio de la potestad inspectora tendrán la consideración de autoridad pública. Como tal recibirán la colaboración necesaria del restante personal funcionario y de los que tienen la responsabilidad de los centros y servicios educativos, tanto públicos como privados.



2. La colaboración a la que se refiere el apartado anterior comprende el poder requerir información relacionada con el asunto que se hallare en tramitación, recabar documentos para el esclarecimiento de los hechos o para completar la información que se esté elaborando, y gestionar acciones tendentes a resolver las necesidades que se planteen, todo ello relacionado con las procesos de aplicación que se recogen en el anexo I de la presente Orden.



Artículo 16.- Emisión de informes y levantamiento de actas.



Los inspectores e inspectoras de educación, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la atribución de emitir informes y levantar actas, a través de los cauces establecidos y cuando proceda, bien por estar establecido en el Plan de trabajo, por propia iniciativa o a instancias de las autoridades de la Administración educativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes de la presente Orden.



Artículo 17.- Informes.



1. El informe de la Inspección educativa es el documento en el que se expone información objetiva de manera clara y ordenada, y que contendrá una declaración de juicio que tiene por finalidad proporcionar al órgano que va a resolver el procedimiento, los elementos de hecho o de derecho necesarios para conformar su voluntad y orientar su decisión o dictar la resolución con garantías de acierto.



2. Salvo requerimiento judicial, los informes son documentos administrativos para los que se debe garantizar la necesaria confidencialidad, y nunca deben abandonar el ámbito del órgano al que van dirigidos. En todo caso, no serán vinculantes para el órgano que deba resolver.



3. Para la elaboración y emisión de Informes se tendrá en cuenta las Instrucciones establecidas en el anexo II de esta Orden.



Artículo 18.- Actas.



1. De acuerdo con el Reglamento los inspectores e inspectoras, en el ejercicio de sus funciones, como autoridad pública, podrán levantar actas para la acreditación de hechos con valor probatorio.



2. Las actas formalizadas por la inspección educativa conforme a la legalidad establecida tienen naturaleza de documento público, que acreditan actos o situaciones de carácter administrativo, con presunción de veracidad de los hechos que motiven su formulación y sean constatados por los inspectores e inspectoras.



3. En el acta deberán consignarse, al menos:



a) Los datos relativos al centro y programa o servicio educativo inspeccionado y de la persona o personas ante cuya presencia se efectúa la inspección.



b) La fecha, hora y lugar donde se desarrollan las actuaciones.



c) La identificación del inspector o inspectora y de la persona o personas ante las que se levante el acta.



d) Los hechos constatados y, en su caso, las presuntas infracciones y el precepto vulnerado.



e) En los casos que se requiera, los acuerdos, sugerencias o propuestas.



En todo caso, el acta tendrá en cuenta los criterios establecidos en los procesos de aplicación recogidos en el anexo I de esta Orden. En el supuesto que el asunto en cuestión no tenga modelo establecido se realizará ajustándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para su elaboración se utilizará la aplicación informática Sistema Informático de Seguimiento (SIS).



4. Junto a la firma del inspector o inspectora interviniente, el acta deberá firmarse por el titular de la entidad, centro o servicio y, en su defecto, por el representante o empleado presente durante la visita de inspección, con el fin de garantizar su conocimiento. En caso de negativa, el inspector o inspectora lo hará constar en el acta. Asimismo, el titular o su representante podrán hacer constar su conformidad o disconformidad respecto a su contenido.



5. Una copia del acta se entregará a la persona ante cuya presencia se desarrolla la labor inspectora y, en caso de rechazarla, esta circunstancia se hará constar en dicha acta, siéndole remitida, si procede, por algunos de los medios previstos en la legislación vigente.



6. El acta podrá acompañarse de la documentación acreditativa que corresponda. A tales efectos, podrá requerirse copia de la documentación que se considere relevante a la persona titular o responsable del centro educativo.



Artículo 19.- Asesoramiento y resolución de conflictos.



1. La inspección educativa asesorará a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.



2. El asesoramiento al que se hace referencia consiste en orientar e informar a los equipos directivos y al profesorado en relación con la normativa reguladora de la educación, con la organización y funcionamiento de los centros y servicios, con el desarrollo de los procesos curriculares, con los derechos y obligaciones de alumnado, de sus padres y madres, y del profesorado.



3. La inspección educativa orientará también sobre el ejercicio de las diferentes competencias entre los distintos sectores de la comunidad educativa, con especial incidencia en los aspectos relacionados con la convivencia escolar, y prestarán su intervención en situaciones de discrepancia o conflicto.



4. La intervención en situaciones de conflicto se orientará hacia la propuesta de iniciativas y actuaciones encaminadas a asesorar al personal docente y no docente, las asociaciones del alumnado y de padres y madres de alumnos, sobre sus derechos y obligaciones, y a orientar su actividad como colectivo.



5. El procedimiento empleado en las actuaciones de mediación en la resolución de conflictos respetará, en su caso, los procesos y normas establecidas en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.



(Continúa)

(continúa

Boletín: Nº BOC 107 del 01/06/2011



 Volver



c Gobierno de Canarias