BOC - 2022/4. Viernes 7 de enero de 2022 - 62

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

62 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y la Universidad de La Laguna para la elaboración de una herramienta metodológica de evaluación del potencial fotovoltaico de las cubiertas de los edificios para la generación de energía..

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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Considerando lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, así como en el citado artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la presente,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y la Universidad de La Laguna para la elaboración de una “herramienta metodológica de evaluación del potencial fotovoltaico de las cubiertas de los edificios para la generación de energía”, que figura como anexo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de diciembre de 2021.- El Secretario General Técnico, David Gómez Prieto.

ANEXO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDAD Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA “HERRAMIENTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL FOTOVOLTAICO DE LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA”.

En La Laguna, a 14 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Sebastián Franquis Vera, Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, nombrado por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De otra parte, Dña. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora Magnífica de la Universidad de La Laguna, con poderes suficientes para la celebración de este acto, según nombramiento por Decreto 85/2019, de 4 de junio (BOC nº 107, de 6 de junio), y en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 20.1 la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y por los artículos 167 y 168 del Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC de 26.7.2004), poderes que no han sido derogados ni modificados.

Las personas intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y al efecto,

EXPONEN

I. Que a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del artículo 143 del Estatuto de Autonomía de Canarias, le corresponde, en el marco de la legislación básica del Estado, fijar las condiciones de accesibilidad de los edificios, así como las condiciones para la instalación de infraestructuras comunes y para la incorporación de innovaciones tecnológicas y de ahorro energético, en condiciones de sostenibilidad, correspondiendo a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en materia de calidad y tecnología de la edificación y las obras públicas, la suscripción de instrumentos de colaboración con centros especializados en el comportamiento de los materiales canarios y de sus aplicaciones al sector de la construcción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 63/2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

II. Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 1.1 que la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia, y el estudio, resultando que la investigación constituye uno de los objetivos de las universidades.

La Universidad de La Laguna, según lo establecido en los artículos 2 y 3 del
Decreto 89/2004, de 6 de julio, por el que se aprueban sus Estatutos, tiene entre sus fines contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la reflexión y la crítica, al igual que formar profesionales en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las letras e inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de vida del entorno social y, para ello, fomentará relaciones de intercambio y colaboración con organismos e instituciones académicas, culturales y científicas tanto nacionales como extranjeros.

III. Que la declaración de Emergencia Climática en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de agosto de 2019 compromete al Gobierno a elaborar y aprobar, en el plazo más breve posible, una Ley Canaria de Cambio Climático, en el marco de la legislación básica del Estado y de los convenios, acuerdos y protocolos internacionales favorecedores de la lucha contra el cambio climático.

Esa ley deberá fijar los objetivos que habrán de marcar la acción de gobierno entre los que se encuentra el abandono de los combustibles fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico y la movilidad sostenible, lo antes posible, el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones de producción de energías renovables y el apoyo especial a la investigación científica básica y aplicada y al desarrollo tecnológico en materia de cambio climático, y su impacto en la región de Canarias.

IV. Que tanto la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias actuando a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, como la Universidad de La Laguna desean comprometerse a través de la suscripción del presente Convenio para establecer unos lazos de cooperación interadministrativa que permitan avanzar en el desarrollo de una metodología que permita cuantificar la capacidad de aprovechamiento de la energía solar que ofrecen las cubiertas de los edificios para generar electricidad. Para ello se pretende hacer un uso eficiente de los recursos públicos a través de la cooperación de ambas Administraciones aprovechando, por un lado, la experiencia de los profesionales y los medios técnicos del servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de esta Consejería y, por otro, los conocimientos del personal docente de la Universidad de La Laguna.

VI. Que el presente Convenio tiene carácter administrativo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, siendo una relación jurídica excluida del ámbito de contratos del sector público en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Y se enmarca dentro de lo establecido en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crea y regula el Registro Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La pretendida actuación conjunta en el desarrollo del proyecto viene dada dentro del régimen de obligaciones y compromisos de las partes que en el texto se definen, versando sobre la consecución de un interés público consistente en actividades de investigación, análisis conjuntos, puesta a disposición y utilización de medios compartidos, así como satisfacción y financiación de actuaciones en atención al equilibrio de la relación entre las partes.

