BOC - 2021/147. Lunes 19 de Julio de 2021 - 3507

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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

3507 - RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, por la que se desiste de la tramitación de dos procedimientos selectivos de promoción interna convocados en 2019, correspondientes a los Subgrupos A1 y A2 del Cuerpo de Funcionarios.

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ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resoluciones de la Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de diciembre de 2019 (BOC nº 246, de 20.12.2019), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso (i) en la Escala Técnica (Grupo A, Subgrupo A1) y (ii) en la Escala de Gestión (Grupo A, Subgrupo A2), por el sistema de promoción interna, ambas publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 246, de 20 de diciembre de 2019.

Segundo.- Como se indica en la justificación contenida en ambas Resoluciones, las plazas objeto de esas convocatorias procedían de las Ofertas de Empleo Público (OEP en adelante) de 2016 y de 2018.

Concretamente, la convocatoria de A1 ofertaba dos plazas de la OEP de 2016 y una más de 2018; en cuanto a la convocatoria de A2, ofertaba nueve plazas de la OPE de 2016 y dos más de 2018.

Tercero.- En relación a la Oferta de Empleo Público de la ULPGC de 2016 a la que pertenecen varias de las plazas convocadas, en el Boletín Oficial de Canarias nº 46, de 6 de marzo de 2020, se publicó la Resolución del Rector de la ULPGC de 20 de febrero de 2020, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Guillermo Martínez García, en calidad de Presidente del Comité de Empresa del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dicho acto administrativo en su apartado dispositivo primero resuelve lo siguiente:

<<Acumular y estimar los recursos potestativos de reposición que se mencionan en el antecedente primero de esta resolución, interpuestos por D. Guillermo Martínez García, en calidad de Presidente del Comité de Empresa del personal de Administración y Servicios de esta Universidad, y en consecuencia dejar sin efecto las convocatorias mencionadas en ejecución de la OEP 2016 (véase BOC nº 43, de 3.3.2016, y BOC nº 231, de 29 de noviembre del mismo año que amplía la OEP), que se detallan en el antecedente primero, por encontrarse caducada la misma al amparo del artículo 70 de LEBEP.>>

Los recursos de reposición a los que se refiere esta Resolución, impugnaban nueve procedimientos administrativos por los que se convocaban pruebas selectivas para cubrir puestos de personal laboral fijo de la ULPGC.

Cuarto.- Si bien los recursos que fueron estimados se interpusieron por la representación del personal laboral y las convocatorias a las que se refiere la presente Resolución afectan al personal funcionario de la ULPGC, a quienes no alcanza aquella representatividad, la OEP que se reconoció como caducada es la misma en ambos casos, esto es, la contenida en la Resolución de 17 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, que aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y Servicios para 2016, en cuyo anexo se detallan tanto las plazas de personal funcionario como las de laboral que incluye esa Oferta.

Quinto.- Por otra parte, el periodo transcurrido desde el anuncio de la convocatoria de los procedimientos descritos en el antecedente primero hasta hoy, ha superado el plazo que establece el artº. 71.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, conforme al cual en los procesos selectivos que se desarrollen, no podrá exceder de quince meses el periodo que transcurra entre la publicación de la convocatoria y la fecha en que se realice la propuesta de aspirantes seleccionados.

Las Resoluciones que convocaron los procedimientos selectivos en cuestión fueron publicadas el 20 de diciembre de 2019, de forma que el plazo de inicio para cualquier cómputo que pudiera afectarles comenzaría el día 21 de diciembre de 2019.

De acuerdo con ello y en el supuesto de que no hubiera mediado un periodo de suspensión, el plazo máximo de quince meses al que se refiere el artº. 71.g) de la Ley de la Función Pública Canaria se habría cumplido el 21 de marzo de 2021.

La existencia del referido periodo de suspensión de plazos administrativos, obliga a descontar ese tiempo para precisar la fecha de cumplimiento de dicho término. Al haberse iniciado ese periodo el 14 de marzo y finalizado el 1 de junio de 2020, el número de días naturales durante los cuales han estado suspendidos los plazos como consecuencia del estado de alarma han sido 79 días con la siguiente distribución:

* Marzo: 18 días-(del 14 al 31).

* Abril: 30 días.

* Mayo: 31 días.

La suma de esos días determina que el plazo de quince meses fijado por el artº. 71.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria se ha cumplido el 10 de junio de 2021, toda vez que desde el 21 de diciembre de 2019 hasta esa fecha han transcurrido 17 meses y 20 días, de los que deben descontarse los 79 días de suspensión de los plazos administrativos.

Sobre la naturaleza de los plazos para la ejecución de los procedimientos selectivos, ha habido pronunciamientos judiciales que han considerado que excederlos, supone la caducidad del procedimiento (JCA Sentencia nº 114/2020 de 2 de junio, RJCA\2020\695).

