Gobierno de Canarias

En materia de inspección de los servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponden a la Inspección General de Servicios las siguientes funciones:

1. El ejercicio de la función de inspección de los servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los entes, organismos autónomos y empresas públicas que de ella dependan.
2. La realización de auditorías o evaluaciones del sistema de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, en colaboración con la Dirección General de Trabajo, en los términos previstos en el Decreto 73/2002, de 3 de junio, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos.
3. La comprobación y emisión de informes sobre el cumplimiento, por parte del personal al servicio de las Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las obligaciones del trabajo desempeñado, compatibilidad, jornada, horario, vacaciones, permisos y demás aspectos concernientes al régimen interno.
4. El seguimiento y control del absentismo laboral cuando se aleguen causas de enfermedad.

Normativa

• Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios.
• Decreto 73/2002, de 3 de junio, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.
• Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos.
• Decreto 394/2007, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios, aprobado mediante Decreto 163/2001, de 30 de julio.