La Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrado de la contaminación conocida por la Ley IPPC (Integrated Prevention Pollution Control), es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 96/61/CE, del Consejo de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación.

Su objetivo es proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir la transferencia de contaminación de un medio a otro. Para ello, impone específicamente para cada instalación valores límite en todos los vectores ambientales (atmósfera, aguas, ruidos, residuos, suelos, etc.), así como planes de vigilancia al respecto.

Esta Ley ha supuesto la introducción de un nuevo sistema de autorizaciones ambientales para las instalaciones afectadas, simplificando los trámites administrativos de cara a las empresas. Por otro lado, se asignan valores límites de emisión, basados en las mejores técnicas posibles, para cada actividad productiva.

Además, con las modificaciones introducidas por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se pone a disposición del público la información referente a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y a los datos de emisiones de las instalaciones. Así mismo, la administración debe mantener un registro público -Registro EPER - que recoja los datos sobre las emisiones de las instalaciones, que las empresas están obligadas a suministrar con carácter anual.