En consecuencia, las parte intervinientes, de conformidad con la normativa citada, con pleno respeto a sus respectivas competencias y con la finalidad de alcanzar los objetivos fijados, proceden a la formalización del presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Contenido del Convenio.

Mediante el presente Convenio se determinan los compromisos y se regulan las actividades que deberá desempeñar cada una de las entidades participantes en el desarrollo de los trabajos que será necesario llevar a cabo para disponer de una “herramienta metodológica de evaluación del potencial fotovoltaico de las cubiertas de los edificios para la generación de energía” que respondan a las necesidades de la sociedad canaria en esta materia.

La intervención conjunta, aportando los medios y experiencia de ambas administraciones, permitirá tratar la problemática de una forma más amplia y completa facilitando el aprovechamiento eficiente de los medios técnicos y humanos de que dispone cada una.

Segunda.- Objeto de la colaboración.

Con este Convenio se pretenden compartir las labores de investigación previa, generación de modelos y verificación de los mismos que fundamenten la propuesta de una metodología que permita estimar, de manera individualizada, el potencial de generación eléctrica de origen solar de las cubiertas de los edificios canarios teniendo en consideración tanto sus características constructivas más relevantes como las condiciones de contorno a que estarán sometidas debido a su localización geográfica.

El resultado de esta colaboración se podrá plasmar mediante la propuesta de un procedimiento que podrá estar sustentado en herramientas digitales y en documentos físicos, con el que se podrá evaluar el potencial de generación de energía y seleccionar aquellos edificios en los que la instalación de una planta fotovoltaica sobre cubierta para autoconsumo puede ofrecer mayores niveles de eficiencia en la producción de energía renovable ya sea por motivos climáticos, tipológicos o de otra índole.

Tercera.- Actividades del Convenio.

Los trabajos necesarios para lograr los objetivos del proyecto se llevarán a cabo mediante el desarrollo de cuatro actividades fundamentales:

1) Identificación y tratamiento de los condicionantes relevantes que consistirá en el reconocimiento y análisis de aquellos parámetros que tendrán influencia para alcanzar una determinado nivel de eficiencia en la producción de energía. Algunos de estos parámetros tendrán relación con características constructivas de los edificios como la inclinación y la superficie útil de su cubierta o las sombras que sobre ella son arrojadas a lo largo del día en cada estación del año y otros estarán vinculados con las condiciones del entorno en que se encuentran ubicados. Una vez identificados estos parámetros, se desarrollará una metodología para que puedan ser obtenidos, registrados y valorados específicamente en cada edificio.

2) Desarrollo de un modelo de cálculo energético que, en base a la información anterior convenientemente registrada y ponderada para cada caso, permita realizar automáticamente un balance energético horario anual con el que establecer su potencial anual de generación de energía.

3) Desarrollo de un modelo de evaluación técnico económica que a partir del resultado del cálculo energético realice, en base a una estimación de la demanda energética del edificio y de los costes de las distintas estrategias que se podrían plantear (en función del porcentaje de cubierta aprovechado y la posibilidad de almacenamiento de energía), un análisis de la viabilidad económica de cada alternativa en base al logro de un adecuado nivel de retorno de la inversión realizada. De manera que el resultado de este sistema de ponderación sirva para seleccionar los proyectos más rentables energética, económica y socialmente.

4) Propuesta de un procedimiento para la concesión de subvenciones que establezca los formatos en que se deberán intercambiar y registrar los datos que emplean los modelos anteriores para realizar las estimaciones y plantee unas condiciones técnicas de diseño, ejecución y verificación que se requerirán para conceder las subvenciones a los proyectos que ofrezcan unos mejores resultados de entre todos aquellos que, en un momento dado, puedan solicitar una subvención para realizar la inversión necesaria.

