La portada de la Revista recoge una imagen especial, la del mítico Drago, asociado a historias y leyendas, una especie emblemática de Canarias que ha sido recogida en la Ley de los Símbolos de la Naturaleza de Canarias, como símbolo vegetal de la isla de Tenerife y que ya cuenta con dos especies en Canarias. El descubrimiento de esta segunda especie en la isla de Gran Canaria, que ilustra la portada, enriquece el patrimonio natural del Archipiélago y anima a profundizar el estudio de las especies del género Dracaena, sus relaciones filogenéticas, biogeográficas y hasta etnobotánicas. Esperamos en próximos números aportar más información sobre las diferentes especies.

En este número recogemos diferentes amenazas para la biodiversidad que suponen tanto la introducción de vertebrados foráneos en los ecosistemas de las islas, como las consecuencias de la eliminación de los depredadores foráneos en los ecosistemas de las islas, como las consecuencias de la eliminación de ,los depredadores naturales en el medio marino y su incidencia en Canarias, aportándose soluciones a los problemas planteados.

Los primeros datos que se hacen públicos oficialmente sobre las autorizaciones de vertidos al mar, así como los primeros resultados positivos del funcionamiento de los Brigadas Móviles Ambiental, a tan sólo unos años de su creación, se incluyen también en los contenidos esenciales de la Revista.

Nuevos métodos y técnicas de trabajo, nuevas herramientas en fin, que permiten mejorar, agilizar u optimizar la planificación ambiental y la valoración de impactos, se aportan en este número con el ánimo de facilitar información técnica a los que trabajan en estas áreas del Medio Ambiente.

Por primera vez se trata en esta Revista el salvamento marítimo, en la sección de Protección Civil. En Normativa Ambiental se hace un análisis del régimen jurídico de los suelos contaminados, dentro de la nueva ley de Residuos, cuyo Título V atribuye a las Comunidades Autónomas las competencias para declarar, delimitar y hacer un inventario de los suelos contaminados. Esto implica asumir nuevas competencias medioambientales y, por tanto, las responsabilidades públicas que conllevan.