La instalación de una depuradora de residuos a 12 metros de una casa, sin que los tribunales españoles atendieran las denuncias de su inquilina, Gregoria López Ostra, vecina de Lorca (Murcia), ha propiciado que, a instancias de ésta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condene al Estado Español a indemnizarla con 5,5 millones de pesetas. Por primera vez en su historia se sentencia que los vertidos de una depuradora de residuos pueden suponer una violación de la vida privada y familiar.

(EL MUNDO, Madrid, 10/12/94)

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