Gobierno de Canarias

Entre los factores claves a tener en cuenta para garantizar la implantación de un plan de estas características se hace necesario contar con los siguientes elementos:

LA VOLUNTAD POLÍTICA

Liderazgo, voluntad y autoridad política:

• El primero de los factores determinantes es la voluntad explícita del Gobierno de Canarias en avanzar hacia la consecución de una Administración más accesible, participativa, transparente y eficaz.
• Corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad dirigir e implantar este Plan impulsando las acciones precisas para su desarrollo, contando, para ello, con el más firme respaldo y apoyo expreso del Gobierno de Canarias.
• Lograr el éxito de los nuevos retos que se plantean, la mejora y la innovación de la Administración es una tarea que debe ser compartida por todos los estamentos, políticos y de gestión, de la Administración Pública Canaria, con el compromiso del Gobierno de un liderazgo firme y decidido.

FACTORES PERSONALES

Órgano impulsor y promotor:

• Es imprescindible contar con un organismo impulsor y promotor que actúe con autonomía, autoridad y capacidad de decisión.
• En el ámbito de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la Viceconsejería de Administración Pública, órgano de carácter horizontal, a través de la Inspección General de Servicios en su calidad de órgano asesor y piloto, asume el peso organizativo y administrativo de los proyectos concretos en que se materialice el plan.

FACTORES COYUNTURALES

Participación e implicación activa del Departamento competente en materia de Tecnologías de la información y de las comunicaciones:

• Afrontar un proceso de racionalización, rediseño y simplificación de procedimientos administrativos en el siglo XXI es imposible si no se cuenta con la implicación y participación expresa y directa, de quienes son responsables de las políticas relacionadas con la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, a fin de garantizar la máxima proximidad de la Administración a los ciudadanos.
• Participación e implicación activa de todas las Consejerías.
• Quien mejor conoce un procedimiento es quien tiene la responsabilidad de tramitarlo o instruirlo. La simplificación y racionalización de la actividad administrativa compete al Gobierno, siendo, por consiguiente, cada una de las Consejerías que lo componen protagonista de dicho proceso en su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio, de la competencia de carácter horizontal que, en materia de simplificación, corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
• Sólo si se tiene en cuenta la opinión de los implicados en el procedimiento, la simplificación y racionalización, eje de este plan, responderá a las necesidades reales de quienes tienen que llevarlo a mejor término.

FACTORES ECONÓMICOS MATERIALES

Medios tecnológicos suficientes:

• De tal forma, la simplificación y racionalización de procedimientos no debe ser considerada un obstáculo en el ejercicio de las competencias propias. Por el contrario ha de constituir el más dinámico instrumento facilitador del ejercicio de dichas competencias.
• Asimismo, se trata de aprovechar las sinergias producidas en materia tecnológica, informática o telemática, a lo largo del tiempo en los diferentes ámbitos de la Administración Pública que permitan agilizar la aplicación temporal del Plan y su expansión en todo el ámbito de aplicación del mismo.
• Medios informáticos de apoyo a la racionalización administrativa.
• Existen aplicativos informáticos necesarios para la creación de esquemas y flujogramas de procedimientos con los que es necesario contar para llevar a cabo este Plan.

FACTORES FORMATIVOS

Implicación de toda la organización:

• La Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma es una organización de considerables dimensiones y de complejas y fragmentadas estructuras, por lo que la elaboración y ejecución de un plan de simplificación y racionalización de la gestión administrativa sólo puede entenderse como un proceso gradual de implantación de una nueva cultura de gestión pública que implique a todos los operadores.
• Este proceso de modernización y búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios constituye un reto apasionante, no exento de escollos, que, precisamente por ello, requiere elevadas dosis de perseverancia en el impulso firme y decidido a iniciativas de implantación de sistemas de calidad, como puedan ser las tareas de formación especializada en este ámbito material.