Este procedimiento podrá emplear tanto documentos físicos de intercambio de datos como herramientas digitales que deberán estar convenientemente adaptadas a las necesidades del proyecto y disponibles para su utilización en el ámbito de la Administración.

Cuarta.- Comité de Seguimiento del Convenio.

Con el fin de materializar y coordinar la intervención de cada una de las entidades participantes en el Convenio durante el desarrollo de la iniciativa, se constituye una Comisión que estará formada por dos representantes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, uno de los cuales intervendrá como secretario de la Comisión, y dos representantes de la Universidad de La Laguna.

En la tabla que figura en el Anexo I del presente Convenio se indica la composición nominal de este Comité de Seguimiento que se constituye en el momento de la firma del presente Convenio. Los integrantes de esta Comisión podrán ser sustituidos mediante una comunicación por escrito del representante legal de cada entidad dirigida a la secretaría del propio Comité.

A las reuniones del Comité podrán acudir como invitados aquellos técnicos y expertos externos vinculados con alguna de las entidades participantes en el Convenio que considere oportuna su presencia y así lo manifieste previamente a cada reunión. Estos miembros tendrán voz, pero no voto.

El grupo se reunirá, al menos, cuatro veces al año y cada vez que sea solicitado por alguna de las partes. De cada reunión deberá levantarse un acta en la que se reflejarán las decisiones tomadas.

En tanto en cuanto este Comité de Seguimiento no se haya reunido no se podrán poner en marcha las actividades ni surtirá efecto ninguno de los compromisos relacionados en este Convenio.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crea y regula el Registro Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, las decisiones que tomen se adoptarán mediante consenso.

Quinta.- Funciones del Comité de Seguimiento del Convenio.

Los miembros de esta Comisión actuarán en representación de las entidades que los hayan propuesto y les corresponderán, entre otras, las siguientes funciones:

A) Proponer líneas de actuación que faciliten el desarrollo de las actividades descritas en la tercera estipulación del Convenio estableciendo su programación, identificando sus responsables y colaborando en su correspondiente seguimiento y coordinación.

B) Coordinar y gestionar, dentro de su entidad, los trabajos y actividades que le corresponda desarrollar de acuerdo con el contenido del Convenio informando al resto de miembros sobre los detalles y conclusiones de las actuaciones llevadas a cabo en su ámbito de actuación.

C) Recopilar y someter a debate y perfeccionamiento las conclusiones aportadas por cada miembro a partir de los trabajos realizados supervisando y aprobando, en su caso, los correspondientes documentos técnicos que se propongan.

D) En caso de que se estime necesario, proponer colegiadamente para su tramitación administrativa, los documentos de carácter técnico que hayan sido aprobados por el Comité.

E) Dar aprobación a los gastos que sea preciso realizar para el desarrollo del Convenio de acuerdo con las previsiones establecidas en la estipulación séptima del mismo sin sobrepasar, en ningún caso, el límite indicado en ella.

F) La vigilancia y control de las actuaciones que se ha previsto desarrollar, el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada realización, el informe a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio y, en su caso, la propuesta razonada de su modificación.

G) Justificar y resolver el desistimiento de la colaboración en aquellas iniciativas que se encuentren paralizadas por no ser útiles para el logro de los objetivos del Convenio.

H) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los firmantes y, en caso de incumplimiento, de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes elaborar propuestas a la superioridad acerca de las consecuencias de dichos incumplimientos.

I) Evaluar anualmente la conveniencia de continuar con la relación pactada de acuerdo con los criterios de evaluación y los plazos que se establecen en la cláusula octava de este documento.

J) Aclarar y resolver cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución del Convenio y proponer a la superioridad, en su caso, su adaptación a las necesidades operativas que pudieran surgir tras su puesta en marcha. Todo ello sin perjuicio de que la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Sexta.- Aportación de medios y reparto de tareas.