Sexto.- En este contexto, esta Gerencia considera que la inactividad de la Administración durante este periodo, el tiempo transcurrido sin haber finalizado los procedimientos, así como el reconocimiento de la caducidad de la OEP de 2016, son circunstancias que han incorporado a ambos procesos de promoción interna de personal funcionario, al menos, una incertidumbre sobre la legalidad de su continuación que no es conciliable con el principio de seguridad jurídica y confianza legítima que debe acompañar toda actuación administrativa.

Estas circunstancias ponen en cuestión la pervivencia de dichos procedimientos administrativos, ante la posibilidad de que este recorrido administrativo haya puesto en riesgo su continuidad y adecuada finalización y, en consecuencia, afectaría a los derechos y expectativas de los aspirantes, perjudicándolos.

Por estos motivos, al apreciar en esta decisión la concurrencia de razones de interés público representadas por la conveniencia de preservar con garantías la seguridad jurídica de las actuaciones de la Administración y la eficacia y eficiencia de sus actos, esta Gerencia estima oportuno formalizar su desistimiento de ambos procedimientos.

Séptimo.- Respecto al desistimiento de la Administración, el Servicio Jurídico de la ULPGC en informe nº 107/2021, de 1 de julio de 2021, se remite a lo afirmado en su anterior informe nº 75/2021, de fecha 16 de junio -emitido en otro expediente administrativo- en el que puso de manifiesto, respecto a los procedimientos viciados de nulidad o anulabilidad, que si bien y en principio deben ser objeto de revisión de oficio, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la LPACAP y en consideración a que "Ambos procedimientos requieren de una tramitación dilatada en el tiempo, pudiendo resultar, además de larga, estéril, a los efectos pretendidos que es el de efectuar y resolver una convocatoria de acceso", proponía el desistimiento de las convocatorias.

De lo afirmado en dicho informe nº 75/2021, interesa ahora destacar lo reflejado en su apartado sexto con el siguiente tenor:

"Así pues, entendemos posible que la ULPGC desista de sus procedimientos iniciados de oficio, siempre que su decisión se motive adecuadamente con fundamento en razones de interés público. En particular y atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia que, entre otros, han de presidir la actuación de los entes públicos, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ante la constatación de una serie de irregularidades no subsanables en procesos selectivos para la provisión de plazas que resultan necesarias para el cumplimiento de sus fines institucionales, -que irremediablemente conducirían a recursos en vía administrativa y contencioso-administrativa y a dilatar innecesariamente el procedimiento-, cabría la posibilidad de que la Universidad desistiera del procedimiento, eso sí, motivadamente y antes, desde luego, de la resolución del procedimiento, lo que, por otro lado, no impedirá la iniciación inmediata de otro procedimiento con el mismo objeto.

Es decir, en la confrontación de intereses entre la mera expectativa de los aspirantes en un proceso selectivo y el interés general que representa la ULPGC, debe prevalecer este último, de modo que por parte de la ULPGC será posible acordar, de modo razonado, el desistimiento de una convocatoria en curso que aparece viciada de nulidad, con fundamento en las exigencias derivadas del principio de eficiencia que ha de presidir su actuación."

Octavo.- En el transcurso de los procedimientos descritos en el antecedente primero, se han sucedido los siguientes actos e incidencias:

1. Mediante Resolución de 13 de julio de 2020 de la Gerencia (publicada en el tablón de anuncios de la ULPGC el 17 de julio de 2020), se declaró aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para Escala Técnica (Grupo A, Subgrupo A1).

2. En las mismas fechas indicadas se dictó y publicó también la Resolución por la que se nombraba a los miembros del Tribunal Calificador en las pruebas selectivas para Escala Técnica (Grupo A, Subgrupo A1).

3. Mediante Resolución de 13 de julio de 2020 de la Gerencia (publicada en el tablón de anuncios de la ULPGC el 17 de julio de 2020), se declaró aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para Escala de Gestión (Grupo A, Subgrupo A2).

4. En las mismas fechas indicadas se dictó y publicó también la Resolución por la que se nombraba a los miembros del Tribunal Calificador en las pruebas selectivas para Escala de Gestión (Grupo A, Subgrupo A2).

5. Contra la Resolución por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica (Grupo A, Subgrupo A1), la Asociación de Personal ULPGC en Lucha (APUL) interpuso recurso contencioso-administrativo en el que interesó la suspensión de su ejecución, pretensión que fue denegada por Auto de 8 de julio de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el Procedimiento abreviado nº 70/2020.

6. En el marco del mismo procedimiento nº 70/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó Sentencia el 16 de noviembre de 2020 mediante la cual declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Personal ULPGC en Lucha (APUL).

