Gobierno de Canarias

Uno de los problemas económicos básicos de los que ha de ocuparse la sociedad canaria en la actualidad es el de la correcta asignación de los recursos disponibles. Esta asignación se realiza a través del mecanismo de mercado, mecanismo que lleva inherentes una serie de imperfecciones, como son las conocidas como externalidades: bienes que carecen de precio por no tener un mercado en el que intercambiarse.

En esta situación se halla el Medio Ambiente, de cuyo valor -aunque indudable- el sistema de mercado no ofrece ninguna indicación. Debido a ello, muchos recursos naturales son considerados como gratuitos o de libre disposición, de manera que su uso y consumo no tiene ningún coste, con los riesgos de sobreexplotación que ello conlleva.

Los intentos por lograr una ponderación económica de los valores naturales de un territorio han experimentado un gran desarrollo a partir de la década de los 80, momento en que algunos países, como los EE.UU., comienzan a incorporarla sistemáticamente en los análisis Coste-Benerficio. En el caso de este país, incluso se exige dicha incorporación en toda la reglamentación medioambiental propuesta por la Administración pública. En otros países desarrollados, como el Reino Unido, Alemania u Holanda, también se ha comenzado a realizar esta integración. Inclusive la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeos) ha publicado en 1995 una guía práctica para la valoración económica ambiental.

Cada día es más frecuente encontrar en la bibliografía científica, en las conclusiones de los grupos de expertos de los organismos internacionales, y hasta en la jurisprudencia de los países desarrollados, referencias a la necesidad de integrar el valor del Medio Ambiente en los análisis Coste-Beneficio de los proyectos.

Incluso en el Principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el desarrollo puede encontrarse el siguiente literal: "las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costes ambientales y el uso de instrumentos económicos...".

Es en este contexto en el que técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y de la empresa pública GESPLÁN S.A. asisten al Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid en 1997. Durante el mismo se presentó, por parte de la empresa pública TRAGSATEC, una metodología de valoración económica de bienes naturales, aplicado en concreto a la valoración económica integral de los ecosistemas forestales de la comunidad de Madrid. En ese momento se iniciaron los contactos pertinentes para lograr una aplicación de esta metodología a los ecosistemas representados en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Ello responde al hecho de que en la actualidad las administraciones Públicas se enfrentan a una demanda de servicios creciente por parte de los ciudadanos; esta situación provoca una mayor competencia entre los proyectos, y de ahí, la importancia de la justificación económica de los mismos. Por ello se hace cada vez más necesario disponer de herramientas que permitan cuantificar la rentabilidad social de los ecosistemas y las actuaciones que en ellos se realizan como punto de partida de una asignación presupuestaria más eficiente. De hecho, ha sido la inexistencia de un precio de mercado para los bienes públicos la razón por la que, tradicionalmente, no se han incorporado a este tipo de análisis.

La importancia de estos métodos se maximizan en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que con unas 745.000 ha de superficie total, tiene unas 301.000 ha declaradas como superficie protegida, lo que supone aproximadamente el 40% de su superficie. Además, la población de Canarias está muy sensibilizada frente al valor de sus ecosistemas, hecho que debe servir para facilitar el planteamiento de un modelo que permita ponerlos de manifiesto mediante su valoración económica.

La principal utilidad de determinar el valor económico total de los ecosistemas es el poder cuantificar los medios económicos que deberían dedicarse a contrarrestar los daños ambientales producidos a ecosistemas sustituibles, por parte de proyectos de desarrollo regional. Si el trazado de una autovía o carretera, de una línea de tendido aéreo o de cualquier otra infraestructura dañ una cierta cantidad de un determinado ecosistema, el modelo ayuda a justificar el montante de la inversión que debiera dedicarse a mejora o ampliación del capital natural de la región para que este se mantenga constante.

Además, el desarrollo actual de los sistemas de información geográfica permite abordar la elaboración de un conjunto de cartografía que recoja los valores económicos de los diferentes aspectos de los ecosistemas.

Parque Rural del Nublo (Gran Canaria)
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Metodología

La teoría económica actual ha evolucionado desde la economía lineal en la que la naturaleza es un mero suministrador de materias primas, hasta la economía circular, en la que se reconoce el valor económico de todos los aspectos -aunque no tengan precio- que producen satisfacción a las personas, bien directamente, aspecto recreativo, o como cobijo de la vida, aspecto ambiental.

El modelo a desarrollar, por lo tanto, se concreta en una aplicación informática que permita determinar el valor económico integral de cada cuadricula de 100 x 100 metros que pueda definirse sobre los ecosistemas que conforman la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, y desglosarlo en tres aspectos:

• Aspecto productivo. Agrupa las rentas de todos los elementos que produce el ecosistema y que tienen precio -bienes privados-. Se valora por el método analítico, capitalizando la renta que produce.

