Canarias en la UE.

 

En 1991 se modifica el régimen de integración de Canarias en la Unión Europea, pasando del régimen inicial de integración, definido en el Protocolo 2 del Acta de Adhesión de España y Portugal, que excluía a las islas de una serie de políticas, a un régimen de integración plena en el que se reconocen una serie de medidas específicas.

El objetivo de esta plena integración fue permitir la participación de nuestra región en el mercado interior europeo, en vigor en enero de 1992, y en las políticas comunitarias, a través de medidas adaptadas a su situación particular, manteniendo al mismo tiempo, su Régimen Económico y Fiscal.

El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), también conocido como Tratado de Lisboa, reconoce en su artículo 349, la situación específica de Canarias en la UE. Esta especificidad la comparte con otras regiones europeas que se encuentran en una situación similar: las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira y las regiones francesas de Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín.

Todas ellas constituyen el denominado grupo de las regiones ultraperiféricas de la UE, aquéllas que comparten una serie de factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo: gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos, y dependencia económica de un reducido número de productos.

El artículo 349 del TFUE constituye la principal base jurídica que permite adaptar con normativa específica, la aplicación de determinadas políticas europeas en las regiones ultraperiféricas, cuando es necesario para paliar las desventajas que sufren y mejorar sus posibilidades de participar en el mercado interior.

Las medidas mencionadas se refieren, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.

En el caso de Canarias, esta legislación europea específica ha permitido el mantenimiento de los incentivos fiscales y económicos del REF, el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), la Zona Especial Canaria (ZEC), el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y una serie de medidas particulares en el marco de las políticas de cohesión (Fondo específico RUP), agrícola y pesquera (el Programa POSEI), política comercial (exenciones arancelarias para determinados productos industriales y de la pesca), etc. 

Última actualización: mayo de 2015