Todos los intervinientes se comprometen a aportar los medios de que dispongan y que sean necesarios para lograr un progreso adecuado de las actuaciones contempladas en el presente Convenio. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda aportará los medios materiales y humanos de que dispone en el Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción y la Universidad de La Laguna la experiencia y conocimientos de profesores pertenecientes a los departamentos de Ingeniería Industrial y de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura que desarrollan su actividad docente e investigadora en este ámbito de la ingeniería.

Mediante este Convenio se dotará también al proyecto de medios humanos con los conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo las labores de recopilación y registro de datos, modelización cartográfica, estimación de balances energéticos, interpretación de resultados y análisis de viabilidad económica así como la elaboración de la correspondiente documentación técnica y herramientas digitales que será necesario desarrollar. Se encargarán de su coordinación los profesores de la Universidad de La Laguna y los resultados de estas actividades serán debatidos en comisión decidiéndose sobre sus conclusiones, su aprobación técnica y dictando las instrucciones oportunas para garantizar el logro de los objetivos establecidos en el Convenio.

Cada una de las partes determinará el sistema más adecuado para la puesta a disposición de estos medios dentro del marco de sus competencias y conforme a la legislación de aplicación, debiendo en todo caso participar desarrollando las actividades que a continuación se indican en la medida de sus posibilidades.

1) En lo que se refiere a la identificación y tratamiento de los condicionantes relevantes el reparto de tareas se realizará de la siguiente manera:

Los profesores de la Universidad de La Laguna elaborarán una clasificación en la que describirán y ordenarán todos los factores que afectarán a la generación eléctrica de las cubiertas mediante la instalación de paneles fotovoltaicos distinguiendo entre aquellos que están vinculados a las características geométricas y constructivas del edificio y las que vienen determinadas por su ubicación geográfica.

Por parte del Gobierno de Canarias se recopilarán y se aportarán los datos de generación en corriente continua, eficiencia del inversor y generación en corriente alterna de la planta fotovoltaica situada en las instalaciones del Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción. Se instalará y se realizará el seguimiento de un analizador de redes así como cámaras de “todo-cielo” que permitirán conocer y analizar los diferentes problemas que se pueden presentar en la generación eléctrica por el paso de las nubes, con una caída parcial o total de la producción. Así mismo se empelará el piranómetro del servicio para determinar la componente difusa de la radiación solar, conjuntamente con el dispositivo instalado.

Los técnicos y expertos de ambas instituciones participarán en la coordinación y seguimiento de los trabajos necesarios para establecer los formatos y desarrollar las herramientas digitales que permitirán tener acceso a esta información relevante en cada edificio.

2) Los trabajos que tienen por objeto el desarrollo de un modelo de cálculo energético se distribuirán de acuerdo con el siguiente reparto:

Se aprovecharán los conocimientos y experiencia de los profesores de la Universidad de La Laguna en este campo para proponer un modelo de cálculo que deberá ser desarrollado con los medios disponibles en el marco del Convenio en base a la información recopilable de cada edificio y que permitirá obtener un balance energético de cada instalación de generación propuesta.

Los técnicos del servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción aplicarán este modelo a la instalación fotovoltaica ejecutada sobre la cubierta del Laboratorio Oficial de Tenerife y los resultados obtenidos permitirán ajustar el conjunto de variables y parametrizaciones hasta considerar que son adecuadas para su utilización con las garantías necesarias. Utilizando la instalación del laboratorio como planta piloto se realizará un seguimiento en continuo de la energía generada para analizar aspectos determinantes relacionados con las condiciones de contorno del edificio como la influencia de la radiación difusa en las zonas de medianías de las islas y el cumplimiento de la calidad eléctrica y modos de operación acorde a la norma UE 2016-631.

A partir de este análisis en continuo de las prestaciones de la instalación, ambas instituciones dirigirán los trabajos de tratamiento de datos necesarios para identificar y cuantificar aquellos parámetros que resulten más determinantes en el grado de eficiencia de la instalación de manera que se pueda establecer una ponderación de cada uno de ellos que refleje su influencia de cara a poder realizar una selección de los casos más favorables energética y económicamente.