7. Contra la Resolución por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (Grupo A, Subgrupo A2), la Asociación de Personal ULPGC en Lucha (APUL) interpuso recurso contencioso-administrativo en el que interesó la suspensión de su ejecución, pretensión que fue denegada por Auto de 29 de octubre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, dictada en el Procedimiento abreviado nº 194/2020.

8. En el marco del mismo procedimiento nº 194/2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2020, mediante la cual declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Personal ULPGC en Lucha (APUL).

Noveno.- Durante el desarrollo de ambos procedimientos selectivos no se han dictado otros actos administrativos que los indicados, siendo los últimos de ellos los emitidos el 13 de julio de 2020 a los que se hace mención en el antecedente sexto, apartados 1 y 3.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artº. 186.1 de los Estatutos de la ULPGC, atribuye al Rector las competencias en materia de selección y provisión para el personal funcionario de administración y servicios.

II. Dichas competencias están delegadas en la Gerencia, en virtud del apartado decimoprimero.a) de la Resolución de 5 de abril de 2021, por la que se delegan competencias en diversos órganos unipersonales de esta Universidad y se establece el régimen de suplencia de los mismos (BOC de 20.4.2021), que delega en el Gerente las competencias de dirección, gestión y organización del personal de administración y servicios, asumiendo, por delegación del Rector, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en la Ley Orgánica de Universidades, en los Estatutos de esta Universidad, en las disposiciones de carácter estatal y autonómico aplicables a los empleados públicos, y en el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral.

III. El artº. 73.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que "El personal funcionario de administración y servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de funcionarios, y por las disposiciones de desarrollo de esta que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad".

IV. El artº. 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que "En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes".

Asimismo, el artº. 84.1 de la misma Ley dispone que el desistimiento pondrá fin al procedimiento.

V. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado e), que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

VI. El principio jurisprudencial de los actos propios determina que los actos jurídicamente relevantes llevados a cabo por una persona o la Administración marcan los que se realicen en el futuro, lo que significa que en ningún caso pueden contradecir a los anteriores dando lugar a una situación de incertidumbre que desconcierta a terceros afectados por los mismos y que rompe el principio de buena fe.

A este respecto, es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 25 mayo 2011 (RJ 2011\4712), en cuyo fundamento de derecho segundo se recuerda (el subrayado es propio):

"Abundando en lo expuesto, no estará de más traer a colación lo que también decidimos en STS de 6 de octubre de 2010 SIC (RJ 2009, 7404) (Rec. Cas. 1121/2007), en la que, tratando la allí denunciada infracción del (principio) de los actos propios, se dijo lo siguiente:

"Resulta oportuno recordar que, en relación con este principio, en la sentencia de esta Sala de 5 de enero de 1999 (RJ 1999, 269) (RC 10679/1990 ), dijimos: «[...] En la STC de 21 de abril de 1988, nº 73/1988 ( RTC 1988, 73), se afirma que la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos. El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990 (RJ 1990, 1258) (fº.jº. 1º y 2º), 13 de febrero de 1992 (RJ 1992, 1699) (fº.jº. 4º), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997 (RJ 1997, 6890). Un día antes de la fecha de esta sentencia se ha publicado en el BOE la Ley 4/1999 (RCL 1999, 114, 329), de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246). Uno de los artículos modificados es el 3º, cuyo nº 1 , párrafo 2º, pasa a tener la siguiente redacción: "Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima", expresándose en el apartado II de la Exposición de Motivos de la citada Ley lo siguiente: "En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil (LEG 1889, 27). Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente»."

VII. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artº. 71.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, establece que en los procesos selectivos que se desarrollen, no podrá exceder de quince meses el periodo que transcurra entre la publicación de la convocatoria y la fecha en que se realice la propuesta de aspirantes seleccionados.

VIII. El artº. 21.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Vistas las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decreto 107/2016, de 1 de agosto (BOC de 9 de agosto), esta Gerencia en uso de las atribuciones que tiene delegadas por Resolución del Rectorado,

R E S U E L V E:

Primero.- Desistir de los procedimientos administrativos derivados de las siguientes Resoluciones:

1. Resolución de 5 de diciembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnica (Grupo A, Subgrupo A1), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el sistema de promoción interna (BOC nº 246, de 20.12.2019).

2. Resolución de 5 de diciembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (Grupo A, Subgrupo A2), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el sistema de promoción interna (BOC nº 246, de 20.12.2019).

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que territorialmente correspondan en función de las reglas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien potestativamente podrá interponer recurso de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la citada notificación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso no podrá acudirse a la vía contencioso-administrativo. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2021.- El Gerente, Roberto Moreno Díaz.



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