El pasado mes de julio se celebró en Ginebra la segunda reunión de la Conferencia sobre el Cambio Climático, que contó con la participación de casi 50 ministros de Medio Ambiente de diferentes países.

Durante la Conferencia, parte de los debates de los ministros giraron en torno al informe preparado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), integrado por un nutrido grupo de científicos.

Resultado de la Conferencia ha sido una Declaración Ministerial en la que se explicita "creer que los hallazgos del Informe del IPCC indican que la continuada subida de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera conducirá a una peligrosa interferencia con el sistema climático, dado los serios riesgos de un incremento de la temperatura...", y se añade que "reconocer la necesidad de continuar trabajando por parte del IPCC para reducir las incertidumbres científicas, en particular, en cuanto a los impactos ambientales y socioeconómicos -que el posible cambio climático produciría- en los países en desarrollo, incluyendo aquellos vulnerables a la sequía, desertificación o aumento del nivel del mar".

Además, la Declaración Ministerial incluye un apartado para "...acelerar las negociaciones sobre el texto de un Protocolo de obligatoriedad jurídica u otro instrumento legal... para su adopción en la tercera sesión de la Conferencia", que presumiblemente se celebrará en Japón en 1997. El texto deberá incluir objetivos cuantificados de obligatoriedad jurídica para limitar las emisiones de gases invernadero y conseguir reducciones globales significativas en determinadas fechas, tales como los años 2005, 2010 y 2020.

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