3) El desarrollo de un modelo de evaluación técnico económica a partir del resultado de las actividades anteriores se llevará a cabo de esta forma:

Desde la universidad se realizará una previsión de la evolución de los costes de la energía eléctrica en los próximos años y se establecerán distintas estrategias de dimensionamiento de la instalación en función de la demanda energética del edificio y su distribución temporal considerando la posibilidad de verter los excedentes a la red o de almacenar la energía generada para consumirlo cuando resulte preciso.

Por parte de los técnicos del servicio de Laboratorios se realizará una recopilación y análisis de los distintos programas de subvención de este tipo de instalaciones realizadas históricamente en Canarias y se trasladarán las previsiones sobre este asunto que haya realizado el Instituto Canario de la Vivienda de cara a los próximos ejercicios.

Ambas entidades dirigirán y realizarán el seguimiento del proceso de análisis técnico económico de las distintas soluciones que resulten viables para seleccionar aquellas que ofrecen un mayor retorno social de la inversión realizada para subvencionar parte de los costes de la instalación. También se realizará un análisis de sensibilidad para estudiar los efectos que podrá suponer una variación de los parámetros estudiados en el nivel de financiación que puede necesitar un propietario para decidir realizar la inversión en este tipo de instalación.

4) La propuesta de un procedimiento para la concesión de subvenciones llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes pautas:

Desde la universidad se establecerán los datos de los que será necesario disponer para aplicar el procedimiento en cada situación y los formatos que será necesario intercambiar con los interesados para aplicar los modelos anteriores. También definirán las condiciones técnicas de diseño, ejecución y verificación que se requerirá garantizar para proceder a su concesión.

El personal del Gobierno de Canarias realizará una propuesta, que será consultada con el Instituto Canario de Vivienda, de adaptación de los protocolos de concesión de subvenciones que permitan intercambiar información con los interesados de manera que se pueda disponer de todos los datos necesarios para realizar una ponderación que permita seleccionar las propuestas más interesantes técnica y económicamente así como el nivel de financiación de cada una mediante subvención.

Séptima.- Presupuesto de financiación del Convenio.

La correcta realización de todos los trabajos que precisa el desarrollo del Convenio, exige un grado de dedicación de los técnicos involucrados en él que no es posible alcanzar ya que unos deben compaginarlos con su actividad docente e investigadora habitual y los otros con el resto de trabajos y proyectos que se desarrollan en el Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción. Por lo cual, se necesitará disponer de un refuerzo de medios humanos y materiales que permitan alcanzar adecuadamente y en tiempo los objetivos planteados. Para ello, la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes dotará al Convenio de una partida económica que permita la contratación, por parte de la Universidad de La Laguna, de personal, con dedicación al proyecto y asistencias técnicas puntuales, la adquisición de medios informáticos y material fungible así como asumir otros gastos inherentes al desarrollo de los trabajos cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 294.557,38 euros. Este presupuesto se desglosa en las siguientes partidas:

De acuerdo con lo indicado en el apartado noveno del artículo 9 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias la actividad descrita en este Convenio no se encuentra sujeta a la aplicación de IGIC.

Octava.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio producirá efectos desde el día de su firma y tiene prevista una duración de 36 meses que comenzarán a contabilizarse a partir de esa fecha, pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo de las partes si las circunstancias así lo aconsejaran, y estas no procediesen a su denuncia. La prórroga será expresada conforme al artículo 49.h).2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

No obstante, anualmente, el Comité de Seguimiento del Convenio deberá valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y fechas:

- A los 12 meses de la firma del Convenio deberá valorarse el grado de cumplimiento de la primera actividad descrita en el apartado tercero de este Convenio que deberá estar totalmente finalizada.

- A los 24 meses de la firma del Convenio deberá valorarse el grado de cumplimiento de la segunda y tercera actividades descritas en el apartado tercero de este Convenio que deberán estar atendidas, al menos en un 50%.

Novena.- Gestión económica del Convenio.

