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Funciones de la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE


Entre las funciones de la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE podemos destacar:

  • La defensa del mantenimiento del tratamiento diferenciado de Canarias, en tanto que región ultraperiférica de la UE, en las políticas europeas en el marco de las futuras reformas europeas, para el próximo periodo 2014-2020, y renovación ante las instituciones europeas de los expedientes relativos a los incentivos fiscales del REF, el AIEM, las ayudas de Estado y demás expedientes para los que se precise autorización comunitaria.
  • El mantenimiento y refuerzo de la cooperación entre las regiones ultraperiféricas de la UE (RUP).
  • El impulso de los intereses singulares de Canarias en el ámbito nacional y europeo a través de los distintos foros del Estado y de la UE.
  • La coordinación de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Comité de las Regiones; coordinación de la participación de la Comunidad Autónoma en las formaciones del Consejo abiertas a la participación autonómica; participación de Canarias en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE); coordinación en Canarias de los asuntos relativos al Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a la comitología y a la red SOLVIT; participación en plataformas de representación plurirregional, etc. 
  • La divulgación de las políticas, actuaciones y normativa europea y el apoyo a la autoridad de gestión de los programas operativos y proyectos cofinanciados  con recursos procedentes de los fondos de cooperación territorial europea y de vecindad, en la preparación y gestión de los mismos.
  • El seguimiento de la normativa de la UE con incidencia en las competencias e intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los procedimientos de infracción por incumplimiento del Derecho de la UE, así como, la coordinación de las actuaciones que, en el marco de tales procedimientos, deba realizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
  • La adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en materia de ayudas públicas; en especial la emisión de informes sobre la adecuación a la normativa europea de la competencia de las propuestas de convocatorias y concesión de subvenciones autonómicas.