• Aspecto recreativo. Considera el valor que tienen los ecosistemas como proveedores de lugares de esparcimiento. Es un bien público de uso, y se ha valorado por el método del coste del viaje, considerando todos los visitantes de cualquier nacionalidad.

• Aspecto ambiental. Este aspecto recoge los bienes públicos de no-uso y la fijación de CO2. Los valores de opción, de legado y de existencia -valores de no-uso-, se han valorado por el método de la valoración contingente. Para esta valoración sólo se ha considerado la opinión de los canarios porque son los que pagan impuestos en la Comunidad que los contiene. La fijación de CO2 se ha valorado por el método de los costes evitados/inducidos, asimilando el carbono que fijan los bosques naturales al coste de implantar masas artificiales que cumplieran la misma función.

Todos los métodos utilizados calculan una renta para cada aspecto y obtienen el valor del mismo descontando un flujo de infinito de rentas iguales a la calculada. Como fuente de la tasa de descuento, dado que están implicados bienes públicos, se toma la preferencia de la sociedad por las rentas actuales en lugar de las futuras, o "Social Rate of Time Preference" (SRTP). Existen métodos para su determinación pero en las valoraciones de los territorios españoles se viene utilizando el 2% en el rango de las que proponen todos los especialistas norteamericanos y europeos.

El resultado final de este conjunto de opciones permite valorar cualquier parte del territorio que sea de interés.

Altos de Santa Úrsula (Tenerife)
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Resultados

Los resultados obtenidos para la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se podrían resumir de la siguiente manera:

Aspecto Productivo:

• Madera: La renta anual es de 104 millones de pesetas (MPTA). Casi 60 MPTA corresponden a Tenerife, este elemento es despreciable en Lanzarote y Fuerteventura.
• Caza: Sólo se ha valorado la caza en Tenerife al existir un plan cinegético -más de 400 MPTA- y en La Palma -35,5 MPTA-. En el resto de las islas el Anuario de Estadística Agraria, no reconoce renta de caza. Consecuentemente, no se ha valorado en estas islas.
• Pastos: La renta de pastos es muy baja 28,4 MPTA, casi 17 MPTA son de Tenerife, y La Palma y El Hierro superan los 3,5 MPTA cada uno.

Aspecto Recreativo:

• Recreo: La renta anual de recreo es el 76% del total, casi 48.000 MPTA. Tenerife tiene una renta superior a los 19.000 MPTA, y Lanzarote casi 11.000 MPTA. Dado que es un valor de uso el resultado es extraordinariamente alto.

Aspecto Ambiental

• No-uso: La renta es de 14.000 MPTA, correspondiendo 6.000 MPTA a Tenerife y 3.000 MPTA a Gran Canaria -todas las cifras de forma aproximada-.La Disposición a Pagar Media (DAPM) es de 11.104 PTA por habitante adulto y año. La Disposición a Pagar Marginal (DAPG) refleja lo que estaría dispuesta a pagar la sociedad por proteger un 1% más de lo que hay protegido, y resulta ser de 66 PTA. Como supone el 59,43% de la DAPM demuestra que la sociedad canaria está dispuesta a pagar de forma elevada por conservar la superficie protegida actual, pero no está interesada de la misma forma en que aumente la misma. Un caso análogo se da en Navarra -aunque referido a la superficie forestal-, los navarros muestran una DAPM de 13.311 PTA por habitante adulto y año, y sin embargo, una DAPG de 78 PTA por habitante y año; lo que supone un 58,6%. En Cádiz y Málaga, por el contrario, la sociedad está ávida de superficie forestal y lo refleja en cada una de las provincias con una DAPG en torno al 100% de la DAPM. El proyecto recoge además, que la sociedad canaria tiene una DAPM por la conservación de la Red Canaria de Espacios Protegida, ligeramente superior a la DAPM por la conservación del nivel actual de oferta de vivienda pública, -11.104 frente a 10.551-. O lo que es lo mismo, tiene una DAPM mayor por los espacios protegidos que por una subvención directa como es la oferta de vivienda pública. Lo anterior sugiere que el presupuesto destinado a la protección de los espacios naturales debería ser, en todo caso, mayor que el destinado a la promoción de vivienda pública.
• CO2: La renta del carbono fijado sólo se ha calculado en la superficie forestal arbolada. Resulta ser de 167,5 MPTA. En Tenerife supera los 80 MPTA, y en La Palma y El Hierro pasa de los 20 MPTA en cada una.

Valle de El Golfo (El Hierro)
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