La gestión administrativa y económica del presupuesto para la organización, gestión y desarrollo del presente Convenio será llevada a cabo por la Universidad de La Laguna y la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes se compromete a hacerle frente mediante el ingreso de la totalidad de los fondos que correspondan a cada uno de los plazos que se establecen en la cláusula décima de este documento previa presentación de facturas que serán remitidas al servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción, a través de los Puntos de Entrada de Facturas Electrónicas (PeFAC o FACe). Dichas facturas deberán reunir los requisitos exigibles legalmente y hacer referencia al Convenio de Colaboración.

El abono de las aportaciones se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta corriente que facilite la Universidad de La Laguna y será repercutido sobre el presupuesto del programa 451C “Calidad de las Construcciones” en el proyecto de inversión 640.01 PI97611002 “AT Actuaciones en Materia de Calidad” del presupuesto de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes en la que existe crédito adecuado y suficiente.

Décima.- Plazos de ejecución y financiación.

La Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes financiará el presupuesto aludido en la estipulación séptima realizando abonos parciales de acuerdo con los siguientes plazos:

- A la firma del Convenio se abonará el 42,5% del importe total.

- A los 12 meses de la firma se abonará el 20,0% del importe total.

- A los 24 meses de la firma se abonará el 20,0% del importe total.

- A los 36 meses, tras la exposición de las conclusiones finales se abonará el 17,5% restante.

Por lo tanto, se establecen las siguientes anualidades para la financiación de los gastos del Convenio:

Decimoprimera.- Del profesorado universitario.

Los investigadores participantes en el proyecto por parte de la ULL, serán:

Dña. Norena Martín Dorta, Profesora Titular del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura.

D. Benjamín González Díaz, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Industrial.

D. Eduardo González Díaz, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura.

Dña. Ana Pérez García, Personal Investigador en formación del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura.

La participación en este Convenio no modifica la duración y condiciones de los contratos laborales de los investigadores con la universidad, así mismo quienes se dediquen a desarrollar la labor investigadora y profesional no asumirán ninguna competencia de las que le son propias a la entidad pública.

De cualquier modo, y en todo caso, la Universidad de La Laguna asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre las personas integrantes del equipo de trabajo encargado de la ejecución del Convenio, el poder de dirección inherente a toda entidad y velará especialmente porque las personas adscritas a la ejecución del presente Convenio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto del mismo.

Decimosegunda.- Confidencialidad.

Las entidades firmantes deciden, con carácter general y salvo acuerdo en contrario, que la información obtenida en aplicación de este Convenio será utilizada exclusivamente para la implementación del procedimiento indicado en la segunda estipulación del mismo. Cada una de las partes, por lo tanto, se compromete a no difundir las informaciones científicas o técnicas que resulten de los trabajos de investigación mientras no se acuerde que esas informaciones sean de dominio público.

Las disposiciones de esta cláusula subsistirán durante cuatro años después de la terminación del presente Convenio.

Las partes se comprometen a que las personas que participen en el desarrollo de los trabajos regulados en el presente acuerdo conozcan el compromiso de confidencialidad establecido mediante esta cláusula. A tal efecto, cada una de las partes es responsable del cumplimiento de dicha confidencialidad del personal a su cargo, pudiendo para ello hacerle firmar los documentos y compromisos que consideren convenientes.

Decimotercera.- De la protección de datos de carácter personal.

En la ejecución del Convenio deberá respetarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

La Universidad de La Laguna se compromete a preservar la confidencialidad de los datos personales a los que ocasionalmente pueda tener acceso, comunicando a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda esta circunstancia, a los efectos de que se pueda determinar la procedencia o no de efectuar un encargo de tratamiento de datos personales. En todo caso, estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de la Universidad de La Laguna, adscrito o no a la ejecución del presente Convenio que, por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, ocasionalmente tenga acceso a cualquier dato personal, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto.

Decimocuarta.- Conocimientos previos de las partes.

Cada parte seguirá siendo propietaria de los conocimientos previos aportados al proyecto. En virtud de este Convenio no se entienden cedidos a la otra parte, ninguno de los conocimientos previos aportados al proyecto de investigación. Cada una de las partes concede a la otra una licencia no exclusiva de uso de los conocimientos previos, únicamente para llevar a cabo tareas de investigación en el marco del presente Convenio si fuese necesario.

Los derechos de propiedad intelectual, industrial, los métodos de trabajo, tecnología, etc.
(conjuntamente, el conocimiento); pertenecientes a cualquiera de las partes antes de la entrada en vigor de este Convenio y, asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una de las partes o sobre los que una de ellas ostente derechos de uso en virtud de acuerdos alcanzados con terceros, continuarán siendo propiedad exclusiva de sus titulares y no podrán ser utilizados por las otras fuera del ámbito del proyecto objeto del presente Convenio, y quedarán sujetos a los acuerdos bilaterales de licencia o sublicencia que las partes suscriban.

Siempre corresponderá a los investigadores que hayan participado en la generación del conocimiento todos los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial el de ser reconocidos como sus autores. La titularidad de los resultados generados corresponderá a las entidades a las que estén vinculados dichos investigadores en las proporciones que se estimen en función de la participación de las partes en la financiación de los trabajos vinculados a la generación de dichos resultados.

Al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento de protección, si como resultado del Proyecto se generase una invención o resultado conjunto, se comunicará, siempre previa a la divulgación, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad en un plazo máximo de 3 meses. Las Partes que hubieran tenido como mínimo una participación en dicho resultado, podrán convenir caso por caso, en un acuerdo de cotitularidad.

Además, la Universidad se reserva la facultad de uso de los conocimientos obtenidos durante la realización del proyecto de investigación para los fines de su propia investigación y docencia, sin perjuicio de lo establecido en las siguientes cláusulas.

Esta cláusula continuará en vigor indefinidamente después de la resolución del presente Convenio.

Decimoquinta.- Publicidad de los resultados de la investigación y el derecho moral de los investigadores

Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la conformidad de la otra parte mediante escrito dirigido al Comité de Seguimiento que comunicará su autorización o su disconformidad sobre la información contenida en el artículo o conferencia.

No obstante, tanto en publicaciones como en patentes, de los resultados del proyecto deberán respetarse siempre los derechos de los miembros del equipo de investigación, en especial, el derecho a ser designados como inventores o autores.

Las disposiciones de esta cláusula subsistirán indefinidamente después de la terminación del presente acuerdo.

Decimosexta.- Modificación y extinción del Convenio.

El régimen de modificación de este Convenio se rige por lo prevenido en el artículo 49, apartado g), de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requiriendo el acuerdo unánime de los firmantes y su instrumentación mediante la correspondiente adenda.

Se entenderá cumplido el Convenio cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias.

El citado acuerdo también se puede extinguir por producirse alguna de las siguientes causas de resolución:

- El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

- El acuerdo unánime de todos los firmantes, siempre y cuando no concurra otra causa de resolución.

- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, previa indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, todo ello mediante el procedimiento establecido en el artículo 51, letra c), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

- La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del presente Convenio.

En caso de producirse un incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que proceda a satisfacer en un plazo de un mes, las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los miembros de la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que dirigió dicho requerimiento, notificará a la parte incumplidora la causa de la resolución y se entenderá extinguido el Convenio.

El cumplimiento de las actuaciones que constituyen el objeto del Convenio, o su resolución, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes en los términos previstos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a esta el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.

Si fuera superior, el resto de partes del Convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del Convenio. En ningún caso las partes del Convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.

Decimoséptima.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De forma supletoria será de aplicación el resto de las normas del derecho administrativo y en su defecto del derecho civil, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en el artículo 6 de dicha norma, pues su contenido no está comprendido en el de los contratos regulados en la referida Ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado, el Convenio establece una cooperación entre las entidades participantes con el fin de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y el desarrollo de la cooperación se guía únicamente por el interés público.

Decimoctava.- Orden jurisdiccional competente.

Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis Vera, Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.- Por la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar Chinea, Rectora.



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